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Incautan caja fuerte, celular, documentos y vehículos a Hugo Beras, dice abogada

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Santo Domingo, R.D.-La defensa de Hugo Beras, Laura Acosta, declaró que su cliente le hizo saber de los allanamientos en su residencia y que le incautaron el teléfono celular, una caja fuerte vacía que había comprobado recientemente y varios documentos.

“Me dice su esposa que lo que ella vio que se llevaron fue una caja fuerte que acaban de comprar y estaba vacía porque ella había dejado la llave adentro y no abría, el celular de Hugo y unos documentos”, dijo Acosta en una llamada telefónica en el programa radial El Sol de la Mañana, de Zol 106.5 FM.

Además, los fiscales se llevaron dos vehículos propiedad del Beras, según Acosta, al tiempo en que indicó “no recuerdo qué más (bienes) ahora mismo”.

La abogada de Beras denunció la forma “arbitraria” en que se produjo el arresto de su cliente, debido a que sucedió en presencia de su hijo más pequeño, cuando su esposa lo bañaba.

Acosta dijo que el fiscal a cargo, que respondía al nombre de Héctor García, le impidió acompañar a Beras y ver las órdenes de allanamiento y detención, catalogando el accionar de los miembros actuantes como una “violación a la ley” e “innecesario el proceder”.

“No nos dieron ninguna explicación, porque puedo y yo tengo el poder. Era que no y que no”, dijo al ser entrevistada en el programa radial matutino.

Contó que se escabulló por el sótano del edificio cuando bajaron a su cliente y así pudo verlo, mientras el fiscal le pedía que se fuera, que “no le hiciera las cosas difíciles”, a lo que ella cuestionó que por qué no le permitía verlo, teniendo como respuesta que “en ese procedimiento no está previsto que el abogado participe”.

Criticó el hecho de que los fiscales allanen un sitio, se lleven bienes y no dejen el acta de allanamiento “y pretendan luego llamarme cuando estoy afuera de la Procuraduría para ponerme a Hugo para que yo le diga a Hugo que firme. Yo no sé si creen que estaban hablando con una estúpida”.

Me ponen a Hugo a las 1:00 de la mañana para decirle que firme, y yo le digo, pero imposible, tienen que dejarme subir para asistirlo. Déjenme subir, yo leo lo que ustedes quieren y firmo si es necesario y me dicen que no voy a subir, que yo lo voy a ver en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y yo le digo que está violando la constitución de la República y me dice que no va a litigar conmigo y me cierra el teléfono”, manifestó.

Según Acosta, Hugo asumió una postura de responsabilidad desde el momento en que se separó de su cargo, aguardando en silencio hasta que concluyera la investigación que lo involucraba, al ser cuestionada sobre si Hugo pudiese detectar la irregularidad antes de que Compras y Contrataciones Públicas hiciera la declaración del contrato de Transcore Latam.

Hugo como director de esa institución tiene una responsabilidad, independientemente de si yo vi o si leí, la cabeza de una institución tiene una responsabilidad sobre lo que hacen sus subalternos”, manifestó.

Indicó que ese tipo de responsabilidad va más allá de las acciones directas que un director pueda haber tenido o no sobre un caso específico, pues la autoridad máxima debe responder por los actos de toda la institución.

“La molestia de lo planteado ayer se debió a que circula un documento elaborado por la Contraloría General de la República, Contrataciones Públicas emite seis resoluciones y en ningún momento ninguna de esas instituciones asumen su culpa cuando actuaron en el proceso, aprobaron etapas del proceso y permitieron que se pagara. Entonces él dice yo asumo mi responsabilidad, pero dónde estaban los órganos de control”, manifestó.

Acosta declaró que desconocía sobre la detención y que la entrevista del día de ayer “estaba programada desde hace un tiempo y no sabíamos nada”.

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Reglamento de armas de la Policía Nacional sobre el tapete con Operación Pandora.

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Santo Domingo, R.D.-El sistema de control y regulación del armamento utilizado por la Policía Nacional se rige  por un  Reglamento de la institución  para el registro, almacenamiento y conservación de armas, municiones y equipamientos letales y no letales.

Su aplicación busca garantizar que todo el armamento esté debidamente registrado, controlado y custodiado, minimizando así los riesgos asociados a su uso indebido.

El reglamento cubre diversos aspectos, desde el registro de huellas balísticas, hasta el control de las armas asignadas a cada agente policial y sus respectivas dependencias. En este reglamento la Intendencia de Armas de la Policía Nacional será responsable de la gestión, custodia y mantenimiento de las armas y municiones, asegurando que se cumpla con los protocolos establecidos.

  • Activan Operación Pandora contra red criminal de policías

Puntos clave del reglamento

1. Asignación y control de armas:

El reglamento especifica que solo el intendente de armas puede asignar armamento a los miembros de la Policía Nacional. Cada arma será registrada, identificada con un número de serie y monitorizada a través de un sistema de control digital que garantizará la trazabilidad del armamento asignado.

2. Responsabilidad y sanciones:

En caso de pérdida o sustracción de un arma, el miembro de la Policía Nacional deberá informar inmediatamente sobre el incidente. Si la pérdida se debe a negligencia, se impondrán sanciones económicas que incluirán el descuento del valor del arma de los haberes del responsable, según lo dictado por la ley.

3. Auditorías y supervisión:

Como parte de la estrategia de control, el reglamento establece auditorías periódicas tanto a nivel de la Intendencia de Armas como en las dependencias locales. Además, se realizarán pruebas balísticas a las armas de fuego para asegurar su correcta operatividad y registro en la base de datos centralizada del Sistema Nacional de Control de Armas (SISNA).

4. Custodia y almacenamiento seguro:

Las armas deberán ser almacenadas en instalaciones especializadas, bajo control de los encargados de armas, quienes deberán mantener un registro detallado de cada una, incluyendo su estado de conservación, el uso que se les ha dado y la asignación a agentes específicos.

5. Comunicación inmediata ante pérdida o sustracción

Uno de los puntos más relevantes del reglamento es la obligación de notificar, de inmediato, cualquier pérdida o sustracción de armas, tal y como se establece en el Artículo 36.

Los coordinadores de las unidades deben informar sin demora a la Dirección General de la Policía Nacional y al intendente de armas en caso de pérdida de cualquier arma asignada. Este protocolo tiene como objetivo establecer mecanismos rápidos de respuesta y control ante situaciones de riesgo.

6. Control exhaustivo en el traslado y asignación de armas

El reglamento también regula el traslado de armas entre distintas dependencias de la Policía Nacional, asegurando que todos los movimientos sean registrados de manera minuciosa.

De acuerdo con el Artículo 38, los coordinadores de Recursos Humanos deben detallar en los documentos de envío las características de las armas, lo que incluye la marca, modelo y número de serie de cada pieza asignada.

Además, el Artículo 39 establece la obligación de cotejar regularmente estos datos con los registros de la Intendencia de Armas para verificar que las armas asignadas estén efectivamente en manos de los titulares registrados.

7. Responsabilidad y control de calidad en las armas asignadas

La seguridad de las armas no solo depende de su correcta gestión administrativa, sino también de su mantenimiento adecuado.

El reglamento establece estrictas normas para la limpieza, conservación y reparación de las armas. En este sentido, el Artículo 47 prohíbe el uso de materiales corrosivos para la limpieza de armas y subraya la responsabilidad de los agentes encargados de la manutención para evitar daños o negligencia.

8. Sanciones por negligencia o alteraciones

El reglamento también establece consecuencias claras para aquellos que violen las normas. Según el Artículo 66, cualquier alteración en las características de las armas, como el borrado del número de serie, será sancionada severamente.

Asimismo, el reglamento estipula que en caso de desperfectos por negligencia, los responsables enfrentan medidas disciplinarias, garantizando así que todos los miembros de la Policía Nacional se adhieran estrictamente a los procedimientos establecidos.

9. Transparencia en los informes semestrales

El reglamento también refuerza la obligación de los coordinadores de Recursos Humanos de presentar informes semestrales a la Intendencia de Armas, según lo dispuesto en el Artículo 40.

Estos informes deben incluir un inventario completo de las armas y propiedades afines, lo que permite mantener actualizado el registro y detectar cualquier irregularidad con respecto a las armas en poder de los miembros policiales.

Violaciones al reglamento de custodia y almacenamiento de armas

El caso de la Operación Pandora destaco el total incumplimiento del reglamento para el registro, almacenamiento y conservación de armas, municiones y equipamientos letales y no letales por parte de los miembros de la Policía Nacional.

Entre las violaciones más graves cometidas por los funcionarios detenidos se encuentran:

– Falsificación y manipulación de registros: Según el artículo 15 del reglamento, el intendente de armas debe llevar un registro riguroso de las asignaciones de armas y municiones.

Los funcionarios involucrados en el robo alteraron estos registros para ocultar la sustracción de municiones y armas.

– Distribución ilegal de municiones: El artículo 55 establece que la distribución de municiones debe realizarse solo a través de los canales oficiales y conforme a los requerimientos de la institución.

Sin embargo, los detenidos distribuían las municiones robadas sin ningún control, vendiéndolas en el mercado negro.

– Falta de control en los depósitos: El artículo 57 estipula que los depósitos deben cumplir con medidas de seguridad estrictas, como la vigilancia constante y la organización adecuada de las armas.

Las autoridades encontraron que los depósitos eran vulnerables y que las municiones no estaban almacenadas bajo las condiciones de seguridad exigidas.

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Las cédulas exige Migración a todos los dominicanos que salen del país

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Santo Domingo, R.D.-Con el supuesto propósito de evitar la suplantación de identidad la Dirección General de Migración informó este lunes que está solicitando las cédulas de identidad a todas las personas que se disponen a salir del país.

«El documento que se requiere para viajar es el pasaporte, pero estamos pidiendo la cédula como un mecanismo para validar identificación y evitar suplantación de identificad», reza un breve comunicado compartido con este medio tras una solicitud de información.

El comunicado señala que las personas pueden mostrar el documento de identificación tanto físico como en formato digital. Sin embargo, la entidad declinó responder a partir de qué fecha comenzó a implementarse esta medida, alegando motivos de «seguridad nacional».

«Es una medida de reciente aplicación«, fue la escueta respuesta de la institución.

La Dirección General de Migración (DGM) también declinó informar sobre el motivo que provocó la medida, citando las mismas razones.

«No se ha devuelto ninguna persona por no tener la cédula al momento de hacer migración de salida y entendemos que presentarla no genera retraso a los pasajeros«, dice la entidad en el comunicado sobre la medida que hasta el momento no había sido informada y tomó por sorpresa a muchos viajeros dominicanos.

Además del pasaporte y ahora la cédula, los dominicanos que tienen planificado salir del país deben llenar el formulario digital E-ticket y presentar el código QR que se genera en el aeropuerto. Este también es requerido para entrar.

Este formulario es un requisito tanto para nacionales como extranjeros, el mismo debe ser llenado en un portal autorizado por el gobierno dominicano.

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El TC Tribunal declara constitucional acuerdo de Cielos Abiertos con los Estados Unidos

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Santo Domingo, R.D.-A través de una sentencia evacuada este lunes el Tribunal Constitucional declaró constitucional el acuerdo de Cielos Abiertos con los Estados Unidos, el cual promete “abaratar” los precios de los tickets aéreos y ampliar las operaciones de las aerolíneas de ambos países.

El pasado 2 de agosto, el ministro de Turismo, David Collado firmó el acuerdo con el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández, en el Palacio Nacional.

Tras la declaración, el Tribunal ordenó remitir la sentencia al presidente para que proceda con la firma y el sometimiento del acuerdo en el Congreso Nacional.

La sentencia solo contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, donde explicó que el contenido del acuerdo “excluye el contenido de la soberanía” lo que significa que en este no se reconoce, implícitamente, que República Dominicana “tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio”.

Durante la firma el pasado agosto, el mandatario dominicano afirmó que el acuerdo es un paso para el fortalecimiento de nuestras conexiones internacionales y el desarrollo económico del país.

«Gracias a este acuerdo los viajeros y transportistas tendrán acceso a amplia gama de opciones de servicios. Las aerolíneas podrán ofrecer no solo tarifas competitivas, sino también servicios que respondan a las diversas necesidades de los ciudadanos y de nuestros visitantes. Se conectarán más puntos con mayores frecuencias y sobre todo con mejores precios», dijo

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