Opinión
Soberanía en Peligro: La Lucha por Nuestros Recursos
Por Isaías Ramos
En los últimos días, he escuchado las voces preocupadas de líderes comunitarios que reflejan el sentir de muchos dominicanos. La crisis que vivimos no es solo una serie de estadísticas frías; es un clamor que resuena en cada hogar, en cada rincón del país. La incertidumbre, la miseria y la inseguridad ciudadana han alcanzado niveles alarmantes. La reciente imposición de contadores de electricidad con prepago no es solo un cambio técnico; es un golpe directo a nuestros derechos fundamentales y a la dignidad de millones de ciudadanos. Este cambio no solo sorprende, sino que nos despoja de un acceso vital a un servicio básico, dejando claro que una élite política y económica controla lo que es de todos.
Desde 1997, hemos visto cómo nuestra soberanía se ha entregado a intereses nacionales y extranjeros, un proceso que amenaza no solo nuestra economía, sino la esencia misma de lo que somos como pueblo. Esta entrega sistemática ha creado heridas profundas en el tejido social y cultural de nuestra nación. Nos encontramos al borde de una nueva ola de privatización, donde las decisiones políticas parecen ignorar la Constitución y las necesidades urgentes de la población.
El legado que esta élite política está dejando es desolador. Las expropiaciones de nuestro patrimonio nacional han allanado el camino para que grandes capitales saqueen nuestros recursos naturales, dejándonos solo con el pasivo ambiental de una destrucción irreversible. Es indignante pensar que quienes nos han gobernado en las últimas décadas, lejos de proteger nuestro patrimonio, otorgan exenciones fiscales a empresas mineras que destruyen nuestro entorno. Mientras tanto, nosotros, los ciudadanos, pagamos precios exorbitantes por la electricidad, atrapados en un sistema que solo enriquece a unos pocos a costa de nuestro bienestar.
A esto se suma el escándalo de financiar el turismo mediante “fideicomisos públicos”, mientras nuestras comunidades son excluidas del acceso a sus propias playas. Esta paradoja resalta una distorsión dolorosa en nuestras prioridades, donde sacrificamos lo que más amamos—nuestro patrimonio natural—por el lucro inmediato de unos pocos.
Los números son alarmantes: más de 340 mil millones de pesos en exenciones fiscales, de los cuales apenas 140 tienen un impacto positivo en la sociedad. ¿Dónde está nuestra responsabilidad como Estado Social y Democrático de Derecho? La salud, la educación y la alimentación básica son derechos fundamentales que deben estar protegidos, no expuestos a los vaivenes de una política fiscal injusta. Y mientras esto ocurre, el gobierno recorta el presupuesto de educación con unos 20 mil millones, dejando a nuestros niños y jóvenes sin el futuro que merecen.
Es momento de despertar. No podemos seguir siendo espectadores pasivos mientras nuestros recursos son despojados sin piedad ni rendición de cuentas. Debemos unirnos en un grito de resistencia, exigiendo políticas públicas que prioricen nuestro bienestar antes de enriquecer a intereses ajenos. La soberanía no es solo un concepto abstracto; es nuestra esencia, nuestra identidad como pueblo.
La historia nos ha enseñado lecciones amargas. Hemos caído bajo el dominio extranjero en el pasado; hoy enfrentamos nuevos desafíos que amenazan nuestra cultura y nuestra tierra. El saqueo sistemático de nuestros recursos naturales debe cesar de inmediato si realmente queremos construir un futuro digno. Estamos llamados no solo a resistir, sino a reimaginar el país que deseamos.
Por eso, en el Frente Cívico y Social hacemos un llamado urgente: luchemos juntos por una República Dominicana que ponga en el centro a su gente, donde las políticas públicas se orienten hacia el bienestar de todos y no solo de unos pocos privilegiados. Es tiempo de reclamar con firmeza lo que nos pertenece, no solo por nosotros, sino por aquellos que soñaron con un futuro mejor y cuyas voces aún resuenan en nuestra historia.
En el FCS entendemos que la defensa de nuestra soberanía es una tarea colectiva, y cada uno de nosotros tiene un papel crucial. No podemos permitir más abusos ni entregas de nuestro patrimonio. Este es el momento de alzar la voz, de actuar y de construir el futuro que merecemos. La historia nos observa; dejemos claro hoy qué legado queremos dejar.
¡Despierta, RD!
Por Isaías Ramos
Hoy, más que nunca, el pueblo dominicano se encuentra en una encrucijada crítica. Después de casi tres décadas marcadas por el despilfarro y el endeudamiento, nuestra élite política y económica parece estar preparando una segunda oleada de saqueo sin precedentes. Estas castas insensibles a la justicia social han tejido un entramado legal diseñado para expropiar sistemáticamente lo que pertenece al pueblo, dejando tras de sí un legado de injusticia y desigualdad que amenaza con perpetuarse en el tiempo.
Recordemos cómo la «Ley de Capitalización», implementada el 30 de abril de 1997, arrasó con nuestro patrimonio colectivo. Esta ley no solo destruyó a CORDE —que incluía más de 30 empresas estatales— sino que también dejó a miles de trabajadores enfrentando la incertidumbre laboral. Las pérdidas acumuladas por el desmantelamiento del sector eléctrico superan los 25 mil millones de dólares en subsidios; recursos que hoy podrían haber sido invertidos en educación, salud y bienestar social para todos los dominicanos.
A pesar del sufrimiento visible causado por estas decisiones erradas y lesivas, nuevos mecanismos como las alianzas público-privadas intentan disfrazar esta depredación como progreso o modernización. Nuestros aeropuertos han sido entregados bajo condiciones peores que las del primer escándalo registrado en 1999; proyectándose esta situación hasta el año 2060 sin ningún beneficio claro para el pueblo dominicano. Este usufructo ha generado ya más de 4 mil millones para unos pocos privilegiados mientras nosotros seguimos mendigando dignidad y acceso a servicios básicos.
El caso del “peaje sombra” ilustra esta voracidad insaciable: más de 2 mil millones pagados sin consecuencias ni rendición de cuentas para sus autores intelectuales resaltan una alarmante realidad donde los grupos privilegiados buscan despojar nuestras infraestructuras mediante concesiones similares o nuevas figuras legales bajo la ley 46-20 sobre «alianzas público-privadas».
Además, hemos sido testigos del uso opaco e irresponsable de fideicomisos públicos; figuras como RDVIAL han comprometido nuestras carreteras destinando más del 50%de sus ingresos solo al pago exorbitante de intereses, mientras nuestras vías continúan deteriorándose por falta mantenimiento adecuado e inversión real. Nos preocupa seriamente si algún acreedor termina interviniendo nuestras carreteras hasta cubrir sus préstamos; esto podría ser similar a lo ocurrido con Buenaventura Báez frente a Hartmont Brothers and Co., resultando décadas después en intervenciones extranjeras que arruinaron aún más nuestra soberanía.
Desde el Frente Cívico y Social (FCS) hacemos un llamado urgente al pueblo dominicano: despierten antes que sea demasiado tarde; no queremos ser protagonistas trágicos como aquella fábula sobre la rana hervida, donde cada día nos adaptamos lentamente a la injusticia hasta perderlo todo sin darnos cuenta. La historia nos observa atentamente; no permitamos ser comparsas ante este saqueo sistemático orquestado desde las esferas del poder.
Juntos tenemos la fuerza necesaria para revertir este rumbo destructivo: denunciemos con firmeza e integridad cada acto injusto cometido contra nuestros derechos fundamentales y proponemos alternativas viables centradas en la defensa colectiva del bien común y nuestro futuro compartido.
La hora del despertar ha llegado; hagámoslo no solo por nosotros mismos sino también por aquellos que vendrán después: nuestros hijos e hijas merecen vivir en un país justo, equitativo y digno. Que resuene nuestra voz fuerte ante quienes han hecho su propio juego con nuestros recursos naturales y nuestro trabajo arduo.
Despierta RD!
Por Miguel Guerrero
A la larga todos resultan iguales tan pronto como alcanzan el poder. Al principio muestran diferencias de matices. Nadie, sin embargo, quiere ya parecer distinto o establecer una distancia razonable de lo que hacían los otros. Ni los que llegaron con otras banderas resultaron ser una excepción a la regla.
Escuchando esta reflexión, alguien me preguntó si creía que el sistema político nacional era básica y esencialmente corrupto. Le respondí que hiciéramos un listado de dirigentes políticos que hayan ocupado cargos públicos importantes en los últimos veinte años y comparemos después cómo vivían antes con su estatus actual. La conclusión, con pocas excepciones, produciría un gran espasmo nacional.
Hay un acuerdo, obviamente tácito, de la clase política para protegerse mutuamente y eso es lo que ha permitido que detrás de unos lleguen los otros. Con idénticos resultados. Intentemos algunos ejemplos patéticos. Las ciudades están hechas verdaderos desastres, con grandes acumulaciones de basura. Los servicios públicos elementales no funcionan y el gasto del Gobierno no responde a prioridades nacionales, sino a intereses de grupos o de partidos.
Lo más deplorable de esa crisis moral es el cinismo que caracteriza algunas acciones, cuando se pretende justificar con falsas motivaciones morales lo que se criticaba al adversario o antecesor. Al final, terminan cometiendo el mismo pecado. Una clara evidencia de ese proceder es el otorgamiento de contratos de grado a grado, que se da a casi todos los niveles del sector público, en los gobiernos centrales como en los municipios. Tratando de justificar con ello una violación a las normas y al buen sentido, en el pretexto de solucionar un problema urgente o simplemente atender un reclamo de la población que se ha ido haciendo vieja con el paso del tiempo y la indiferencia de regímenes anteriores.
Por Rommel Santos Díaz
El derecho internacional requiere que todas las personas en cargos de autoridad estén obligados a prevenir que sus subordinados violen las reglas del derecho internacional humanitario. Los artículos 86 y 87 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra regularon este principio.
Así como lo estipula el Tribunal Penal Internacional en el caso Detali c, los comandantes militares de cada Estado Parte del Estatuto de Roma deberán instruir correctamente a sus soldados las reglas del derecho internacional humanitario, y asegurar que estas reglas se observen en la toma de decisiones en operaciones militares, y crear una red de comunicaciones que permita la rápida comunicación a los comandantes de cualquier violación a las leyes de guerra cometidas por sus soldados. Deberán también aplicar las medidas correctivas para cada violación del derecho internacional humanitario.
El artículo 28 del Estatuto de Roma describe la responsabilidad de los jefes y otros superiores , el cual se divide en dos secciones. El párrafo (a) trata la responsabilidad de los jefes militares. El párrafo (b) detalla la responsabilidad de los jefes civiles.
Los jefes militares pueden ser responsables por aquellos crímenes que cometan sus soldados, si los jefes conocían o deberían haber conocido que estos crímenes se estaban cometiendo, y si por negligencia no tomaron las medidas necesarias para prevenir o impedir la comisión de tales delitos.
La responsabilidad de los jefes militares esta constituida por estos tres elementos esenciales:
- La jefatura y control efectivos sobre las personas que cometan estos crímenes;
- El jefe conocía o debería haber conocido que el crimen estaba por cometerse o ya se había cometido;
- El jefe no tomó todas las medidas necesarias y razonables dentro de su poder para prevenir el crimen o sancionar a su autor.
Los superiores no militares podrán ser responsables por los crímenes que cometan sus subordinados cuando tenían el conocimiento o conscientemente eludieron la información que claramente indicaba que los subordinados estaban cometiendo o estaban por cometer un crimen de la CPI; cuando los crímenes estaban relacionados con las actividades bajo el control del superior; y cuando el superior negligentemente no tomó las medidas necesarias para prevenir o impedir los crímenes o para informar a las autoridades civiles competentes para investigar o iniciar el proceso judicial oportuno.
Los elementos de la ofensa son los mismos para los jefes militares con la excepción del elemento relacionado al conocimiento de la comisión del crimen. El artículo 28 (b) del Estatuto de Roma indica que en el caso de un jefe civil, la carga de la prueba para condenarlo es mayor que aquella requerida para condenar a un jefe militar.
Ya sea el conocimiento de la comisión del crimen o la negligencia deberán ser demostrados. En otras palabras, para establecer la intención culpable de un superior no militar, es necesario demostrar la disponibilidad de la información que indicaba la posibilidad de que los subordinados habían cometido o estaban por cometer un crimen, y la posesión de esta información por parte del superior , así como la decisión de este de no actuar al respecto.
Los civiles a quienes se refiere esta disposición son los líderes políticos, hombres de negocios y altos mandatarios. Los jefes militares están sujetos a estándares mas estrictos según el derecho internacional humanitario, debido a la estructura militar y la necesidad de mantener la disciplina militar que hacen esta medida necesaria y conveniente
La presencia de una jerarquía de poder es una condición necesaria para determinar la responsabilidad de un superior. Sin embargo, el poder no deriva solamente de la posición oficial de la persona acusada. El factor determinante es el ejercicio efectivo de autoridad y control sobre las acciones de los subordinados.
El control puede ser otorgado oficialmente o simplemente ejercido de hecho. Además, el poder legal sobre los subordinados no constituye una condición absoluta para establecer la responsabilidad de un jefe, quien puede ser en algunos casos parte de una línea indirecta de poder.
Por ejemplo, los líderes militares podrán ser responsables por actos cometidos por individuos que no estén oficialmente bajo su control dentro de la jerarquía de poder, pero sobre los cuales si hubiesen podido ejercer poder de hecho para prevenir o impedir la comisión del crimen.