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El 28 de octubre pronunciarán fallo a Argenis Contreras por asesinato de Yuniol Ramírez.
Santo Domingo, R.D.-El próximo lunes 28 de octubre a las diez de la mañana las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pronunciarán el fallo definitivo en el nuevo juicio de fondo contra Argenis Contreras y otros imputados por el secuestro y asesinato del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez.
En el caso, que se conoce en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, se retiraron a deliberar hasta la citada fecha.
Por un lado, los imputados que recibieron sentencias condenatorias piden la absolución; mientras que el Ministerio Público solicita 30 años de prisión para Contreras.
Además de él, por el crimen son señalados Víctor Ravelo Campos y José Mercado Blanco, a quien se les dictó sentencia absolutoria en septiembre de 2022. Para ellos, en esta nueva etapa, el órgano persecutor pide 20 años. Ellos se declararon inocentes bajo lágrimas en el estrado.
En sus exposiciones, el Ministerio Público revivió la escena en que fue hallado sin vida Yuniol Ramírez, en un arroyo de la comunidad de Manoguayabo en Santo Domingo Oeste, el 12 de octubre de 2017, hace ya siete años.
El proceso hasta el nuevo juicio
En febrero pasado, la Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló la decisión dictada en septiembre de 2022 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional e impuso dos años de prisión por corrupción contra Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
En consecuencia, ordenó un nuevo juicio contra Argenis Contreras, Lilian Francisca Suárez, Víctor Ravelo Campos y José Mercado, acusados del secuestro y asesinato de Yuniol Ramírez.
El Ministerio Público señala a Argenis Contreras como el principal autor material del crimen, y lo vincula con actos de corrupción administrativa en la OMSA durante la gestión de Manuel Rivas entre 2012 y 2016. Tras el asesinato del profesor universitario, Contreras huyó del país y fue extraditado desde Estados Unidos en febrero de 2021.
Piden sean liberados
La defensa de Argenis Contreras y los demás imputados piden que su clientes sean absueltos.
Además, preguntan la razón por la el empresario Eddy Santana Zorilla fue dejado en libertad por el sexto juzgado de la Instrucción del municipio de Santo Domingo Oeste en 2018.
A Santana Zorrilla se le acusó de presuntamente cometer actos de corrupción en OMSA, dejando como desenlace el asesinato del abogado Yuniol Ramírez.
En sus exposiciones Contreras menciona al coronel Faustino Rosario, gerente financiero de la Omsa, acusado de corrupción. Dice que este formaba parte del mapeo o de las llamadas que establece el Ministerio Público, el día del hecho.
El abogado Plutarco Jáquez, representante de Argenis Contreras establece que, ninguna de las pruebas presentadas por el Ministerio Público son vinculantes.
«Argenis estableció que la camioneta en que fue trasladado a Manoguayabo Yuniol Ramírez se la prestó a unos policías«, dijo Jáquez.
Considera que el plano fáctico planteado por el Ministerio Público apunta a que todo fue un homicidio, pero nunca un asesinato.
Para el abogado hay aspectos, como el informe de necropsia que no cuandran.
«El Ministerio Público dice que Argenis mató a Yuniol de un disparo desde el asiento del chofer y que este último estaba en el asiento del conductor. Sin embargo, el informe de necropsia dice que Yuniol tenía el tiro del lado derecho en la cabeza», plantea.
Cuestionó que Eddy Santana Zorilla, siendo la persona que entregó un millón de pesos a Yuniol Ramírez en una bomba de combustible, no esté sentado en el banquillo, aun figurando en el expediente.
Afirma que por eso, Ramón Ramírez, hermano de Yuniol, se retira del proceso.
«Ahí hay muchas cosas que no cuadran. Nosotros pedimos la absolución en ese caso», subrayó Jáquez, abogado de Contreras.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.