Nacionales
Sugiere mayor inversión social en comunidades turísticas
Por José Luis Chavez
Turismo es sector con mayor aporte a la economía nacional pero persisten prejuicios contra la industria
Luis José Chávez junto a Osvaldo Soriano y Fernando Placeres.
PUNTA CANA.- El turismo es el sector de mayor éxito de la economía dominicana durante la época moderna, con impacto positivo en todos los renglones de la actividad productiva, pero aún persisten muchos prejuicios y dudas sobre su real aporte al desarrollo nacional, de acuerdo al periodista Luis José Chávez, directivo de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur).
“De no haber sido por el éxito del turismo, muy distinta sería la historia de la sociedad dominicanas a partir del decenio del 1980, cuando entró en decadencia el modelo de exportación de productos tradicionales y de sustitución de importaciones”, apuntó el comunicador al cuestionar la validez de algunas críticas que se expresan en los medios de comunicación contra la industria de la hospitalidad.
Dijo que en algunos casos se acusa al turismo de generar pobreza y de acentuar diversos problemas sociales, como la delincuencia, la prostitución y la arrabalización urbana, partiendo de la equivocada premisa de que la industria, además de hacer las inversiones, traer a los turistas, operar el negocios, generar empleos y pagar impuestos, también debe reemplazar al Estado en la tarea de hacer una justa redistribución de la riqueza y ocuparse de los principales servicios públicos”.
El turismo es una actividad positiva con una pobre reputación”, comentó el periodista y politólogo ante un auditorio integrado por unos 40 comunicadores de Higuey y Punta Cana reunidos en el Teatro del Hotel Ifa Villas Bávaro.
Chávez se refirió al informe 2008 del PNUD sobre desarrollo humano que identificaba a las provincias turísticas de Puerto Plata y la Altagracia con un índice de pobreza superior al promedio nacional, situación que el mismo estudio atribuía al impacto negativo de la actividad turística. También citó una reciente opinión del síndico de Verón-Punta Cana en el sentido de que el turismo solo deja basura en esa comunidad.
Un desafío a la lógica y unos datos que no cuadran
Dijo que tanto en el plano nacional como en el caso de las dos principales provincias turísticas del país, los cuestionamientos negativos sobre el sector turístico plantean un serio desafío a la racionalidad y a la lógica.
“Veamos el caso de la provincia Altagracia. Si el turismo representa pobreza para esta provincia como es posible que en menos de 30 años esta zona se haya convertido en el principal foco de atracción de la migración interna, multiplicando por cuatro su población, mientras representa la mayor oferta de bienes y servicios del país y la tercera en consumo de energía y de automóviles”.
Dijo que los datos del último censo nacional confirman que La Altagracia, La Romana, Samaná y Puerto Plata, fueron las cuatro provincias con mayor crecimiento poblacional, siendo al mismo tiempo las cuatro principales provincias turísticas del país. En relación con el censo anterior, esas cuatro provincias registraron un aumento de 146 mil habitantes, siendo La Altagracia la provincia con la mayor tasa de crecimiento poblacional durante el período.
Y se preguntó a seguidas: “¿Como se explica que los dominicanos se desplacen de sus lugares de origen hacia otras localidades donde supuestamente se registra un mayor índice de pobreza.
El caso emblemático de la provincia Altagracia
Chávez relató que en el 1971, año de la llegada del turismo a la provincia Altagracia de la mano del joven empresario Frank Rainieri, el municipio de Higuey dependía esencialmente de la ganadería y la caña. En la ciudad existían 4 almacenes pequeños, 3 farmacias, 2 pequeñas ferreterías, 6 carnicerías, 4 talleres de mecánica, 2 fábricas de hielo, una fábrica de queso, 2 aserraderos pequeños y un pequeño negocio de venta de vehículos.
“De acuerdo a los datos extraídos de las páginas del periódico El Cometa, de Livio Mariano Cedeño, comentados en una conferencia del propio Rainieri, para el 1971 Higuey contaba con una oficina del Banco Popular con 5 empleados, un pequeño hospital publico y 4 consultorios privados, 10 abogados, 8 médicos y un ingeniero. En materia de educación tenía una escuela primaria, un liceo secundario y 2 colegios de la Iglesia Católica”.
En la actualidad la provincia Altagracia recibe más del 63% de los turistas que llegan al país, representa la mayor demanda de bienes y servicios por habitantes, la tercera oferta de servicios financieros, la tercera en consumo de energía y venta de vehículos, aporta más del 12% del PIB, y es la zona con la más alta tasa de empleo de su población nativa.
“En el caso de la provincia Altagracia, la dinámica económica del turismo garantiza oferta de empleo directo o indirecto para todos los habitantes de su territorio, pero todos sabemos que actualmente más del 50 por ciento de los habitantes de esta zona turística proceden de otras regiones, incluyendo más de 20 mil haitianos residentes en Verón y Punta Cana”, manifestó Luis José Chávez.
“Los turistas si pagan impuestos, y mucho…”
Luis José Chávez ripostó la socorrida afirmación de que los turistas no pagan impuestos porque supuestamente la industria recibe muchas exenciones del Estado. “Eso no es cierto, los turistas si pagan impuestos y mucho más de lo que cualquiera se imagina”, apuntó.
“La verdad contable y constatable es que el turista paga impuestos al fisco dominicano en todas las etapas de su visita: por el asiento del avión, por el combustible del avión, por el aterrizaje en el aeropuerto, por la seguridad del aeropuerto, por la vigilancia del espacio aéreo, por el derecho de entrada al país, por los combustibles del transporte local; por el ITBIS sobre los pasajes, por la habitación y los servicios de hotel; por los impuestos selectivos a las bebidas y cigarrillos, por los artículos electrodomésticos que se usan en el hotel, etc., hasta por los derechos de salida del país y nuevamente por el asiento del avión en que se traslada”.
Y agrego que los datos de un reciente estudio de Eco Caribe también dan cuenta del impacto fiscal que representa el turismo. En el año 2010, por ejemplo, la presión fiscal a la actividad turística fue del 23 por ciento aportando al fisco 35 mil 595 millones de pesos, el 15 por ciento de todos los recursos recaudados.
“Si los ingresos aportados por el turismo se dividen entre los 4 millones 124 mil 543 turistas extranjeros y los dominicanos no residentes recibidos, el Estado captó en el 2010 8 mil 360 pesos por cada turista ingresado al país, sin incluir otros impuestos indirectos relacionados con el consumo durante su estadía.
De acuerdo al estudio de Eco Caribe, en el 2010 el consumo turístico total sumó más de 158 mil millones de pesos, de los cuales el 23.7 por ciento terminó en manos del Gobierno. Sin incluir costos fiscales para la actividad no calculadas como impuestos, el cargo por seguridad social a las empresas y el 10 por ciento de la propina, que en el caso de los hoteles todo incluido, que representan el 80 por ciento aproximado de las habitaciones, va incluido en el paquete.
También destacó datos aportados por la Junta Agro Empresarial Dominicana (JAD) que indican que para el sector agropecuario y la agroindustria local, el turismo representa un mercado “cautivo” con un potencial de 21 mil millones de pesos.
José Luis Chavez
Santo Domingo, R.D.-Eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico dos hombres y una mujer que fueron encontrados muertos con múltiples impactos de balas en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa y la ciudad de Santiago, según la La Policía Nacional.
informó que los dos hombres encontrados muertos con múltiples impactos de bala en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa, eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico, y se les vincula directamente con el reciente asesinato de una mujer en Santiago de los Caballeros.
Los fallecidos fueron identificados como Natanael Peña, alias “El Cha”, y un hombre conocido hasta el momento como “La Rata”.
Según el informe preliminar, estos hombres mantenían una disputa por el control de puntos de drogas con Margarita Díaz García, alias “La China”, quien fue ultimada recientemente en La Yagüita de Pastor, en Santiago.
Las autoridades señalan que Díaz García y su pareja, Roberto Hans Sánchez Tejada, alias “El Flaco”, operaban la distribución de sustancias en esa zona.
El cruce de información entre la Dirección de Investigación (Dicrim) de La Vega y Santiago conectó ambos casos. La Policía Científica confirmó que los casquillos recolectados en la escena del asesinato de «La China» en Santiago coinciden en todas sus características con los levantados donde hallaron a «El Cha» y «La Rata», en el sector La Virgen de Jarabacoa.
El análisis de cámaras de seguridad permitió a las autoridades identificar el vehículo utilizado en el ataque de Santiago: una yipeta Honda CR-V, rojo vino (placa G-763855). El vehículo había sido rentado por Ruddy Manuel Moran Almonte, alias “La Pólvora”, un reconocido delincuente de la zona.
Durante los operativos desplegados en Jarabacoa, la Policía retuvo la yipeta mencionada, la cual era conducida por Erika Martínez Peralta, de 26 años. Al ser interrogada, la joven confesó que «La Pólvora» le había ordenado abandonar el vehículo.
Martínez Peralta guió a unidades élites de la Policía hasta una villa en el sector El Pedregal, donde se escondían los prófugos. Al notar la presencia policial, los hombres armados huyeron hacia una zona boscosa cerca del río Baiguate. Durante la persecución cayó abatido Miguel Marine Rodríguez, alias “La Cabra”.
A «La Cabra» se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros. Los análisis balísticos confirmaron que esa fue el arma utilizada tanto en el asesinato de «La China» en Santiago, como en la ejecución de «El Cha» y «La Rata» en Jarabacoa.
La información del GPS proporcionada por la empresa de alquiler de vehículos evidenció que el sistema registró que la yipeta hizo una parada a las 4:15 de la madrugada del 20 de mayo de 2026 en el sector La Virgen, en Jarabacoa. Este fue el lugar y la hora exacta en la que los sicarios ejecutaron y abandonaron los cuerpos de Natanael Peña y el apodado «La Rata».
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados el proyecto que tiene el objetivo de reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo, el cual contiene diversas variaciones con respecto al documento actual.
Una de las alteraciones está centrada en la licencia por paternidad otorgada a los trabajadores. Para el Gobierno, el nuevo contenido que tendría la regulación laboral representa “un aumento del 100%”, ya que elevaría el periodo de dos a cuatro días.
“Hemos logrado consensos en aumento en un 100% de la licencia por paternidad a cargo de la empresa”, comunicó el 26 de agosto de 2024 el entonces ministro Luis Miguel De Camps, quien dirigió los diálogos realizados con empresarios y sectores sindicales antes de presentar la base del proyecto de ley que en la actualidad conoce el Congreso Nacional.
En las discusiones que han desarrollado durante más de un año, los legisladores habían acordado elevar la cantidad de días a siete, pero, finalmente, se limitaron a respaldar la recomendación enviada por el Poder Ejecutivo.
“Cuatro días laborables de licencia por paternidad con disfrute de salario para el caso de alumbramiento de la esposa o de la pareja debidamente registrada en la empresa”, dicta el nuevo texto que contendría el artículo 54 del documento.
Asimismo, algunos congresistas entendían necesario incluir a los hermanos en la lista de parientes que son considerados cuando el empleado requiera de una licencia por duelo establecida en cuatro días.
Esto significa que únicamente los familiares que aplican para ese caso son los abuelos, padres, hijos o la pareja del asalariado.
Por otro lado, los representantes de la cámara baja aprobaron también la realización de un cambio en la entrega de las propinas a los empleados de hoteles, restaurantes, cafés, barras y bares, “en general en los establecimientos comerciales donde se expande comida o bebida para su consumo en esos mismos lugares”.
Aunque se registraron intentos por parte de algunos senadores y diputados de eliminar ese apartado, la propuesta legislativa mantuvo el 10% de gratificación que debe entregar el empleador, recolectado de un tributo colocado a cuenta pagada por el consumidor. Esta bonificación no incluye al personal que integra el área gerencial y administrativa.
Según establece la pieza, los trabajadores y empleadores de los establecimientos podrán acordar que el repartimiento porcentual de la propina derive de criterios que “tomen en consideración la generación del porcentaje de propina en cada una de las áreas de servicios de los establecimientos, así como la posibilidad de incluir a quienes no asistieron a sus labores ese día”.
Uno de los temas más conflictivos dentro del proceso de debate que ha causado el tema de la reforma laboral es la cesantía, luego de que el sector empresarial haya manifestado en diversas ocasiones la intención que tienen de modificarla, a través de la colocación de un límite.
El proyecto legislativo también agrega una figura antes no contemplada para los procesos judiciales: El juez conciliador.
Este tendría la responsabilidad de proponer soluciones razonables, a través de reflexiones que considere oportunas, para intentar que el empleador y el asalariado logren un acuerdo cuando tengan conflictos reportados ante los juzgados.
Asimismo, los diputados colocaron un tope para establecer una duración máxima de 24 meses para el término de los procesos judiciales.
Momentos después de que la sociedad conociera sobre la aprobación del documento legislativo, alrededor de 80 colectivos comerciales se pronunciaron a través del Consejo Nacional de las Empresas Privadas (Conep) para expresar su rechazo, ya que “aspectos pueden incrementar costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultad para generar nuevos empleos formales”.
Los diputados aún no han reaccionado a las debilidades, según aseguran los comerciantes, que contiene supuestamente el proyecto de ley.
Santiago, R.D. – Las labores en los tribunales del pais fueron paralizadas por jueces, juezas y servidores judiciales que denuncian “abandono”, sobrecarga laboral y el deterioro extremo en que aseguran opera actualmente el Poder Judicial.
Vestidos de negro, con pancartas en alto y lanzando consignas frente al Palacio de Justicia de Santiago, cientos de magistrados y empleados judiciales protagonizaron una jornada de protesta que suspendió miles de audiencias y dejó prácticamente paralizada gran parte de la administración de justicia en República Dominicana.
La manifestación, respaldada por más de 450 jueces y más de 2,000 servidores judiciales a nivel nacional, fue definida por sus organizadores como un “grito desesperado” ante años de reclamos ignorados por las autoridades del sistema judicial.
“Este es un día histórico y trascendental para la judicatura nacional”, declaró la magistrada Esther Carolina Reyes Aracena, jueza sustituta de presidente en funciones del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, al explicar que la protesta busca obligar a las autoridades a escuchar las denuncias acumuladas durante años.
Tras el acto, jueces y empleados se trasladaron a sus respectivos tribunales para realizar la cancelación simbólica de los roles de audiencia, oficializando así el paro nacional de 24 horas, que impactará directamente miles de procesos judiciales pendientes.
La jornada alcanzó su punto más fuerte con la lectura del “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia”, pronunciado por el magistrado Rubén Uceta, quien lanzó duras críticas contra la gestión administrativa del Poder Judicial y denunció un escenario de “crisis institucional”.
“La justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual. La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales”, expresó el juez ante decenas de magistrados y servidores que respondían con aplausos y consignas.
El documento describe un sistema judicial golpeado por la falta de jueces, déficit de personal, bajos salarios, exceso de expedientes, renuncias masivas, inseguridad y deterioro de las infraestructuras judiciales.
Según denunciaron, la escasez de personal ha obligado a muchos empleados a asumir funciones equivalentes a las de dos, tres y hasta cuatro personas, mientras magistrados manejan cargas laborales que calificaron como “inhumanas”.
Los jueces también cuestionaron el manejo del presupuesto institucional, denunciando que, mientras tribunales operan en precariedad, se destinan millones de pesos a gastos considerados innecesarios.
Entre los ejemplos señalados, mencionaron el montaje de un árbol navideño valorado en cerca de 11 millones de pesos, así como gastos en publicidad, eventos, viajes, restaurantes e influencers.
“No a la industrialización de la justicia. No a la desigualdad salarial. No a la dilapidación de recursos en privilegios y campañas publicitarias”, proclamó Uceta durante la lectura del manifiesto.
“Ya no es tiempo de diagnósticos ni de planificación; es tiempo de decisiones concretas y ejecutables”, advirtieron.
El manifiesto dejó claro que la protesta no está dirigida contra una persona específica, sino contra “un modelo de gestión” que, según denunciaron, ha ignorado sistemáticamente los reclamos de jueces y servidores judiciales.