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El 28 de octubre pronunciarán fallo a Argenis Contreras por asesinato de Yuniol Ramírez.
Santo Domingo, R.D.-El próximo lunes 28 de octubre a las diez de la mañana las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pronunciarán el fallo definitivo en el nuevo juicio de fondo contra Argenis Contreras y otros imputados por el secuestro y asesinato del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez.
En el caso, que se conoce en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, se retiraron a deliberar hasta la citada fecha.
Por un lado, los imputados que recibieron sentencias condenatorias piden la absolución; mientras que el Ministerio Público solicita 30 años de prisión para Contreras.
Además de él, por el crimen son señalados Víctor Ravelo Campos y José Mercado Blanco, a quien se les dictó sentencia absolutoria en septiembre de 2022. Para ellos, en esta nueva etapa, el órgano persecutor pide 20 años. Ellos se declararon inocentes bajo lágrimas en el estrado.
En sus exposiciones, el Ministerio Público revivió la escena en que fue hallado sin vida Yuniol Ramírez, en un arroyo de la comunidad de Manoguayabo en Santo Domingo Oeste, el 12 de octubre de 2017, hace ya siete años.
El proceso hasta el nuevo juicio
En febrero pasado, la Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló la decisión dictada en septiembre de 2022 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional e impuso dos años de prisión por corrupción contra Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
En consecuencia, ordenó un nuevo juicio contra Argenis Contreras, Lilian Francisca Suárez, Víctor Ravelo Campos y José Mercado, acusados del secuestro y asesinato de Yuniol Ramírez.
El Ministerio Público señala a Argenis Contreras como el principal autor material del crimen, y lo vincula con actos de corrupción administrativa en la OMSA durante la gestión de Manuel Rivas entre 2012 y 2016. Tras el asesinato del profesor universitario, Contreras huyó del país y fue extraditado desde Estados Unidos en febrero de 2021.
Piden sean liberados
La defensa de Argenis Contreras y los demás imputados piden que su clientes sean absueltos.
Además, preguntan la razón por la el empresario Eddy Santana Zorilla fue dejado en libertad por el sexto juzgado de la Instrucción del municipio de Santo Domingo Oeste en 2018.
A Santana Zorrilla se le acusó de presuntamente cometer actos de corrupción en OMSA, dejando como desenlace el asesinato del abogado Yuniol Ramírez.
En sus exposiciones Contreras menciona al coronel Faustino Rosario, gerente financiero de la Omsa, acusado de corrupción. Dice que este formaba parte del mapeo o de las llamadas que establece el Ministerio Público, el día del hecho.
El abogado Plutarco Jáquez, representante de Argenis Contreras establece que, ninguna de las pruebas presentadas por el Ministerio Público son vinculantes.
«Argenis estableció que la camioneta en que fue trasladado a Manoguayabo Yuniol Ramírez se la prestó a unos policías«, dijo Jáquez.
Considera que el plano fáctico planteado por el Ministerio Público apunta a que todo fue un homicidio, pero nunca un asesinato.
Para el abogado hay aspectos, como el informe de necropsia que no cuandran.
«El Ministerio Público dice que Argenis mató a Yuniol de un disparo desde el asiento del chofer y que este último estaba en el asiento del conductor. Sin embargo, el informe de necropsia dice que Yuniol tenía el tiro del lado derecho en la cabeza», plantea.
Cuestionó que Eddy Santana Zorilla, siendo la persona que entregó un millón de pesos a Yuniol Ramírez en una bomba de combustible, no esté sentado en el banquillo, aun figurando en el expediente.
Afirma que por eso, Ramón Ramírez, hermano de Yuniol, se retira del proceso.
«Ahí hay muchas cosas que no cuadran. Nosotros pedimos la absolución en ese caso», subrayó Jáquez, abogado de Contreras.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.