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Empleados públicos deben pagar agua y electricidad viola la Constitución
Santo Domingo, R.D.-Es una violación al derecho a la intimidad consagrado constitucionalmente una circular del Ministerio de Administración Pública (MAP) que advierte a los empleados del sector publico a cumplir con el pago del agua y de la luz.
La opinión al respecto proviene de abogados constitucionalistas consultados por el periódico Diario Libre, el cual reproduce La República por considerase de una gran trascendencia, quienes advirtieron que la circular del Ministerio de Administración Pública (MAP) que instruye la realización de un levantamiento sobre el cumplimento de pago de los servicios de electricidad y agua por parte de los empleados de instituciones gubernamentales, no tiene base legal y viola el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 44 de la Constitución.
El abogado Juan Castillo Pantaleón indicó que las leyes Orgánica de Administración Pública No. 247-12 y la de Función Pública No. 41-08 no establecen como un deber del servidor público informar a su superior sobre el pago de sus compromisos particulares.
«Los deberes del servidor público que están sujetos a sanciones están en la ley de Función Pública y todos están vinculados al ejercicio de sus funciones. El pagar o no la luz de tu casa no tiene que ver con la función pública, es un servicio particular», expresó.
A su vez, el experto constitucional Cirilo Guzmán, indicó que el MAP se extralimitó con esta circular y, si el objetivo es que todos los servidores públicos paguen debidamente estos servicios, las empresas distribuidoras de electricidad tienen el mecanismo para el cobro o, en su defecto, suspensión del servicio.
«Aunque sean empleados públicos, tienen derecho a no dar informaciones personales de ese tipo, a menos que con un préstamo les vayan a pagar la factura, eso no le importa a nadie, si no paga la luz se la cortan. El derecho a la intimidad entraña que en la vida privada de las personas no puede entrometerse nadie», puntualizó.
Castillo Pantaleón señaló que la circular del MAP no ofrece una explicación clara de qué hará con los datos recopilados y que, en todo caso, el servidor que ofrezca esta información lo puede hacer únicamente de manera voluntaria y consentida, reconociendo que ninguna normativa vigente lo obliga a ceder esta información.
¿Qué dice la circular del MAP?
Este miércoles, el Ministerio de Administración Pública giró una circular en la que instruye a las entidades gubernamentales, a través de las direcciones de recursos humanos, a recopilar los datos sobre el cumplimiento de pago de servicios públicos, como el agua y la energía eléctrica, por parte de los empleados del Estado.
En un plazo de 15 días laborales, el MAP indicó que las direcciones de recursos humanos deberán recopilar la información respecto a si los servidores públicos tienen contrato de energía eléctrica y de servicio de agua potable, y si no lo tienen a su nombre deberán especificar quién de su familia es el responsable.
Significó que la medida, que «busca mejorar la calidad de los servicios públicos y asegurar las normativas vigentes, tiene como propósito la actualización de las bases de datos del MAP, correspondientes a estas obligaciones de pago, así como identificar posibles casos en los que estos pagos de servicio no estén siendo efectuados».
La circular, firmada por el ministro del MAP, Sigmund Freund, establece: «Es importante que cada empleado presente las facturas correspondientes, ya que esto permitirá llevar un registro más preciso y facilitará la gestión administrativa».
El documento está dirigido a ministros, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, contralor general de la República, directores generales, nacionales y ejecutivos, administradores generales y nacionales de órganos y entes del Poder Ejecutivo.
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.