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El 28 de octubre pronunciarán fallo a Argenis Contreras por asesinato de Yuniol Ramírez.

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Santo Domingo, R.D.-El próximo lunes 28 de octubre a las diez de la mañana las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pronunciarán el fallo definitivo en el nuevo juicio de fondo contra Argenis Contreras y otros imputados por el secuestro y asesinato del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez.

En el caso, que se conoce en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, se retiraron a deliberar hasta la citada fecha.

Por un lado, los imputados que recibieron sentencias condenatorias piden la absolución; mientras que el Ministerio Público solicita 30 años de prisión para Contreras.

Además de él, por el crimen son señalados Víctor Ravelo Campos y José Mercado Blanco, a quien se les dictó sentencia absolutoria en septiembre de 2022. Para ellos, en esta nueva etapa, el órgano persecutor pide 20 años. Ellos se declararon inocentes bajo lágrimas en el estrado.

En sus exposiciones, el Ministerio Público revivió la escena en que fue hallado sin vida Yuniol Ramírez, en un arroyo de la comunidad de Manoguayabo en Santo Domingo Oeste, el 12 de octubre de 2017, hace ya siete años.

El proceso hasta el nuevo juicio

En febrero pasado, la Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló la decisión dictada en septiembre de 2022 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional e impuso dos años de prisión por corrupción contra Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

En consecuencia, ordenó un nuevo juicio contra Argenis Contreras, Lilian Francisca Suárez, Víctor Ravelo Campos y José Mercado, acusados del secuestro y asesinato de Yuniol Ramírez.

El Ministerio Público señala a Argenis Contreras como el principal autor material del crimen, y lo vincula con actos de corrupción administrativa en la OMSA durante la gestión de Manuel Rivas entre 2012 y 2016. Tras el asesinato del profesor universitario, Contreras huyó del país y fue extraditado desde Estados Unidos en febrero de 2021.

Piden sean liberados

La defensa de Argenis Contreras y los demás imputados piden que su clientes sean absueltos.

Además, preguntan la razón por la el empresario Eddy Santana Zorilla fue dejado en libertad por el sexto juzgado de la Instrucción del municipio de Santo Domingo Oeste en 2018.

A Santana Zorrilla se le acusó de presuntamente cometer actos de corrupción en OMSA, dejando como desenlace el asesinato del abogado Yuniol Ramírez.

En sus exposiciones Contreras menciona al coronel Faustino Rosario, gerente financiero de la Omsa, acusado de corrupción. Dice que este formaba parte del mapeo o de las llamadas que establece el Ministerio Público, el día del hecho.

El abogado Plutarco Jáquez, representante de Argenis Contreras establece que, ninguna de las pruebas presentadas por el Ministerio Público son vinculantes.

«Argenis estableció que la camioneta en que fue trasladado a Manoguayabo Yuniol Ramírez se la prestó a unos policías«, dijo Jáquez.

Considera que el plano fáctico planteado por el Ministerio Público apunta a que todo fue un homicidio, pero nunca un asesinato.

Para el abogado hay aspectos, como el informe de necropsia que no cuandran.

«El Ministerio Público dice que Argenis mató a Yuniol de un disparo desde el asiento del chofer y que este último estaba en el asiento del conductor. Sin embargo, el informe de necropsia dice que Yuniol tenía el tiro del lado derecho en la cabeza», plantea.

Cuestionó que Eddy Santana Zorilla, siendo la persona que entregó un millón de pesos a Yuniol Ramírez en una bomba de combustible, no esté sentado en el banquillo, aun figurando en el expediente.

Afirma que por eso, Ramón Ramírez, hermano de Yuniol, se retira del proceso.

«Ahí hay muchas cosas que no cuadran. Nosotros pedimos la absolución en ese caso», subrayó Jáquez, abogado de Contreras.

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Camacho advierte a médicos sobre riesgos penales por prestar códigos profesionales

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Por redacción

Santo Domingo.– El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, hizo este lunes un llamado a los médicos a no facilitar sus códigos profesionales para la facturación o tramitación de servicios de salud, al señalar que esa práctica puede comprometerlos penalmente.

La advertencia fue formulada tras conocerse las medidas de coerción impuestas por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, contra los imputados en el denominado caso SeNaSa 2.0, investigación vinculada a presuntas irregularidades en perjuicio del Seguro Nacional de Salud y de sus afiliados.

Camacho sostuvo que el proceso debe servir de experiencia para el sector médico y consideró necesario promover una campaña preventiva que oriente a los profesionales sobre las consecuencias de ceder sus credenciales a terceros.

“Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, manifestó el funcionario, quien afirmó que 22 médicos fueron procesados dentro de esta etapa de la investigación.

Según explicó, el Ministerio Público entiende que el uso de códigos profesionales cedidos a terceros constituye uno de los elementos que deben ser tomados en cuenta para evitar que otros médicos puedan verse involucrados en investigaciones similares.

Investigación continuará

Camacho también dejó establecido que las medidas de coerción conocidas por el tribunal no significan el cierre de las pesquisas relacionadas con SeNaSa.

El titular de Persecución consideró razonable la decisión adoptada por el juez y afirmó que, desde la perspectiva del Ministerio Público, el fallo reconoce la investigación presentada ante el tribunal.

No obstante, señaló que las indagatorias seguirán abiertas.

“La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación, y vamos a ir por más”, declaró Camacho.

Ocho imputados cumplirán prisión preventiva

El juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho de los procesados.

Los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

Mientras, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

Arresto domiciliario para otros procesados

El tribunal dispuso arresto domiciliario para las exempleadas de SeNaSa Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, así como para los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo y Víctor Felipe Rodríguez García.

A otro grupo de imputados se les impuso, además del arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantías económicas.

Para Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Keila Beatriz Acosta Leonardo, la garantía económica fue fijada en RD$2 millones, a través de una compañía aseguradora.

En el caso de Martha María Saldaña, el tribunal estableció una garantía económica de RD$3 millones, además de arresto domiciliario e impedimento de salida del territorio nacional.

Garantías de un millón de pesos

El juez también impuso garantía económica de RD$1 millón a los médicos José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré.

Estos imputados deberán, además, cumplir con presentación periódica e impedimento de salida del país.

El tribunal concedió un plazo de siete días para hacer efectivas las garantías económicas. De no cumplir con ese requisito, los afectados podrían ser trasladados a los centros penitenciarios correspondientes, conforme a la decisión judicial.

Ministerio Público atribuye varios delitos

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público vincula a los procesados de la denominada Operación Cobra 2.0-A con presuntos delitos de asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología, acceso ilícito, utilización indebida de códigos y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.

El órgano acusador sostiene que la investigación guarda relación con supuestas maniobras fraudulentas vinculadas a servicios y autorizaciones médicas en el Seguro Nacional de Salud.

El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados y pidió, además, que el expediente fuera declarado de tramitación compleja.

Durante la audiencia, los fiscales presentaron numerosos elementos de prueba para sustentar sus imputaciones.

Los arrestos fueron realizados durante allanamientos ejecutados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Caso fue declarado complejo

Además de decidir sobre las medidas de coerción, el juez Rigoberto Sena declaró el proceso de tramitación compleja, lo que permitirá que la investigación continúe bajo las reglas procesales previstas para expedientes que involucran múltiples imputados, hechos y elementos probatorios.

El Ministerio Público ha señalado que esta investigación forma parte de una nueva etapa de las pesquisas relacionadas con las presuntas irregularidades cometidas en el Seguro Nacional de Salud.

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Rodríguez García pone la persecución de prófugos entre las prioridades de la Policía Nacional

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El director policial afirma que busca cambiar la percepción de inseguridad y sostiene que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia deben entregarse; insiste en que la actuación policial debe respetar los derechos ciudadanos

Por Alberto Rodríguez

SANTO DOMINGO.– El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, colocó la persecución de personas prófugas entre las prioridades de su gestión y aseguró que la institución intensificará las acciones para localizar a quienes tienen órdenes de arresto pendientes por homicidios, robos, agresiones y otros hechos delictivos.

Rodríguez García sostuvo este lunes que procura revertir una realidad que, a su juicio, afecta la tranquilidad de la población: que sean los ciudadanos quienes sientan temor frente a la delincuencia. Su planteamiento es que la autoridad debe garantizar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad. El Día

El mayor general asumió la Dirección General de la Policía Nacional en agosto pasado y durante sus primeras semanas ha desarrollado recorridos, cambios operativos y encuentros con diferentes estructuras de la institución. La Policía ha presentado esa agenda como parte de un esfuerzo dirigido a fortalecer su presencia territorial, supervisión y capacidad de respuesta. Policía Nacional Dominicana

Una lista de prófugos bajo seguimiento

Durante sus declaraciones, Rodríguez García reveló que mantiene en su despacho una relación de personas que llevan años prófugas de la justicia y aseguró que el personal policial tiene instrucciones de trabajar en su localización.

Según explicó, entre los buscados figuran personas señaladas por homicidios, robos y agresiones, incluyendo hechos cometidos contra menores y otras personas vulnerables.

La propia Policía Nacional mantiene públicamente un listado de prófugos buscados por las autoridades, que incluye personas requeridas por distintos procesos. Policía Nacional Dominicana

El director policial exhortó a quienes tengan órdenes de arresto pendientes a entregarse voluntariamente y aseguró que serán recibidos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.

Actuación policial y derechos humanos

Las declaraciones se producen en momentos en que las actuaciones de agentes durante determinados operativos han provocado cuestionamientos, particularmente en casos reportados como intercambios de disparos.

Interrogado sobre esas críticas, Rodríguez García defendió el derecho de los policías a proteger sus vidas cuando sean atacados, pero afirmó al mismo tiempo que la institución debe actuar respetando los derechos humanos. El Día

Esa posición coincide con orientaciones ofrecidas recientemente por el propio director a miembros de la Dirección Regional Noreste, donde pidió a los agentes preservar vidas, actuar con prudencia y mantener un trato digno hacia la ciudadanía, sin renunciar a la firmeza frente al delito. También insistió en que el uso de la fuerza debe ajustarse a la Constitución, las leyes y los protocolos establecidos. Policía Nacional Dominicana

Agentes suspendidos por incidente en Villa Vásquez

Rodríguez García se refirió además a un video divulgado sobre una intervención policial en Villa Vásquez, en el que se observa a un hombre detenerse y levantar las manos durante una actuación de agentes.

El director informó que los policías involucrados fueron suspendidos y que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, órgano al que corresponde establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con el hecho. El Día

El jefe policial señaló que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de una actuación irregular de agentes puede recurrir al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

Seguridad sin apartarse de la legalidad

El discurso de Rodríguez García plantea dos líneas que deberán coexistir durante su gestión: incrementar la capacidad de persecución contra personas requeridas por la justicia y, simultáneamente, procurar que las intervenciones policiales se mantengan dentro de los límites legales.

La institución atraviesa además un proceso de reforma que incluye cambios en formación, tecnología y despliegue territorial. El Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial informó el 24 de septiembre que se han incorporado 11,001 nuevos agentes, instalado más de 8,000 cámaras corporales y ampliado de tres meses a un año el período de formación de los nuevos policías. Policía Nacional Dominicana

El desafío será que el fortalecimiento operativo produzca mayor seguridad ciudadana sin debilitar las garantías que corresponden a toda persona sometida a una investigación o persecución penal.

La persecución del delito y el respeto al debido proceso no constituyen objetivos incompatibles: forman parte de las responsabilidades que debe asumir una institución policial en un Estado de derecho.

Rodríguez García reiteró que la función de la Policía es proteger a la sociedad, preservar la paz y llevar ante las autoridades competentes a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia.

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Segundo temblor del día sacude República Dominicana y genera alarma en varias provincias

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El movimiento ocurrió a las 5:49 de la tarde y fue sentido en Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y otras localidades; hasta el momento no se reportan daños

Santo Domingo, República Dominicana.– Un fuerte temblor de tierra volvió a sentirse este domingo en distintos puntos de República Dominicana, provocando alarma entre residentes y la evacuación preventiva de algunos edificios y actividades públicas.

El movimiento ocurrió aproximadamente a las 5:49 de la tarde y fue percibido en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y otras zonas del país.

Los primeros reportes situaron la magnitud en 5.5, aunque las mediciones fueron ajustadas posteriormente por diferentes organismos especializados.

El Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo informó más tarde una magnitud de 5.6, con una profundidad estimada de 113 kilómetros y localización a unos 8.5 kilómetros al este-noreste de Ramón Santana, en San Pedro de Macorís.

Otros registros internacionales actualizaron el evento con valores distintos, algo habitual mientras se revisan los parámetros de un sismo.

Movimiento fue sentido a gran distancia

La profundidad del temblor contribuyó a que fuera percibido en una amplia parte del territorio nacional.

En Santo Domingo, algunas personas abandonaron temporalmente edificios y establecimientos comerciales como medida de precaución.

También fueron evacuados momentáneamente visitantes y participantes de la Feria del Libro, en la Plaza de la Cultura.

Hasta las últimas informaciones disponibles, no se habían reportado personas heridas ni daños estructurales de consideración.

Fue el segundo sismo sentido este domingo

Horas antes, alrededor de las 6:06 de la mañana, otro movimiento telúrico había sido registrado en territorio dominicano.

Ese primer evento fue reportado con magnitud aproximada de 4.1 y una profundidad cercana a los 10 kilómetros.

El director del Instituto Sismológico de la UASD explicó que durante la jornada se habían registrado varios eventos y relacionó esa actividad con la interacción entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe.

Autoridades mantienen vigilancia

Los organismos especializados continúan revisando los parámetros del movimiento y monitoreando cualquier actividad sísmica posterior.

Las diferencias entre las magnitudes divulgadas inicialmente responden a los ajustes que realizan las redes sismológicas a medida que reciben y procesan información procedente de más estaciones.

Mientras continúan las evaluaciones, las autoridades recomiendan a la población mantener la calma, revisar las condiciones de sus viviendas y seguir únicamente las informaciones emitidas por organismos oficiales ante cualquier nuevo movimiento.

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