Análisis Noticiosos
Cambio climático asciende al primer nivel de agenda sanitaria mundial
Los 194 estados miembros de la OMS aprueban por unanimidad una resolución con la que se comprometen a integrar el calentamiento del planeta en sus políticas nacionales de salud
Ginebra.-El vínculo entre el cambio climático y la salud ha ascendido al primer nivel de las prioridades políticas mundiales. Así lo demuestran las dos decisiones adoptadas la semana pasada durante la 77ª Asamblea Mundial de la Organización de la Salud (OMS): una resolución respaldada por unanimidad por los 194 Estados miembros de este organismo de la ONU, que han acordado integrar el calentamiento global en su planificación sanitaria nacional, y la aprobación de la 14ª estrategia global del organismo, que sitúa el cambio climático como uno de sus seis objetivos clave. Ambas decisiones recogen el guante que lanzó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la inauguración de la asamblea el pasado lunes, cuando afirmó que “quizás la mayor amenaza contra la salud de nuestro tiempo viene del cambio climático”.
Aunque la resolución reconoce que “el limitado acceso a la financiación es uno de los mayores obstáculos para desarrollar sistemas sanitarios sostenibles y resilientes a los embates del clima”, se comprometen, en la medida de las posibilidades de cada país, a aumentar las inversiones para lograrlo. Por ejemplo, aluden directamente a la necesidad de reconvertir los actuales sistemas de salud “que contribuyen a la contaminación medioambiental en un 5%”. Para ello, consideran que es fundamentar seguir realizando esfuerzos para “elevar la atención sobre el clima y la salud”.
“El impacto severo en la salud del cambio climático es claro y real”, afirma Ailan Li, subdirectora general de Cobertura Sanitaria Universal de la OMS. En países como Perú, “las epidemias mortales de dengue son cada vez más intensas, magnificadas por el aumento de las temperaturas y las lluvias exacerbadas por el cambio climático”, explicó la portavoz de este país como ejemplo de la relación entre el aumento de las temperaturas y la explosión de enfermedades.
Además de la expansión de dolencias que se propagan a través de las picaduras de los mosquitos, un fenómeno que certifican los datos de la OMS, otros países como Barbados, también impulsor de la iniciativa, aludieron a la “especial vulnerabilidad” de los “pequeños Estados insulares en desarrollo”. “Sufrimos” de forma más intensa “el aumento del calor, la escasez de agua y las amenazas de fenómenos como los huracanes”, lamentó el representante de la delegación barbadense, que afirmó que su país está ya “desarrollando sistemas para adaptarse al cambio climático” y ha elaborado leyes sobre “el uso del agua”.
Los progresos de la salud, en riesgo
“Es muy alentador ver que muchos planes nacionales de acción ya se han elaborado y que hay búsqueda de soluciones locales que ya se han empezado a aplicar”, considera Li. La doctora advierte que “los progresos en la mejora de la salud están en riesgo por el cambio climático”, pero que no se puede olvidar que, aunque la crisis climática afecta a todo el mundo, lo hace de “forma desproporcionada con los más vulnerables” que son, a su vez, los que menos gases de efecto invernadero emiten. Según Li, tanto con la aprobación de la 14ª estrategia global del organismo como con la “ronda de inversiones” que se celebrará próximamente, la OMS “podrá respaldar a los países para que creen sistemas de salud resilientes”.
“La adopción de la resolución de cambio climático y salud” durante la Asamblea Mundial de la OMS “demuestra un claro compromiso político” por parte de los gobiernos y de este organismo de la ONU “para ampliar la acción climática como una prioridad de salud pública”, afirma un portavoz de la Alianza Global del Clima y la Salud.
Sin embargo, Médicos Sin Fronteras hace hincapié en que la crisis climática “requiere acabar con la dependencia de los combustibles fósiles”. Coincide con este argumento Rosie Tasker, de la Alianza Global del Clima y la Salud, que, aunque aplaude la resolución, critica que “carezca de cualquier mención de cómo los combustibles fósiles están conduciendo a la crisis climática” o de la necesidad de transitar hacia energías renovables como “imperativo de salud pública”.
elpais.com
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.