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El 28 de octubre pronunciarán fallo a Argenis Contreras por asesinato de Yuniol Ramírez.
Santo Domingo, R.D.-El próximo lunes 28 de octubre a las diez de la mañana las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pronunciarán el fallo definitivo en el nuevo juicio de fondo contra Argenis Contreras y otros imputados por el secuestro y asesinato del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez.
En el caso, que se conoce en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, se retiraron a deliberar hasta la citada fecha.
Por un lado, los imputados que recibieron sentencias condenatorias piden la absolución; mientras que el Ministerio Público solicita 30 años de prisión para Contreras.
Además de él, por el crimen son señalados Víctor Ravelo Campos y José Mercado Blanco, a quien se les dictó sentencia absolutoria en septiembre de 2022. Para ellos, en esta nueva etapa, el órgano persecutor pide 20 años. Ellos se declararon inocentes bajo lágrimas en el estrado.
En sus exposiciones, el Ministerio Público revivió la escena en que fue hallado sin vida Yuniol Ramírez, en un arroyo de la comunidad de Manoguayabo en Santo Domingo Oeste, el 12 de octubre de 2017, hace ya siete años.
El proceso hasta el nuevo juicio
En febrero pasado, la Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló la decisión dictada en septiembre de 2022 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional e impuso dos años de prisión por corrupción contra Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
En consecuencia, ordenó un nuevo juicio contra Argenis Contreras, Lilian Francisca Suárez, Víctor Ravelo Campos y José Mercado, acusados del secuestro y asesinato de Yuniol Ramírez.
El Ministerio Público señala a Argenis Contreras como el principal autor material del crimen, y lo vincula con actos de corrupción administrativa en la OMSA durante la gestión de Manuel Rivas entre 2012 y 2016. Tras el asesinato del profesor universitario, Contreras huyó del país y fue extraditado desde Estados Unidos en febrero de 2021.
Piden sean liberados
La defensa de Argenis Contreras y los demás imputados piden que su clientes sean absueltos.
Además, preguntan la razón por la el empresario Eddy Santana Zorilla fue dejado en libertad por el sexto juzgado de la Instrucción del municipio de Santo Domingo Oeste en 2018.
A Santana Zorrilla se le acusó de presuntamente cometer actos de corrupción en OMSA, dejando como desenlace el asesinato del abogado Yuniol Ramírez.
En sus exposiciones Contreras menciona al coronel Faustino Rosario, gerente financiero de la Omsa, acusado de corrupción. Dice que este formaba parte del mapeo o de las llamadas que establece el Ministerio Público, el día del hecho.
El abogado Plutarco Jáquez, representante de Argenis Contreras establece que, ninguna de las pruebas presentadas por el Ministerio Público son vinculantes.
«Argenis estableció que la camioneta en que fue trasladado a Manoguayabo Yuniol Ramírez se la prestó a unos policías«, dijo Jáquez.
Considera que el plano fáctico planteado por el Ministerio Público apunta a que todo fue un homicidio, pero nunca un asesinato.
Para el abogado hay aspectos, como el informe de necropsia que no cuandran.
«El Ministerio Público dice que Argenis mató a Yuniol de un disparo desde el asiento del chofer y que este último estaba en el asiento del conductor. Sin embargo, el informe de necropsia dice que Yuniol tenía el tiro del lado derecho en la cabeza», plantea.
Cuestionó que Eddy Santana Zorilla, siendo la persona que entregó un millón de pesos a Yuniol Ramírez en una bomba de combustible, no esté sentado en el banquillo, aun figurando en el expediente.
Afirma que por eso, Ramón Ramírez, hermano de Yuniol, se retira del proceso.
«Ahí hay muchas cosas que no cuadran. Nosotros pedimos la absolución en ese caso», subrayó Jáquez, abogado de Contreras.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.