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Opinión

¿Fiesta de la democracia o de la impunidad?

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Por Narciso Isa Conde

A raíz de las elecciones presidenciales y congresuales del pasado 19 de mayo, se habló hasta el hartazgo de una supuesta FIESTA DE LA DEMOCRACIA.

El elogio, que siempre se repite, estuvo a cargo de sus principales protagonistas, comunicadores, funcionarios electorales, dirigentes políticos y observadores nacionales e internacionales.

Hablaron de una fiesta por algo que no existe.

Aquí impera una partidocracia corrompida y corruptora, subordinada todas sus facciones al gran capital privado que hace las veces de plutocracia o poder del dinero; ahora detentadora de las principales funciones ejecutivas del estado

A esa supuesta democracia se le llama representativa y resulta que la representación por vía electoral opera como poder sin control social.

Se vota, pero no se elige.

La elección la hace el sistema de partido, plegado a la burguesía transnacional y local, incluida la narco-burguesía y la cleptocracia.

Las candidaturas son financiadas por cuatro fuentes: 1) el estado, que lo hace legalmente por la vía de la autoridad electoral y a favor de los partidos grandes y ricos, e ilegalmente recurriendo al uso abusivo del poder estatal y sus enormes recursos; 2) las corporaciones privadas que invierten para sacar enormes beneficios; 3) los carteles de la droga; y 4) los clanes políticos poseedores con los dineros robados durante administraciones pasadas.

Los dueños del sistema electoral convierten la ciudadanía en clientela, las votaciones en mercados y los partidos en compañías por acciones. El partido de gobierno lo usa impunemente como botín a su favor.

• FIESTA DE LA IMPUNIDAD…

La gran trampa es el sistema y la institucionalidad vigente, pero junto a los mecanismos institucionales abundan muchas otras trampas acompañadas de variadas formas de violencia, que en muchas ocasiones se desbordan y escandalizan, como aconteció en los comicios de febrero.

En otras, las autoridades se ven forzadas a contenerlas y los actores de delitos electorales a encubrirse o maquillarlos, como sucedió ahora.

Así las cosas, una fiesta, que nada tiene que ver con democracia, deviene en una fiesta de la impunidad, la desigualdad, el neo-coloniaje y la hipocresía.

Partidos que deberían estar inhabilitados, concurrieron a unas votaciones con unas leyes hechas por ellos, a su favor.

Candidatos que deberían estar presos, terciaron y una parte de ellos triunfaron.

Esto aconteció en el escenario de una de las sociedades más desiguales de Nuestra América, con todo lo que eso implica en materia electoral y en el marco de tres campañas mega millonarias.

Los sondeos modernos, los medios de última generación para la de inducción del voto, la mercadología de punta, los creadores de imágenes…manipulan tan eficazmente los procesos electorales y los factores de poder, que sus resultados son fabricados previamente a las votaciones y fácilmente predecibles.

• CELEBRACIÓN ANTICIPADA.

Eso le permitió al PRM-ABINADER-PR celebrar anticipadamente -y a todo dar y sin riesgo de equívoco alguno- su reelección y la victoria del PRM en primera vuelta en el lujoso Hotel Jaragua.

Se trató de una especie de proclamación festiva sumamente tramposa, violando elegantemente la regla de esperar los cómputos oficiales de la JCE

Fiesta de alta calidad y de corte trujillista.

Caudillismo moderno en versión de espectáculo de buen gusto, con admirables valores artísticos atrapados por un sistema de privilegios y oportunidades selectivas brindadas por el ostentoso monarca del escenario electoral.

Merengues al neo-caudillo de la nueva ERA,

Celebración previa a una reelección en paz, tranquila, civilizada y ordenada.

Mejor organizada que las anteriores, con muchas trampas camufladas.

Con menos violencia o con ella bien escondida.

Precedida de supuestos “debates” o intercambios que mostraron cuánto se parecen PRM-PLD-FP y sus respectivas propuestas.

Neoliberalismo…machismo, racismo anti haitiano, carrera hacia el ultra conservadurismo, nueva colonialidad tutelada por EEUU, desigualdad capitalista extrema a favor de las elites sociales, banalidad cultural por montones, depredación ambiental, y cruzada contra el feminismo, son denominadores comunes.

• RESULTADOS PREVIAMENTE FABRICADOS Y MUCHA ABSTENCIÓN.

Los resultados oficializados por la JCE estuvieron a tono con las encuestas más confiables y más orgánicas al sistema, producto de una construcción mercadológica del 2020 hasta la fecha.

Sin grandes sorpresas, todo dentro de las probabilidades y las líneas trazadas.

Anuncio de resultados sin calcular la abstención, ni tener en cuenta los grados de ilegitimidad que ella determina; dado que, con una abstención del 46%, el 59% de los votos por Abinader se vuelve el 34 % del total de los inscritos en el padrón votantes, el 29% por Leonel resulta un 14.5 %, y el 10% por Abel representa solo el 6% de padrón electoral. Engaño publicitario muy común.

Ninguno representa la mayoría de la matrícula electoral del país.

La abstención, en continuo crecimiento durante este siglo, con varios componentes, entre ellos un notable desprecio por sistema de partidos político, por la degradación de la política electoral, por el tipo de elecciones y por los malos gobiernos de las últimas décadas, es un factor que el sistema no controla y que su desgracia determina un significativo y progresivo grado de ilegitimidad escalonada.

Una fiesta sobre esa base no puede ser más que una fiesta por la impunidad de un sistema devenido en un gran fraude, gerenciado por agentes de la desigualdad, el coloniaje moderno y la simulación sin límites.

La facción dominante de ese sistema supo diseñar y construir anticipadamente los resultados plasmados en las urnas el pasado 19 de mayo. Pero de eso pienso escribir en una próxima entrega.

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Opinión

¿De qué nos avergonzamos realmente?

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Por Isaías Ramos

En el evento reciente denominado La Semanal, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, manifestó que sentía vergüenza debido a la falta de un estadio modelo que pueda acoger eventos de Grandes Ligas en nuestro país. Estas declaraciones resaltan un malestar superficial que contrasta dramáticamente con las verdaderas vergüenzas que afligen a nuestra nación.

La propuesta de solucionar esta carencia a través de «Alianzas Público-Privadas», conocidas por socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, es indicativa de una problemática mucho más profunda y sistemática.

Esta situación nos invita a reflexionar y cuestionar: ¿No es acaso más vergonzoso que nuestros gobernantes adopten políticas neoliberales que contravienen el espíritu de la Constitución que juran proteger? ¿No deberíamos sentir una indignación más profunda cuando el régimen promueve un consumismo insostenible y un modelo económico que favorece la extracción sobre la producción genuina, despreciando así la creación de riqueza sostenible y la productividad?

Observamos con dolor cómo la palabra “político” se ha convertido en sinónimo de corrupto en el imaginario colectivo. Es desgarrador ver cómo nuestros líderes permiten que el futuro de la nación se vea comprometido por una deuda que supera los 70 mil millones de dólares en las últimas dos décadas, mientras nuestros recursos naturales son saqueados impunemente, dejando a la población solo con daños ambientales y problemas de salud irreparables.

Nuestro sistema educativo se encuentra entre los más ineficientes del mundo, deteriorándose ante nuestros ojos, y la seguridad en nuestras calles ha llegado a tal punto que la población vive prácticamente encerrada en sus propios hogares.

La implementación de leyes de «alianzas público-privadas» se ha convertido en un mecanismo legalizado para el saqueo de fondos públicos, exacerbando la corrupción ya rampante y desviando recursos que podrían mejorar la vida de todos.

¿Cómo no sentir un profundo malestar al saber que la deuda pública se ha incrementado en más de 27 mil millones de dólares en los últimos cuatro años sin mostrar ningún impacto social significativo de las inversiones realizadas?

¿No es vergonzoso que las políticas públicas hayan abandonado por completo el sector agropecuario desde 1996, permitiendo que nuestros campos sean invadidos por extranjeros siendo el desprecio más evidente para este sector bajo la actual administración del «cambio»?

Es hora de que como sociedad dominicana enfrentemos estas verdades incómodas. No podemos continuar tolerando la corrupción, el abandono de nuestra educación y salud, y la desatención hacia el bienestar general.

Desde el Frente Cívico y Social, hacemos un llamado a cada ciudadano a exigir cuentas, a reclamar transparencia y a trabajar juntos para reconstruir un país donde la dignidad, la justicia y el progreso real sean los pilares de nuestra comunidad.

¡Es tiempo de dejar atrás la vergüenza que nos paraliza y abrazar la valentía necesaria para cambiar nuestro destino colectivo! ¡Actuemos con determinación por un futuro mejor para todos!

Este es un momento crucial en nuestra historia. Debemos elegir si continuaremos permitiendo que estas prácticas vergonzosas definan nuestro país o si, en cambio, nos levantaremos para demandar y efectuar un cambio genuino y duradero que refleje el verdadero espíritu y potencial de la República Dominicana.

¡Despierta, RD!

 

 

 

 

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Opinión

Los Tribunales Militares y la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Diaz

Los tribunales militares, tal como los tribunales ordinarios, podrán procesar a los autores de un delito de la CPI. El Estatuto de Roma no hace ninguna distinción entre estos dos tipos de sistemas  y los Estados Partes pueden escoger libremente cuál tribunal nacional será competente para procesar un delito  de la CPI.

Un Estado Parte podrá decidir que los procedimientos relacionados  con el Estatuto de Roma  serán competencia de los tribunales ordinarios, de los tribunales militares, o de ambos, dependiendo de la organización general  de su sistema  judicial.

Sin embargo, los tribunales militares normalmente tienen  una competencia restringida. Solo pueden enjuiciar al personal  militar, y no tienen competencia  sobre los civiles.

Los crímenes de la competencia de la CPI , sin embargo, podrán  cometerse en tiempo de paz,  tanto por miembros de las fuerzas armadas , así como  civiles. Por ejemplo, la fuerza policial o grupos armados paramilitares pueden cometer crímenes de lesa humanidad, como un civil que participe reclutando niños o  niñas,  y que por ende cometa un crimen de guerra.

Los Estados Partes que deseen enjuiciar a los autores de un delito  de la Corte Penal Internacional  deberan, la mayor parte del tiempo , utilizar sus jurisdicciones  ordinarias, salvo que los tribunales militares cuenten con una amplia competencia  que cubra los crímenes cometidos en tiempo de paz y aquellos cometidos por civiles.

En muchos países, los procedimientos ante los tribunales militares son distintos a aquellos  ante un tribunal ordinario.

Los procedimientos son a veces  más expeditos ante un tribunal militar, y en algunas jurisdicciones el debido proceso puede que no se garantice al mismo nivel  que en los procedimientos penales comunes.

Sin embargo, la Corte Penal Internacional no puede admitir  un caso que se esté persiguiendo en una jurisdicción nacional, en el que el procedimiento a nivel nacional  tenga como fin proteger  de su responsabilidad penal o se esté llevando a cabo de manera contraria a la intención de llevar a la persona  ante la justicia.

Cualquier procedimiento militar que se  lleve  cabo de buena fe normalmente no será asumido  posteriormente por la competencia de la Corte Penal Internacional, sólo porque el proceso fue expedito.

Los tribunales militares deberán determinar la responsabilidad penal de un individuo tal y como lo describe el Estatuto de Roma, tomando en consideración a manera de lo posible, las definiciones de los delitos, los medios de defensa, y los principios generales de derecho penal descritos en el Estatuto de Roma.

El Estatuto de Roma no establece explícitamente las obligaciones de los Estados Partes  relacionadas a la dirección de sus ejércitos.Sin embargo, uno de los propósitos del Estatuto es asegurar un mayor respeto de las leyes de los conflictos armados al mismo tiempo que muchos de los crímenes de la CPI están relacionados a la práctica militar.

Cada prohibición que resulte de las definiciones de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra deberá  ser aplicable a los miembros de las fuerzas armadas de los Estados Partes.

Adicionalmente, los principios generales del derecho penal, y las ofensas establecidas en el Estatuto de Roma deberán incorporarse en los códigos militares.

 Finalmente, como medidas preventivas, los Estados Partes deberían incluir en su manual militar y adaptar la capacitación e instrucción de sus tropas, a medida de lo necesario,  con el fin de respetar la prohibición de utilizar ciertas armas establecidas por el Estatuto de Roma. La misma medida debería tomarse en relación con las cuestiones relacionadas a las órdenes de superiores.

[email protected]

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Opinión

¡Ojo con el plan en las EDE!

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Nelson Encarnación

El proceso de capitalización de las empresas públicas fue una iniciativa que, sin ninguna duda, estaba justificado desde el punto de vista gerencial, pues se suponía que el Estado se quitaba de las espaldas una pesada carga de subsidios a unidades “productivas” cuya permanencia solo se justificaba en el interés de disponer dónde acoger una empleomanía inútil. En lo concerniente al sector eléctrico, de una gigantesca Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) surgieron ocho empresas y tres entidades, es decir, once espacios para albergar una plantilla de personal casi siempre superior al que existía antes de la capitalización.

El proceso en su génesis fue bueno, si lo vemos desde la perspectiva del ahorro para el Estado, pero fue desvirtuado en lo esencial, al asignar a las distribuidoras el papel de balones en la cancha pública, que pasaron del Estado al sector privado, volvieron al Estado, y ahora posiblemente regresen a ser administradas por particulares.

Es lo que prima en la lógica empresarial del licenciado Celso Marranzini, y parece que esa lógica cuajará, pues también es del agrado de algunos funcionarios, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Poner gerentes privados en las distribuidoras no sería nada nuevo, pues en su origen dichas empresas estuvieron dirigidas por ejecutivos privados —para colmo extranjeros— que cobraban un dineral con resultados financieros muy cuestionables.

Pero ya muchos años antes se había incurrido en un experimento similar, cuando en los albores del gobierno del presidente Antonio Guzmán en 1978, fueron designados numerosos empresarios privados como administradores en unidades de la entonces todopoderosa Corporación de Empresas Estatales (Corde), heredera del patrimonio corporativo del dictador Rafael L. Trujillo que fue pasado al dominio público.

¿Qué resultado obtuvieron esos administradores privados como gerentes de las empresas de Corde? Un fracaso absoluto. De modo que, como experiencia, esa fue bastante negativa.

¿Y qué decir de los socios estratégicos del Estado en la capitalización de la parte comercial del negocio eléctrico? Otro fracaso, sin decir que en algunos casos fue más bien un atraco.

La pregunta obligada es: ¿incurriremos nuevamente en la experiencia negativa del presidente Guzmán, del negocio de capar perros con Unión Fenosa o el fiasco de los administradores sudamericanos, caros e ineficientes? Con los pies se camina, pero también se tropieza.

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