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Diputada del PRM condenada por lavado.
Santo Domingo.- La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amala Pilarte, fue condenada este martes por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia por lavado de activos.
Sin embargo, previo a la lectura del dispositivo de la sentencia, el tribunal resaltó cuáles fueron las acusaciones que sí se pudieron comprobar durante este proceso judicial.
Así lo indicó la magistrada Nancy Salcedo, integrante del referido tribunal, y quien fue delegada en comunicar la decisión.
En su intervención, esta jueza afirmó que el comportamiento financiero de la legisladora y sus allegados coincidía con el modus operandi de organizaciones criminales que se dedican a cometer los tipos de delitos que Pilarte fue acusada.
De igual forma aseguró que, tras examinar el informe de investigación y de análisis financiero de Pilarte, se demostró que la acusada intentó diversificar e integrar los valores productos de actividades ilícitas con la adquisición y ventas de inmuebles.
“Para esta Suprema Corte, los indicios debidamente probados por la Procuraduría General de la República (PGR) permiten arribar a la única conclusión lógica que consta en la acusación y esta es: la acusada adquirió productos bancarios y los utilizó para colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional, a sabiendas de su origen ilícito”, subrayó Salcedo.
El tribunal es presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por Salcedo, María Garabito, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco y condenó a cinco años de prisión a Pilarte.
Esta sentencia deberá ser cumplida en la cárcel de Rafey-Mujeres.
Además le fue impuesto el pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público.
«A partir de la valoración realizada a las pruebas, esta Segunda Sala ha logrado extraer
una pluralidad de indicios, especialmente relacionados con las relaciones comerciales
del entorno familiar de la acusada, su comportamiento financiero y el origen de los
valores que se movilizaron a través de sus productos bancarios. Sin lugar a duda, estos
indicios no se limitan a la disparidad entre los ingresos de la acusada y los montos
movilizados por ella, ya que esta Sala Penal extrajo de las pruebas que el
comportamiento financiero de la Rosa Amalia Pilarte López —y sus relacionados—
coinciden con el modus operandi de las organizaciones criminales que se dedican a este
tipo de infracciones.
Para esta Suprema Corte, los indicios debidamente probados por la Procuraduría
General de la República permiten arribar a la única conclusión lógica que consta en la
acusación, esta es que la acusada adquirió productos bancarios y los utilizó para
colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional, a sabiendas de su origen
ilícito, comúnmente mediante transacciones en efectivo.
Además, se demostró que la acusada intentó diversificar e integrar los valores producto
de actividades ilícitas, con la adquisición y venta de inmuebles, como sostiene el órgano
de persecución.
Como esta Sala Penal ha venido sosteniendo, en el tipo penal de lavado de activos se da
la postura de la autonomía material relativa, donde se requiere que los activos materia
de lavado se vinculen a una actividad previa a través de indicios razonables que
persuadan al órgano jurisdiccional que se ha cometido el lavado de activos, como ha
ocurrido en este caso, donde se ha podido establecer un nexo lógico entre los indicios
que demuestran el origen ilícito de los bienes poseídos con la actividad de lavado; es
decir, que el origen o conexión de los activos materia de lavado se ha vinculado con
actividades criminales previas que integran la tipicidad la infracción».
¿DE QUÉ ERA ACUSADA?
Según el expediente del Ministerio Público, la diputada formaba parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos.
El documento describió que en la investigación se verificó que el modus operandi de la red era colocar sumas cuantiosas de dinero en el sistema financiero y otras ramas de la actividad económica para lograr “diversificar el producto proveniente del narcotráfico, aprovechando y utilizando vínculos familiares y de afinidad para hacer más eficaz dicha actividad ilícita de lavado de activos”.
Asimismo se detalló que se comprobó la existencia de transacciones bancarias realizadas por Pilarte que reflejan montos millonarios, presuntamente producto de las actividades ilícitas del entramado, estableciendo como la mujer es partícipe de la red de lavado junto a su esposo y también acusado Miguel Arturo López Florencio (Miky López).
El órgano persecutor también señaló que Pilarte tenía “pleno conocimiento” de que adquirió varios productos bancarios que se utilizaron para desarrollar un circuito de lavado de activos que tenía como fin “ocultar el verdadero origen de los fondos procedes del tráfico ilícito de drogas”.
La diputada habría colocado en el sistema financiero, según el órgano, más de 4,400 millones de pesos a través de depósitos en efectivo “que no puede justificar” pues por su actividad laboral como odontóloga, la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General de Impuestos Internos apuntan que la diputada solo había generado por su trabajo formal y lícito por concepto de salarios hasta el año 2021 solo RD$ 13,571,307.
Similarmente fue acusada de utilizar testaferros. De acuerdo con el referido documento, Pilarte utilizó a su hermana Francia Pilarte para ocultar uno de los vehículos de la estructura.
La legisladora también habría servido de testaferro para su esposo y para otros miembros de la red de lavado de activos, adquiriendo varios inmuebles y traspasándolos a otras personas a nombre de la razón social “Inversiones Inmobiliaria Cutuú, SRL”, representada por su cuñado Manuel Antonio Inoa Valdez.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.