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Condenan en Miami a Miguel Gutiérrez y cuyo caso podría tener otras consecuencias en el país.
Santo Domingo.- Fue condenado este jueves cuatro de abril a 16 años de cárcel en Miami por tráfico internacional de drogas y lavado de activos en Estados Unidos el ex-diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Gutiérrez, cuyo caso podría extenderse a otros personajes de la política nacional de la República Dominicana.
La decisión fue tomada por los fiscales federales luego de que Gutiérrez se declara culpable por los delitos que se le imputaban. Según su declaración, el exdiputado envió la cocaína a los Estados Unidos en contenedores y embarcaciones y la droga era distribuida en varios condados.
Las acciones criminales de Gutiérrez habrían ocurrido entre 2014 y 2017, pero no fue hasta en mayo de 2021 y, a muy poco tiempo de ganar las elecciones congresuales del 2020, cuando fue detenido en el aeropuerto internacional de Miami. Momento en el que tenía previsto acudir a la graduación de uno de sus hijos.
El exdiputado invirtió una gran cantidad de dinero en su campaña política, lo que le permitió convertirse en uno de los legisladores más votados durante la contienda electoral, con 21,177 votos.
Pero la gloria con la que alzó sobre sus contrincantes en la circunscripción 1 de la provincia Santiago, se esfumó solo 11 meses después con su apresamiento en un aeropuerto internacional. Hecho que a su vez, marcó la victoria del recién instalado presidente Luis Abinader y el primer gobierno del PRM.
En mayo del 2021, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y la Procuraduría General de la República habían detenido a un legislador dominicano en el Aeropuerto Internacional de Miami con una orden de arresto vinculado al tráfico internacional de drogas.
Gutiérrez, ya ostentado el título de “diputado por Santiago”, fue arrestado en Miami cuando llegaba en un vuelo comercial desde República Dominicana a la terminal de esta ciudad. Y de inmediato fue puesto a disposición de las autoridades estadounidenses para que respondiera por las acusaciones en su contra.
En marzo de 2022, el exdiputado intentó suicidarse por el que fue puesto bajo vigilancia médica según reportó el diario estadounidense Miami Herald. Tres meses después, en junio, un juez federal declaró a Gutiérrez “incompetente” para ser juzgado en Miami por cargos de tráfico de cocaína debido a presuntos problemas de salud mental.
Para este mismo año la curul en la Cámara Baja de Gutiérrez permanecía vacía, mientras que el partido oficialista se mantenía en silencio en torno al caso.
En abril de 2023, el PRM solicitó mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la sustitución de Miguel Gutiérrez Díaz en el Congreso.
En mayo del mismo año, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), le negó al exdiputado cobrar salarios no trabajados en la Cámara de Diputados, cuatro meses después de esta decisión Gutiérrez Díaz renunció a la posición mediante una carta dirigida a la Cámara Baja.
En diciembre, Miguel Gutiérrez llegó a un acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, declarándose culpable de conspirar para distribuir cocaína y tener conocimientos que esta sustancia ilícita sería posteriormente importada a ese país norteamericano. El acuerdo establecía además que el exlegislador debería declararse culpable de lavado de dinero en el periodo 2014-2020 en República Dominicana y comunidades estadounidenses como Miami.
En enero de 2024, los Estados Unidos informó que devolvería a la República Dominicana el 50% de los bienes confiscados al exdiputado quien firmó un acuerdo de colaboración con la justicia norteamericana para entregar todos los bienes que habría conseguido directa o indirectamente producto del narcotráfico, a cambio de una reducción de la pena a la que tendría que ser condenado.
Este 4 de abril Miguel Gutiérrez fue condenado a 16 años de prisión en Miami por tráfico internacional de drogas y lavado de activos en Estados Unidos. y trascendió en el tribunal donde se celebro la audiencia que otros personajes de la política nacional dominicana podrían ser imputados por complicidad con el presente caso.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.