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Niegan rumores de trámites para liberar a condenado crimen de Emely
Duarte, R.D.-Smarlin Rodríguez, fiscal titular de la provincia Duarte, aclaró que el Ministerio Público no ha recibido ninguna solicitud relacionada con la posible liberación de Marlon Martínez, condenado por el asesinato de la adolescente Emely Peguero, ocurrido en agosto de 2017.
Rodríguez desmintió cualquier rumor y reafirmó que, hasta el momento, no se ha iniciado ningún trámite legal en ese sentido.
“Hasta el momento, desde el Ministerio Publicó no ha sido presentada ninguna solicitud ante el área pertinente, que en este caso sería ejecución de la pena», afirmó la magistrada.
Además, explicó que según la ley, para que un recluso pueda optar por libertad anticipada, debe haber cumplido al menos la mitad de su condena. Sin embargo, señaló que esta condición no se cumple en el caso de Martínez, sentenciado a 30 años de prisión.
La condena de Marlon Martínez fue dictada en noviembre de 2018, por lo que contando desde esa fecha hasta ahora solo lleva seis años cumplidos de su pena.
“Hacemos de conocimiento que, en cuanto a la parte procedimental, no ha existido ninguna posibilidad de que se realice, así como en el petitorio no se ha realizado ante el juez de ejecución de la pena en conocimiento del Ministerio Público algún tipo de solicitud por parte de este ciudadano sobre variación de la condición en la que se encuentra”, informó la fiscal.
En el emotivo mensaje, Polanco pidió al presidente y a la primera dama que intervengan para evitar que el caso de su hija quede impune.
«Sé que están preparando la liberación de Marlon Martínez por buena conducta. Por favor, apiádese de mí, señor presidente, para que mi dolor y el de mi hija no quede impune», expresó, recordando que el 23 de agosto se cumplieron siete años desde el asesinato de su hija.
Muerte de Emely Peguero
El asesinato de Emely Peguero sucedió cuando esta tenía 16 años y se encontraba con cinco meses de embarazo. Su deceso supuestamente fue provocado por un aborto mal practicado, sumado a varios golpes que desembocaron al trágico desenlace.
Aunque el Ministerio Público responsabilizó a su novio, Marlon Martínez, de haber provocado su muerte al forzar el aborto mal practicado, las circunstancias exactas aún no están del todo claras.
Marlon es hijo de Marlín Martínez, una figura política local que fue candidata a diputada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y ocupaba el cargo de Subdirectora de la Dirección General de Pasaportes hasta que se dio a conocer la muerte de Emely.
Marlín fue juzgada junto a su hijo por sustracción de menores y ocultamiento del cadáver, recibiendo una condena de dos años de prisión, una sentencia que generó rechazo en la sociedad, que esperaba una pena mucho más severa. Tras su liberación en 2019, Marlín emigró a los Estados Unidos.
Por su parte, Marlon Martínez fue condenado a 30 años de cárcel, la pena máxima, por el asesinato y tortura de Emely Peguero.
El caso atrajo la atención mediática desde su inicio, cuando los medios locales de San Francisco de Macorís reportaron la desaparición de Emely.
Su madre, Adalgisa Polanco, subió un video a las redes sociales denunciando la desaparición de su hija, lo que avivó el interés público.
Emely fue reportada como desaparecida el 23 de agosto de 2017, y permaneció así durante 14 días antes de que su trágico destino fuera finalmente revelado.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.