Opinión
El consenso casi imposible
Por Nelson Encarnación
Una de las tareas más complicadas para un gobernante dominicano ha sido siempre formar consensos fuertes que le permitan emprender reformas de alguna envergadura, mucho menos transformaciones sustanciales que consigan que nuestro país produzca un salto trascendente más allá del inmediatismo.
Recordemos que las únicas transformaciones estructurales que se han podido lograr mediante un amplio consenso se remontan a 1992 con los famosos diálogos tripartitos, los cuales viabilizaron las reformas laboral y tributaria que aún sobreviven.
Es decir, desde entonces solo se han llevado a cabo tibios intentos que, en el marco tributario, no han pasado de meros parches para corregir necesidades de recursos sin mayores alcances.
El problema que ha impedido, por ejemplo, una reforma fiscal de largo aliento, hay que buscarlo en la politiquería que mediatiza todo esfuerzo por sembrar las bases para un real desarrollo estructural que solo se logra con recursos económicos.
Durante la pasada campaña electoral, los candidatos presidenciales que figuraban en los primeros lugares de preferencia, estuvieron de acuerdo en que los recursos que capta el Estado a través de sus agencias recaudadoras no son suficientes para hacerle frente a la creciente demanda que cada día presenta la dinámica nacional. El candidato oficialista, Luis Abinader, que aparecía puntero en las encuestas—y que finalmente resultó triunfante—fue enfático en que si ganaba la reelección se reuniría de inmediato con la oposición para buscar consenso para una serie de reformas que él entiende inaplazables.
Cumpliendo con esa promesa, apenas días después de las elecciones, Abinader se reunió con Abel Martínez, abanderado del Partido de la Liberación Dominicana, que alcanzó el tercer puesto en los comicios, y no lo hizo con el ahora líder de la oposición, el expresidente Leonel Fernández, debido a una afección gripal, según comunicó su partido Fuerza del Pueblo.
Pero el encuentro pendiente con el doctor Fernández ha sido aplazado, sine die, como dicen los abogados, por recomendación de la dirección de su organización.
Esto significa que la FP no ve oportuno el encuentro, pese a ser la segunda fuerza congresual, la que sería muy importante integrarse a los proyectos de reformas que plantea Abinader, cuya bancada en el Congreso Nacional se basta—146 diputados y 29 senadores—suficiente para la mayoría calificada que requieren determinadas reformas. Sin embargo, el país es de todos.
Por Rommel Santos Díaz
El Estatuto de la Corte Penal Internacional se refiere con frecuencia a la protección de información confidencial. La Corte tiene el deber general de proteger la confidencialidad de los documentos e información en su posesión, salvo que su divulgación sea necesaria para una solicitud de cooperación para un Estado.
El artículo 87 del Estatuto prevé que ¨el Estado requerido preservará el carácter confidencial de toda solicitud de cooperación y de los documentos que la justifiquen , salvo cuando su divulgación sea necesaria para tramitarla¨. Por ende los Estados deberán mantener la confidencialidad de todas las solicitudes de cooperación de la Corte Penal Internacional, y sólo podrán revelar a las autoridades correspondientes ( por ejemplo, a la policía para que ejecuten una orden de arresto) la información que necesiten para llevar a cabo la solicitud.
Esas cláusulas pretenden que el Fiscal y la Corte mantengan la confidencialidad lo mejor posible en las investigaciones, órdenes y solicitudes de asistencia de la Corte para evitar que las personas acusadas huyan, los testigos sean amenazados o eliminados, y la prueba desaparezca o sea destruida. Por ende, el éxito del Estado en la conservación de la confidencialidad de tales solicitudes repercutirá directamente sobre la efectividad de la Corte.
Según el artículo 87, un Estado Parte podrá también ser requerido para proteger cierta información en su posesión o control, cuando se necesiten medidas para garantizar la seguridad o bienestar físico o psicológico de las víctimas, posibles testigos y sus familiares.Estas medidas se aplicarán de conformidad con la forma en que el Estado prevea y maneje la información y podría también involucrar la confidencialidad de cierta información.
Según el artículo 68 del Estatuto de Roma, un Estado podrá solicitar a la Corte la adopción de medidas necesarias para la protección de sus funcionarios o agentes, así como de la información de carácter confidencial o restringida.
El artículo 93 estipula que el Estado requerido para cooperación podrá transmitir al Fiscal documentos o información con carácter confidencial, y el Fiscal podrá únicamente utilizarlos para reunir nuevas pruebas.El párrafo C de ese mismo artículo prevé que el Estado podrá autorizar la divulgación ulterior de los documentos.
En el contexto de las obligaciones los Estados deberán mantener la confidencialidad de las solicitudes de cooperación, y de cualquier documento que fundamente estas solicitudes.
Si la Corte Penal Internacional realiza una solicitud de conformidad con el artículo 87 para proteger cierta información, el Estado deberá cumplirla para asi proteger a las víctimas, testigos y sus familiares
En cuanto a la implementación los Estados deberán contar con procedimientos para mantener la confidencialidad de las solicitudes de cooperación y los documentos que las fundamenten. Esta obligación de confidencialidad podrá regularse por vía legal, o podría ser definida por el Poder Ejecutivo. Ya sea que la obligación se implemente por la legislación o por una decisión ejecutiva , el Estado deberá asegurarse de que la vía elegida para recibir las solicitudes proteja la confidencialidad.
Adicionalmente los Estados podrán necesitar la implementación de procedimientos y posiblemente leyes que les permitan proveer y manejar información de una manera tal que se proteja la seguridad y el bienestar de las víctimas, testigos y sus familiares. Estos procedimientos normalmente se regularán por la vía ejecutiva y no legal.
Finalmente, podrían implementarse, tanto para la aplicación de las solicitudes de la Corte para proteger información, así como para las solicitudes a la Corte por parte de un Estado para proteger información y ciertos individuos. No obstante, el Estado deberá tomar en cuenta su legislación nacional sobre privacidad, al establecer estos procedimientos y deberá determinar si requiere reformarla.
Por Isaías Ramos
Es fundamental que la población dominicana se mantenga alerta y consciente de las graves implicaciones de las decisiones y acciones que este gobierno está llevando a cabo. Estas medidas amenazan nuestra Constitución y nuestros derechos fundamentales, económicos y sociales.
La introducción simultánea de diversas reformas puede interpretarse como una estrategia deliberada para provocar un shock en la ciudadanía, generando confusión y descontento que podrían resultar devastadores tanto para la nación como para quienes promueven estas medidas.
No podemos ignorar el inminente riesgo de que, bajo el pretexto de estas «reformas», se desencadene un caos social. Este escenario es tan alarmante que podría invocar el artículo 264 de nuestra Constitución, permitiendo declarar un “Estado de Conmoción Interior”. Como dice el refrán: “guerra avisada no mata soldado”.
Es momento de alertar a nuestra sociedad antes de permitir situaciones indeseables que puedan desembocar en calamidades similares a las vividas en abril de 1984. No podemos permitir que nuestro pueblo sufra nuevamente bajo el peso del dolor y la indignación.
La violación del orden constitucional por parte del gobierno no solo socava los principios fundamentales de un Estado Social y Democrático de Derecho, sino que también pone en grave riesgo el futuro económico y social de millones de dominicanos. Estamos en un punto crítico: empujar a la clase trabajadora y a la clase media hacia condiciones extremas de pobreza, mientras otros sectores disfrutan del privilegio, es una injusticia que no podemos tolerar.
Al igual que en la fábula del sapo en agua hirviendo, donde el peligro es subestimado hasta ser irreversible, es crucial que nuestros ciudadanos tomen conciencia urgente para fortalecer sus mecanismos defensivos ante estas contrarreformas.
La situación actual exige atención inmediata. Las decisiones de este gobierno están erosionando los derechos económicos y sociales consagrados en nuestra Constitución. La tendencia hacia privatizar servicios esenciales —como el sector eléctrico— plantea riesgos significativos de perpetuarnos en el subdesarrollo de una eterna miseria.
Debemos unirnos con determinación para defender nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, garantizando que los recursos públicos no sean despojados en beneficio exclusivo del sector privado; solo así podremos asegurar un futuro sostenible y justo para todos.
En el Frente Cívico y Social, reconocemos con preocupación el enorme endeudamiento al que ha sido sometido nuestro país durante dos décadas, y especialmente en los últimos cuatro años. Esta situación representa una bomba de tiempo lista para estallar.
Nos enfrentamos al riesgo real e inmediato de experimentar hiperinflación sin precedentes junto con niveles históricos de desempleo que pueden desestabilizar aún más nuestra economía e impactar severamente nuestra calidad de vida.
Este panorama exige una reflexión profunda sobre nuestras políticas económicas actuales, así como un compromiso colectivo orientado hacia soluciones sostenibles capaces de prevenir esta catástrofe inminente.
Esta administración ha inaugurado una forma evolutiva del corporativismo, donde el Gobierno y las élites económicas le declaran una guerra a la clase media y trabajadora con el fin de hundirla en la eterna pobreza. Mientras la fórmula de alianza gobierno-élite garantiza grandes beneficios a expensa de financiarlo con deuda y subsidios públicos.
Este modelo se asemeja más a un Estado policial que lanza una guerra total contra los derechos económicos y sociales fundamentales. La creciente concentración de la riqueza nacional entre unos pocos privilegiados es alarmante, mientras empuja a gran parte de la población hacia condiciones precarias.
Esta orquestada transferencia de riqueza, presentada como inevitable, es en realidad parte de un diseño social que prioriza intereses particulares sobre el bienestar colectivo y sumerge a millones en una miseria estructurada.
En el FCS, entendemos que es imperativo abordar las desigualdades con propuestas sólidas, promoviendo modelos justos e inclusivos enfocados en el bienestar colectivo y el mandato constitucional.
¡Despierta, RD!
Por Narciso Isa Conde
El tablazo fiscal fue sometido a un congreso degradado, depositado por un gobernante evasor de impuestos en paraísos fiscales, en un país impactado en cuatro décadas por contrarreformas neoliberales generadoras de desigualdades brutales y penurias dramáticas; montadas sobre la ominosa colonización y recolonización.
Esto ha disparado a niveles sin precedentes la concentración de riquezas y poder en unas pocas familias y grupos económicos, el predominio de la usura financiera y la gansterización extrema del capital, el estado y su sistema de partidos.
El crecimiento alcanzado -vía endeudamientos, remesas, narco-economía, pasivos ambientales, robo al estado y degradación moral y cultural- ha sido manipulado para favorecer el control del mercado por grandes corporaciones y el enriquecimiento de minorías a base de la apropiación y deterioro del patrimonio natural.
Todo esto converge con salarios miserables, presupuestos deficitarios, significativamente disminuidos por deudas públicas onerosas; con una bajísima inversión de capital y elevados gastos corrientes; acompañado de un sistema impositivo regresivo, sustentado en un 70% por impuestos al consumo (ITBIS), aportados por los más pobres, con bajas cargas a la gran propiedad y las mega-ganancias y muchas evasiones de las elites capitalistas asociadas a la cleptocracia.
Reformar en situaciones así, no es simplemente modernizar. Es modificar significativamente esta realidad a favor de los pobres y sectores medios de bajos y moderados ingresos… necesariamente a costa de los mega-ricos, sin favorecerlo a nombre de una falsa neutralidad
Eso exige erradicar el latifundio, recuperar terrenos urbanos usurpados, propiedades y bienes del estado privatizados en forma onerosa o usurpados. Impuestos progresivos a las altas ganancias y a propiedades inmobiliarias suntuosas. Salarios y pensiones dignas. Participación de los trabajadores en los beneficios de las grandes empresas. Cobrar pasivos y daños ambientales a las empresas mineras, turísticas, granceras, aserraderos e industrias contaminantes, gravar el capital natural del país explotado por corporaciones privadas. Renegociar deudas. Reformar el gasto público a favor de la ampliación de servicios sociales de calidad y aprobar presupuestos con más inversión de capital y menos gastos corrientes y dispendios.
Hay que reducir impuestos al consumo (ITBIS), no aumentarlos (IVA)-Incrementar y especificar prioridades de presupuestos de salud, educación, medio ambiente, mujer, justicia y cultura. Reducir los de Presidencia, defensa, PN, botellas, JCE-partidos, Congreso (barrilito, exoneraciones, privilegios).
La propuesta de generalizar los impuestos al consumo, con solo 7 excepciones, y el conjunto de medidas que golpean las capas medias de bajos y medianos ingresos (placas, viviendas, son criminales y han provocado indignación justificada. Decir que aumentar el salario mínimo del sector público de la miserable suma de 10 mil pesos a 15 mil mensuales y la tarjeta de alimentos en 350 pesos, es una gran burla. Solo nos queda tomar las calles para derrotar ese tablazo y crear una propuesta político-social que dispute el poder.