Nacionales
Convierten en ley reforma a legislación de Aviación Civil
Santo Domingo, RD.- La Cámara de Diputados aprobó de urgencia este miércoles en segunda lectura y convirtió en ley el proyecto que modifica la Ley 491-06 de Aviación Civil de la República Dominicana.
La pieza fue sometida por el Poder Ejecutivo el pasado 11 de abril y refrendada por el Senado el 30 de ese mismo mes. La misma contó hoy con el voto favorable de diputados de distintas bancadas partidarias. No hubo votación en contra.
La legislación, que pasará al presidente Luis Abinader para su promulgación u observación, fue tratada y aprobada con rapidez en ambas cámaras parlamentarias porque el pasado mes de abril la Junta de Aviación Civil Internacional dio un ultimátum al país de 45 días para actualizar la ley de hace casi dos décadas. El plazo se vence dentro de 12 días, de lo contrario, la nación perdería la categoría uno.
La normativa contó con el aval de sectores relacionados a la aviación, quienes favorecieron la reforma, aunque se quejaron de las nuevas multas que esta contempla contra los pilotos que operen aviones bajo los efectos de las drogas o el alcohol, las cuales son millonarias.
Comisión resalta el porqué de la nueva ley
La comisión especial designada para tratar la pieza, presidida por Napoleón López, resaltó en su informe que el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) enfrenta un nuevo desafío, que es demostrar ante la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) que cumple con todos los elementos críticos que exige la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que un sistema aeronáutico funcione adecuadamente.
Otro punto a destacar por la comitiva, es que el Estado dominicano reconoce la necesidad y tiene el compromiso de mantener su legislación actualizada y a la par con las normas internacionales en materia de seguridad operacional, en especial en lo relativo al indicado Convenio de Chicago.
Al rendir su informe ante el Pleno, Napoleón López manifestó que la Junta de Aviación Civil Internacional conminó al país a poner su legislación al día, o que de lo contrario podría perder la categoría uno, y no permitir que sus aeronaves vuelen a territorio norteamericanos.
Indicó que la última sugerencia de ese organismo fue en abril, donde conminaba a la República Dominicana ponerse al día en 45 días, que justamente en 12 días se cumple el ultimátum.
Previo a la votación, el diputado Pedro Martínez, de Alianza País, resaltó que la República Dominicana se encuentra en riesgo de caer en la categoría dos de la Aviación Civil, de no cumplirse con los requerimientos necesarios para regular este sector. Lo mismo señalaron otros colegas.
Martínez propuso que en el futuro se cree una Comisión Permanente de Transporte Aéreo y Marítimo, ya que el país ha tenido un gran avance en el turismo y se necesita el seguimiento y la regulación integral en la Ley de Aeronáutica.
Mientras, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, hizo un llamado de atención al IDAC para que continúe dando el carácter de rigor a la Ley de Aviación Civil de República Dominicana, ya que hay algunos aspectos en los que el país debe estar mejor y es responsabilidad del Instituto, que la nación no baje a categoría dos.
Recordó que el país estuvo en un momento en la categoría tres y que estas modificaciones vienen a regular que no se retroceda a las categorías menores. Solicitó que las autoridades dominicanas deben seguir cumpliendo con los requerimientos necesarios para evitar el retroceso en la categoría de Aviación Civil.
Asimismo, el portavoz de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana en el ala congresual, Luis Henríquez, sostuvo que la posición de su bancada es sensata ya que el proyecto de ley trae una regulación importante para el país en el cumplimiento de los tratados internacionales y los parámetros exigidos por organismos regionales que controlan el tráfico de aeronaves en todo el territorio mundial.
Tras solicitar que la iniciativa sea declarada de urgencia, el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, Julito Fulcar, expresó que la modificación viene a actualizar la Aviación Civil a las normativas internacionales y que son muy necesarias para no retroceder en este aspecto.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Puede leer
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.