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Fiscales dicen que estructura de caso Calamar tenía “enlaces” en cada institución.
SANTO DOMINGO. El entramado de corrupción en el caso Calamar era una mafia gubernamental que tenia técnicos y representantes de alto nivel en las instituciones publicas con el fin de mover sus intereses de manera ágil, según el Ministerio Publico.
El Ministerio Público señala a los 46 acusados incluidos en la Operación Calamar, entre los cuales hay 34 personas físicas y 12 empresas, de formar una estructura delictiva o “holding criminal” que le costó al Estado dominicano 21 mil millones de pesos en recursos pagados en violación a la ley.
“Para estas acciones requerían a los titulares de los Ministerio y Direcciones Generales como el caso de Obras Públicas y la Oficina de Obras de Ingenieros Supervisores del Estado. La cabeza de la mafia gubernamental requería directamente a los directores de las instituciones con el objetivo de autorizar, mediante instrucciones de ejecución acelerada, que se elaboraran los pagos fraudulentos”, indica el Ministerio Público.
El entramado
Supuestamente los acusados constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado. Asimismo, de acuerdo con el MP, utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel.
También, alegadamente, adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados y accedieron a préstamos y líneas de créditos, que en algunos casos excedieron los 45 millones de dólares, sin ninguna garantía.
Según la acusación formal obtenida por Noticias SIN falsearon la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido y aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal y sus relacionados.
Estructura de alto nivel
Supuestamente, asegura el Ministerio Público, “crearon una estructura compuesta por funcionarios de niveles alto, medio y otros servidores públicos, así como por técnicos dentro de las distintas instituciones públicas utilizadas, los cuales se coalicionaron y asociaron para estafar al Estado dominicano, a los fines de beneficiarse a título personal de relacionados y terceros”.
El Ministerio Público alega que “se comportaron como la alta diplomacia, con un representante de calidad, en cada institución, que tenía como objetivo viabilizar las operaciones criminales de la organización que lo había acreditado”.
“Formaron una fuerza de tarea del crimen que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado con la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúo en tiempo récord, a tales fines falsearon documentos públicos, como los actos de notoriedad, con el fin de excluir herederos y afectar sus derechos fundamentales», dice el Ministerio Público.
Además, realizaron “pagos millonarios sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos para los procedimientos de pago. Emitieron pagos irregulares a personas que al momento del decreto de expropiación, no tenían derechos registrados en la parcela expropiada” y “emplearon manejos fraudulentos para distraer pagos de expropiaciones de terrenos sin acreditarse previamente la calidad de los reclamantes y con expedientes incompletos por usencia de actas del estado civil, certificados de títulos y constancias anotadas, ausencia pago de impuestos sucesorales, entre otros”.
Alegadamente, “las estructuras criminales constreñían a los supuestos reclamantes a firmar en su favor cesiones de créditos en base a deudas imaginarias, como condición sine qua non de la gestión del pago”.
Además, de acuerdo con la acusación, utilizaban la modalidad de las cesiones de créditos fraudulentas a favor de interpósitas personas que respondían a los intereses de los funcionarios públicos que intervinieron en los acuerdos transaccionales y autorizaban los pagos, como instrumento de retorno de las erogaciones con fondo del Estado a su favor”.
Simulación de deudas
El Ministerio Público acusa al entramado de simularon deudas basándose en la gestión del pago ante los propios funcionarios que formaban parte del entramado corrupto, sin ningún soporte.
Según el órgano perseguidor del crimen el ochenta por ciento (80%) de los montos pagados por deudas administrativas mediante las maniobras fraudulentas de las cesiones de crédito, recayeron en las mismas personas físicas y jurídicas que formaban parte del entramado de corrupción”.
Para esto habrían creado empresas donde dieron por ciertas calidades de accionistas a personas que desconocían la existencia de su vinculación societaria con dichas empresas, las cuales fueron empleadas para recibir cesiones de crédito de parte de los supuestos herederos que tenían decreto de expropiación, así como también para la compra ilícita de terrenos.
Siempre de acuerdo con el Ministerio Público, utilizaron empresas de carpeta cuya única finalidad era la de cobrar los montos de las cesiones de crédito, las cuales fueron disueltas inmediatamente recibieron los fondos públicos, desfalcando al Estado dominicano.
Acusados
En el documento depositado figura el exsenador por la provincia Azua, Rafael Calderón así como los exministros imputados desde el inicio de la investigación Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero.
Además de los exministros se encuentra en el documento acusatorio de la presunta estafa al Estado Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Luis Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (DePaola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero.
Igualmente, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Natividad Martínez Capellán, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila, Daniel Alberto Guerrero Mena.
En el expediente de 3,662 páginas también se incluye a 12 empresas privadas entre ellas Razón social Miqui Trade, S.R.L., Razón social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Razón social Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L, Razón social Brimart Comercial, BM, S.R.L., Razón social Bribae Dominicana, S.R.L., Razón social Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Razón social Inmobiliaria Santa Bárbara,S.R.L., Razón social Desarrollos Rurales, S.R.L., Razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Fundación de Estudios Económicos y Políticos, INC, Razón social Financiamiento de Papeles de Créditos S.R.L. y Intercaribe Mercantil, S.A.S.
Santo Domingo, R.D.-La Segunda Sala de Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional realizó auto de prórroga a la lectura de la sentencia en el caso de la muerte de Joshua Omar Fernández.
Con el recurso de apelación, los imputados Wesley Vincent Carmona Corcino (El Dotolcito), Luis Alberto Brito Troncoso y Alison de Jesús Pérez Mejía, buscan la libertad pura y simple o el ordenamiento de un nuevo juicio de fondo.
Bertina Decena Berroa, madre de Joshua, mantiene la posición de que las penas sean ratificadas o, en su defecto, aumentadas. «¿Qué espero que suceda? ¡Qué le ratifiquen todo!, y si es posible aumenten la condena», dijo a la salida de la audiencia.
La convocatoria de lectura integra fue fijada para el jueves 21 de noviembre, una vez el reloj marque las 11 de la mañana.
Se recuerda que en el primera instancia, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alisson Pérez (Chiquito) a 30 años de prisión por homicidio voluntario, en tanto que a Luis Brito (Luisito) a una pena de 20 años por robo agravado, uso de arma ilegal y asociación de malhechores.
La sentencia establecía una condena de 15 años para Wesley Carmona (El Dotolcito), tras determinarse una participación activa en el atraco que segó la vida de Joshua. Los ilícitos que le fueron imputados son robo agravado y asociación de malhechores.
Santo Domingo. – La Comisión Especial designada por el Senado de la República para el estudio del proyecto de ley del Código Laboral se reunió por primera vez este jueves. En el encuentro, los senadores definieron el cronograma de trabajo con el que estudiarán la pieza, así como la agenda con la que recibirán a los representantes de los diferentes sectores interesados en el tema.
Según informó el presidente de la comisión, el senador Rafael Barón Duluc, se leerá la pieza mediante un cuadro comparativo con el código anterior y las modificaciones que se proponen, y luego se establecerá una agenda para recibir a los diferentes grupos que han expresado su interés, iniciando con el Ministerio de Trabajo, y los demás sectores de trabajadores y empleadores.
Sostuvo que el proyecto contiene muchos cambios importantes, interesantes y beneficiosos para el país. “Para nadie es un secreto que el principal punto controversial es la cesantía, y ese es un tema que conoceremos aquí”, dijo.
La Comisión Especial volverá a reunirse el próximo martes 12 de noviembre.
Participaron en el encuentro, además, los senadores Julito Fulcar, María Mercedes Ortiz, Eduard Espiritusanto, Cristóbal Castillo, Ramón Rogelio Genao y Antonio Marte.
Santo Domingo, R.D.-El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, justificó el Acuerdo de Delimitación Marítima entre República Dominicana y el Reino de Países Bajos el cuál delimita los límites marítimos con las islas holandesas de Aruba, Curazao y Bonaire.
Durante una rueda de prensa, Álvarez exclamó que «son falsas» las aclamaciones de que República Dominicana cedió territorio marítimo y que por el contrario «ganamos mar» ya que en el acuerdo sin cedidas al país unas 11 millas náuticas cuadradas, que es el equivalente a 37 kilómetros cuadrados de superficie.
«Escuchen bien, ganamos mar. Por lo tanto, esas personas que andan diciendo eso (el Gobierno cedió mar) no saben de lo que están hablando y le están haciendo un flaco servicio a nuestra democracia; porque no han hecho la debida diligencia de enterarse, realmente, de lo que estamos haciendo», expresó el canciller.
Razones del acuerdo
El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) aprovechó la ocasión para señalar que el acuerdo se da debido a que ya República Dominicana tenía definidos los límites marítimos con Venezuela (en 1979) y Colombia (en 1978), quienes a su vez ya habían delimitado sus límites con relación a la islas holandesas.
«Ya nosotros habíamos negociado dos puntos con Venezuela que ya estaban claramente establecidos, y que Venezuela a su vez ya los había también negociado con Países Bajos; fue por ese motivo y porque ya veníamos negociando en el sur y cerrado con Venezuela y Colombia y al cerrar ya con Países Bajos, ya habríamos delimitado totalmente nuestra frontera sur», explicó Álvarez.
El mismo señaló que existía un interés mutuo de ambos países en llegar a delimitar de manera concreta los límites marítimos de ambos países.
“Esta negociación se hizo cumpliendo con la Constitución y las leyes, las normas del derecho internacional, logramos el mejor acuerdo posible en los términos más favorables para Republica Dominicana que permite el derecho del mar, utilizamos la equidad como la guía en las negociaciones y ganamos mar”, puntualizó el canciller.
Además, expresó que la negociación entre ambos estados se dio bajo los parámetros de la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Mar (Convemar) no define ni menciona cómo se lleva a cabo un proceso equitativo de delimitación, por lo que según la jurisprudencia, para llegar a la una solución equitativa se requiere construir una línea media equidistante, verificar si existen circunstancias relevantes o especiales que perjudiquen trazar esta línea y que no haya desproporcionalidad que exceda de 9 a 1.
El acuerdo fue firmado en 2021 y sometido al Tribunal Constitucional, el cuál mediante TC/0547/24 del viernes 18 de octubre fallo en favor del acuerdo, aunque con cuatro votos disidentes y dos salvos, al indicar que el mismo no viola lo establecido en la Constitución Dominicana.
Tras la ratificación del acuerdo, la oposición política y varios miembros de la sociedad civil han denunciado que el acuerdo si viola la Constitución Dominicana ya que no respeta la condición de «Estado Archipiélago» del país, además de ceder una «gran parte de su territorio marítimo».
El acuerdo está pendiente de ser enviado y aprobado por el Congreso Nacional para que el mismo sea oficial. Álvarez señaló que una vez el presidente lo deposite en el Poder Legislativo, el Gobierno irá a explicar los pormenores técnicos del mismo.