Opinión
Minería atrapada por comando Sur
Por Narciso Isa Conde
Los minerales estratégicos están bajo el control militar del Pentágono; y todo lo demás, incluido el referido decreto 453-24, es puro “diversionismo mediático”.
La generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Pentágono, no se cansa de propagar que el interés fundamental de esa súper potencia en la región latino-caribeña reside en el conjunto de minerales estratégicos, tales como los derivados de las tierras raras, el litio, titanio, uranio, sílice y otros.
Este enfoque se formula desde un Pentágono, estrechamente vinculado al poderoso Complejo Militar-Industrial-Informático y Financiero, que sostiene y se beneficia de la guerra global infinita y la carrera armamentista; actualmente en desventaja frente a China y otros países soberanos, en cuanto a la posesión de esos minerales estratégicos.
No olvidemos que el PENTÁGONO tutela una OTAN en expansión a escala planetaria, la cual protagoniza la GUERRA GLOBAL INFINITA y sus cadenas de guerras específicas, tipo Irak, Afganistán, Libia, Siria, Palestina, Yemen, Ucrania…
La Organización del Atlántico Norte (OTAN) es mucho más que una alianza militar atlántica: es ya una alianza militar de dimensiones mundiales, empleada para tratar de recuperar por la fuerza la diezmada hegemonía de EEUU y el imperialismo occidental en Nuestra América, África, Asia y Oceanía…
EEUU cuenta con 800 bases militares en el planeta,
La OTAN actualmente despliega una competencia agresiva con las potencias emergentes y muy especialmente contra el creciente poderío económico-militar de Rusia, China e Irán, incluida la guerra en Ucrania contra Rusia.
Esto implica enormes gastos militares y grandes volúmenes armamentos terrestres y aéreo-espaciales, redes satelitales, sistema de espionajes y de comunicación ultramodernos, que requieren precisamente de grandes volúmenes de minerales estratégicos que garanticen los más altos niveles de eficiencia en las industrias de comunicación, informáticas micro-electrónicas, eléctricas, aéreo-espacial y militares.
En la relación de poder ya la guerra no es solo “la continuación de la política por otros medios”.
En la lógica del Pentágono y del “Estado Profundo Estadounidense” (Dueños y gerentes del Complejo Militar-Industrial-Financiero-Informático, Jefatura militar y de Inteligencia, magnates de corporaciones y bancos de negocio, ideólogos e investigadores), la guerra forma parte de la política y de la lucha por el poder en la escala nacional y a nivel mundial.
El Estado Profundo estadounidense, desde su diversidad, controla la cúpula del Partido Republicano y del Partido Demócrata, los presidentes y todos los poderes del Estado de la Unión, manipulando su diversidad y contradicciones.
A su vez, como EEUU es una súper potencia imperialista, que encabeza el sistema imperialista occidental, existe un “Estado Profundo Global”, que opera a nivel internacional como un poder supranacional oculto, con la participación activa de por lo menos doce poderosas familias y otras entidades. *
La guerra es un componente permanente de la dominación capitalista-imperialista y de sus acciones, en constante mutación.
De ahí los diseños y desarrollos de las llamadas Guerras de Cuarta y Quinta Generación, centradas en las vertientes de baja y mediana intensidad y en la coordinación y combinación de una diversidad de guerras preventivas y ofensivas, antes de recurrir a las guerras convencionales de alta intensidad y a sus medios destructivos ultramodernos, incluida la guerra nuclear.
Me refiero a las guerras financieras, económicas, comerciales, mediáticas, psicológicas, cibernéticas, biológicas, paramilitares… muchas veces combinadas; en la que se mezclan lo particular y lo integral con diversas intensidades, incorporando en su quinta generación la conquista de las mentes, el dominio del pensamiento individual, sectorial, grupal y colectivo.
En esa concepción de la dominación no tiene nada de accidental la conexión de lo militar, lo tecnológico, industrial, psicológico, mediático y financiero; atizada por la obsesión de recuperar por la fuerza, la debilitada hegemonía del imperialismo occidental y la continua declinación y descomposición de EEUU y la UE.
Tampoco son accidentales los roles preeminentes de magnates tipo Elon Musk, Bill Gates y Jeff Bezos, de las representaciones de las transnacionales mineras, las industrias microelectrónicas, las farma-corporaciones y la industria armamentista; en estrecha conexión con el PENTÁGONO y sus centros de investigación y de exploración geofísica, y con las asesorías de sus “tanques pensantes”.
Lo declarado por la jefa de esa dependencia del Pentágono sobre el hambre minera del Pentágono, es solo un reflejo de esa realidad de cara a su jurisdicción militar, que abarca desde Florida a Tierra de Fuego, pasando por el Caribe, frontera imperial, y específicamente por esta isla.
La guerra imperial sobrepasa la esfera de lo material en toda esa diversidad, para adentrarse a las nuevas modalidades de alienación mental e inconsciencia.
· EL COMANDO SUR EN LA ISLA.
El decreto presidencial constituyendo una empresa estatal minera con el tema de las valiosas tierras raras y demás reservas de minerales estratégicos vitales para las industrias microelectrónicas, aeroespaciales y militares de última generación, tiene en mi opinión todas las características de una cortina de humo y de un falso gesto para encubrir el hecho real de que la minería de esta isla está atrapada en las redes militares del Comando Sur del Pentágono.
Además de oro, plata, níquel, hierro y cobalto, en RD hay tierras raras (con sus 17 elementos) y titanio.
El diario digital NOTICIA LIBRE informó y publicó en junio del 2023 fotografías de los equipos del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y del Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana recorriendo el sitio de Las Mercedes, ubicada en la zona de exploración de tierras raras en la Provincia de Pedernales.
Entonces ese medio precisó que “el Ejército de los Estados Unidos confirmó la alta presencia de elementos de tierras raras (REE) en la República Dominicana, como resultado de un estudio colaborativo entre el Departamento de Defensa (DoD), el Departamento de Estado (DOS) y el gobierno dominicano”. Y agregó que ese esfuerzo fue liderado por “el Laboratorio Ambiental del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (ERDC).**
Gran parte de esos yacimientos son de alto interés del Pentágono y el Complejo Militar, para la fabricación de armamentos de alta tecnología.
Además, la Jefa del Comando Sur, con todo el descaro del mundo declaró que se trata de minerales fundamentales “para la seguridad nacional de EEUU”; y no es un secreto que unidades militares estadounidenses están explorando tierras raras y otros minerales estratégicos aquí y en Haití.
Las tierras raras de República Dominicana y de Haití están a ambos lados de la parte sur de la frontera dominico-haitiana y el titanio a ambos lados en la parte norte.
No es casual que el Gobierno dominicano le haya concedido al ejército de EEUU, inicialmente en secreto, la función de explorar áreas de tierras raras en la reserva fiscal de Ávila, próximo a Pedernales-Cabo Rojo.
La unidad militar se instaló en el paraje “Las Abejas”. Algo absolutamente ilegal, totalmente prohibido cuando se trata de otros estados.
Ahora llama la atención, que sea precisamente la reserva fiscal de Ávila, el área escogida para la exploración de tierras raras por la Empresa Estatal Minera contemplada en el reciente decreto presidencial número 453-24. Algo así como una superposición concertada.
Esto se parece mucho a un falso gesto de defensa del interés nacional, para encubrir la subordinación al poder militar imperialista.
Tampoco es casual que, del otro lado de la frontera, en territorio haitiano, cerca del río Pedernales, esté instalada, desde hace tiempo, una unidad militar norteamericana con igual propósito.
Respecto al titanio, “en el tramo norte de la frontera, a ambos lados del MURO o de la llamada “VERJA INTELIGENTE”, hay arena y rocas titaníferas” y del lado dominicano, en la cercanía de Pepillo Salcedo, “se otorgó una concesión de exploración de titanio de 80 km2 a un tal Eliezer Lisboa Medina, que data del 2012 y que ahora se está gestionando el permiso de explotación. La misma fue bautizada como Concesión Pepillo Salcedo. ***
La existencia en grande de esos minerales y la ubicación geoestratégica de esta isla, es parte de lo esencial para la superpotencia norteamericana reforzar su intervención militar y aplastar su derecho a la autodeterminación, más allá de que esos recursos minerales puedan explotarse ahora o después.
Valen para su uso inmediato en los casos posibles y valen como reserva, mientras avanza la tecnología para separar sus elementos del lodo rojo, en el caso de las tierras raras más difíciles de tratar; amén de lo que significa la existencia de oro, níquel, cobalto, litio, titanio, fácilmente exploptable.
Por eso no es nada casual, que con el pretexto del Muro fronterizo y de la crisis haitiana, manipulada por el Pentágono y la CIA, la frontera dominico-haitiana esté intervenida militarmente por el Comando Sur y unidades de Inteligencia de Israel.
Tampoco lo es que Haití, intervenido militarmente 10 veces antes por EEUU en los últimos 30 años, cargue ahora con la nueva fase del “caos meta-controlado”, a cargo de intervención policial de Kenia, bajo tutela EEUU.
Pero hay más en cuanto a colonialismo militar:
-El Ministerio de Defensa del gobierno que preside Abinader firmó un acuerdo con el Comando Sur del Pentágono, en el que se compromete a actuar conjuntamente con la armada estadounidense donde quiera que se “atente contra la seguridad nacional de EEUU”.
-La presencia recurrente de la jefatura del Comando Sur en la isla es parte ya de la cotidianidad política-militar.
-El trabajo de campo para el conocimiento del terreno, suelo y subsuelo y sobre suelo del país, ha estado a cargo de sucesivas maniobras militares del Comando Sur, bautizadas con el nombre de “Nuevo Horizonte.”
-La USAID-CÍA-DEA-FBI-DEA tienen presencia directa en puntos más sensibles del Estado dominicano, de un estado gestionado con una lógica empresarial y neocolonial.
-El Comando Sur y la USAID tienen a su cargo la tutela de la remodelación del Puerto Atlántico Noroestano (cívico-militar) y de los proyectos energéticos de Manzanillo, ubicado en áreas próximas a las tierras y rocas titaníferas; justo en la frontera marítima atlántica con Haití, de cara a Cuba, Venezuela y Nicaragua, acosadas y agredidas por EEUU.
Aquí mandan el Comando Sur, directamente; y la CÍA, desde la USAID.
Los minerales estratégicos están bajo el control militar del Pentágono; y todo lo demás, incluido el referido decreto 453-24, es puro “diversionismo mediático”.
¡Y eso es inaceptable para quienes aspiramos a un país soberano, dueño de sus riquezas y bondades!
NOTAS:
*LOS MIEMBROS PRINCIPALES DEL ESTADO PROFUNDO A ESCALA MUNDIAL, SON:
1.- Familia ROTHSCHILD (afincada en Londres, Berlín, Israel)
2.- Familia ROCKEFELLER (afincada en EEUU, Israel)
3.- Familia MORGAN (afincada en Inglaterra)
4.- Familia WARBURG (afincada en Alemania)
5.- Familia LAZARD (afincada en París, Francia)
6.- Familia MOSES ISRAEL SEIF (afincada en Italia, Israel)
7.- Familia KUHN LOEB (afincada en Alemania, EEUU)
8.- Familia LEHMAN BROTHERS (afincada en EEUU)
9.- Familia GOLDMAN SACHS (afincada en EEUU)
10.- La llamada NOBLEZA NEGRA (constituida por TODOS LOS REYES DE EUROPA, los cuales tienen sangre ROTHSCHILD).
11.- LA JUDEO-MASONERÍA JESUÍTA Y EL OPUS DEI.
12.- Varias SOCIEDADES SECRETAS (JUDEO-MASONERÍA, JUDEO-SATANISMO, CLUB BILDEBERG, ILUMINATTI…
El Estado Profundo Global trabaja junto a megamillonarios tipo Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gate y otros globalistas, a los grupos Bildeberg, la CFR y la CIA para decidir qué país atacar, qué presidente matar, qué atentado terrorista financiar, que Estado desestabilizar, cual país invadir, qué crisis económica provocar, cual golpe de Estado dar, y qué «PANDEMIA INVENTAR»
**Fuente de NOTICIA LIBRE:https://www.erdc.usace.army.mil/Media/News-Stories/Article/3428434/erdc-assists-the-dominican-republic-in-the-exploration-of-rare-earth-elements/
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.