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Convierten en ley reforma a legislación de Aviación Civil
Santo Domingo, RD.- La Cámara de Diputados aprobó de urgencia este miércoles en segunda lectura y convirtió en ley el proyecto que modifica la Ley 491-06 de Aviación Civil de la República Dominicana.
La pieza fue sometida por el Poder Ejecutivo el pasado 11 de abril y refrendada por el Senado el 30 de ese mismo mes. La misma contó hoy con el voto favorable de diputados de distintas bancadas partidarias. No hubo votación en contra.
La legislación, que pasará al presidente Luis Abinader para su promulgación u observación, fue tratada y aprobada con rapidez en ambas cámaras parlamentarias porque el pasado mes de abril la Junta de Aviación Civil Internacional dio un ultimátum al país de 45 días para actualizar la ley de hace casi dos décadas. El plazo se vence dentro de 12 días, de lo contrario, la nación perdería la categoría uno.
La normativa contó con el aval de sectores relacionados a la aviación, quienes favorecieron la reforma, aunque se quejaron de las nuevas multas que esta contempla contra los pilotos que operen aviones bajo los efectos de las drogas o el alcohol, las cuales son millonarias.
Comisión resalta el porqué de la nueva ley
La comisión especial designada para tratar la pieza, presidida por Napoleón López, resaltó en su informe que el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) enfrenta un nuevo desafío, que es demostrar ante la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) que cumple con todos los elementos críticos que exige la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que un sistema aeronáutico funcione adecuadamente.
Otro punto a destacar por la comitiva, es que el Estado dominicano reconoce la necesidad y tiene el compromiso de mantener su legislación actualizada y a la par con las normas internacionales en materia de seguridad operacional, en especial en lo relativo al indicado Convenio de Chicago.
Al rendir su informe ante el Pleno, Napoleón López manifestó que la Junta de Aviación Civil Internacional conminó al país a poner su legislación al día, o que de lo contrario podría perder la categoría uno, y no permitir que sus aeronaves vuelen a territorio norteamericanos.
Indicó que la última sugerencia de ese organismo fue en abril, donde conminaba a la República Dominicana ponerse al día en 45 días, que justamente en 12 días se cumple el ultimátum.
Previo a la votación, el diputado Pedro Martínez, de Alianza País, resaltó que la República Dominicana se encuentra en riesgo de caer en la categoría dos de la Aviación Civil, de no cumplirse con los requerimientos necesarios para regular este sector. Lo mismo señalaron otros colegas.
Martínez propuso que en el futuro se cree una Comisión Permanente de Transporte Aéreo y Marítimo, ya que el país ha tenido un gran avance en el turismo y se necesita el seguimiento y la regulación integral en la Ley de Aeronáutica.
Mientras, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, hizo un llamado de atención al IDAC para que continúe dando el carácter de rigor a la Ley de Aviación Civil de República Dominicana, ya que hay algunos aspectos en los que el país debe estar mejor y es responsabilidad del Instituto, que la nación no baje a categoría dos.
Recordó que el país estuvo en un momento en la categoría tres y que estas modificaciones vienen a regular que no se retroceda a las categorías menores. Solicitó que las autoridades dominicanas deben seguir cumpliendo con los requerimientos necesarios para evitar el retroceso en la categoría de Aviación Civil.
Asimismo, el portavoz de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana en el ala congresual, Luis Henríquez, sostuvo que la posición de su bancada es sensata ya que el proyecto de ley trae una regulación importante para el país en el cumplimiento de los tratados internacionales y los parámetros exigidos por organismos regionales que controlan el tráfico de aeronaves en todo el territorio mundial.
Tras solicitar que la iniciativa sea declarada de urgencia, el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, Julito Fulcar, expresó que la modificación viene a actualizar la Aviación Civil a las normativas internacionales y que son muy necesarias para no retroceder en este aspecto.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.