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Empleados públicos deben pagar agua y electricidad viola la Constitución
Santo Domingo, R.D.-Es una violación al derecho a la intimidad consagrado constitucionalmente una circular del Ministerio de Administración Pública (MAP) que advierte a los empleados del sector publico a cumplir con el pago del agua y de la luz.
La opinión al respecto proviene de abogados constitucionalistas consultados por el periódico Diario Libre, el cual reproduce La República por considerase de una gran trascendencia, quienes advirtieron que la circular del Ministerio de Administración Pública (MAP) que instruye la realización de un levantamiento sobre el cumplimento de pago de los servicios de electricidad y agua por parte de los empleados de instituciones gubernamentales, no tiene base legal y viola el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 44 de la Constitución.
El abogado Juan Castillo Pantaleón indicó que las leyes Orgánica de Administración Pública No. 247-12 y la de Función Pública No. 41-08 no establecen como un deber del servidor público informar a su superior sobre el pago de sus compromisos particulares.
«Los deberes del servidor público que están sujetos a sanciones están en la ley de Función Pública y todos están vinculados al ejercicio de sus funciones. El pagar o no la luz de tu casa no tiene que ver con la función pública, es un servicio particular», expresó.
A su vez, el experto constitucional Cirilo Guzmán, indicó que el MAP se extralimitó con esta circular y, si el objetivo es que todos los servidores públicos paguen debidamente estos servicios, las empresas distribuidoras de electricidad tienen el mecanismo para el cobro o, en su defecto, suspensión del servicio.
«Aunque sean empleados públicos, tienen derecho a no dar informaciones personales de ese tipo, a menos que con un préstamo les vayan a pagar la factura, eso no le importa a nadie, si no paga la luz se la cortan. El derecho a la intimidad entraña que en la vida privada de las personas no puede entrometerse nadie», puntualizó.
Castillo Pantaleón señaló que la circular del MAP no ofrece una explicación clara de qué hará con los datos recopilados y que, en todo caso, el servidor que ofrezca esta información lo puede hacer únicamente de manera voluntaria y consentida, reconociendo que ninguna normativa vigente lo obliga a ceder esta información.
¿Qué dice la circular del MAP?
Este miércoles, el Ministerio de Administración Pública giró una circular en la que instruye a las entidades gubernamentales, a través de las direcciones de recursos humanos, a recopilar los datos sobre el cumplimiento de pago de servicios públicos, como el agua y la energía eléctrica, por parte de los empleados del Estado.
En un plazo de 15 días laborales, el MAP indicó que las direcciones de recursos humanos deberán recopilar la información respecto a si los servidores públicos tienen contrato de energía eléctrica y de servicio de agua potable, y si no lo tienen a su nombre deberán especificar quién de su familia es el responsable.
Significó que la medida, que «busca mejorar la calidad de los servicios públicos y asegurar las normativas vigentes, tiene como propósito la actualización de las bases de datos del MAP, correspondientes a estas obligaciones de pago, así como identificar posibles casos en los que estos pagos de servicio no estén siendo efectuados».
La circular, firmada por el ministro del MAP, Sigmund Freund, establece: «Es importante que cada empleado presente las facturas correspondientes, ya que esto permitirá llevar un registro más preciso y facilitará la gestión administrativa».
El documento está dirigido a ministros, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, contralor general de la República, directores generales, nacionales y ejecutivos, administradores generales y nacionales de órganos y entes del Poder Ejecutivo.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) suspendió la docencia este jueves en las provincias de Puerto Plata y Espaillat tras ser declaradas la tarde de estge miércoles en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las condiciones meteorológicas actuales.
La cartera educativa instruyó, además, a los directores regionales, distritales y de centros educativos a adoptar medidas preventivas en las siete provincias en alerta amarilla que cuentan con zonas vulnerables, en función de la evolución de las condiciones climáticas.
La entidad indicó que estas disposiciones incluyen la evaluación continua de riesgos, así como la potestad para suspender la docencia en áreas donde las condiciones climatológicas lo ameriten.
Asimismo, las autoridades educativas exhortaron a la comunidad a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.
Adopción inmediata de medidas de protección
El Ministerio recordó que el COE declara la alerta roja cuando existe un alto nivel de riesgo para la población, ante la inminente ocurrencia de fenómenos adversos o cuando estos ya están impactando de manera significativa, lo que requiere la adopción inmediata de medidas de protección.
El COE establece que la alerta amarilla indica una situación de riesgo moderado que puede escalar, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta y tomar precauciones.
De igual forma, la alerta verde se emite ante la posibilidad de un evento adverso, lo que implica condiciones de vigilancia y seguimiento, sin que represente un peligro inmediato.
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SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta roja a las provincias Puerto Plata y Espaillat, mientras que mantiene siete en amarilla y 12 y el Distrito Nacional en verde, debido a los efectos de una vaguada prefrontal y la interacción de los efectos del viento cálido del este/sureste .
Las provincias en alerta amarilla son: Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y San José de Ocoa.
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Mientras que en verde están San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, Santo Domingo, Valverde, Santiago, Rodríguez, Dajabón, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, Distrito Nacional y Sánchez Ramírez.
De igual forma, en la costa atlántica exhortó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro debido a viento moderado y olas anormales.
De acuerdo al informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) los campos nubosos del sistema frontal al norte del país y los efectos orográficos locales continuarán generando nublados esta noche y en el transcurso de la madrugada del jueves, acompañados de aguaceros intermitentes muy fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, sobre provincias del litoral costero Atlántico, el valle de Cibao, el sureste, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza.
Agregó que en la tarde, esta actividad de precipitaciones se extenderá sobre varios puntos del valle del Cibao, la llanura oriental, la cordillera Central y la zona fronteriza, principalmente hacia las provincias de: María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Samaná, Duarte, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco, Pedernales, Barahona y El Gran Santo Domingo.
Santo Domingo, R.D.-El obispo de la diócesis de La Altagracia, Jesús Castro Marte, expresó su profunda preocupación por el acelerado desarrollo urbanístico en la zona de Verón-Punta Cana, señalando que muchos proyectos se están ejecutando sin cumplir con la debida planificación establecida en la Ley No. 0368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
El prelado dejó claro que no se opone al desarrollo, pero enfatizó la necesidad de que las autoridades competentes hagan cumplir estrictamente las normativas vigentes. En ese sentido, exhortó a que los desarrolladores inmobiliarios respeten las disposiciones legales tanto a nivel local como nacional y regional, con el fin de garantizar un crecimiento ordenado y sostenible.
Asimismo, hizo un llamado urgente a proteger la inversión extranjera en el país, advirtiendo sobre la presencia de falsos desarrollistas que incurren en estafas inmobiliarias. Según indicó, estas prácticas afectan a ciudadanos que, con sacrificio, invierten sus ahorros o acceden a préstamos bancarios para adquirir una vivienda.
Castro Marte subrayó que la seguridad jurídica debe prevalecer para garantizar la confianza en el clima de inversión del país. “Mantener altos estándares en este aspecto es clave para preservar la imagen de la nación como una marca país confiable”, concluyó.