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Paliza juramenta nuevos viceministros en el Minpre Avatar Redacción

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Santo Domingo.- El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, juramentó a los nuevos viceministros de esta institución. María del Pilar Cañas López asume como viceministra de Relaciones Institucionales; Alexis Isaac Jiménez González, como viceministro de Desarrollo Social; Edgar de Jesús Batista Carrasco, ocupará el Viceministerio de Agenda Digital y Roger Pujols, será viceministro de Proyectos Especiales, designados por el presidente Luis Abinader.

Con estas designaciones, mediante el Decreto 565-24 se dejan sin efecto los nombramientos anteriores. Asimismo, el citado decreto modifica el artículo 3 del Decreto 405-24 para nombrar a Luis Gregorio Madera Sued como viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental. De este modo se reajusta la visión y el propósito de este viceministerio para coordinar y dar seguimiento a la implementación de las políticas públicas en las distintas áreas del Gobierno. Por su parte, Camel Curi permanece a cargo del Viceministerio de Proyectos de Inversión.

Las nuevas autoridades apoyarán al ministro Paliza en la ejecución de la agenda gubernamental. Esta agenda tiene como objetivo fortalecer las políticas de desarrollo, impulsar la modernización digital y mejorar la coordinación entre las distintas instancias del Estado. “Con estas designaciones, el Ministerio de la Presidencia refuerza su equipo de trabajo, consolidando su capacidad para enfrentar los desafíos actuales y futuros del país”, afirmó el ministro.

Perfiles de los viceministros

María del Pilar Cañas López, viceministra de Relaciones Institucionales, profesionalmente ejerce la abogacia con maestrías en Economía Aplicada y Finanzas Corporativas. Cuenta con una vasta experiencia en el ámbito legal y en la gestión de políticas públicas, así como en la promoción de relaciones interinstitucionales efectivas.

Alexis Isaac Jiménez González, viceministro de Desarrollo Social, se graduó de abogado con maestría en Derecho Procesal Constitucional. Con más de una década como legislador en la Cámara de Diputados, se ha destacado por liderar iniciativas con enfoque en la inclusión y el desarrollo comunitario.

Edgar de Jesús Batista Carrasco, viceministro de Agenda Digital, tiene una trayectoria de más de 20 años de experiencia en la gestión de tecnologías de la información. Es ingeniero en Informática con una maestría en Relaciones Internacionales. Obtuvo el reconocimiento de Nortic de Oro 2022, otorgado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic). Este merito se obtuvo por su gestión en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Roger Pujols, viceministro de Proyectos Especiales, se desarrolla como licenciado en Derecho. Ademas, tiene maestrías en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y en Ciencias Políticas. Estas se llevaron a cabo en las distinguidas universidades de Derecho en New York University y Georgetown University. Es autor de varios libros y se desempeñó como director jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Sobre el Minpre

El Ministerio de la Presidencia es la institución responsable de auxiliar al primer mandatario en la ejecución de la agenda gubernamental. Esto se hace para lograr la ejecucion del programa de Gobierno y la implementación de las políticas públicas priorizadas. Esto se lleva a cabo mediante el ejercicio de la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros y la coordinación con los distintos estamentos del Estado. En virtud de esto, esta practica garantiza el ejercicio transparente, eficaz y eficiente de la Administración públicacomo fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.

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Aprueban en el Senado resolución solicita inspección técnica anual a los vehículos de motor

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Santo Domingo. -En única lectura fue aprobado en el   Senado de la República la resolución que solicita al director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison Ramírez, disponer la inspección técnica anual de los vehículos de motor, según dispone la Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

La iniciativa legislativa presentada por el senador Antonio Marte, en su considerando 5to solicita el retiro paulatino de las unidades de transporte terrestre, chatarras o vehículo en mal estado y la creación y el cumplimiento del cronograma de reemplazo de las unidades de transporte terrestre del servicio público de pasajeros, se debe ordenar con alta prioridad, la aplicación en todo el territorio nacional de la Inspección Técnica Vehicular, de manera inmediata y el cumplimiento de las normativas emitidas por el Intrant.

reglas técnicas

Además, establece que las reglas técnicas para comprobar el correcto funcionamiento de los vehículos de motor que transiten por las vías públicas en la República Dominicana, deben cumplir fielmente con las normas de seguridad vial y de protección ambiental.

También se aprobo un informe favorable, presentado por el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Pedro Catrain, sobre el Acuerdo del instrumento de suscripción de 5,927 acciones de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del grupo del Banco Mundial, en los términos y condiciones establecidos en las resoluciones de la Junta de Gobernadores, iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo.

Otros Renocimientos

Otra iniciativa aprobada fue la resolución que reconoce al educador Wellington Lewis Anderson, por su gran trayectoria y exitosa carrera profesional, académica, social y sus grandes aportes en beneficio de la educación, una propuesta del senador Alexis Victoria.

Los senadores aprobaron, además, la resolución que solicita al presidente Luis Abinader que instruya al rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Jesús Feliz García, para la instalación de una extensión del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) en la provincia de la Altagracia, esta pieza legislativa se presento por el senador de la Altagracia, Rafael Duluc Rijo.

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Bajo cumplimiento revela auditoría en contrato de Transcore Latam.

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SANTO DOMINGO.- Un bajo nivel de cumplimiento en la implementación de los componentes claves para la modernización y gestión de la red semafórica reveló  una auditoría realizada al contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la empresa Transcore Latam S.R.L.

Los principales implicados en esta imputación enfrentan acusaciones de corrupción administrativa, desfalco, estafa al Estado, asociación de malhechores, y sabotaje a la red semafórica, entre otros delitos graves. Estos cargos están respaldados por diversas disposiciones legales, incluyendo la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, la Ley 53-07 de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

El contrato, que recientemente fue terminado por el INTRANT a través de la Resolución Núm. 12-2024, incluía una serie de especificaciones y requerimientos que, según el informe de la auditoría, no fueron completados o se realizaron con deficiencias significativas.

Principales Irregularidades Detectadas

Hardware de Hiperconvergencia: La auditoría señala que no se cuenta con el hardware adecuado en el Data Center del INTRANT para soportar el software de control de tráfico avanzado, lo cual representa un 0% de ejecución en esta área.

Fibra Óptica: Se alcanzó solo un 40% de cumplimiento en la instalación de fibra óptica. La mayoría de los reguladores no han sido reemplazados ni cuentan con el soporte adecuado para la integración con la fibra.

Reguladores Semafóricos: De los 335 reguladores contratados, solo se han instalado 80, y varios de ellos no cumplen con las especificaciones establecidas en el contrato.

Semáforos: De los 1,550 semáforos contratados, se han instalado solo 1,172. La auditoría también reporta que un 20% de los semáforos peatonales estaba apagado al momento de la inspección.
Software ATMS: La empresa no cuenta con un sistema de administración de tráfico avanzado certificado. En su lugar, Transcore emplea un software limitado que no cumple con las especificaciones técnicas requeridas.

Cámaras de Recolección de Tráfico: Aunque se instalaron 1,245 de 1,340 cámaras, el 70% de estas no está adecuadamente conectada a la red, lo que limita su funcionalidad y efectividad.

UPS y Respaldo de Energía: De los sistemas de respaldo requeridos para soportar el funcionamiento continuo de los semáforos y cámaras, solo el 15% de los UPS cumplen con las especificaciones del contrato.

Recomendaciones de la Auditoría

Dada la falta de cumplimiento, la auditoría recomienda resolver el contrato y convocar una nueva licitación, priorizando la selección de consorcios que cumplan con altos estándares internacionales. Asimismo, se sugiere que la base de datos semafórica y de movilidad esté bajo el control exclusivo del INTRANT para garantizar la seguridad nacional.

Este informe de cumplimiento insuficiente y las numerosas irregularidades detectadas motivaron al INTRANT a terminar el contrato con Transcore Latam.

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Por fin disponen la terminación del contrato con Transcore Latam

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SANTO DOMINGO.- Mediante la resolución numero 12-2024 el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) dispuso la terminación del contrato Núm. DJ-CSB-009-2023 firmado con la empresa Transcore Latam S.R.L.., cuyo acuerdo había suscitado controversia y ahora queda oficialmente sin efecto.

La medida establece que, tras una evaluación exhaustiva de las condiciones del contrato y sus implicaciones, el INTRANT ha decidido poner término a la relación contractual con Transcore Latam, argumentando la necesidad de garantizar transparencia y cumplimiento en las gestiones de tránsito y transporte en el país.

En el contexto de este escándalo, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, ha dictado 18 meses de prisión preventiva para los principales acusados: Hugo Beras, Jochi Gómez, y Pedro Vinicio Padovani. La jueza declaró el caso como complejo y argumentó que existen elementos probatorios vinculantes que justifican esta medida, subrayando la gravedad de los delitos relacionados.

Los implicados enfrentan acusaciones de corrupción administrativa, desfalco, estafa al Estado, asociación de malhechores, y sabotaje a la red semafórica, entre otros delitos graves. Estos cargos están respaldados por diversas disposiciones legales, incluyendo la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, la Ley 53-07 de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

Además de la prisión preventiva, la jueza ordenó arresto domiciliario para Samuel Baquero, mientras que Carlos Peguero, Frank Díaz, y Juan Álvarez Carbuccia recibieron medidas de libertad bajo garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) anunció la terminación del contrato con Transcore Latam S.R.L. mediante la Resolución Núm. 12-2024, tras recibir un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que revela múltiples irregularidades en el proceso de licitación pública.

Este contrato, que inicialmente buscaba la modernización y gestión de la red semafórica y el sistema de control de tráfico en el Gran Santo Domingo, quedó en la mira por problemas serios de transparencia y procedimiento.

Entre los puntos destacados en los considerandos de la resolución, se menciona un oficio emitido por la Contraloría al director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, donde se exponen debilidades e inobservancias en el proceso de licitación, detalladas a lo largo del informe de auditoría. Este documento detalla que el proceso licitatorio provocó denuncias de empresas competidoras de Transcore Latam y motivó la intervención de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.

Según la auditoría, una vez adjudicado el contrato, se realizaron modificaciones al pliego de condiciones, lo que incluyó un incremento de varios cientos de millones de pesos sobre el valor original del contrato. Además, se identificaron violaciones al debido proceso establecido en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y su reglamento, incluyendo:

Documentos no aprobados por el comité de compras y contrataciones durante el proceso.
Modificaciones extemporáneas al pliego de condiciones, ejecutadas sin autorización del órgano competente.
Respuestas parciales a las inquietudes presentadas por los oferentes, limitando la claridad y transparencia del proceso.
Alteraciones en el pliego de condiciones que flexibilizaron los requisitos técnicos, favoreciendo al oferente seleccionado.
Informes periciales aprobados en base a informes técnicos incongruentes y deficientes, lo cual reflejó un posible trato privilegiado hacia Transcore Latam.
Estas observaciones ponen en evidencia la falta de rigurosidad en la gestión del proceso licitatorio y la necesidad de una revisión profunda de las prácticas de contratación. Con esta decisión, el INTRANT busca fortalecer el compromiso con la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos en los proyectos de infraestructura vial y control de tráfico en el país.

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