Nacionales
Fiscales dicen que estructura de caso Calamar tenía “enlaces” en cada institución.
SANTO DOMINGO. El entramado de corrupción en el caso Calamar era una mafia gubernamental que tenia técnicos y representantes de alto nivel en las instituciones publicas con el fin de mover sus intereses de manera ágil, según el Ministerio Publico.
El Ministerio Público señala a los 46 acusados incluidos en la Operación Calamar, entre los cuales hay 34 personas físicas y 12 empresas, de formar una estructura delictiva o “holding criminal” que le costó al Estado dominicano 21 mil millones de pesos en recursos pagados en violación a la ley.
“Para estas acciones requerían a los titulares de los Ministerio y Direcciones Generales como el caso de Obras Públicas y la Oficina de Obras de Ingenieros Supervisores del Estado. La cabeza de la mafia gubernamental requería directamente a los directores de las instituciones con el objetivo de autorizar, mediante instrucciones de ejecución acelerada, que se elaboraran los pagos fraudulentos”, indica el Ministerio Público.
El entramado
Supuestamente los acusados constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado. Asimismo, de acuerdo con el MP, utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel.
También, alegadamente, adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados y accedieron a préstamos y líneas de créditos, que en algunos casos excedieron los 45 millones de dólares, sin ninguna garantía.
Según la acusación formal obtenida por Noticias SIN falsearon la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido y aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal y sus relacionados.
Estructura de alto nivel
Supuestamente, asegura el Ministerio Público, “crearon una estructura compuesta por funcionarios de niveles alto, medio y otros servidores públicos, así como por técnicos dentro de las distintas instituciones públicas utilizadas, los cuales se coalicionaron y asociaron para estafar al Estado dominicano, a los fines de beneficiarse a título personal de relacionados y terceros”.
El Ministerio Público alega que “se comportaron como la alta diplomacia, con un representante de calidad, en cada institución, que tenía como objetivo viabilizar las operaciones criminales de la organización que lo había acreditado”.
“Formaron una fuerza de tarea del crimen que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado con la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúo en tiempo récord, a tales fines falsearon documentos públicos, como los actos de notoriedad, con el fin de excluir herederos y afectar sus derechos fundamentales», dice el Ministerio Público.
Además, realizaron “pagos millonarios sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos para los procedimientos de pago. Emitieron pagos irregulares a personas que al momento del decreto de expropiación, no tenían derechos registrados en la parcela expropiada” y “emplearon manejos fraudulentos para distraer pagos de expropiaciones de terrenos sin acreditarse previamente la calidad de los reclamantes y con expedientes incompletos por usencia de actas del estado civil, certificados de títulos y constancias anotadas, ausencia pago de impuestos sucesorales, entre otros”.
Alegadamente, “las estructuras criminales constreñían a los supuestos reclamantes a firmar en su favor cesiones de créditos en base a deudas imaginarias, como condición sine qua non de la gestión del pago”.
Además, de acuerdo con la acusación, utilizaban la modalidad de las cesiones de créditos fraudulentas a favor de interpósitas personas que respondían a los intereses de los funcionarios públicos que intervinieron en los acuerdos transaccionales y autorizaban los pagos, como instrumento de retorno de las erogaciones con fondo del Estado a su favor”.
Simulación de deudas
El Ministerio Público acusa al entramado de simularon deudas basándose en la gestión del pago ante los propios funcionarios que formaban parte del entramado corrupto, sin ningún soporte.
Según el órgano perseguidor del crimen el ochenta por ciento (80%) de los montos pagados por deudas administrativas mediante las maniobras fraudulentas de las cesiones de crédito, recayeron en las mismas personas físicas y jurídicas que formaban parte del entramado de corrupción”.
Para esto habrían creado empresas donde dieron por ciertas calidades de accionistas a personas que desconocían la existencia de su vinculación societaria con dichas empresas, las cuales fueron empleadas para recibir cesiones de crédito de parte de los supuestos herederos que tenían decreto de expropiación, así como también para la compra ilícita de terrenos.
Siempre de acuerdo con el Ministerio Público, utilizaron empresas de carpeta cuya única finalidad era la de cobrar los montos de las cesiones de crédito, las cuales fueron disueltas inmediatamente recibieron los fondos públicos, desfalcando al Estado dominicano.
Acusados
En el documento depositado figura el exsenador por la provincia Azua, Rafael Calderón así como los exministros imputados desde el inicio de la investigación Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero.
Además de los exministros se encuentra en el documento acusatorio de la presunta estafa al Estado Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Luis Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (DePaola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero.
Igualmente, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Natividad Martínez Capellán, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila, Daniel Alberto Guerrero Mena.
En el expediente de 3,662 páginas también se incluye a 12 empresas privadas entre ellas Razón social Miqui Trade, S.R.L., Razón social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Razón social Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L, Razón social Brimart Comercial, BM, S.R.L., Razón social Bribae Dominicana, S.R.L., Razón social Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Razón social Inmobiliaria Santa Bárbara,S.R.L., Razón social Desarrollos Rurales, S.R.L., Razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Fundación de Estudios Económicos y Políticos, INC, Razón social Financiamiento de Papeles de Créditos S.R.L. y Intercaribe Mercantil, S.A.S.
Nacionales
RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.
En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.
La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.
La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.
Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.
Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.
El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.
«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.
La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.
Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.
Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.
Nacionales
Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.
Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.
Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.
El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.