Opinión
¿Fiesta de la democracia o de la impunidad?
Por Narciso Isa Conde
A raíz de las elecciones presidenciales y congresuales del pasado 19 de mayo, se habló hasta el hartazgo de una supuesta FIESTA DE LA DEMOCRACIA.
El elogio, que siempre se repite, estuvo a cargo de sus principales protagonistas, comunicadores, funcionarios electorales, dirigentes políticos y observadores nacionales e internacionales.
Hablaron de una fiesta por algo que no existe.
Aquí impera una partidocracia corrompida y corruptora, subordinada todas sus facciones al gran capital privado que hace las veces de plutocracia o poder del dinero; ahora detentadora de las principales funciones ejecutivas del estado
A esa supuesta democracia se le llama representativa y resulta que la representación por vía electoral opera como poder sin control social.
Se vota, pero no se elige.
La elección la hace el sistema de partido, plegado a la burguesía transnacional y local, incluida la narco-burguesía y la cleptocracia.
Las candidaturas son financiadas por cuatro fuentes: 1) el estado, que lo hace legalmente por la vía de la autoridad electoral y a favor de los partidos grandes y ricos, e ilegalmente recurriendo al uso abusivo del poder estatal y sus enormes recursos; 2) las corporaciones privadas que invierten para sacar enormes beneficios; 3) los carteles de la droga; y 4) los clanes políticos poseedores con los dineros robados durante administraciones pasadas.
Los dueños del sistema electoral convierten la ciudadanía en clientela, las votaciones en mercados y los partidos en compañías por acciones. El partido de gobierno lo usa impunemente como botín a su favor.
• FIESTA DE LA IMPUNIDAD…
La gran trampa es el sistema y la institucionalidad vigente, pero junto a los mecanismos institucionales abundan muchas otras trampas acompañadas de variadas formas de violencia, que en muchas ocasiones se desbordan y escandalizan, como aconteció en los comicios de febrero.
En otras, las autoridades se ven forzadas a contenerlas y los actores de delitos electorales a encubrirse o maquillarlos, como sucedió ahora.
Así las cosas, una fiesta, que nada tiene que ver con democracia, deviene en una fiesta de la impunidad, la desigualdad, el neo-coloniaje y la hipocresía.
Partidos que deberían estar inhabilitados, concurrieron a unas votaciones con unas leyes hechas por ellos, a su favor.
Candidatos que deberían estar presos, terciaron y una parte de ellos triunfaron.
Esto aconteció en el escenario de una de las sociedades más desiguales de Nuestra América, con todo lo que eso implica en materia electoral y en el marco de tres campañas mega millonarias.
Los sondeos modernos, los medios de última generación para la de inducción del voto, la mercadología de punta, los creadores de imágenes…manipulan tan eficazmente los procesos electorales y los factores de poder, que sus resultados son fabricados previamente a las votaciones y fácilmente predecibles.
• CELEBRACIÓN ANTICIPADA.
Eso le permitió al PRM-ABINADER-PR celebrar anticipadamente -y a todo dar y sin riesgo de equívoco alguno- su reelección y la victoria del PRM en primera vuelta en el lujoso Hotel Jaragua.
Se trató de una especie de proclamación festiva sumamente tramposa, violando elegantemente la regla de esperar los cómputos oficiales de la JCE
Fiesta de alta calidad y de corte trujillista.
Caudillismo moderno en versión de espectáculo de buen gusto, con admirables valores artísticos atrapados por un sistema de privilegios y oportunidades selectivas brindadas por el ostentoso monarca del escenario electoral.
Merengues al neo-caudillo de la nueva ERA,
Celebración previa a una reelección en paz, tranquila, civilizada y ordenada.
Mejor organizada que las anteriores, con muchas trampas camufladas.
Con menos violencia o con ella bien escondida.
Precedida de supuestos “debates” o intercambios que mostraron cuánto se parecen PRM-PLD-FP y sus respectivas propuestas.
Neoliberalismo…machismo, racismo anti haitiano, carrera hacia el ultra conservadurismo, nueva colonialidad tutelada por EEUU, desigualdad capitalista extrema a favor de las elites sociales, banalidad cultural por montones, depredación ambiental, y cruzada contra el feminismo, son denominadores comunes.
• RESULTADOS PREVIAMENTE FABRICADOS Y MUCHA ABSTENCIÓN.
Los resultados oficializados por la JCE estuvieron a tono con las encuestas más confiables y más orgánicas al sistema, producto de una construcción mercadológica del 2020 hasta la fecha.
Sin grandes sorpresas, todo dentro de las probabilidades y las líneas trazadas.
Anuncio de resultados sin calcular la abstención, ni tener en cuenta los grados de ilegitimidad que ella determina; dado que, con una abstención del 46%, el 59% de los votos por Abinader se vuelve el 34 % del total de los inscritos en el padrón votantes, el 29% por Leonel resulta un 14.5 %, y el 10% por Abel representa solo el 6% de padrón electoral. Engaño publicitario muy común.
Ninguno representa la mayoría de la matrícula electoral del país.
La abstención, en continuo crecimiento durante este siglo, con varios componentes, entre ellos un notable desprecio por sistema de partidos político, por la degradación de la política electoral, por el tipo de elecciones y por los malos gobiernos de las últimas décadas, es un factor que el sistema no controla y que su desgracia determina un significativo y progresivo grado de ilegitimidad escalonada.
Una fiesta sobre esa base no puede ser más que una fiesta por la impunidad de un sistema devenido en un gran fraude, gerenciado por agentes de la desigualdad, el coloniaje moderno y la simulación sin límites.
La facción dominante de ese sistema supo diseñar y construir anticipadamente los resultados plasmados en las urnas el pasado 19 de mayo. Pero de eso pienso escribir en una próxima entrega.
Por José Cabral
Son muy variados los ejemplos de personajes de la política nacional que luego de ser señalados por el rumor popular o luego de habérseles instrumentado un expediente por corrupción pasan a ser aspirantes o candidatos presidenciales.
Hay otros casos en los que algunos de los que han sustraído fondos públicos desde un ministerio o cualquier otro cargo en el Estado pasan a ser legisladores y se les ocurre presentar un proyecto de ley para combatir la corrupción cuando ya tienen a través de ese mismo ilícito los bolsillos llenos.
Este fenómeno es muy común en países como la República Dominicana y otros tantos de Latinoamérica, ya que incluso el corrupto que se apropió de dinero del patrimonio público se presenta en los medios de comunicación como una persona limpia, sin tachas.
Este asunto, que debe ser parte de un debate nacional, amenaza con que no pocos de este tipo de personajes pretendan presentarse como candidatos en las elecciones del 2028.
El escollo consiste para exigirles a este tipo de personajes que rindan cuentas en que siempre se apoyan en la presunción de inocencia, sobre todo porque en el país no existe una fortaleza institucional que permita exigirles que expliquen la procedencia de sus fortunas.
Sin embargo, sería bueno que para una próxima contienda electoral estos personales digan al pueblo dominicano cómo adquirieron las riquezas que tienen, porque resulta prácticamente imposible que se pueda iniciar algún proceso legal en su contra.
Pero para que sus aspiraciones tengan mayor legitimidad deben hablar de los orígenes de sus fortunas, porque no parece haber vías que las justifiquen.
Entre los que ahora aparecen en el escenario electoral a destiempo están Francisco Javier García, quien se afirma que posee una fortuna relativamente muy grande, la cual, si es verdad que la tiene, su procedencia tiene que ser necesariamente del Estado dominicano.
Ya anteriormente hubo otros aspirantes o candidatos presidenciales que aprovecharon su riqueza para ser candidatos presidenciales, como por ejemplo Abel Martínez, Amarante Baret, Temístocles Montás, entre otros tantos, que han tenido por consigna enriquecerse primero y aspirar después.
Lo grande del problema es que ahora comienzan a intoxicar prematuramente como si sus pecados no tuvieron ninguna importancia para un pueblo lleno de precariedades y limitaciones mientras su dinero es disfrutado por pelafustanes de la politiquería nacional.
Por Isaías Ramos
En LA Semanal de este lunes, el Presidente de la República reveló una verdad dolorosa: más del 40 % de la población dominicana vive en extrema pobreza y miseria. Un sistema político neoliberal salvaje, implantado desde 1996 y acentuado en los últimos años, ha sumido al pueblo en condiciones inhumanas.
Es indignante que un fracaso rotundo se promocione como un logro. El hecho de que 1.496.000 hogares dominicanos reciban apenas 1.650 pesos mensuales a través del programa Supérate —una cifra insignificante que no alcanza ni 1 dólar diario— contrasta cruelmente con la opulencia desmedida de una élite privilegiada que se beneficia del saqueo de los recursos nacionales.
Este modelo económico excluyente ha dejado de lado el bienestar del pueblo, violando flagrantemente el mandato constitucional de un Estado Social y Democrático de Derecho.
Este gobierno, al igual que los anteriores, actúa de manera cruel, protegiendo únicamente los intereses de una élite política y financiera en detrimento del resto de la sociedad. Se está produciendo una clara violación del principio de igualdad y justicia social sobre el cual debería regirse un Estado Social y Democrático de Derecho.
Es preocupante que, bajo este contexto constitucional, se promueva un sistema económico basado en un liberalismo extremo que favorece a unos pocos privilegiados mientras ignora las necesidades básicas y los derechos humanos del resto de la población. Esta situación constituye una aberración ética y moral, ya que va en contra de los principios fundamentales de dignidad humana, equidad e inclusión que deben guiar cualquier forma legítima de gobierno.
La entrega progresiva de las instituciones públicas a intereses corporativos solo garantiza la consolidación del poder en manos de unos pocos, empeorando la situación ya crítica en la que se encuentra la mayoría. Si permitimos que esta clase política continúe con su agenda destructiva, estaremos condenados a vivir en condiciones peores que las de países como Haití, Cuba o Venezuela.
Detrás de este acelerado deterioro se encuentran desafíos devastadores como el desempleo, la violencia, la migración y la educación precaria, que exacerban el subdesarrollo en nuestra nación.
Es hora de despertar y alzar nuestra voz contra esta injusticia. Enfrentémonos unidos para defender nuestros derechos fundamentales y luchar por un verdadero Estado Social y Democrático. No podemos permitir que nos arrebaten nuestra dignidad ni que conviertan al país en un feudo donde solo unos pocos prosperan a costa del sufrimiento colectivo.
Esto subraya la urgencia de implementar políticas más efectivas y sostenibles que aborden las causas estructurales de la pobreza y promuevan un mayor bienestar social para todos los ciudadanos.
Desde el frente cívico y social, hacemos un llamado urgente a todos los dominicanos comprometidos con la justicia y la libertad: es momento de resistir y defender nuestro futuro como nación soberana. No caigamos en el letargo ni permitamos que nos despojen de lo poco que nos queda. Levantémonos juntos por el sueño de Duarte, por un país donde prime la igualdad y el respeto por los derechos humanos consagrados en nuestra constitución.
Juntos podemos construir un mejor mañana si nos mantenemos firmes ante las adversidades y luchamos incansablemente por una sociedad más equitativa e íntegra para todos. ¡Despierta RD!
Por Rommel Santos Diaz
Una vez que se remita a la Corte Penal Internacional una situación que requiera atención a la CPI, o una vez que el Fiscal de la CPI identifique la aparente comisión de un crimen con competencia de la CPI, el Fiscal de la CPI debe determinar si existe fundamento razonable para iniciar una investigación. El Fiscal deberá solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI la autorización de cualquier investigación iniciada de oficio por el Fiscal.
Desde el momento en que el Fiscal inicie la investigación basada en la referencia de un Estado Parte, se debe notificar a todos los Estados Partes. El Fiscal debe también notificar a cualquier otro Estado que normalmente sería competente sobre los crímenes en cuestión.
Se debe de resaltar que el Fiscal puede notificar de forma confidencial, y limitar la información provista a los Estados, si es necesario para proteger a ciertas personas, prevenir la destrucción de prueba, o impedir que ciertas personas evadan la justicia.
El artículo 18 del Estatuto de Roma señala que los Estados cuentan con un mes después de la recepción de la notificación, para informar a la Corte Penal Internacional de que esta llevando o ha llevado a cabo una investigación respecto al mismo caso, y para solicitar al Fiscal que renuncie a su competencia a favor del Estado.
Ese corto plazo asegura que la Corte Penal Internacional no padezca de retrasos innecesarios con el cumplimiento de sus funciones. El artículo 18 del Estatuto de Roma también prevé que ¨el Estado podrá informar a la Corte de sus propias investigaciones¨.
En otro orden, los Estados no están obligados a informar a la Corte Penal Internacional de sus propias investigaciones, por lo que seria aconsejable que un Estado informará a la Corte sobre sus propias investigaciones, para así evitar una duplicación innecesaria de esfuerzos y asegurar que la CPI se inhiba de su competencia a favor del Estado.
Una vez que un Estado solicite la inhibición de competencia de la Corte Penal Internacional de una investigación, el Fiscal esta obligado a suspender la investigación del caso. Sin embargo, el Fiscal podrá solicitar a estos Estados que le informen periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados partes deben responder a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
Aun si un Estado no solicita al Fiscal la inhibición de su competencia a favor del Estado, el Fiscal puede suspender la investigación de la CPI. El Fiscal podra solicitar al Estado de que se trate que le comunique sobre las actuaciones. En ese orden los Estados pueden solicitar que dicha información sea confidencial.
Si el Fiscal o la Sección de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional tienen reparos sobre la conducción de la investigación y el juicio llevado a cabo por un Estado, la Sala de Cuestiones puede autorizar al Fiscal para que proceda con una investigación , ya sea por primera vez, o después de un periodo de suspensión, o cuando ha habido cambios significativos de circunstancias en el Estado.
Finalmente, los Estados pueden apelar la resolución preliminar ante la Sala de Apelaciones. Cuando el Fiscal decida inhibirse de su competencia en una investigación sin notificación del Estado, el Estado de que se trate deberá ser notificado si el Fiscal decide posteriormente reabrir la investigación, según el artículo 19 del Estatuto de Roma. En algunos casos, los Estados podrán impugnar la admisibilidad del caso, según el mismo artículo 19 del Estatuto de Roma.