Nacionales
Responsabilizan a partidos por freno al Código Penal
Santo Domingo, R.D.-Mientras el proyecto de reforma al Código Penal da vuelta en el Congreso, diferentes sectores atribuyen a que el mismo esté atascado en el Poder Legislativo a la responsabilidad de los partidos políticos por sus diferencias ideológicas.
Varios diputados consideraron este jueves que los distintos partidos políticos no han mostrado su fuerza en el Congreso para lograr la aprobación del proyecto del Código Penal que, según los legisladores, está «totalmente estudiado» y muy avanzado en cuanto al consenso.
La última vez que el proyecto fue llevado a votación fue en el año 2022, en ese momento, no logró los votos suficientes a pesar de ser sometido a tres rondas reglamentarias en una sesión de la Cámara de Diputados.
Al respecto, el diputado Ramón Bueno, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), expresó que las organizaciones representadas en el Congreso deben «responsabilizarse» con el Código Penal ya que, a su juicio, quienes cometen actos delictivos se aprovechan de la debilidad de la actual legislación para salir pronto de las cárceles.
Bueno precisó que el PRM debe asumir su responsabilidad con el Código Penal ya que cuenta con la mayoría congresual para aprobar la pieza, hasta ahora engavetada, y agregó que la oposición se ha manejado con hipocresía a la hora de votar por ella, asumiendo una posición pública y otra a la hora de votar.
Mientras, el vocero de la bancada peledeísta, el diputado Luis Henríquez, opinó que los partidos políticos representados en el poder legislativo no han jugado su rol, por lo que han frenado la pieza en ambas cámaras.
Aparte del tranque, que habrían provocado las fuerzas políticas, las diferencias de ideologías y de criterios también han impedido el avance del Código Penal.
El diputado Elías Báez, del PRM, aseguró que el proyecto está consensuado en un 98 % y «totalmente estudiado», pero siempre lo frenan las diferencias ideológicas de diputados y senadores.
Al respecto, el vocero de Fuerza del Pueblo en la Cámara Baja, Tobías Crespo, negó que los partidos sean culpables del retraso y lo atribuyó a «falta de consenso» por criterios personales.
El calvario del Código Penal
4 Aunque ya cumple 20 años entrando y saliendo del Congreso Nacional, desde el año 2020 el estudio del proyecto del Código Penal se ha intensificado. En una sesión que celebró la Cámara de Diputados a mediados del 2022, el proyecto fue sometido a tres votaciones, pero en ninguna prosperó porque no logró los votos de las dos terceras partes de los diputados presentes. Por tratarse de una ley orgánica, el nuevo Código Penal necesita una votación especial en la Cámara Baja en la que el oficialismo requiere del apoyo de la oposición para pasar la pieza. Actualmente el proyecto está vigente y la sociedad sigue a la espera.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.