Nacionales
Sugiere mayor inversión social en comunidades turísticas
Por José Luis Chavez
Turismo es sector con mayor aporte a la economía nacional pero persisten prejuicios contra la industria
Luis José Chávez junto a Osvaldo Soriano y Fernando Placeres.
PUNTA CANA.- El turismo es el sector de mayor éxito de la economía dominicana durante la época moderna, con impacto positivo en todos los renglones de la actividad productiva, pero aún persisten muchos prejuicios y dudas sobre su real aporte al desarrollo nacional, de acuerdo al periodista Luis José Chávez, directivo de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur).
“De no haber sido por el éxito del turismo, muy distinta sería la historia de la sociedad dominicanas a partir del decenio del 1980, cuando entró en decadencia el modelo de exportación de productos tradicionales y de sustitución de importaciones”, apuntó el comunicador al cuestionar la validez de algunas críticas que se expresan en los medios de comunicación contra la industria de la hospitalidad.
Dijo que en algunos casos se acusa al turismo de generar pobreza y de acentuar diversos problemas sociales, como la delincuencia, la prostitución y la arrabalización urbana, partiendo de la equivocada premisa de que la industria, además de hacer las inversiones, traer a los turistas, operar el negocios, generar empleos y pagar impuestos, también debe reemplazar al Estado en la tarea de hacer una justa redistribución de la riqueza y ocuparse de los principales servicios públicos”.
El turismo es una actividad positiva con una pobre reputación”, comentó el periodista y politólogo ante un auditorio integrado por unos 40 comunicadores de Higuey y Punta Cana reunidos en el Teatro del Hotel Ifa Villas Bávaro.
Chávez se refirió al informe 2008 del PNUD sobre desarrollo humano que identificaba a las provincias turísticas de Puerto Plata y la Altagracia con un índice de pobreza superior al promedio nacional, situación que el mismo estudio atribuía al impacto negativo de la actividad turística. También citó una reciente opinión del síndico de Verón-Punta Cana en el sentido de que el turismo solo deja basura en esa comunidad.
Un desafío a la lógica y unos datos que no cuadran
Dijo que tanto en el plano nacional como en el caso de las dos principales provincias turísticas del país, los cuestionamientos negativos sobre el sector turístico plantean un serio desafío a la racionalidad y a la lógica.
“Veamos el caso de la provincia Altagracia. Si el turismo representa pobreza para esta provincia como es posible que en menos de 30 años esta zona se haya convertido en el principal foco de atracción de la migración interna, multiplicando por cuatro su población, mientras representa la mayor oferta de bienes y servicios del país y la tercera en consumo de energía y de automóviles”.
Dijo que los datos del último censo nacional confirman que La Altagracia, La Romana, Samaná y Puerto Plata, fueron las cuatro provincias con mayor crecimiento poblacional, siendo al mismo tiempo las cuatro principales provincias turísticas del país. En relación con el censo anterior, esas cuatro provincias registraron un aumento de 146 mil habitantes, siendo La Altagracia la provincia con la mayor tasa de crecimiento poblacional durante el período.
Y se preguntó a seguidas: “¿Como se explica que los dominicanos se desplacen de sus lugares de origen hacia otras localidades donde supuestamente se registra un mayor índice de pobreza.
El caso emblemático de la provincia Altagracia
Chávez relató que en el 1971, año de la llegada del turismo a la provincia Altagracia de la mano del joven empresario Frank Rainieri, el municipio de Higuey dependía esencialmente de la ganadería y la caña. En la ciudad existían 4 almacenes pequeños, 3 farmacias, 2 pequeñas ferreterías, 6 carnicerías, 4 talleres de mecánica, 2 fábricas de hielo, una fábrica de queso, 2 aserraderos pequeños y un pequeño negocio de venta de vehículos.
“De acuerdo a los datos extraídos de las páginas del periódico El Cometa, de Livio Mariano Cedeño, comentados en una conferencia del propio Rainieri, para el 1971 Higuey contaba con una oficina del Banco Popular con 5 empleados, un pequeño hospital publico y 4 consultorios privados, 10 abogados, 8 médicos y un ingeniero. En materia de educación tenía una escuela primaria, un liceo secundario y 2 colegios de la Iglesia Católica”.
En la actualidad la provincia Altagracia recibe más del 63% de los turistas que llegan al país, representa la mayor demanda de bienes y servicios por habitantes, la tercera oferta de servicios financieros, la tercera en consumo de energía y venta de vehículos, aporta más del 12% del PIB, y es la zona con la más alta tasa de empleo de su población nativa.
“En el caso de la provincia Altagracia, la dinámica económica del turismo garantiza oferta de empleo directo o indirecto para todos los habitantes de su territorio, pero todos sabemos que actualmente más del 50 por ciento de los habitantes de esta zona turística proceden de otras regiones, incluyendo más de 20 mil haitianos residentes en Verón y Punta Cana”, manifestó Luis José Chávez.
“Los turistas si pagan impuestos, y mucho…”
Luis José Chávez ripostó la socorrida afirmación de que los turistas no pagan impuestos porque supuestamente la industria recibe muchas exenciones del Estado. “Eso no es cierto, los turistas si pagan impuestos y mucho más de lo que cualquiera se imagina”, apuntó.
“La verdad contable y constatable es que el turista paga impuestos al fisco dominicano en todas las etapas de su visita: por el asiento del avión, por el combustible del avión, por el aterrizaje en el aeropuerto, por la seguridad del aeropuerto, por la vigilancia del espacio aéreo, por el derecho de entrada al país, por los combustibles del transporte local; por el ITBIS sobre los pasajes, por la habitación y los servicios de hotel; por los impuestos selectivos a las bebidas y cigarrillos, por los artículos electrodomésticos que se usan en el hotel, etc., hasta por los derechos de salida del país y nuevamente por el asiento del avión en que se traslada”.
Y agrego que los datos de un reciente estudio de Eco Caribe también dan cuenta del impacto fiscal que representa el turismo. En el año 2010, por ejemplo, la presión fiscal a la actividad turística fue del 23 por ciento aportando al fisco 35 mil 595 millones de pesos, el 15 por ciento de todos los recursos recaudados.
“Si los ingresos aportados por el turismo se dividen entre los 4 millones 124 mil 543 turistas extranjeros y los dominicanos no residentes recibidos, el Estado captó en el 2010 8 mil 360 pesos por cada turista ingresado al país, sin incluir otros impuestos indirectos relacionados con el consumo durante su estadía.
De acuerdo al estudio de Eco Caribe, en el 2010 el consumo turístico total sumó más de 158 mil millones de pesos, de los cuales el 23.7 por ciento terminó en manos del Gobierno. Sin incluir costos fiscales para la actividad no calculadas como impuestos, el cargo por seguridad social a las empresas y el 10 por ciento de la propina, que en el caso de los hoteles todo incluido, que representan el 80 por ciento aproximado de las habitaciones, va incluido en el paquete.
También destacó datos aportados por la Junta Agro Empresarial Dominicana (JAD) que indican que para el sector agropecuario y la agroindustria local, el turismo representa un mercado “cautivo” con un potencial de 21 mil millones de pesos.
José Luis Chavez
Nacionales
Fiscal acusado de corrupción tenia millones, cheques y dólares que son pruebas en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Una copia de un cheque de administracion superior al millón de pesos, además de los 10 mil dólares que fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el Ministerio Público presentó otras pruebas en el caso.
Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.
El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.
Su apresamiento se ejecutó «en flagrante delito» en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.
La solicitud de medida de coerción también menciona «un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas» de más de 571 mil pesos «a nombre de Aurelio Valdez Alcántara» como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.
En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El «crédito hipotecario» es de un valor de 4 millones de pesos.
En su residencia se ocupó también «la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos».
Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara «advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno» consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.
Exigía el dinero»a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo».
El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde «se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos», informa el mismo expediente judicial.
Santo Domingo, R.D.-Las lluvias que se han producidos en las últimas horas en el país causaron daños a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
Fotos panorámicas fueron proporcionados a los medios de comunicacion del derrumbe de una pared que rodea la residencia de varios diplomáticos de la embajada, próximo a la avenida República de Colombia. También se observan residuos acumulados sobre un puente que cruza la parte trasera de la propiedad.
La embajada respondió a una solicitud de información indicando que se encuentra evaluando la situación junto a las autoridades dominicanas.
«Estamos al tanto de reportes sobre posibles daños en propiedades de la Embajada tras las recientes condiciones climáticas. La seguridad de nuestro personal y visitantes es nuestra prioridad, y nos encontramos evaluando y gestionando la situación en coordinación con autoridades dominicanas», afirmó Michelle Angulo, vocera de la Embajada de Estados Unidos.
La mañana de este miércoles, el Gran Santo Domingo amaneció afectado debido a las intensas lluvias registradas durante gran parte de la madrugada, producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional.
Desde tempranas horas, residentes en distintos sectores del Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, reportaron inundaciones en calles y viviendas, lo que ha dificultado significativamente el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo y centros educativos.
- Mientras tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo continuarán influenciadas por una vaguada. Sin embargo, prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.
A través de una nota de prensa, el meteorólogo del Indomet, Heriberto Fabián, explicó que se registran aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste —incluido el Gran Santo Domingo—, la zona fronteriza y parte del suroeste.
En cuanto a las alertas meteorológicas, la entidad mantiene bajo alerta a las provincias San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.
SANTO DOMINGO.- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, declaró que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas y evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.
Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.
Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.
Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba el Jet Set.
Además, indicó que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Berenice sostuvo que, si los acusados están compungidos y sienten respeto por la dignidad de las víctimas, no deberían entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos.
“Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos, cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica, que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.
Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.
“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, aseveró Reynoso.
La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.
Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.
“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.
La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.
Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.
Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.