Opinión
¿Fiesta de la democracia o de la impunidad?
Por Narciso Isa Conde
A raíz de las elecciones presidenciales y congresuales del pasado 19 de mayo, se habló hasta el hartazgo de una supuesta FIESTA DE LA DEMOCRACIA.
El elogio, que siempre se repite, estuvo a cargo de sus principales protagonistas, comunicadores, funcionarios electorales, dirigentes políticos y observadores nacionales e internacionales.
Hablaron de una fiesta por algo que no existe.
Aquí impera una partidocracia corrompida y corruptora, subordinada todas sus facciones al gran capital privado que hace las veces de plutocracia o poder del dinero; ahora detentadora de las principales funciones ejecutivas del estado
A esa supuesta democracia se le llama representativa y resulta que la representación por vía electoral opera como poder sin control social.
Se vota, pero no se elige.
La elección la hace el sistema de partido, plegado a la burguesía transnacional y local, incluida la narco-burguesía y la cleptocracia.
Las candidaturas son financiadas por cuatro fuentes: 1) el estado, que lo hace legalmente por la vía de la autoridad electoral y a favor de los partidos grandes y ricos, e ilegalmente recurriendo al uso abusivo del poder estatal y sus enormes recursos; 2) las corporaciones privadas que invierten para sacar enormes beneficios; 3) los carteles de la droga; y 4) los clanes políticos poseedores con los dineros robados durante administraciones pasadas.
Los dueños del sistema electoral convierten la ciudadanía en clientela, las votaciones en mercados y los partidos en compañías por acciones. El partido de gobierno lo usa impunemente como botín a su favor.
• FIESTA DE LA IMPUNIDAD…
La gran trampa es el sistema y la institucionalidad vigente, pero junto a los mecanismos institucionales abundan muchas otras trampas acompañadas de variadas formas de violencia, que en muchas ocasiones se desbordan y escandalizan, como aconteció en los comicios de febrero.
En otras, las autoridades se ven forzadas a contenerlas y los actores de delitos electorales a encubrirse o maquillarlos, como sucedió ahora.
Así las cosas, una fiesta, que nada tiene que ver con democracia, deviene en una fiesta de la impunidad, la desigualdad, el neo-coloniaje y la hipocresía.
Partidos que deberían estar inhabilitados, concurrieron a unas votaciones con unas leyes hechas por ellos, a su favor.
Candidatos que deberían estar presos, terciaron y una parte de ellos triunfaron.
Esto aconteció en el escenario de una de las sociedades más desiguales de Nuestra América, con todo lo que eso implica en materia electoral y en el marco de tres campañas mega millonarias.
Los sondeos modernos, los medios de última generación para la de inducción del voto, la mercadología de punta, los creadores de imágenes…manipulan tan eficazmente los procesos electorales y los factores de poder, que sus resultados son fabricados previamente a las votaciones y fácilmente predecibles.
• CELEBRACIÓN ANTICIPADA.
Eso le permitió al PRM-ABINADER-PR celebrar anticipadamente -y a todo dar y sin riesgo de equívoco alguno- su reelección y la victoria del PRM en primera vuelta en el lujoso Hotel Jaragua.
Se trató de una especie de proclamación festiva sumamente tramposa, violando elegantemente la regla de esperar los cómputos oficiales de la JCE
Fiesta de alta calidad y de corte trujillista.
Caudillismo moderno en versión de espectáculo de buen gusto, con admirables valores artísticos atrapados por un sistema de privilegios y oportunidades selectivas brindadas por el ostentoso monarca del escenario electoral.
Merengues al neo-caudillo de la nueva ERA,
Celebración previa a una reelección en paz, tranquila, civilizada y ordenada.
Mejor organizada que las anteriores, con muchas trampas camufladas.
Con menos violencia o con ella bien escondida.
Precedida de supuestos “debates” o intercambios que mostraron cuánto se parecen PRM-PLD-FP y sus respectivas propuestas.
Neoliberalismo…machismo, racismo anti haitiano, carrera hacia el ultra conservadurismo, nueva colonialidad tutelada por EEUU, desigualdad capitalista extrema a favor de las elites sociales, banalidad cultural por montones, depredación ambiental, y cruzada contra el feminismo, son denominadores comunes.
• RESULTADOS PREVIAMENTE FABRICADOS Y MUCHA ABSTENCIÓN.
Los resultados oficializados por la JCE estuvieron a tono con las encuestas más confiables y más orgánicas al sistema, producto de una construcción mercadológica del 2020 hasta la fecha.
Sin grandes sorpresas, todo dentro de las probabilidades y las líneas trazadas.
Anuncio de resultados sin calcular la abstención, ni tener en cuenta los grados de ilegitimidad que ella determina; dado que, con una abstención del 46%, el 59% de los votos por Abinader se vuelve el 34 % del total de los inscritos en el padrón votantes, el 29% por Leonel resulta un 14.5 %, y el 10% por Abel representa solo el 6% de padrón electoral. Engaño publicitario muy común.
Ninguno representa la mayoría de la matrícula electoral del país.
La abstención, en continuo crecimiento durante este siglo, con varios componentes, entre ellos un notable desprecio por sistema de partidos político, por la degradación de la política electoral, por el tipo de elecciones y por los malos gobiernos de las últimas décadas, es un factor que el sistema no controla y que su desgracia determina un significativo y progresivo grado de ilegitimidad escalonada.
Una fiesta sobre esa base no puede ser más que una fiesta por la impunidad de un sistema devenido en un gran fraude, gerenciado por agentes de la desigualdad, el coloniaje moderno y la simulación sin límites.
La facción dominante de ese sistema supo diseñar y construir anticipadamente los resultados plasmados en las urnas el pasado 19 de mayo. Pero de eso pienso escribir en una próxima entrega.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.