Nacionales
Por imputados asistir sin sus abogados vuelven a aplazar juicio de caso Coral.
Santo Domingo, R.D.-Fue aplazado para el 9 de mayo por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el juicio de fondo que se le sigue a casi treinta militares y policías acusados en el caso de corrupción Operación Coral que se habría gestado en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) en los pasados gobiernos.
El tribunal tomó la decisión por la asistencia de dos acusados sin representación legal, entre estos la sociedad comercial Único Real State e Inversiones, que tiene «como gerente, beneficiaria final y socia mayoritaria a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez«, la pastora.
La pastora, acusada de asociación de malhechores, lavado de activos y de testaferro, tiene como abogado un defensor público, quienes tienen prohibido defender empresas. Varias vistas han sido postergadas por esta presentarse sin un togado.
El caso de corrupción está encabezado por los exjefes del Cusep y Cestur, ahora Politur, el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.
La primera audiencia del juicio de fondo al caso de malversación, que asciende a 4,500 millones de pesos, se fijó para el 26 de octubre y a seis meses todavía el Ministerio Público no ha podido iniciar la lectura del expediente de la acusación.
Declaran en rebeldía
Las juezas Gissell Méndez, presidenta del tribunal, Jisselle Naranjo y Tania Yunes, también declararon este jueves en rebeldía a la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, cuyo representante tampoco estuvo en audiencia a pesar de estar citado.
El representante legal que tenía la entidad religiosa es José Erneso Pérez Morales, poder que le dio el pastor José Cueto, que es su presidente.
Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional le dio un plazo de tres días al encartado Epifanio Peña Lebrón para que escoja un abogado para que lo asista, porque también estuvo sin uno.
Las juezas rechazaron una reposición de plazos solicitado por Ortega Polanco.
Santo Domingo. La Junta Central Electoral (JCE) expresó preocupación ante la propuesta de reducir nuevamente el financiamiento público destinado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para el año 2026, al considerar que la medida podría afectar la estabilidad del sistema democrático y el normal funcionamiento de las organizaciones políticas.
Mediante un comunicado oficial, el órgano electoral recordó que el artículo 224 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece que en años no electorales, como el 2026, la contribución económica del Estado a los partidos debe equivaler al 0.25 % de los ingresos nacionales.
Sin embargo, señaló que la Ley 99-25 de Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2026 consignó una asignación de apenas 0.12 %, es decir, menos de la mitad del monto previsto legalmente.
JCE dice partidos operarían a medias
La institución indicó que una eventual reducción adicional de esos recursos tendría consecuencias directas sobre la planificación financiera, operativa, educativa y logística de las organizaciones políticas, además de comprometer obligaciones previamente asumidas tomando como base la legislación vigente y la Resolución 01-2026 emitida por la propia JCE el pasado 15 de enero.
El organismo sostuvo que el sistema de partidos constituye “la columna vertebral del sistema político-electoral” y advirtió que limitar el financiamiento afectaría principios esenciales como la certidumbre, la legalidad, la integridad electoral, la equidad en la contienda y la seguridad jurídica electoral.
Asimismo, recordó que la Constitución de la República, en sus artículos 211 y 212, otorga a la JCE la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones, velando además porque los procesos electorales se desarrollen bajo condiciones de igualdad y transparencia en el uso de los recursos.
La JCE ya inició con la distribución escalonada y según la costumbre de RD$1,260 millones de pesos repartidos entre poco más de 35 organizaciones políticas con reconocimiento legal.
SANTO DOMINGO.- La muerte del cadete de primer año de la Policía Nacional, José Miguel López, en un incidente en la área de la piscina de la Academia Militar “Batalla de Las Carreras”, ha causado un profundo pesar en la institución.
De acuerdo con el informe preliminar, el suceso ocurrió aproximadamente a las 8:05 de la noche del sábado, mientras se desarrollaba una dinámica de formación militar con cadetes y guardiamarinas.
El reporte indica que López Hernández ingresó al área de la piscina con la intención de recuperar una botella de agua que se encontraba en el lugar.
Posteriormente, presentó dificultades para mantenerse a flote, por lo que compañeros y oficiales acudieron en su auxilio.
Tras ser rescatado, recibió asistencia médica y fue trasladado al Hospital Militar Docente Doctor Ramón de Lara, donde confirmaron su fallecimiento.
Otros cadetes y guardiamarinas que participaron en las labores de rescate también fueron llevados a dicho centro para fines de evaluación y observación médica.
Las autoridades informaron que el caso es investigado por los organismos de control interno de las instituciones militares y de la Policía Nacional, y que esperan los resultados de la autopsia para establecer con precisión las circunstancias en que ocurrió el incidente.
La Academia Militar “Batalla de Las Carreras” reiteró sus condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y allegados del joven cadete.
Nacionales
Jueces convocan a paro nacional para el 21 de mayo; exigen mejoras laborales y salariales
Santo Domingo, R.D.-Los jueces y juezas de la República Dominicana anunciaron una convocatoria a paro pacífico para el próximo jueves 21 de mayo de 2026, en demanda de una transformación profunda en sus condiciones de trabajo y remuneración.
La convocatoria, que ha circulado ampliamente a través de las redes sociales, detalla seis puntos centrales que motivan la protesta.
Exigen sueldos acordes a la alta responsabilidad y la pesada carga laboral que enfrentan diariamente y demandan entornos de trabajo seguros, humanos y dignos en todas las jurisdicciones del país.
Los magistrados rechazan el manual actual, calificándolo de «injusto» y violatorio de los principios de equidad institucional.
Exigen un sistema de movilidad y ascenso basado estrictamente en méritos y transparencia. Plantean la urgencia de nombrar más jueces y personal de apoyo para aliviar la saturación de los tribunales y garantizar un servicio eficiente al ciudadano.
El movimiento enfatiza que la naturaleza del paro será estrictamente pacífica, pero firme en sus reclamos de dignidad y respeto.
Los organizadores sostienen que el bienestar de quienes imparten justicia es una condición indispensable para el correcto funcionamiento del Estado de derecho en el país.
«Hacemos un llamado a la unidad y a la participación. Por un Poder Judicial que valore a quienes lo sostienen: hoy luchamos por nosotros, pero lo hacemos pensando en el futuro de la justicia dominicana», reza el comunicado de la convocatoria.