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Fiscales dicen que estructura de caso Calamar tenía “enlaces” en cada institución.
SANTO DOMINGO. El entramado de corrupción en el caso Calamar era una mafia gubernamental que tenia técnicos y representantes de alto nivel en las instituciones publicas con el fin de mover sus intereses de manera ágil, según el Ministerio Publico.
El Ministerio Público señala a los 46 acusados incluidos en la Operación Calamar, entre los cuales hay 34 personas físicas y 12 empresas, de formar una estructura delictiva o “holding criminal” que le costó al Estado dominicano 21 mil millones de pesos en recursos pagados en violación a la ley.
“Para estas acciones requerían a los titulares de los Ministerio y Direcciones Generales como el caso de Obras Públicas y la Oficina de Obras de Ingenieros Supervisores del Estado. La cabeza de la mafia gubernamental requería directamente a los directores de las instituciones con el objetivo de autorizar, mediante instrucciones de ejecución acelerada, que se elaboraran los pagos fraudulentos”, indica el Ministerio Público.
El entramado
Supuestamente los acusados constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado. Asimismo, de acuerdo con el MP, utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel.
También, alegadamente, adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados y accedieron a préstamos y líneas de créditos, que en algunos casos excedieron los 45 millones de dólares, sin ninguna garantía.
Según la acusación formal obtenida por Noticias SIN falsearon la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido y aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal y sus relacionados.
Estructura de alto nivel
Supuestamente, asegura el Ministerio Público, “crearon una estructura compuesta por funcionarios de niveles alto, medio y otros servidores públicos, así como por técnicos dentro de las distintas instituciones públicas utilizadas, los cuales se coalicionaron y asociaron para estafar al Estado dominicano, a los fines de beneficiarse a título personal de relacionados y terceros”.
El Ministerio Público alega que “se comportaron como la alta diplomacia, con un representante de calidad, en cada institución, que tenía como objetivo viabilizar las operaciones criminales de la organización que lo había acreditado”.
“Formaron una fuerza de tarea del crimen que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado con la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúo en tiempo récord, a tales fines falsearon documentos públicos, como los actos de notoriedad, con el fin de excluir herederos y afectar sus derechos fundamentales», dice el Ministerio Público.
Además, realizaron “pagos millonarios sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos para los procedimientos de pago. Emitieron pagos irregulares a personas que al momento del decreto de expropiación, no tenían derechos registrados en la parcela expropiada” y “emplearon manejos fraudulentos para distraer pagos de expropiaciones de terrenos sin acreditarse previamente la calidad de los reclamantes y con expedientes incompletos por usencia de actas del estado civil, certificados de títulos y constancias anotadas, ausencia pago de impuestos sucesorales, entre otros”.
Alegadamente, “las estructuras criminales constreñían a los supuestos reclamantes a firmar en su favor cesiones de créditos en base a deudas imaginarias, como condición sine qua non de la gestión del pago”.
Además, de acuerdo con la acusación, utilizaban la modalidad de las cesiones de créditos fraudulentas a favor de interpósitas personas que respondían a los intereses de los funcionarios públicos que intervinieron en los acuerdos transaccionales y autorizaban los pagos, como instrumento de retorno de las erogaciones con fondo del Estado a su favor”.
Simulación de deudas
El Ministerio Público acusa al entramado de simularon deudas basándose en la gestión del pago ante los propios funcionarios que formaban parte del entramado corrupto, sin ningún soporte.
Según el órgano perseguidor del crimen el ochenta por ciento (80%) de los montos pagados por deudas administrativas mediante las maniobras fraudulentas de las cesiones de crédito, recayeron en las mismas personas físicas y jurídicas que formaban parte del entramado de corrupción”.
Para esto habrían creado empresas donde dieron por ciertas calidades de accionistas a personas que desconocían la existencia de su vinculación societaria con dichas empresas, las cuales fueron empleadas para recibir cesiones de crédito de parte de los supuestos herederos que tenían decreto de expropiación, así como también para la compra ilícita de terrenos.
Siempre de acuerdo con el Ministerio Público, utilizaron empresas de carpeta cuya única finalidad era la de cobrar los montos de las cesiones de crédito, las cuales fueron disueltas inmediatamente recibieron los fondos públicos, desfalcando al Estado dominicano.
Acusados
En el documento depositado figura el exsenador por la provincia Azua, Rafael Calderón así como los exministros imputados desde el inicio de la investigación Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero.
Además de los exministros se encuentra en el documento acusatorio de la presunta estafa al Estado Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Luis Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (DePaola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero.
Igualmente, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Natividad Martínez Capellán, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila, Daniel Alberto Guerrero Mena.
En el expediente de 3,662 páginas también se incluye a 12 empresas privadas entre ellas Razón social Miqui Trade, S.R.L., Razón social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Razón social Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L, Razón social Brimart Comercial, BM, S.R.L., Razón social Bribae Dominicana, S.R.L., Razón social Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Razón social Inmobiliaria Santa Bárbara,S.R.L., Razón social Desarrollos Rurales, S.R.L., Razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Fundación de Estudios Económicos y Políticos, INC, Razón social Financiamiento de Papeles de Créditos S.R.L. y Intercaribe Mercantil, S.A.S.
Nacionales
Aprueban en el Senado resolución solicita inspección técnica anual a los vehículos de motor
Santo Domingo. -En única lectura fue aprobado en el Senado de la República la resolución que solicita al director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison Ramírez, disponer la inspección técnica anual de los vehículos de motor, según dispone la Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.
La iniciativa legislativa presentada por el senador Antonio Marte, en su considerando 5to solicita el retiro paulatino de las unidades de transporte terrestre, chatarras o vehículo en mal estado y la creación y el cumplimiento del cronograma de reemplazo de las unidades de transporte terrestre del servicio público de pasajeros, se debe ordenar con alta prioridad, la aplicación en todo el territorio nacional de la Inspección Técnica Vehicular, de manera inmediata y el cumplimiento de las normativas emitidas por el Intrant.
reglas técnicas
Además, establece que las reglas técnicas para comprobar el correcto funcionamiento de los vehículos de motor que transiten por las vías públicas en la República Dominicana, deben cumplir fielmente con las normas de seguridad vial y de protección ambiental.
También se aprobo un informe favorable, presentado por el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Pedro Catrain, sobre el Acuerdo del instrumento de suscripción de 5,927 acciones de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del grupo del Banco Mundial, en los términos y condiciones establecidos en las resoluciones de la Junta de Gobernadores, iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo.
Otros Renocimientos
Otra iniciativa aprobada fue la resolución que reconoce al educador Wellington Lewis Anderson, por su gran trayectoria y exitosa carrera profesional, académica, social y sus grandes aportes en beneficio de la educación, una propuesta del senador Alexis Victoria.
Santo Domingo.- El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, juramentó a los nuevos viceministros de esta institución. María del Pilar Cañas López asume como viceministra de Relaciones Institucionales; Alexis Isaac Jiménez González, como viceministro de Desarrollo Social; Edgar de Jesús Batista Carrasco, ocupará el Viceministerio de Agenda Digital y Roger Pujols, será viceministro de Proyectos Especiales, designados por el presidente Luis Abinader.
Con estas designaciones, mediante el Decreto 565-24 se dejan sin efecto los nombramientos anteriores. Asimismo, el citado decreto modifica el artículo 3 del Decreto 405-24 para nombrar a Luis Gregorio Madera Sued como viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental. De este modo se reajusta la visión y el propósito de este viceministerio para coordinar y dar seguimiento a la implementación de las políticas públicas en las distintas áreas del Gobierno. Por su parte, Camel Curi permanece a cargo del Viceministerio de Proyectos de Inversión.
Las nuevas autoridades apoyarán al ministro Paliza en la ejecución de la agenda gubernamental. Esta agenda tiene como objetivo fortalecer las políticas de desarrollo, impulsar la modernización digital y mejorar la coordinación entre las distintas instancias del Estado. “Con estas designaciones, el Ministerio de la Presidencia refuerza su equipo de trabajo, consolidando su capacidad para enfrentar los desafíos actuales y futuros del país”, afirmó el ministro.
Perfiles de los viceministros
María del Pilar Cañas López, viceministra de Relaciones Institucionales, profesionalmente ejerce la abogacia con maestrías en Economía Aplicada y Finanzas Corporativas. Cuenta con una vasta experiencia en el ámbito legal y en la gestión de políticas públicas, así como en la promoción de relaciones interinstitucionales efectivas.
Alexis Isaac Jiménez González, viceministro de Desarrollo Social, se graduó de abogado con maestría en Derecho Procesal Constitucional. Con más de una década como legislador en la Cámara de Diputados, se ha destacado por liderar iniciativas con enfoque en la inclusión y el desarrollo comunitario.
Edgar de Jesús Batista Carrasco, viceministro de Agenda Digital, tiene una trayectoria de más de 20 años de experiencia en la gestión de tecnologías de la información. Es ingeniero en Informática con una maestría en Relaciones Internacionales. Obtuvo el reconocimiento de Nortic de Oro 2022, otorgado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic). Este merito se obtuvo por su gestión en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Sobre el Minpre
El Ministerio de la Presidencia es la institución responsable de auxiliar al primer mandatario en la ejecución de la agenda gubernamental. Esto se hace para lograr la ejecucion del programa de Gobierno y la implementación de las políticas públicas priorizadas. Esto se lleva a cabo mediante el ejercicio de la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros y la coordinación con los distintos estamentos del Estado. En virtud de esto, esta practica garantiza el ejercicio transparente, eficaz y eficiente de la Administración pública, como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
SANTO DOMINGO.- Un bajo nivel de cumplimiento en la implementación de los componentes claves para la modernización y gestión de la red semafórica reveló una auditoría realizada al contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la empresa Transcore Latam S.R.L.
Los principales implicados en esta imputación enfrentan acusaciones de corrupción administrativa, desfalco, estafa al Estado, asociación de malhechores, y sabotaje a la red semafórica, entre otros delitos graves. Estos cargos están respaldados por diversas disposiciones legales, incluyendo la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, la Ley 53-07 de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
El contrato, que recientemente fue terminado por el INTRANT a través de la Resolución Núm. 12-2024, incluía una serie de especificaciones y requerimientos que, según el informe de la auditoría, no fueron completados o se realizaron con deficiencias significativas.
Principales Irregularidades Detectadas
Hardware de Hiperconvergencia: La auditoría señala que no se cuenta con el hardware adecuado en el Data Center del INTRANT para soportar el software de control de tráfico avanzado, lo cual representa un 0% de ejecución en esta área.
Fibra Óptica: Se alcanzó solo un 40% de cumplimiento en la instalación de fibra óptica. La mayoría de los reguladores no han sido reemplazados ni cuentan con el soporte adecuado para la integración con la fibra.
Reguladores Semafóricos: De los 335 reguladores contratados, solo se han instalado 80, y varios de ellos no cumplen con las especificaciones establecidas en el contrato.
Semáforos: De los 1,550 semáforos contratados, se han instalado solo 1,172. La auditoría también reporta que un 20% de los semáforos peatonales estaba apagado al momento de la inspección.
Software ATMS: La empresa no cuenta con un sistema de administración de tráfico avanzado certificado. En su lugar, Transcore emplea un software limitado que no cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
Cámaras de Recolección de Tráfico: Aunque se instalaron 1,245 de 1,340 cámaras, el 70% de estas no está adecuadamente conectada a la red, lo que limita su funcionalidad y efectividad.
UPS y Respaldo de Energía: De los sistemas de respaldo requeridos para soportar el funcionamiento continuo de los semáforos y cámaras, solo el 15% de los UPS cumplen con las especificaciones del contrato.
Recomendaciones de la Auditoría
Dada la falta de cumplimiento, la auditoría recomienda resolver el contrato y convocar una nueva licitación, priorizando la selección de consorcios que cumplan con altos estándares internacionales. Asimismo, se sugiere que la base de datos semafórica y de movilidad esté bajo el control exclusivo del INTRANT para garantizar la seguridad nacional.
Este informe de cumplimiento insuficiente y las numerosas irregularidades detectadas motivaron al INTRANT a terminar el contrato con Transcore Latam.