Nacionales
Sugiere mayor inversión social en comunidades turísticas
Por José Luis Chavez
Turismo es sector con mayor aporte a la economía nacional pero persisten prejuicios contra la industria
Luis José Chávez junto a Osvaldo Soriano y Fernando Placeres.
PUNTA CANA.- El turismo es el sector de mayor éxito de la economía dominicana durante la época moderna, con impacto positivo en todos los renglones de la actividad productiva, pero aún persisten muchos prejuicios y dudas sobre su real aporte al desarrollo nacional, de acuerdo al periodista Luis José Chávez, directivo de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur).
“De no haber sido por el éxito del turismo, muy distinta sería la historia de la sociedad dominicanas a partir del decenio del 1980, cuando entró en decadencia el modelo de exportación de productos tradicionales y de sustitución de importaciones”, apuntó el comunicador al cuestionar la validez de algunas críticas que se expresan en los medios de comunicación contra la industria de la hospitalidad.
Dijo que en algunos casos se acusa al turismo de generar pobreza y de acentuar diversos problemas sociales, como la delincuencia, la prostitución y la arrabalización urbana, partiendo de la equivocada premisa de que la industria, además de hacer las inversiones, traer a los turistas, operar el negocios, generar empleos y pagar impuestos, también debe reemplazar al Estado en la tarea de hacer una justa redistribución de la riqueza y ocuparse de los principales servicios públicos”.
El turismo es una actividad positiva con una pobre reputación”, comentó el periodista y politólogo ante un auditorio integrado por unos 40 comunicadores de Higuey y Punta Cana reunidos en el Teatro del Hotel Ifa Villas Bávaro.
Chávez se refirió al informe 2008 del PNUD sobre desarrollo humano que identificaba a las provincias turísticas de Puerto Plata y la Altagracia con un índice de pobreza superior al promedio nacional, situación que el mismo estudio atribuía al impacto negativo de la actividad turística. También citó una reciente opinión del síndico de Verón-Punta Cana en el sentido de que el turismo solo deja basura en esa comunidad.
Un desafío a la lógica y unos datos que no cuadran
Dijo que tanto en el plano nacional como en el caso de las dos principales provincias turísticas del país, los cuestionamientos negativos sobre el sector turístico plantean un serio desafío a la racionalidad y a la lógica.
“Veamos el caso de la provincia Altagracia. Si el turismo representa pobreza para esta provincia como es posible que en menos de 30 años esta zona se haya convertido en el principal foco de atracción de la migración interna, multiplicando por cuatro su población, mientras representa la mayor oferta de bienes y servicios del país y la tercera en consumo de energía y de automóviles”.
Dijo que los datos del último censo nacional confirman que La Altagracia, La Romana, Samaná y Puerto Plata, fueron las cuatro provincias con mayor crecimiento poblacional, siendo al mismo tiempo las cuatro principales provincias turísticas del país. En relación con el censo anterior, esas cuatro provincias registraron un aumento de 146 mil habitantes, siendo La Altagracia la provincia con la mayor tasa de crecimiento poblacional durante el período.
Y se preguntó a seguidas: “¿Como se explica que los dominicanos se desplacen de sus lugares de origen hacia otras localidades donde supuestamente se registra un mayor índice de pobreza.
El caso emblemático de la provincia Altagracia
Chávez relató que en el 1971, año de la llegada del turismo a la provincia Altagracia de la mano del joven empresario Frank Rainieri, el municipio de Higuey dependía esencialmente de la ganadería y la caña. En la ciudad existían 4 almacenes pequeños, 3 farmacias, 2 pequeñas ferreterías, 6 carnicerías, 4 talleres de mecánica, 2 fábricas de hielo, una fábrica de queso, 2 aserraderos pequeños y un pequeño negocio de venta de vehículos.
“De acuerdo a los datos extraídos de las páginas del periódico El Cometa, de Livio Mariano Cedeño, comentados en una conferencia del propio Rainieri, para el 1971 Higuey contaba con una oficina del Banco Popular con 5 empleados, un pequeño hospital publico y 4 consultorios privados, 10 abogados, 8 médicos y un ingeniero. En materia de educación tenía una escuela primaria, un liceo secundario y 2 colegios de la Iglesia Católica”.
En la actualidad la provincia Altagracia recibe más del 63% de los turistas que llegan al país, representa la mayor demanda de bienes y servicios por habitantes, la tercera oferta de servicios financieros, la tercera en consumo de energía y venta de vehículos, aporta más del 12% del PIB, y es la zona con la más alta tasa de empleo de su población nativa.
“En el caso de la provincia Altagracia, la dinámica económica del turismo garantiza oferta de empleo directo o indirecto para todos los habitantes de su territorio, pero todos sabemos que actualmente más del 50 por ciento de los habitantes de esta zona turística proceden de otras regiones, incluyendo más de 20 mil haitianos residentes en Verón y Punta Cana”, manifestó Luis José Chávez.
“Los turistas si pagan impuestos, y mucho…”
Luis José Chávez ripostó la socorrida afirmación de que los turistas no pagan impuestos porque supuestamente la industria recibe muchas exenciones del Estado. “Eso no es cierto, los turistas si pagan impuestos y mucho más de lo que cualquiera se imagina”, apuntó.
“La verdad contable y constatable es que el turista paga impuestos al fisco dominicano en todas las etapas de su visita: por el asiento del avión, por el combustible del avión, por el aterrizaje en el aeropuerto, por la seguridad del aeropuerto, por la vigilancia del espacio aéreo, por el derecho de entrada al país, por los combustibles del transporte local; por el ITBIS sobre los pasajes, por la habitación y los servicios de hotel; por los impuestos selectivos a las bebidas y cigarrillos, por los artículos electrodomésticos que se usan en el hotel, etc., hasta por los derechos de salida del país y nuevamente por el asiento del avión en que se traslada”.
Y agrego que los datos de un reciente estudio de Eco Caribe también dan cuenta del impacto fiscal que representa el turismo. En el año 2010, por ejemplo, la presión fiscal a la actividad turística fue del 23 por ciento aportando al fisco 35 mil 595 millones de pesos, el 15 por ciento de todos los recursos recaudados.
“Si los ingresos aportados por el turismo se dividen entre los 4 millones 124 mil 543 turistas extranjeros y los dominicanos no residentes recibidos, el Estado captó en el 2010 8 mil 360 pesos por cada turista ingresado al país, sin incluir otros impuestos indirectos relacionados con el consumo durante su estadía.
De acuerdo al estudio de Eco Caribe, en el 2010 el consumo turístico total sumó más de 158 mil millones de pesos, de los cuales el 23.7 por ciento terminó en manos del Gobierno. Sin incluir costos fiscales para la actividad no calculadas como impuestos, el cargo por seguridad social a las empresas y el 10 por ciento de la propina, que en el caso de los hoteles todo incluido, que representan el 80 por ciento aproximado de las habitaciones, va incluido en el paquete.
También destacó datos aportados por la Junta Agro Empresarial Dominicana (JAD) que indican que para el sector agropecuario y la agroindustria local, el turismo representa un mercado “cautivo” con un potencial de 21 mil millones de pesos.
José Luis Chavez
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.