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Diputada del PRM condenada por lavado.
Santo Domingo.- La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amala Pilarte, fue condenada este martes por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia por lavado de activos.
Sin embargo, previo a la lectura del dispositivo de la sentencia, el tribunal resaltó cuáles fueron las acusaciones que sí se pudieron comprobar durante este proceso judicial.
Así lo indicó la magistrada Nancy Salcedo, integrante del referido tribunal, y quien fue delegada en comunicar la decisión.
En su intervención, esta jueza afirmó que el comportamiento financiero de la legisladora y sus allegados coincidía con el modus operandi de organizaciones criminales que se dedican a cometer los tipos de delitos que Pilarte fue acusada.
De igual forma aseguró que, tras examinar el informe de investigación y de análisis financiero de Pilarte, se demostró que la acusada intentó diversificar e integrar los valores productos de actividades ilícitas con la adquisición y ventas de inmuebles.
“Para esta Suprema Corte, los indicios debidamente probados por la Procuraduría General de la República (PGR) permiten arribar a la única conclusión lógica que consta en la acusación y esta es: la acusada adquirió productos bancarios y los utilizó para colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional, a sabiendas de su origen ilícito”, subrayó Salcedo.
El tribunal es presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por Salcedo, María Garabito, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco y condenó a cinco años de prisión a Pilarte.
Esta sentencia deberá ser cumplida en la cárcel de Rafey-Mujeres.
Además le fue impuesto el pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público.
«A partir de la valoración realizada a las pruebas, esta Segunda Sala ha logrado extraer
una pluralidad de indicios, especialmente relacionados con las relaciones comerciales
del entorno familiar de la acusada, su comportamiento financiero y el origen de los
valores que se movilizaron a través de sus productos bancarios. Sin lugar a duda, estos
indicios no se limitan a la disparidad entre los ingresos de la acusada y los montos
movilizados por ella, ya que esta Sala Penal extrajo de las pruebas que el
comportamiento financiero de la Rosa Amalia Pilarte López —y sus relacionados—
coinciden con el modus operandi de las organizaciones criminales que se dedican a este
tipo de infracciones.
Para esta Suprema Corte, los indicios debidamente probados por la Procuraduría
General de la República permiten arribar a la única conclusión lógica que consta en la
acusación, esta es que la acusada adquirió productos bancarios y los utilizó para
colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional, a sabiendas de su origen
ilícito, comúnmente mediante transacciones en efectivo.
Además, se demostró que la acusada intentó diversificar e integrar los valores producto
de actividades ilícitas, con la adquisición y venta de inmuebles, como sostiene el órgano
de persecución.
Como esta Sala Penal ha venido sosteniendo, en el tipo penal de lavado de activos se da
la postura de la autonomía material relativa, donde se requiere que los activos materia
de lavado se vinculen a una actividad previa a través de indicios razonables que
persuadan al órgano jurisdiccional que se ha cometido el lavado de activos, como ha
ocurrido en este caso, donde se ha podido establecer un nexo lógico entre los indicios
que demuestran el origen ilícito de los bienes poseídos con la actividad de lavado; es
decir, que el origen o conexión de los activos materia de lavado se ha vinculado con
actividades criminales previas que integran la tipicidad la infracción».
¿DE QUÉ ERA ACUSADA?
Según el expediente del Ministerio Público, la diputada formaba parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos.
El documento describió que en la investigación se verificó que el modus operandi de la red era colocar sumas cuantiosas de dinero en el sistema financiero y otras ramas de la actividad económica para lograr “diversificar el producto proveniente del narcotráfico, aprovechando y utilizando vínculos familiares y de afinidad para hacer más eficaz dicha actividad ilícita de lavado de activos”.
Asimismo se detalló que se comprobó la existencia de transacciones bancarias realizadas por Pilarte que reflejan montos millonarios, presuntamente producto de las actividades ilícitas del entramado, estableciendo como la mujer es partícipe de la red de lavado junto a su esposo y también acusado Miguel Arturo López Florencio (Miky López).
El órgano persecutor también señaló que Pilarte tenía “pleno conocimiento” de que adquirió varios productos bancarios que se utilizaron para desarrollar un circuito de lavado de activos que tenía como fin “ocultar el verdadero origen de los fondos procedes del tráfico ilícito de drogas”.
La diputada habría colocado en el sistema financiero, según el órgano, más de 4,400 millones de pesos a través de depósitos en efectivo “que no puede justificar” pues por su actividad laboral como odontóloga, la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General de Impuestos Internos apuntan que la diputada solo había generado por su trabajo formal y lícito por concepto de salarios hasta el año 2021 solo RD$ 13,571,307.
Similarmente fue acusada de utilizar testaferros. De acuerdo con el referido documento, Pilarte utilizó a su hermana Francia Pilarte para ocultar uno de los vehículos de la estructura.
La legisladora también habría servido de testaferro para su esposo y para otros miembros de la red de lavado de activos, adquiriendo varios inmuebles y traspasándolos a otras personas a nombre de la razón social “Inversiones Inmobiliaria Cutuú, SRL”, representada por su cuñado Manuel Antonio Inoa Valdez.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.