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Opinión

¿Fiesta de la democracia o de la impunidad?

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Por Narciso Isa Conde

A raíz de las elecciones presidenciales y congresuales del pasado 19 de mayo, se habló hasta el hartazgo de una supuesta FIESTA DE LA DEMOCRACIA.

El elogio, que siempre se repite, estuvo a cargo de sus principales protagonistas, comunicadores, funcionarios electorales, dirigentes políticos y observadores nacionales e internacionales.

Hablaron de una fiesta por algo que no existe.

Aquí impera una partidocracia corrompida y corruptora, subordinada todas sus facciones al gran capital privado que hace las veces de plutocracia o poder del dinero; ahora detentadora de las principales funciones ejecutivas del estado

A esa supuesta democracia se le llama representativa y resulta que la representación por vía electoral opera como poder sin control social.

Se vota, pero no se elige.

La elección la hace el sistema de partido, plegado a la burguesía transnacional y local, incluida la narco-burguesía y la cleptocracia.

Las candidaturas son financiadas por cuatro fuentes: 1) el estado, que lo hace legalmente por la vía de la autoridad electoral y a favor de los partidos grandes y ricos, e ilegalmente recurriendo al uso abusivo del poder estatal y sus enormes recursos; 2) las corporaciones privadas que invierten para sacar enormes beneficios; 3) los carteles de la droga; y 4) los clanes políticos poseedores con los dineros robados durante administraciones pasadas.

Los dueños del sistema electoral convierten la ciudadanía en clientela, las votaciones en mercados y los partidos en compañías por acciones. El partido de gobierno lo usa impunemente como botín a su favor.

• FIESTA DE LA IMPUNIDAD…

La gran trampa es el sistema y la institucionalidad vigente, pero junto a los mecanismos institucionales abundan muchas otras trampas acompañadas de variadas formas de violencia, que en muchas ocasiones se desbordan y escandalizan, como aconteció en los comicios de febrero.

En otras, las autoridades se ven forzadas a contenerlas y los actores de delitos electorales a encubrirse o maquillarlos, como sucedió ahora.

Así las cosas, una fiesta, que nada tiene que ver con democracia, deviene en una fiesta de la impunidad, la desigualdad, el neo-coloniaje y la hipocresía.

Partidos que deberían estar inhabilitados, concurrieron a unas votaciones con unas leyes hechas por ellos, a su favor.

Candidatos que deberían estar presos, terciaron y una parte de ellos triunfaron.

Esto aconteció en el escenario de una de las sociedades más desiguales de Nuestra América, con todo lo que eso implica en materia electoral y en el marco de tres campañas mega millonarias.

Los sondeos modernos, los medios de última generación para la de inducción del voto, la mercadología de punta, los creadores de imágenes…manipulan tan eficazmente los procesos electorales y los factores de poder, que sus resultados son fabricados previamente a las votaciones y fácilmente predecibles.

• CELEBRACIÓN ANTICIPADA.

Eso le permitió al PRM-ABINADER-PR celebrar anticipadamente -y a todo dar y sin riesgo de equívoco alguno- su reelección y la victoria del PRM en primera vuelta en el lujoso Hotel Jaragua.

Se trató de una especie de proclamación festiva sumamente tramposa, violando elegantemente la regla de esperar los cómputos oficiales de la JCE

Fiesta de alta calidad y de corte trujillista.

Caudillismo moderno en versión de espectáculo de buen gusto, con admirables valores artísticos atrapados por un sistema de privilegios y oportunidades selectivas brindadas por el ostentoso monarca del escenario electoral.

Merengues al neo-caudillo de la nueva ERA,

Celebración previa a una reelección en paz, tranquila, civilizada y ordenada.

Mejor organizada que las anteriores, con muchas trampas camufladas.

Con menos violencia o con ella bien escondida.

Precedida de supuestos “debates” o intercambios que mostraron cuánto se parecen PRM-PLD-FP y sus respectivas propuestas.

Neoliberalismo…machismo, racismo anti haitiano, carrera hacia el ultra conservadurismo, nueva colonialidad tutelada por EEUU, desigualdad capitalista extrema a favor de las elites sociales, banalidad cultural por montones, depredación ambiental, y cruzada contra el feminismo, son denominadores comunes.

• RESULTADOS PREVIAMENTE FABRICADOS Y MUCHA ABSTENCIÓN.

Los resultados oficializados por la JCE estuvieron a tono con las encuestas más confiables y más orgánicas al sistema, producto de una construcción mercadológica del 2020 hasta la fecha.

Sin grandes sorpresas, todo dentro de las probabilidades y las líneas trazadas.

Anuncio de resultados sin calcular la abstención, ni tener en cuenta los grados de ilegitimidad que ella determina; dado que, con una abstención del 46%, el 59% de los votos por Abinader se vuelve el 34 % del total de los inscritos en el padrón votantes, el 29% por Leonel resulta un 14.5 %, y el 10% por Abel representa solo el 6% de padrón electoral. Engaño publicitario muy común.

Ninguno representa la mayoría de la matrícula electoral del país.

La abstención, en continuo crecimiento durante este siglo, con varios componentes, entre ellos un notable desprecio por sistema de partidos político, por la degradación de la política electoral, por el tipo de elecciones y por los malos gobiernos de las últimas décadas, es un factor que el sistema no controla y que su desgracia determina un significativo y progresivo grado de ilegitimidad escalonada.

Una fiesta sobre esa base no puede ser más que una fiesta por la impunidad de un sistema devenido en un gran fraude, gerenciado por agentes de la desigualdad, el coloniaje moderno y la simulación sin límites.

La facción dominante de ese sistema supo diseñar y construir anticipadamente los resultados plasmados en las urnas el pasado 19 de mayo. Pero de eso pienso escribir en una próxima entrega.

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Opinión

La inmunidad de altos funcionarios

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Por Rommel Santos Diaz

A  fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal  si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.

La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida  con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.

De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto  de Roma.

El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.

En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro  de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.

Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho  interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional  ejerza su competencia sobre ella.

La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales  o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.

Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra  prevista en la constitución el asunto se complica,  ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

Treinta años de leyes. Casi dos generaciones esperando.

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Dr. Isaías Ramos

Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.

Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.

Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.

Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.

Así llevamos demasiado tiempo.

La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.

Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.

Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.

El mandato nunca faltó.

Después llegaron las advertencias.

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.

El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.

Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.

Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.

No fueron hechos aislados.

Fueron advertencias acumuladas durante años.

Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.

Después de mejorar, nos estancamos.

Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:

¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?

No faltaron normas.

No faltaron pruebas.

No faltaron diagnósticos.

Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.

Y eso tiene un costo humano.

Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.

Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.

¿Quién responde por ellos?

¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?

En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.

Bienvenidas sean esas iniciativas.

Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:

¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?

Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.

Ahí la calle compite contra el aula.

Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.

Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.

Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.

Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.

Y debemos comprender algo esencial:

cada autoridad también educa.

Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.

Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.

Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.

No se trata de buscar culpables eternos.

Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.

Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.

Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.

Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.

Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.

Pero el tiempo no es infinito.

La pregunta que debemos responder como nación es ésta:

¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?

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Opinión

Ser enemigo de un periodista

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Por Oscar López Reyes

Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.

Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?

Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!

Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.

Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.

La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!

Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.

Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?

Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!

Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?

Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.

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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.

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13 de septiembre de 2026

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