Opinión
Las alturas silenciadas del caso INTRANT-TRANSCORE-AUDIX
Por Narciso Isa Conde
La delincuencia público-privada, la asociación delictiva de instancias estatales con la lumpen burguesía y la llamada clase política, merece la debida atención en un sistema del que recurrentemente emana impunidad.
Semanas atrás, del caso INTRANT-TRANSCORE LATAM SRL se pasó al caso AUDIX-MINISTERIO DE DEFENSA y ambos casos interrelacionados han devenido en un proceso complejo de alta delincuencia de estado, en el que todavía no se han investigado todas las complicidades de alto calibre y, por el contrario, se presenta señales de encubrimientos.
El sistema judicial investigó, encontró evidencias y ejecutó las medidas de coerción contra el ex director del Intrant, Hugo Beras, contra Jochi Gómez, dueño de TRANSCORE y AUDIX, y contra otras cinco personas; todos involucrados en un grave entramado de estafa, espionaje mafioso y asociación delictiva estatal-privada.
· CONFLUENCIA MAFIOSA DE HUGO BERAS Y JOCHI GÓMEZ.
Hugo Beras está acusado de utilizar 1,200, millones de pesos del Instituto Nacional de Aviación Civil (IDAC), para financiar el contrato-estafa del INTRANT con Transcore Latam SRL, propiedad de José Ángel Gómez (Jochi Gómez), hijo del comunicador Guillermo Gómez, asociado a la cúpula del PRM. Esto ocurrió bajo el manto de una supuesta modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
Las responsabilidades en la transferencia de esos 1,200 millones de pesos, de la asignación presupuestaria y la cuenta del IDAC a la cuenta del INTRANT, trascienden esas dos entidades, y recaen además sobre altos niveles de la administración pública.
Esas implicaciones no han sido debidamente investigadas en las instancias superiores relacionadas con ese tema: Tesorería-Hacienda-Presidencia.
Esa estafa entroncó a la vez con una vertiente del espionaje privado mafioso, ilegalmente autorizado por el Ministerio de Defensa bajo el mando de Paulino Sen. durante el Gobierno de Danilo Medina-PLD, y luego no debidamente anulado y denunciado por el Tte General Díaz Morfa, quien políticamente responde a Hipólito Mejía y al PRM, y fue designado por Luis Abinader en su primera administración de gobierno.
Esa asociación quedó plasmada en un acuerdo formal entre AUDIX y el Ministerio de Defensa, que incluye autorizar a AUDIX a comprar equipos de espionaje que solo está autorizado a comprar el Estado.
Vale destacar que Hugo Veras fue designado por el presidente Abinader en el INTRANT luego de mudarse de la condición de candidato a Alcalde del corrompido PRD de Miguel Vargas, a respaldar la candidatura de Carolina Mejía y de ocupar un alto cargo en esa instancia municipal después de su victoria.
Guillermo Gómez, padre de Jochi, fue incorporado al Ministerio de Medio Ambiente durante la gestión de Orlando Jorge Mera, como parte del reparto de cargos negociado por Luis Abinader al interior del PRM. Allí finalmente se develó el dolo político-administrativo que implicó esa designación.
Hugo Beras y Jochi Gómez terminaron asociándose para consumar la estafa multimillonaria al Estado e intentar ampliar la capacidad de espionaje de la empresa AUDIX protegida por POMPEO, súper agente de la CIA y ex secretario de Estado de Donald Trump, con quien Guillermo y Jochi Gómez, agentes de vieja data, tienen una relación “especial”.
· LUIS SOTO, POMPEO Y LAS FRACTURAS EN EL PODER DE EEUU.
Es evidente que las fracturas al interior del decadente poder estadounidense fueron subestimadas por los Gómez, a lo que se agregó el resurgimiento de las pugnas internas en el PRM y el desorden, descontrol e intensificación de la lucha de poder entre diferentes enclaves del disperso sistema de seguridad y espionaje, que EE UU intenta unificar con la nueva ley de la DNI.
Aquí abundan los centros privados de espionaje de alta tecnología (empleados para asuntos turbios y para todo tipo de chantajes y despliegue de poderes espurios); también se usan las empresas telefónicas y los sistemas de inteligencia de los bancos para espiar y además perduran los ghettos de inteligencia militar y policial al interior de los cuerpos armados: A2, M2, G2, J2, SS-DICRIM…
Esto último explica la reacción de Luis Soto, actual director del DNI y principal impulsor de la ley que convertiría a ese organismo en un sistema de espionaje y seguridad colocado por encima de todas las instituciones y poderes del estado dominicano, bajo control de la CIA y de su facción hegemónica en cada caso.
Luis Soto actualmente no responde a Pompeo, ni Pompeo dispone del poder que tuvo con la administración Trump. Soto responde a la conducción institucional de la CIA dentro del actual gobierno de EEUU.
Por eso envió, y luego hizo pública su carta, advirtiéndole a Jochi Gómez sobre lo improcedente de sus pretensiones, de las que ni desistió; aunque finalmente fueron obstruidas, develadas y procesadas judicialmente bajo presión. Todavía a medias.
· EL ENCARCELAMIENTO DE JOCHI Y EL CHANTAJE DE GUILLERMO.
Es fácil de deducir que la Embajada de EEUU y la propia DNI activaron sus influencias dentro de la PGR para producir la detención y los procesamientos ya informados, los cuales motivan que Guillermo Gómez declare que los culpables de la prisión de su hijo son Luis Soto y la procuradora adjunta, Jenny Berenice.
Pero no solo, sino que además amenace abiertamente con emplear su no desestimable capacidad de chantaje sobre este régimen y sobre sus altas instancias políticas y militares; puesto que sus servicios prestados (en materia de espionaje, asuntos turbios y comunicación), a la cúpula del PRD, primero, y a la del PRM, después; que incluye a sus respectivos gobiernos y aparatos militares, podrían develar muchas suciedades en esas asociaciones delictivas.
Las articulaciones de Guillermo Gómez con los poderes establecidos, civiles y militares, y con la propia CÍA, vienen reciclándose desde de la etapa de los doce años de Balaguer, hasta la fecha.
De ahí deviene su poder de chantaje y la amenaza de emplearlo contando con que ese mega caso tiene implicaciones mayores tanto a nivel del Ministerio de Defensa como del gobierno civil y la alta jerarquía del PRM.
Situaciones así se presentan cuando se enfrentan facciones del poder imperialista con tutorías distintas, por lo que la apuesta del binomio Gómez en procura de desinflar el proceso va en dos direcciones: atemorizar a los responsables de las complicidades silenciadas de alto nivel y apelar a sus vínculos con la mano peluda del imperio, vía Pompeo y otros.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.