Opinión
Trujillo con sus “indios” y Abinader con su “pura cepa”
Por Narciso Isa Conde
Trujillo era “mulato”* como sus hermanos Negro Trujillo, Petán, Pipí…Su madre, Julia Molina Chevalier, era descendiente de haitianos, por los Chevalier.
Pero Trujillo, “El Jefe”, el “Generalísimo”, se blanqueaba la cara con crema perlina y se enrojecía las mejillas, no se sabe con qué.
Vestía elegantemente, en abierta competencia con los blanquitos y riquitos de la Capital.
El Jefe se creía de “pura cepa”, sin serlo.
Claro, pa que lo sepan, se creía de blanca cepa.
Como racista hispanófilo, negaba su origen y se preciaba de blanco de “primera clase”, siendo un “mulato presumido y comparón” de varias cepas, tenido a menos por la “clase encopetada”.
Seleccionado por los gringos (intervención 1916-24) jefe militar, resultó un tirano muy cruel, de mentalidad conservadora-colonialista.
Aferrado a la supremacía blanca, odiaba a los negros/as, especialmente haitianos/as o de origen haitiano. Recordemos la matanza del 37 y aquel emplazamiento imperativo identificarlos y matarlos: ¡“diga perejil”!, frase que los haitianos/as pronuncian mal.
Unos de sus empeños fue borrar el fenotipo negro/a de la cédula de identidad, para reforzar la idea de una dominicanidad ajena a nuestra valiosa afro descendencia.
Entonces, el tirano ordenó o dictó incluir en los datos de la cédula de identidad la posibilidad de declararse “indio/a” **, “indio claro” e “indio oscuro”, para desplazar progresivamente del documento oficial lo de negro o “mulato”; instruyendo de paso a los funcionarios de las oficialías civiles, persuadir a la gente de tez oscura a asumir una de las tres variantes del “indio”.
A diferencia de los gobernantes racistas de países con poblaciones aborígenes, a Trujillo no le molestó atribuirle al dominicano o a la dominicana de “color”***, la condición de “indio/a, puesto que todos los aborígenes habían pagado con la muerte sus culpas de ser “indios/as”, sin portar apellidos “claro” u “oscuro”.
Recordemos también que los conquistadores y colonizadores pretendieron llegar a la Indias Orientales y se toparon con lo que después bautizaron América y, antes, “Indias Occidentales”; conformándose con exterminar a todos los caribeños y matar 70 millones de “indios” suramericanos y centroamericanos, al verse impedido de exterminarlos totalmente por el heroísmo y la resistencia de los aztecas, mayas, incas, mapuches, quechuas, aimaras, chapini, misquitos, cunas y catrachos…
Trujillo mató 20 mil haitianos, como sub-producto del racismo imperial europeo, que desde el inicio de la colonización esclavizó a centenares de miles de negros/as traídos/as de África y los mató por montones, sin poderlo exterminar; y no por la Gracia del Dios del Vaticano, sino por la heroica resistencia de la negritud haitiana y latino-caribeña.
En nuestro país sigue viva, cometiendo nuevos desafueros, la pretensión colonialista de prologar la supremacía blanca y su persistente despliegue de racismo, a nombre de la defensa de una falsa dominicanidad neo-anexionista, muy parecida a la de Pedro Santana y Buenaventura Báez.
La ideología racista fue potenciada por Trujillo y su heredero Balaguer; mientras en este presente crítico para la dominación imperialista estadounidense, sus relevos en el PRM, PLD, PRSC, PRD, FP, FNP, PQD, BIS, y en toda la órbita política corrompida, se abrazan al racismo anti haitiano con renovada pasión: contando con el valioso respaldo de la elite empresarial criolla y extranjera, y de su enorme poder mediático.
Abinader encabeza desde el estado dominicano esa cruzada, y entre sus maliciosos y sofisticados aportes a la cuantiosa siembra de una falsa dominicanidad, figura un recurso publicitario de alta calidad profesional y demasiada perversidad encubierta: el spot “DOMINICANOS DE PURA CEPA”, ¡pa que lo sepan!
NOTAS:
*Mulato/a” es un término despectivo de corte racista, inspirado en el producto de la unión de yegua y burro, por eso lo pongo entre entrecomillas.
** “Indios/as” son realmente los/as nativos/as de la India, algo diferente a los pueblos originarios de Nuestra América. Todo lo demás es producto del extravío de Colón y los conquistadores.
*** Personas de “color”, le dicen los gringos a los negros y mestizos.
Por José Cabral
Son muy variados los ejemplos de personajes de la política nacional que luego de ser señalados por el rumor popular o luego de habérseles instrumentado un expediente por corrupción pasan a ser aspirantes o candidatos presidenciales.
Hay otros casos en los que algunos de los que han sustraído fondos públicos desde un ministerio o cualquier otro cargo en el Estado pasan a ser legisladores y se les ocurre presentar un proyecto de ley para combatir la corrupción cuando ya tienen a través de ese mismo ilícito los bolsillos llenos.
Este fenómeno es muy común en países como la República Dominicana y otros tantos de Latinoamérica, ya que incluso el corrupto que se apropió de dinero del patrimonio público se presenta en los medios de comunicación como una persona limpia, sin tachas.
Este asunto, que debe ser parte de un debate nacional, amenaza con que no pocos de este tipo de personajes pretendan presentarse como candidatos en las elecciones del 2028.
El escollo consiste para exigirles a este tipo de personajes que rindan cuentas en que siempre se apoyan en la presunción de inocencia, sobre todo porque en el país no existe una fortaleza institucional que permita exigirles que expliquen la procedencia de sus fortunas.
Sin embargo, sería bueno que para una próxima contienda electoral estos personales digan al pueblo dominicano cómo adquirieron las riquezas que tienen, porque resulta prácticamente imposible que se pueda iniciar algún proceso legal en su contra.
Pero para que sus aspiraciones tengan mayor legitimidad deben hablar de los orígenes de sus fortunas, porque no parece haber vías que las justifiquen.
Entre los que ahora aparecen en el escenario electoral a destiempo están Francisco Javier García, quien se afirma que posee una fortuna relativamente muy grande, la cual, si es verdad que la tiene, su procedencia tiene que ser necesariamente del Estado dominicano.
Ya anteriormente hubo otros aspirantes o candidatos presidenciales que aprovecharon su riqueza para ser candidatos presidenciales, como por ejemplo Abel Martínez, Amarante Baret, Temístocles Montás, entre otros tantos, que han tenido por consigna enriquecerse primero y aspirar después.
Lo grande del problema es que ahora comienzan a intoxicar prematuramente como si sus pecados no tuvieron ninguna importancia para un pueblo lleno de precariedades y limitaciones mientras su dinero es disfrutado por pelafustanes de la politiquería nacional.
Por Isaías Ramos
En LA Semanal de este lunes, el Presidente de la República reveló una verdad dolorosa: más del 40 % de la población dominicana vive en extrema pobreza y miseria. Un sistema político neoliberal salvaje, implantado desde 1996 y acentuado en los últimos años, ha sumido al pueblo en condiciones inhumanas.
Es indignante que un fracaso rotundo se promocione como un logro. El hecho de que 1.496.000 hogares dominicanos reciban apenas 1.650 pesos mensuales a través del programa Supérate —una cifra insignificante que no alcanza ni 1 dólar diario— contrasta cruelmente con la opulencia desmedida de una élite privilegiada que se beneficia del saqueo de los recursos nacionales.
Este modelo económico excluyente ha dejado de lado el bienestar del pueblo, violando flagrantemente el mandato constitucional de un Estado Social y Democrático de Derecho.
Este gobierno, al igual que los anteriores, actúa de manera cruel, protegiendo únicamente los intereses de una élite política y financiera en detrimento del resto de la sociedad. Se está produciendo una clara violación del principio de igualdad y justicia social sobre el cual debería regirse un Estado Social y Democrático de Derecho.
Es preocupante que, bajo este contexto constitucional, se promueva un sistema económico basado en un liberalismo extremo que favorece a unos pocos privilegiados mientras ignora las necesidades básicas y los derechos humanos del resto de la población. Esta situación constituye una aberración ética y moral, ya que va en contra de los principios fundamentales de dignidad humana, equidad e inclusión que deben guiar cualquier forma legítima de gobierno.
La entrega progresiva de las instituciones públicas a intereses corporativos solo garantiza la consolidación del poder en manos de unos pocos, empeorando la situación ya crítica en la que se encuentra la mayoría. Si permitimos que esta clase política continúe con su agenda destructiva, estaremos condenados a vivir en condiciones peores que las de países como Haití, Cuba o Venezuela.
Detrás de este acelerado deterioro se encuentran desafíos devastadores como el desempleo, la violencia, la migración y la educación precaria, que exacerban el subdesarrollo en nuestra nación.
Es hora de despertar y alzar nuestra voz contra esta injusticia. Enfrentémonos unidos para defender nuestros derechos fundamentales y luchar por un verdadero Estado Social y Democrático. No podemos permitir que nos arrebaten nuestra dignidad ni que conviertan al país en un feudo donde solo unos pocos prosperan a costa del sufrimiento colectivo.
Esto subraya la urgencia de implementar políticas más efectivas y sostenibles que aborden las causas estructurales de la pobreza y promuevan un mayor bienestar social para todos los ciudadanos.
Desde el frente cívico y social, hacemos un llamado urgente a todos los dominicanos comprometidos con la justicia y la libertad: es momento de resistir y defender nuestro futuro como nación soberana. No caigamos en el letargo ni permitamos que nos despojen de lo poco que nos queda. Levantémonos juntos por el sueño de Duarte, por un país donde prime la igualdad y el respeto por los derechos humanos consagrados en nuestra constitución.
Juntos podemos construir un mejor mañana si nos mantenemos firmes ante las adversidades y luchamos incansablemente por una sociedad más equitativa e íntegra para todos. ¡Despierta RD!
Por Rommel Santos Diaz
Una vez que se remita a la Corte Penal Internacional una situación que requiera atención a la CPI, o una vez que el Fiscal de la CPI identifique la aparente comisión de un crimen con competencia de la CPI, el Fiscal de la CPI debe determinar si existe fundamento razonable para iniciar una investigación. El Fiscal deberá solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI la autorización de cualquier investigación iniciada de oficio por el Fiscal.
Desde el momento en que el Fiscal inicie la investigación basada en la referencia de un Estado Parte, se debe notificar a todos los Estados Partes. El Fiscal debe también notificar a cualquier otro Estado que normalmente sería competente sobre los crímenes en cuestión.
Se debe de resaltar que el Fiscal puede notificar de forma confidencial, y limitar la información provista a los Estados, si es necesario para proteger a ciertas personas, prevenir la destrucción de prueba, o impedir que ciertas personas evadan la justicia.
El artículo 18 del Estatuto de Roma señala que los Estados cuentan con un mes después de la recepción de la notificación, para informar a la Corte Penal Internacional de que esta llevando o ha llevado a cabo una investigación respecto al mismo caso, y para solicitar al Fiscal que renuncie a su competencia a favor del Estado.
Ese corto plazo asegura que la Corte Penal Internacional no padezca de retrasos innecesarios con el cumplimiento de sus funciones. El artículo 18 del Estatuto de Roma también prevé que ¨el Estado podrá informar a la Corte de sus propias investigaciones¨.
En otro orden, los Estados no están obligados a informar a la Corte Penal Internacional de sus propias investigaciones, por lo que seria aconsejable que un Estado informará a la Corte sobre sus propias investigaciones, para así evitar una duplicación innecesaria de esfuerzos y asegurar que la CPI se inhiba de su competencia a favor del Estado.
Una vez que un Estado solicite la inhibición de competencia de la Corte Penal Internacional de una investigación, el Fiscal esta obligado a suspender la investigación del caso. Sin embargo, el Fiscal podrá solicitar a estos Estados que le informen periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados partes deben responder a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
Aun si un Estado no solicita al Fiscal la inhibición de su competencia a favor del Estado, el Fiscal puede suspender la investigación de la CPI. El Fiscal podra solicitar al Estado de que se trate que le comunique sobre las actuaciones. En ese orden los Estados pueden solicitar que dicha información sea confidencial.
Si el Fiscal o la Sección de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional tienen reparos sobre la conducción de la investigación y el juicio llevado a cabo por un Estado, la Sala de Cuestiones puede autorizar al Fiscal para que proceda con una investigación , ya sea por primera vez, o después de un periodo de suspensión, o cuando ha habido cambios significativos de circunstancias en el Estado.
Finalmente, los Estados pueden apelar la resolución preliminar ante la Sala de Apelaciones. Cuando el Fiscal decida inhibirse de su competencia en una investigación sin notificación del Estado, el Estado de que se trate deberá ser notificado si el Fiscal decide posteriormente reabrir la investigación, según el artículo 19 del Estatuto de Roma. En algunos casos, los Estados podrán impugnar la admisibilidad del caso, según el mismo artículo 19 del Estatuto de Roma.