Opinión
El Gobierno busca arrasar, la oposición sobrevivir
Por Rosario Espinal
En un artículo reciente señalé que en lo que va de este Siglo XXI, el sistema político dominicano ha funcionado con baja competitividad electoral; o sea, el candidato que logra el primer lugar en las elecciones presidenciales supera por un porcentaje significativo a quien queda en segundo lugar.
Así, para el período 2004-2020, la diferencia porcentual promedio de votos entre el ganador y quien obtuvo la segunda posición fue de 16.5%, registrándose la mayor diferencia entre la primera y segunda posición en las elecciones de 2016, con 26.5%.
Por tanto, si este fenómeno se repite en el 2024, no será novedad. Queda esperar hasta el 19 de mayo para saber de cuánto será la diferencia.
En otro artículo también reciente mostré que el electorado dominicano tiende a concentrar el voto. Así, para el período 2004-2020, los dos candidatos punteros a nivel presidencial obtuvieron siempre por lo menos el 90% de los votos.
El proceso de división del peledeísmo ha sido y seguirá siendo incierto y tortuoso.
Por la estrategia presidencial, la publicidad y el transfuguismo es claro que para las elecciones de 2024, el gobernante PRM busca arrasar. Ya lo logró en las elecciones municipales de febrero, cuando obtuvo con aliados, alrededor del 60% de los votos, que se tradujo en una mayoría de las alcaldías y los distritos electorales. Y, para las elecciones presidenciales y legislativas de mayo, las encuestas indican una alta intención de votos a favor del PRM.
Si lo logra, el PRM se establecerá como el partido dominante del sistema político dominicano, estatus que ostentó el PLD del 2004 al 2020.
Los esfuerzos del PRM por sí solo no serían suficientes para arrasar como pretende. Facilita su objetivo la división del peledeísmo que desmotiva su base electoral y dificulta competir con el oficialismo.
Aunque la oposición hable de fortaleza de la alianza opositora y de victoria en segunda vuelta, la realidad es que el PLD y la Fuerza del Pueblo compiten por la misma base electoral que ellos mantienen dividida.
En este contexto, el objetivo real de la oposición es tratar de sobrevivir durante este proceso electoral, alcanzando un porcentaje de votos aceptable. Pero, como comparten la misma base electoral, los votantes que gana uno lo pierde el otro, o simplemente los pierden ambos.
Y es que, sin un proyecto de unificación real, el peledeísmo está compelido a luchar entre sí para que se determine en algún momento quién tiene los votos suficientes para argüir que representa la mayoría de la oposición.
El proceso de división del peledeísmo ha sido y seguirá siendo incierto y tortuoso. Los resultados electorales de mayo 2024 impactarán ese proceso de una manera u otra, dependiendo de cómo se reparten los votos entre el PLD y la FP, y de cuánto absorbe de ellos el PRM mediante el extenso transfuguismo en curso hacia el partido en el poder que controla el Estado clientelar todopoderoso.
Artículo publicado en el periódico HOY
Por José Cabral
Son muy variados los ejemplos de personajes de la política nacional que luego de ser señalados por el rumor popular o luego de habérseles instrumentado un expediente por corrupción pasan a ser aspirantes o candidatos presidenciales.
Hay otros casos en los que algunos de los que han sustraído fondos públicos desde un ministerio o cualquier otro cargo en el Estado pasan a ser legisladores y se les ocurre presentar un proyecto de ley para combatir la corrupción cuando ya tienen a través de ese mismo ilícito los bolsillos llenos.
Este fenómeno es muy común en países como la República Dominicana y otros tantos de Latinoamérica, ya que incluso el corrupto que se apropió de dinero del patrimonio público se presenta en los medios de comunicación como una persona limpia, sin tachas.
Este asunto, que debe ser parte de un debate nacional, amenaza con que no pocos de este tipo de personajes pretendan presentarse como candidatos en las elecciones del 2028.
El escollo consiste para exigirles a este tipo de personajes que rindan cuentas en que siempre se apoyan en la presunción de inocencia, sobre todo porque en el país no existe una fortaleza institucional que permita exigirles que expliquen la procedencia de sus fortunas.
Sin embargo, sería bueno que para una próxima contienda electoral estos personales digan al pueblo dominicano cómo adquirieron las riquezas que tienen, porque resulta prácticamente imposible que se pueda iniciar algún proceso legal en su contra.
Pero para que sus aspiraciones tengan mayor legitimidad deben hablar de los orígenes de sus fortunas, porque no parece haber vías que las justifiquen.
Entre los que ahora aparecen en el escenario electoral a destiempo están Francisco Javier García, quien se afirma que posee una fortuna relativamente muy grande, la cual, si es verdad que la tiene, su procedencia tiene que ser necesariamente del Estado dominicano.
Ya anteriormente hubo otros aspirantes o candidatos presidenciales que aprovecharon su riqueza para ser candidatos presidenciales, como por ejemplo Abel Martínez, Amarante Baret, Temístocles Montás, entre otros tantos, que han tenido por consigna enriquecerse primero y aspirar después.
Lo grande del problema es que ahora comienzan a intoxicar prematuramente como si sus pecados no tuvieron ninguna importancia para un pueblo lleno de precariedades y limitaciones mientras su dinero es disfrutado por pelafustanes de la politiquería nacional.
Por Isaías Ramos
En LA Semanal de este lunes, el Presidente de la República reveló una verdad dolorosa: más del 40 % de la población dominicana vive en extrema pobreza y miseria. Un sistema político neoliberal salvaje, implantado desde 1996 y acentuado en los últimos años, ha sumido al pueblo en condiciones inhumanas.
Es indignante que un fracaso rotundo se promocione como un logro. El hecho de que 1.496.000 hogares dominicanos reciban apenas 1.650 pesos mensuales a través del programa Supérate —una cifra insignificante que no alcanza ni 1 dólar diario— contrasta cruelmente con la opulencia desmedida de una élite privilegiada que se beneficia del saqueo de los recursos nacionales.
Este modelo económico excluyente ha dejado de lado el bienestar del pueblo, violando flagrantemente el mandato constitucional de un Estado Social y Democrático de Derecho.
Este gobierno, al igual que los anteriores, actúa de manera cruel, protegiendo únicamente los intereses de una élite política y financiera en detrimento del resto de la sociedad. Se está produciendo una clara violación del principio de igualdad y justicia social sobre el cual debería regirse un Estado Social y Democrático de Derecho.
Es preocupante que, bajo este contexto constitucional, se promueva un sistema económico basado en un liberalismo extremo que favorece a unos pocos privilegiados mientras ignora las necesidades básicas y los derechos humanos del resto de la población. Esta situación constituye una aberración ética y moral, ya que va en contra de los principios fundamentales de dignidad humana, equidad e inclusión que deben guiar cualquier forma legítima de gobierno.
La entrega progresiva de las instituciones públicas a intereses corporativos solo garantiza la consolidación del poder en manos de unos pocos, empeorando la situación ya crítica en la que se encuentra la mayoría. Si permitimos que esta clase política continúe con su agenda destructiva, estaremos condenados a vivir en condiciones peores que las de países como Haití, Cuba o Venezuela.
Detrás de este acelerado deterioro se encuentran desafíos devastadores como el desempleo, la violencia, la migración y la educación precaria, que exacerban el subdesarrollo en nuestra nación.
Es hora de despertar y alzar nuestra voz contra esta injusticia. Enfrentémonos unidos para defender nuestros derechos fundamentales y luchar por un verdadero Estado Social y Democrático. No podemos permitir que nos arrebaten nuestra dignidad ni que conviertan al país en un feudo donde solo unos pocos prosperan a costa del sufrimiento colectivo.
Esto subraya la urgencia de implementar políticas más efectivas y sostenibles que aborden las causas estructurales de la pobreza y promuevan un mayor bienestar social para todos los ciudadanos.
Desde el frente cívico y social, hacemos un llamado urgente a todos los dominicanos comprometidos con la justicia y la libertad: es momento de resistir y defender nuestro futuro como nación soberana. No caigamos en el letargo ni permitamos que nos despojen de lo poco que nos queda. Levantémonos juntos por el sueño de Duarte, por un país donde prime la igualdad y el respeto por los derechos humanos consagrados en nuestra constitución.
Juntos podemos construir un mejor mañana si nos mantenemos firmes ante las adversidades y luchamos incansablemente por una sociedad más equitativa e íntegra para todos. ¡Despierta RD!
Por Rommel Santos Diaz
Una vez que se remita a la Corte Penal Internacional una situación que requiera atención a la CPI, o una vez que el Fiscal de la CPI identifique la aparente comisión de un crimen con competencia de la CPI, el Fiscal de la CPI debe determinar si existe fundamento razonable para iniciar una investigación. El Fiscal deberá solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI la autorización de cualquier investigación iniciada de oficio por el Fiscal.
Desde el momento en que el Fiscal inicie la investigación basada en la referencia de un Estado Parte, se debe notificar a todos los Estados Partes. El Fiscal debe también notificar a cualquier otro Estado que normalmente sería competente sobre los crímenes en cuestión.
Se debe de resaltar que el Fiscal puede notificar de forma confidencial, y limitar la información provista a los Estados, si es necesario para proteger a ciertas personas, prevenir la destrucción de prueba, o impedir que ciertas personas evadan la justicia.
El artículo 18 del Estatuto de Roma señala que los Estados cuentan con un mes después de la recepción de la notificación, para informar a la Corte Penal Internacional de que esta llevando o ha llevado a cabo una investigación respecto al mismo caso, y para solicitar al Fiscal que renuncie a su competencia a favor del Estado.
Ese corto plazo asegura que la Corte Penal Internacional no padezca de retrasos innecesarios con el cumplimiento de sus funciones. El artículo 18 del Estatuto de Roma también prevé que ¨el Estado podrá informar a la Corte de sus propias investigaciones¨.
En otro orden, los Estados no están obligados a informar a la Corte Penal Internacional de sus propias investigaciones, por lo que seria aconsejable que un Estado informará a la Corte sobre sus propias investigaciones, para así evitar una duplicación innecesaria de esfuerzos y asegurar que la CPI se inhiba de su competencia a favor del Estado.
Una vez que un Estado solicite la inhibición de competencia de la Corte Penal Internacional de una investigación, el Fiscal esta obligado a suspender la investigación del caso. Sin embargo, el Fiscal podrá solicitar a estos Estados que le informen periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados partes deben responder a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
Aun si un Estado no solicita al Fiscal la inhibición de su competencia a favor del Estado, el Fiscal puede suspender la investigación de la CPI. El Fiscal podra solicitar al Estado de que se trate que le comunique sobre las actuaciones. En ese orden los Estados pueden solicitar que dicha información sea confidencial.
Si el Fiscal o la Sección de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional tienen reparos sobre la conducción de la investigación y el juicio llevado a cabo por un Estado, la Sala de Cuestiones puede autorizar al Fiscal para que proceda con una investigación , ya sea por primera vez, o después de un periodo de suspensión, o cuando ha habido cambios significativos de circunstancias en el Estado.
Finalmente, los Estados pueden apelar la resolución preliminar ante la Sala de Apelaciones. Cuando el Fiscal decida inhibirse de su competencia en una investigación sin notificación del Estado, el Estado de que se trate deberá ser notificado si el Fiscal decide posteriormente reabrir la investigación, según el artículo 19 del Estatuto de Roma. En algunos casos, los Estados podrán impugnar la admisibilidad del caso, según el mismo artículo 19 del Estatuto de Roma.