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Sugiere mayor inversión social en comunidades turísticas
Por José Luis Chavez
Turismo es sector con mayor aporte a la economía nacional pero persisten prejuicios contra la industria
Luis José Chávez junto a Osvaldo Soriano y Fernando Placeres.
PUNTA CANA.- El turismo es el sector de mayor éxito de la economía dominicana durante la época moderna, con impacto positivo en todos los renglones de la actividad productiva, pero aún persisten muchos prejuicios y dudas sobre su real aporte al desarrollo nacional, de acuerdo al periodista Luis José Chávez, directivo de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur).
“De no haber sido por el éxito del turismo, muy distinta sería la historia de la sociedad dominicanas a partir del decenio del 1980, cuando entró en decadencia el modelo de exportación de productos tradicionales y de sustitución de importaciones”, apuntó el comunicador al cuestionar la validez de algunas críticas que se expresan en los medios de comunicación contra la industria de la hospitalidad.
Dijo que en algunos casos se acusa al turismo de generar pobreza y de acentuar diversos problemas sociales, como la delincuencia, la prostitución y la arrabalización urbana, partiendo de la equivocada premisa de que la industria, además de hacer las inversiones, traer a los turistas, operar el negocios, generar empleos y pagar impuestos, también debe reemplazar al Estado en la tarea de hacer una justa redistribución de la riqueza y ocuparse de los principales servicios públicos”.
El turismo es una actividad positiva con una pobre reputación”, comentó el periodista y politólogo ante un auditorio integrado por unos 40 comunicadores de Higuey y Punta Cana reunidos en el Teatro del Hotel Ifa Villas Bávaro.
Chávez se refirió al informe 2008 del PNUD sobre desarrollo humano que identificaba a las provincias turísticas de Puerto Plata y la Altagracia con un índice de pobreza superior al promedio nacional, situación que el mismo estudio atribuía al impacto negativo de la actividad turística. También citó una reciente opinión del síndico de Verón-Punta Cana en el sentido de que el turismo solo deja basura en esa comunidad.
Un desafío a la lógica y unos datos que no cuadran
Dijo que tanto en el plano nacional como en el caso de las dos principales provincias turísticas del país, los cuestionamientos negativos sobre el sector turístico plantean un serio desafío a la racionalidad y a la lógica.
“Veamos el caso de la provincia Altagracia. Si el turismo representa pobreza para esta provincia como es posible que en menos de 30 años esta zona se haya convertido en el principal foco de atracción de la migración interna, multiplicando por cuatro su población, mientras representa la mayor oferta de bienes y servicios del país y la tercera en consumo de energía y de automóviles”.
Dijo que los datos del último censo nacional confirman que La Altagracia, La Romana, Samaná y Puerto Plata, fueron las cuatro provincias con mayor crecimiento poblacional, siendo al mismo tiempo las cuatro principales provincias turísticas del país. En relación con el censo anterior, esas cuatro provincias registraron un aumento de 146 mil habitantes, siendo La Altagracia la provincia con la mayor tasa de crecimiento poblacional durante el período.
Y se preguntó a seguidas: “¿Como se explica que los dominicanos se desplacen de sus lugares de origen hacia otras localidades donde supuestamente se registra un mayor índice de pobreza.
El caso emblemático de la provincia Altagracia
Chávez relató que en el 1971, año de la llegada del turismo a la provincia Altagracia de la mano del joven empresario Frank Rainieri, el municipio de Higuey dependía esencialmente de la ganadería y la caña. En la ciudad existían 4 almacenes pequeños, 3 farmacias, 2 pequeñas ferreterías, 6 carnicerías, 4 talleres de mecánica, 2 fábricas de hielo, una fábrica de queso, 2 aserraderos pequeños y un pequeño negocio de venta de vehículos.
“De acuerdo a los datos extraídos de las páginas del periódico El Cometa, de Livio Mariano Cedeño, comentados en una conferencia del propio Rainieri, para el 1971 Higuey contaba con una oficina del Banco Popular con 5 empleados, un pequeño hospital publico y 4 consultorios privados, 10 abogados, 8 médicos y un ingeniero. En materia de educación tenía una escuela primaria, un liceo secundario y 2 colegios de la Iglesia Católica”.
En la actualidad la provincia Altagracia recibe más del 63% de los turistas que llegan al país, representa la mayor demanda de bienes y servicios por habitantes, la tercera oferta de servicios financieros, la tercera en consumo de energía y venta de vehículos, aporta más del 12% del PIB, y es la zona con la más alta tasa de empleo de su población nativa.
“En el caso de la provincia Altagracia, la dinámica económica del turismo garantiza oferta de empleo directo o indirecto para todos los habitantes de su territorio, pero todos sabemos que actualmente más del 50 por ciento de los habitantes de esta zona turística proceden de otras regiones, incluyendo más de 20 mil haitianos residentes en Verón y Punta Cana”, manifestó Luis José Chávez.
“Los turistas si pagan impuestos, y mucho…”
Luis José Chávez ripostó la socorrida afirmación de que los turistas no pagan impuestos porque supuestamente la industria recibe muchas exenciones del Estado. “Eso no es cierto, los turistas si pagan impuestos y mucho más de lo que cualquiera se imagina”, apuntó.
“La verdad contable y constatable es que el turista paga impuestos al fisco dominicano en todas las etapas de su visita: por el asiento del avión, por el combustible del avión, por el aterrizaje en el aeropuerto, por la seguridad del aeropuerto, por la vigilancia del espacio aéreo, por el derecho de entrada al país, por los combustibles del transporte local; por el ITBIS sobre los pasajes, por la habitación y los servicios de hotel; por los impuestos selectivos a las bebidas y cigarrillos, por los artículos electrodomésticos que se usan en el hotel, etc., hasta por los derechos de salida del país y nuevamente por el asiento del avión en que se traslada”.
Y agrego que los datos de un reciente estudio de Eco Caribe también dan cuenta del impacto fiscal que representa el turismo. En el año 2010, por ejemplo, la presión fiscal a la actividad turística fue del 23 por ciento aportando al fisco 35 mil 595 millones de pesos, el 15 por ciento de todos los recursos recaudados.
“Si los ingresos aportados por el turismo se dividen entre los 4 millones 124 mil 543 turistas extranjeros y los dominicanos no residentes recibidos, el Estado captó en el 2010 8 mil 360 pesos por cada turista ingresado al país, sin incluir otros impuestos indirectos relacionados con el consumo durante su estadía.
De acuerdo al estudio de Eco Caribe, en el 2010 el consumo turístico total sumó más de 158 mil millones de pesos, de los cuales el 23.7 por ciento terminó en manos del Gobierno. Sin incluir costos fiscales para la actividad no calculadas como impuestos, el cargo por seguridad social a las empresas y el 10 por ciento de la propina, que en el caso de los hoteles todo incluido, que representan el 80 por ciento aproximado de las habitaciones, va incluido en el paquete.
También destacó datos aportados por la Junta Agro Empresarial Dominicana (JAD) que indican que para el sector agropecuario y la agroindustria local, el turismo representa un mercado “cautivo” con un potencial de 21 mil millones de pesos.
José Luis Chavez
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.