Nacionales
Fiscales dicen que estructura de caso Calamar tenía “enlaces” en cada institución.
SANTO DOMINGO. El entramado de corrupción en el caso Calamar era una mafia gubernamental que tenia técnicos y representantes de alto nivel en las instituciones publicas con el fin de mover sus intereses de manera ágil, según el Ministerio Publico.
El Ministerio Público señala a los 46 acusados incluidos en la Operación Calamar, entre los cuales hay 34 personas físicas y 12 empresas, de formar una estructura delictiva o “holding criminal” que le costó al Estado dominicano 21 mil millones de pesos en recursos pagados en violación a la ley.
“Para estas acciones requerían a los titulares de los Ministerio y Direcciones Generales como el caso de Obras Públicas y la Oficina de Obras de Ingenieros Supervisores del Estado. La cabeza de la mafia gubernamental requería directamente a los directores de las instituciones con el objetivo de autorizar, mediante instrucciones de ejecución acelerada, que se elaboraran los pagos fraudulentos”, indica el Ministerio Público.
El entramado
Supuestamente los acusados constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado. Asimismo, de acuerdo con el MP, utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel.
También, alegadamente, adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados y accedieron a préstamos y líneas de créditos, que en algunos casos excedieron los 45 millones de dólares, sin ninguna garantía.
Según la acusación formal obtenida por Noticias SIN falsearon la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido y aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal y sus relacionados.
Estructura de alto nivel
Supuestamente, asegura el Ministerio Público, “crearon una estructura compuesta por funcionarios de niveles alto, medio y otros servidores públicos, así como por técnicos dentro de las distintas instituciones públicas utilizadas, los cuales se coalicionaron y asociaron para estafar al Estado dominicano, a los fines de beneficiarse a título personal de relacionados y terceros”.
El Ministerio Público alega que “se comportaron como la alta diplomacia, con un representante de calidad, en cada institución, que tenía como objetivo viabilizar las operaciones criminales de la organización que lo había acreditado”.
“Formaron una fuerza de tarea del crimen que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado con la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúo en tiempo récord, a tales fines falsearon documentos públicos, como los actos de notoriedad, con el fin de excluir herederos y afectar sus derechos fundamentales», dice el Ministerio Público.
Además, realizaron “pagos millonarios sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos para los procedimientos de pago. Emitieron pagos irregulares a personas que al momento del decreto de expropiación, no tenían derechos registrados en la parcela expropiada” y “emplearon manejos fraudulentos para distraer pagos de expropiaciones de terrenos sin acreditarse previamente la calidad de los reclamantes y con expedientes incompletos por usencia de actas del estado civil, certificados de títulos y constancias anotadas, ausencia pago de impuestos sucesorales, entre otros”.
Alegadamente, “las estructuras criminales constreñían a los supuestos reclamantes a firmar en su favor cesiones de créditos en base a deudas imaginarias, como condición sine qua non de la gestión del pago”.
Además, de acuerdo con la acusación, utilizaban la modalidad de las cesiones de créditos fraudulentas a favor de interpósitas personas que respondían a los intereses de los funcionarios públicos que intervinieron en los acuerdos transaccionales y autorizaban los pagos, como instrumento de retorno de las erogaciones con fondo del Estado a su favor”.
Simulación de deudas
El Ministerio Público acusa al entramado de simularon deudas basándose en la gestión del pago ante los propios funcionarios que formaban parte del entramado corrupto, sin ningún soporte.
Según el órgano perseguidor del crimen el ochenta por ciento (80%) de los montos pagados por deudas administrativas mediante las maniobras fraudulentas de las cesiones de crédito, recayeron en las mismas personas físicas y jurídicas que formaban parte del entramado de corrupción”.
Para esto habrían creado empresas donde dieron por ciertas calidades de accionistas a personas que desconocían la existencia de su vinculación societaria con dichas empresas, las cuales fueron empleadas para recibir cesiones de crédito de parte de los supuestos herederos que tenían decreto de expropiación, así como también para la compra ilícita de terrenos.
Siempre de acuerdo con el Ministerio Público, utilizaron empresas de carpeta cuya única finalidad era la de cobrar los montos de las cesiones de crédito, las cuales fueron disueltas inmediatamente recibieron los fondos públicos, desfalcando al Estado dominicano.
Acusados
En el documento depositado figura el exsenador por la provincia Azua, Rafael Calderón así como los exministros imputados desde el inicio de la investigación Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero.
Además de los exministros se encuentra en el documento acusatorio de la presunta estafa al Estado Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Luis Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (DePaola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero.
Igualmente, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Natividad Martínez Capellán, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila, Daniel Alberto Guerrero Mena.
En el expediente de 3,662 páginas también se incluye a 12 empresas privadas entre ellas Razón social Miqui Trade, S.R.L., Razón social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Razón social Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L, Razón social Brimart Comercial, BM, S.R.L., Razón social Bribae Dominicana, S.R.L., Razón social Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Razón social Inmobiliaria Santa Bárbara,S.R.L., Razón social Desarrollos Rurales, S.R.L., Razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Fundación de Estudios Económicos y Políticos, INC, Razón social Financiamiento de Papeles de Créditos S.R.L. y Intercaribe Mercantil, S.A.S.
Santo Domingo, R.D.-La figura de la candidatura independiente se posiciona en el centro de atención de las organizaciones políticas y otros sectores sociales a partir de la sentencia emitida recientemente por el Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucional los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral.
De manera específica, el pleno del TC hizo, además, un análisis de las reformas desarrolladas a este marco legal en los últimos 98 años, con la cual determinó que en “el único momento que, conceptualmente” las candidaturas independientes estuvieron alejadas de los partidos políticos fue hasta el año 1962. Desde este período, hasta este 2024, esta legislación ha resultado “extremadamente difícil y contraria” a la esencia misma de las candidaturas independientes.
Sin embargo, desde la publicación del dictamen el pasado 13 de diciembre, sobre este método de postulación a los puestos de los tres niveles de elección, parte de los representantes políticos aseguran que el sistema de partidos podría ser afectado con esta decisión en el futuro.
El veredicto del pleno de la Alta Corte ante la instancia depositada por Alberto Fiallo Billini fue declarar no conforme con la Constitución lo establecido en los artículos 167 y 157, situados en el capítulo titulado “De las candidaturas independientes”.
Este documento, que fue enviado a la Cámara de Diputados y al Senado, declaró la interpretación del pleno sobre la forma en la cual debe ser redactado en el texto de esos artículos.
Modificación legislativa
Estos artículos en la ley del Régimen Electoral vigente consideran como hábiles las candidaturas independientes que “surjan” a través de agrupaciones políticas. Asimismo, contiene en los requisitos la necesidad de conformar una organización de “cuadros directivos”, para que pueda ser sustentada la propuesta electoral independiente.
Pero, ¿Cuál es el origen de esta figura en la ley?
De acuerdo con la evaluación del pleno de la Alta Corte, la figura de las candidaturas independientes fue introducida en la legislación dominicana mediante el artículo 77 de la Ley 386,de 1926, en el que se establecía la existencia de dos tipos de candidatos: Los de partidos e independientes, los cuales podían presentarse para todas las posiciones electivas habilitadas. En esa ocasión, los requisitos para su postulación eran presentar una instancia motivada al órgano electoral que correspondiera, según la posición perseguida. Mientras que para la postulación de cargos de alcance nacional, el ciudadano debía ser respaldado por al menos 2,000 sufragantes.
Legislaciones.
En 1962 el Poder Legislativo efectuó una reforma, introduciendo la ley 5884, en la que se apertura un apartado especial para consignar este mecanismo. Con esta reforma a la ley electoral fue cambiado de manera “sustancial” este apartado, ya que “las candidaturas independientes debían ser propuestas por agrupaciones políticas accidentales” y conformar una estructura de cuadros directivos con el mismo esquema de los partidos políticos. Luego, en 1997, adiciona un mandato para que quienes opten por utilizar este derecho político fundamental presenten una agrupación política avalada por un porcentaje mínimo de inscritos en el registro electoral. Por último, fueron promulgadas las leyes 15-19 y 20-23, que mantienen una redacción idéntica en estos artículos.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), solicitó este martes a la Junta Central Electoral (JCE) convocar a los partidos políticos reconocidos para discutir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que autoriza a los dominicanos con aspiraciones a inscribir sus candidaturas sin necesitar el sustento de las organizaciones políticas.
Durante una entrevista en el programa matutino «El Sol de la Mañana», el también ministro de la Presidencia, considera que le corresponde al órgano electoral discutir con los partidos los métodos y fórmulas que deben implementarse en respuesta al dictamen del TC.
Paliza consideró que las entidades políticas deben reunirse en enero de 2025 para revisar y dialogar «detenidamente» el contenido de la medida ordenada por la Alta Corte.
Además de dirigentes políticos como Leonel Fernández, Sigmund Freud, Edy Olivares también ha fijado posición la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), entidad que mediante un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, expresa su “preocupación”.
El jurista aseguró que la sentencia podría desvirtuar los esfuerzos realizados para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos.
Por Jhonny Trinidad
SANTO DOMINGO.- La Corporación Latinobarómetro con sede en Santiago de Chile ubicó a la República Dominicana entre los países mejores posicionados de Latinoamérica.
Sobresalió como una de las naciones con mayor bienestar en su población.
84 % de 19,214 dominicanos entrevistos entre el 23 de agosto y el 9 de septiembre manifestó satisfacción con su estilo de vida, lo que coloca a su país entre las naciones más optimistas de la región, junto a México y Brasil, que registran entre 82 % y 84 %, respectivamente.
Solo Costa Rica, Uruguay, Guatemala y El Salvador superan esos niveles, alcanzando entre 89 % y 85 %.
Argentina obtuvo un 79 %, Chile, Perú, Honduras, Venezuela y Ecuador, consiguieron índices de entre 71 % y 77 %. Bolivia ocupa el último lugar con solo un 55 % de satisfacción.
72 % de la población de El Salvador percibe que su país está avanzando, al igual que el 50 % de los dominicanos, mexicanos, uruguayos y panameños.
Las cifras más bajas en esta categoría son atribuidas a Bolivia (5 %), Perú (11 %), Honduras (12 %) y Ecuador (13 %).
Según el informe, el 71 % de los dominicanos considera que su familia ha mejorado en los últimos 10 años, ubicando a República Dominicana entre los líderes regionales en este indicador, junto a Costa Rica (73 %).
El 68 % de los dominicanos también aprueba el desempeño de su gobierno, igual que el 87 % de los slavadoreños, 80 % de los panameños y el 75 % de los mexicanos.
Los presidentes más populares, según el estudio, son los de El Salvador (74 %), México (67%), Panamá (62%) y República Dominicana (60%).