Nacionales
Sugiere mayor inversión social en comunidades turísticas
Por José Luis Chavez
Turismo es sector con mayor aporte a la economía nacional pero persisten prejuicios contra la industria
Luis José Chávez junto a Osvaldo Soriano y Fernando Placeres.
PUNTA CANA.- El turismo es el sector de mayor éxito de la economía dominicana durante la época moderna, con impacto positivo en todos los renglones de la actividad productiva, pero aún persisten muchos prejuicios y dudas sobre su real aporte al desarrollo nacional, de acuerdo al periodista Luis José Chávez, directivo de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur).
“De no haber sido por el éxito del turismo, muy distinta sería la historia de la sociedad dominicanas a partir del decenio del 1980, cuando entró en decadencia el modelo de exportación de productos tradicionales y de sustitución de importaciones”, apuntó el comunicador al cuestionar la validez de algunas críticas que se expresan en los medios de comunicación contra la industria de la hospitalidad.
Dijo que en algunos casos se acusa al turismo de generar pobreza y de acentuar diversos problemas sociales, como la delincuencia, la prostitución y la arrabalización urbana, partiendo de la equivocada premisa de que la industria, además de hacer las inversiones, traer a los turistas, operar el negocios, generar empleos y pagar impuestos, también debe reemplazar al Estado en la tarea de hacer una justa redistribución de la riqueza y ocuparse de los principales servicios públicos”.
El turismo es una actividad positiva con una pobre reputación”, comentó el periodista y politólogo ante un auditorio integrado por unos 40 comunicadores de Higuey y Punta Cana reunidos en el Teatro del Hotel Ifa Villas Bávaro.
Chávez se refirió al informe 2008 del PNUD sobre desarrollo humano que identificaba a las provincias turísticas de Puerto Plata y la Altagracia con un índice de pobreza superior al promedio nacional, situación que el mismo estudio atribuía al impacto negativo de la actividad turística. También citó una reciente opinión del síndico de Verón-Punta Cana en el sentido de que el turismo solo deja basura en esa comunidad.
Un desafío a la lógica y unos datos que no cuadran
Dijo que tanto en el plano nacional como en el caso de las dos principales provincias turísticas del país, los cuestionamientos negativos sobre el sector turístico plantean un serio desafío a la racionalidad y a la lógica.
“Veamos el caso de la provincia Altagracia. Si el turismo representa pobreza para esta provincia como es posible que en menos de 30 años esta zona se haya convertido en el principal foco de atracción de la migración interna, multiplicando por cuatro su población, mientras representa la mayor oferta de bienes y servicios del país y la tercera en consumo de energía y de automóviles”.
Dijo que los datos del último censo nacional confirman que La Altagracia, La Romana, Samaná y Puerto Plata, fueron las cuatro provincias con mayor crecimiento poblacional, siendo al mismo tiempo las cuatro principales provincias turísticas del país. En relación con el censo anterior, esas cuatro provincias registraron un aumento de 146 mil habitantes, siendo La Altagracia la provincia con la mayor tasa de crecimiento poblacional durante el período.
Y se preguntó a seguidas: “¿Como se explica que los dominicanos se desplacen de sus lugares de origen hacia otras localidades donde supuestamente se registra un mayor índice de pobreza.
El caso emblemático de la provincia Altagracia
Chávez relató que en el 1971, año de la llegada del turismo a la provincia Altagracia de la mano del joven empresario Frank Rainieri, el municipio de Higuey dependía esencialmente de la ganadería y la caña. En la ciudad existían 4 almacenes pequeños, 3 farmacias, 2 pequeñas ferreterías, 6 carnicerías, 4 talleres de mecánica, 2 fábricas de hielo, una fábrica de queso, 2 aserraderos pequeños y un pequeño negocio de venta de vehículos.
“De acuerdo a los datos extraídos de las páginas del periódico El Cometa, de Livio Mariano Cedeño, comentados en una conferencia del propio Rainieri, para el 1971 Higuey contaba con una oficina del Banco Popular con 5 empleados, un pequeño hospital publico y 4 consultorios privados, 10 abogados, 8 médicos y un ingeniero. En materia de educación tenía una escuela primaria, un liceo secundario y 2 colegios de la Iglesia Católica”.
En la actualidad la provincia Altagracia recibe más del 63% de los turistas que llegan al país, representa la mayor demanda de bienes y servicios por habitantes, la tercera oferta de servicios financieros, la tercera en consumo de energía y venta de vehículos, aporta más del 12% del PIB, y es la zona con la más alta tasa de empleo de su población nativa.
“En el caso de la provincia Altagracia, la dinámica económica del turismo garantiza oferta de empleo directo o indirecto para todos los habitantes de su territorio, pero todos sabemos que actualmente más del 50 por ciento de los habitantes de esta zona turística proceden de otras regiones, incluyendo más de 20 mil haitianos residentes en Verón y Punta Cana”, manifestó Luis José Chávez.
“Los turistas si pagan impuestos, y mucho…”
Luis José Chávez ripostó la socorrida afirmación de que los turistas no pagan impuestos porque supuestamente la industria recibe muchas exenciones del Estado. “Eso no es cierto, los turistas si pagan impuestos y mucho más de lo que cualquiera se imagina”, apuntó.
“La verdad contable y constatable es que el turista paga impuestos al fisco dominicano en todas las etapas de su visita: por el asiento del avión, por el combustible del avión, por el aterrizaje en el aeropuerto, por la seguridad del aeropuerto, por la vigilancia del espacio aéreo, por el derecho de entrada al país, por los combustibles del transporte local; por el ITBIS sobre los pasajes, por la habitación y los servicios de hotel; por los impuestos selectivos a las bebidas y cigarrillos, por los artículos electrodomésticos que se usan en el hotel, etc., hasta por los derechos de salida del país y nuevamente por el asiento del avión en que se traslada”.
Y agrego que los datos de un reciente estudio de Eco Caribe también dan cuenta del impacto fiscal que representa el turismo. En el año 2010, por ejemplo, la presión fiscal a la actividad turística fue del 23 por ciento aportando al fisco 35 mil 595 millones de pesos, el 15 por ciento de todos los recursos recaudados.
“Si los ingresos aportados por el turismo se dividen entre los 4 millones 124 mil 543 turistas extranjeros y los dominicanos no residentes recibidos, el Estado captó en el 2010 8 mil 360 pesos por cada turista ingresado al país, sin incluir otros impuestos indirectos relacionados con el consumo durante su estadía.
De acuerdo al estudio de Eco Caribe, en el 2010 el consumo turístico total sumó más de 158 mil millones de pesos, de los cuales el 23.7 por ciento terminó en manos del Gobierno. Sin incluir costos fiscales para la actividad no calculadas como impuestos, el cargo por seguridad social a las empresas y el 10 por ciento de la propina, que en el caso de los hoteles todo incluido, que representan el 80 por ciento aproximado de las habitaciones, va incluido en el paquete.
También destacó datos aportados por la Junta Agro Empresarial Dominicana (JAD) que indican que para el sector agropecuario y la agroindustria local, el turismo representa un mercado “cautivo” con un potencial de 21 mil millones de pesos.
José Luis Chavez
Nacionales
Después de castigo mediante arancel de Estados Unidos RD no aceptará productos y bienes elaborados mediante “trabajo forzoso”
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.
Santo Domingo, R.D.-Fue pospuesto para el 6 de agosto por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la decisión de si envía a juicio de fondo a Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de protagonizar un violento ataque con arma blanca en el ensanche Naco, hecho en el que falleció una mujer y varias personas resultaron heridos.
El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñiz tomó la decisión al considerar que la resolución todavía no está lista. En ese sentido ordenó a la secretaria del tribunal la notificación de la decisión, al Ministerio Público, representado por la procuradora de Corte Dulce Luciano, a la defensa del imputado, doctor Richard Martínez y al abogado Miguel Valerio, quien representa a los familiares de la víctima.
La corte de alzada deberá evaluar los argumentos de las partes tras la polémica decisión emitida el pasado 17 de marzo por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El tribunal tendrá que determinar si ratifica ese dictamen o si, por el contrario, acoge los recursos de la parte acusadora para revocarlo.
Deiby Timoteo Peguero dictó un auto de «no ha lugar» a favor de Pumarol Fernández, tras considerar que el imputado no se encontraba en condiciones de salud mental aptas para enfrentar un juicio de fondo por los hechos que se le imputan.
La decisión fue adoptada tras evaluar los documentos depositados por la defensa, entre ellos un informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que establece que el imputado sufrió un brote psicótico al momento de los hechos debido a que padece esquizofrenia paranoide.
Tras la notificación oficial del fallo, tanto el órgano persecutor como el abogado Miguel Valerio quien ostenta la representación legal de los familiares de la señora Ivonne Handal Abugabir, de 70 años, fallecida en el incidente apelaron la decisión. El recurso fue sometido dentro del plazo de 20 días hábiles que establece el artículo 309 del Código Procesal Penal.
La tragedia ocurrió en julio de 2025 en el ensanche Naco, donde Jean Andrés Pumarol Fernández atacó a varias personas con un arma blanca.
El incidente dejó como saldo fatal el deceso de la señora Ivonne Handal Abugabir. Asimismo, resultaron con heridas de gravedad Guillermo Pumarol padre del agresor, la cuidadora Teresa Fabián Heredia y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.
Santo Domingo, R.D.-La continuación del juicio por presunta corrupcion administrativa en contra del ex procurador general Jean Alain Rodriguez y compartes deberá continuar tras el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar un recurso de oposicion presentado por la barra de la defensa.
Como solicitó el Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, el tribunal declaró inadmisible el recurso contra la decisión que rechazó la mayoría de los incidentes planteados por las defensas.
La audiencia estaba convocada para la mañana, pero las juezas la reprogramaron para la tarde.
Camacho recordó que Rodríguez «se ha mantenido buscando la forma de huir al conocimiento del proceso y al conocimiento de las pruebas».
«La razón fundamental por la que Jean Alain huye al conocimiento de este proceso es porque él sabe que será asediado por las pruebas que tiene el Ministerio Público en la medida en que las mismas se produzcan en el tribunal», agregó.
El tribunal, integrado por las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, dio a conocer el fallo e inmediatamente dispuso que el Ministerio Público presentara su discurso de apertura.
Sin embargo, una de las barras de la defensa pidió aplazar la audiencia alegando un mal de salud de su defendido, solicitud que fue rechazada por las juezas al acoger el argumento del Ministerio Público de que faltaba un documento que avalara dicha condición.
El tribunal volvió a ordenar la continuación, pero la defensa de Rodríguez Sánchez volvió a presentar la solicitud de extinción de la acción penal.
Posteriormente, las juezas escucharon a Rodríguez Sánchez y dispusieron el aplazamiento de la audiencia para el próximo lunes 27 de julio, a las 9:00 de la mañana, donde será escuchada su defensa.
En respuesta a la solicitud del Ministerio Público, el pasado 6 de julio los jueces declararon inadmisibles la mayoría de los incidentes planteados por las defensas, que procuraban la nulidad del juicio, y ordenaron la continuación del proceso para el 22 de julio.
El expediente acusatorio establece que Rodríguez malversó más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general.
Además de Rodríguez, figuran Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También son procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Los imputados enfrentan cargos por presuntos delitos de corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.