Opinión
Minería atrapada por comando Sur
Por Narciso Isa Conde
Los minerales estratégicos están bajo el control militar del Pentágono; y todo lo demás, incluido el referido decreto 453-24, es puro “diversionismo mediático”.
La generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Pentágono, no se cansa de propagar que el interés fundamental de esa súper potencia en la región latino-caribeña reside en el conjunto de minerales estratégicos, tales como los derivados de las tierras raras, el litio, titanio, uranio, sílice y otros.
Este enfoque se formula desde un Pentágono, estrechamente vinculado al poderoso Complejo Militar-Industrial-Informático y Financiero, que sostiene y se beneficia de la guerra global infinita y la carrera armamentista; actualmente en desventaja frente a China y otros países soberanos, en cuanto a la posesión de esos minerales estratégicos.
No olvidemos que el PENTÁGONO tutela una OTAN en expansión a escala planetaria, la cual protagoniza la GUERRA GLOBAL INFINITA y sus cadenas de guerras específicas, tipo Irak, Afganistán, Libia, Siria, Palestina, Yemen, Ucrania…
La Organización del Atlántico Norte (OTAN) es mucho más que una alianza militar atlántica: es ya una alianza militar de dimensiones mundiales, empleada para tratar de recuperar por la fuerza la diezmada hegemonía de EEUU y el imperialismo occidental en Nuestra América, África, Asia y Oceanía…
EEUU cuenta con 800 bases militares en el planeta,
La OTAN actualmente despliega una competencia agresiva con las potencias emergentes y muy especialmente contra el creciente poderío económico-militar de Rusia, China e Irán, incluida la guerra en Ucrania contra Rusia.
Esto implica enormes gastos militares y grandes volúmenes armamentos terrestres y aéreo-espaciales, redes satelitales, sistema de espionajes y de comunicación ultramodernos, que requieren precisamente de grandes volúmenes de minerales estratégicos que garanticen los más altos niveles de eficiencia en las industrias de comunicación, informáticas micro-electrónicas, eléctricas, aéreo-espacial y militares.
En la relación de poder ya la guerra no es solo “la continuación de la política por otros medios”.
En la lógica del Pentágono y del “Estado Profundo Estadounidense” (Dueños y gerentes del Complejo Militar-Industrial-Financiero-Informático, Jefatura militar y de Inteligencia, magnates de corporaciones y bancos de negocio, ideólogos e investigadores), la guerra forma parte de la política y de la lucha por el poder en la escala nacional y a nivel mundial.
El Estado Profundo estadounidense, desde su diversidad, controla la cúpula del Partido Republicano y del Partido Demócrata, los presidentes y todos los poderes del Estado de la Unión, manipulando su diversidad y contradicciones.
A su vez, como EEUU es una súper potencia imperialista, que encabeza el sistema imperialista occidental, existe un “Estado Profundo Global”, que opera a nivel internacional como un poder supranacional oculto, con la participación activa de por lo menos doce poderosas familias y otras entidades. *
La guerra es un componente permanente de la dominación capitalista-imperialista y de sus acciones, en constante mutación.
De ahí los diseños y desarrollos de las llamadas Guerras de Cuarta y Quinta Generación, centradas en las vertientes de baja y mediana intensidad y en la coordinación y combinación de una diversidad de guerras preventivas y ofensivas, antes de recurrir a las guerras convencionales de alta intensidad y a sus medios destructivos ultramodernos, incluida la guerra nuclear.
Me refiero a las guerras financieras, económicas, comerciales, mediáticas, psicológicas, cibernéticas, biológicas, paramilitares… muchas veces combinadas; en la que se mezclan lo particular y lo integral con diversas intensidades, incorporando en su quinta generación la conquista de las mentes, el dominio del pensamiento individual, sectorial, grupal y colectivo.
En esa concepción de la dominación no tiene nada de accidental la conexión de lo militar, lo tecnológico, industrial, psicológico, mediático y financiero; atizada por la obsesión de recuperar por la fuerza, la debilitada hegemonía del imperialismo occidental y la continua declinación y descomposición de EEUU y la UE.
Tampoco son accidentales los roles preeminentes de magnates tipo Elon Musk, Bill Gates y Jeff Bezos, de las representaciones de las transnacionales mineras, las industrias microelectrónicas, las farma-corporaciones y la industria armamentista; en estrecha conexión con el PENTÁGONO y sus centros de investigación y de exploración geofísica, y con las asesorías de sus “tanques pensantes”.
Lo declarado por la jefa de esa dependencia del Pentágono sobre el hambre minera del Pentágono, es solo un reflejo de esa realidad de cara a su jurisdicción militar, que abarca desde Florida a Tierra de Fuego, pasando por el Caribe, frontera imperial, y específicamente por esta isla.
La guerra imperial sobrepasa la esfera de lo material en toda esa diversidad, para adentrarse a las nuevas modalidades de alienación mental e inconsciencia.
· EL COMANDO SUR EN LA ISLA.
El decreto presidencial constituyendo una empresa estatal minera con el tema de las valiosas tierras raras y demás reservas de minerales estratégicos vitales para las industrias microelectrónicas, aeroespaciales y militares de última generación, tiene en mi opinión todas las características de una cortina de humo y de un falso gesto para encubrir el hecho real de que la minería de esta isla está atrapada en las redes militares del Comando Sur del Pentágono.
Además de oro, plata, níquel, hierro y cobalto, en RD hay tierras raras (con sus 17 elementos) y titanio.
El diario digital NOTICIA LIBRE informó y publicó en junio del 2023 fotografías de los equipos del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y del Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana recorriendo el sitio de Las Mercedes, ubicada en la zona de exploración de tierras raras en la Provincia de Pedernales.
Entonces ese medio precisó que “el Ejército de los Estados Unidos confirmó la alta presencia de elementos de tierras raras (REE) en la República Dominicana, como resultado de un estudio colaborativo entre el Departamento de Defensa (DoD), el Departamento de Estado (DOS) y el gobierno dominicano”. Y agregó que ese esfuerzo fue liderado por “el Laboratorio Ambiental del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (ERDC).**
Gran parte de esos yacimientos son de alto interés del Pentágono y el Complejo Militar, para la fabricación de armamentos de alta tecnología.
Además, la Jefa del Comando Sur, con todo el descaro del mundo declaró que se trata de minerales fundamentales “para la seguridad nacional de EEUU”; y no es un secreto que unidades militares estadounidenses están explorando tierras raras y otros minerales estratégicos aquí y en Haití.
Las tierras raras de República Dominicana y de Haití están a ambos lados de la parte sur de la frontera dominico-haitiana y el titanio a ambos lados en la parte norte.
No es casual que el Gobierno dominicano le haya concedido al ejército de EEUU, inicialmente en secreto, la función de explorar áreas de tierras raras en la reserva fiscal de Ávila, próximo a Pedernales-Cabo Rojo.
La unidad militar se instaló en el paraje “Las Abejas”. Algo absolutamente ilegal, totalmente prohibido cuando se trata de otros estados.
Ahora llama la atención, que sea precisamente la reserva fiscal de Ávila, el área escogida para la exploración de tierras raras por la Empresa Estatal Minera contemplada en el reciente decreto presidencial número 453-24. Algo así como una superposición concertada.
Esto se parece mucho a un falso gesto de defensa del interés nacional, para encubrir la subordinación al poder militar imperialista.
Tampoco es casual que, del otro lado de la frontera, en territorio haitiano, cerca del río Pedernales, esté instalada, desde hace tiempo, una unidad militar norteamericana con igual propósito.
Respecto al titanio, “en el tramo norte de la frontera, a ambos lados del MURO o de la llamada “VERJA INTELIGENTE”, hay arena y rocas titaníferas” y del lado dominicano, en la cercanía de Pepillo Salcedo, “se otorgó una concesión de exploración de titanio de 80 km2 a un tal Eliezer Lisboa Medina, que data del 2012 y que ahora se está gestionando el permiso de explotación. La misma fue bautizada como Concesión Pepillo Salcedo. ***
La existencia en grande de esos minerales y la ubicación geoestratégica de esta isla, es parte de lo esencial para la superpotencia norteamericana reforzar su intervención militar y aplastar su derecho a la autodeterminación, más allá de que esos recursos minerales puedan explotarse ahora o después.
Valen para su uso inmediato en los casos posibles y valen como reserva, mientras avanza la tecnología para separar sus elementos del lodo rojo, en el caso de las tierras raras más difíciles de tratar; amén de lo que significa la existencia de oro, níquel, cobalto, litio, titanio, fácilmente exploptable.
Por eso no es nada casual, que con el pretexto del Muro fronterizo y de la crisis haitiana, manipulada por el Pentágono y la CIA, la frontera dominico-haitiana esté intervenida militarmente por el Comando Sur y unidades de Inteligencia de Israel.
Tampoco lo es que Haití, intervenido militarmente 10 veces antes por EEUU en los últimos 30 años, cargue ahora con la nueva fase del “caos meta-controlado”, a cargo de intervención policial de Kenia, bajo tutela EEUU.
Pero hay más en cuanto a colonialismo militar:
-El Ministerio de Defensa del gobierno que preside Abinader firmó un acuerdo con el Comando Sur del Pentágono, en el que se compromete a actuar conjuntamente con la armada estadounidense donde quiera que se “atente contra la seguridad nacional de EEUU”.
-La presencia recurrente de la jefatura del Comando Sur en la isla es parte ya de la cotidianidad política-militar.
-El trabajo de campo para el conocimiento del terreno, suelo y subsuelo y sobre suelo del país, ha estado a cargo de sucesivas maniobras militares del Comando Sur, bautizadas con el nombre de “Nuevo Horizonte.”
-La USAID-CÍA-DEA-FBI-DEA tienen presencia directa en puntos más sensibles del Estado dominicano, de un estado gestionado con una lógica empresarial y neocolonial.
-El Comando Sur y la USAID tienen a su cargo la tutela de la remodelación del Puerto Atlántico Noroestano (cívico-militar) y de los proyectos energéticos de Manzanillo, ubicado en áreas próximas a las tierras y rocas titaníferas; justo en la frontera marítima atlántica con Haití, de cara a Cuba, Venezuela y Nicaragua, acosadas y agredidas por EEUU.
Aquí mandan el Comando Sur, directamente; y la CÍA, desde la USAID.
Los minerales estratégicos están bajo el control militar del Pentágono; y todo lo demás, incluido el referido decreto 453-24, es puro “diversionismo mediático”.
¡Y eso es inaceptable para quienes aspiramos a un país soberano, dueño de sus riquezas y bondades!
NOTAS:
*LOS MIEMBROS PRINCIPALES DEL ESTADO PROFUNDO A ESCALA MUNDIAL, SON:
1.- Familia ROTHSCHILD (afincada en Londres, Berlín, Israel)
2.- Familia ROCKEFELLER (afincada en EEUU, Israel)
3.- Familia MORGAN (afincada en Inglaterra)
4.- Familia WARBURG (afincada en Alemania)
5.- Familia LAZARD (afincada en París, Francia)
6.- Familia MOSES ISRAEL SEIF (afincada en Italia, Israel)
7.- Familia KUHN LOEB (afincada en Alemania, EEUU)
8.- Familia LEHMAN BROTHERS (afincada en EEUU)
9.- Familia GOLDMAN SACHS (afincada en EEUU)
10.- La llamada NOBLEZA NEGRA (constituida por TODOS LOS REYES DE EUROPA, los cuales tienen sangre ROTHSCHILD).
11.- LA JUDEO-MASONERÍA JESUÍTA Y EL OPUS DEI.
12.- Varias SOCIEDADES SECRETAS (JUDEO-MASONERÍA, JUDEO-SATANISMO, CLUB BILDEBERG, ILUMINATTI…
El Estado Profundo Global trabaja junto a megamillonarios tipo Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gate y otros globalistas, a los grupos Bildeberg, la CFR y la CIA para decidir qué país atacar, qué presidente matar, qué atentado terrorista financiar, que Estado desestabilizar, cual país invadir, qué crisis económica provocar, cual golpe de Estado dar, y qué «PANDEMIA INVENTAR»
**Fuente de NOTICIA LIBRE:https://www.erdc.usace.army.mil/Media/News-Stories/Article/3428434/erdc-assists-the-dominican-republic-in-the-exploration-of-rare-earth-elements/
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.