Opinión
Las alturas silenciadas del caso INTRANT-TRANSCORE-AUDIX
Por Narciso Isa Conde
La delincuencia público-privada, la asociación delictiva de instancias estatales con la lumpen burguesía y la llamada clase política, merece la debida atención en un sistema del que recurrentemente emana impunidad.
Semanas atrás, del caso INTRANT-TRANSCORE LATAM SRL se pasó al caso AUDIX-MINISTERIO DE DEFENSA y ambos casos interrelacionados han devenido en un proceso complejo de alta delincuencia de estado, en el que todavía no se han investigado todas las complicidades de alto calibre y, por el contrario, se presenta señales de encubrimientos.
El sistema judicial investigó, encontró evidencias y ejecutó las medidas de coerción contra el ex director del Intrant, Hugo Beras, contra Jochi Gómez, dueño de TRANSCORE y AUDIX, y contra otras cinco personas; todos involucrados en un grave entramado de estafa, espionaje mafioso y asociación delictiva estatal-privada.
· CONFLUENCIA MAFIOSA DE HUGO BERAS Y JOCHI GÓMEZ.
Hugo Beras está acusado de utilizar 1,200, millones de pesos del Instituto Nacional de Aviación Civil (IDAC), para financiar el contrato-estafa del INTRANT con Transcore Latam SRL, propiedad de José Ángel Gómez (Jochi Gómez), hijo del comunicador Guillermo Gómez, asociado a la cúpula del PRM. Esto ocurrió bajo el manto de una supuesta modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
Las responsabilidades en la transferencia de esos 1,200 millones de pesos, de la asignación presupuestaria y la cuenta del IDAC a la cuenta del INTRANT, trascienden esas dos entidades, y recaen además sobre altos niveles de la administración pública.
Esas implicaciones no han sido debidamente investigadas en las instancias superiores relacionadas con ese tema: Tesorería-Hacienda-Presidencia.
Esa estafa entroncó a la vez con una vertiente del espionaje privado mafioso, ilegalmente autorizado por el Ministerio de Defensa bajo el mando de Paulino Sen. durante el Gobierno de Danilo Medina-PLD, y luego no debidamente anulado y denunciado por el Tte General Díaz Morfa, quien políticamente responde a Hipólito Mejía y al PRM, y fue designado por Luis Abinader en su primera administración de gobierno.
Esa asociación quedó plasmada en un acuerdo formal entre AUDIX y el Ministerio de Defensa, que incluye autorizar a AUDIX a comprar equipos de espionaje que solo está autorizado a comprar el Estado.
Vale destacar que Hugo Veras fue designado por el presidente Abinader en el INTRANT luego de mudarse de la condición de candidato a Alcalde del corrompido PRD de Miguel Vargas, a respaldar la candidatura de Carolina Mejía y de ocupar un alto cargo en esa instancia municipal después de su victoria.
Guillermo Gómez, padre de Jochi, fue incorporado al Ministerio de Medio Ambiente durante la gestión de Orlando Jorge Mera, como parte del reparto de cargos negociado por Luis Abinader al interior del PRM. Allí finalmente se develó el dolo político-administrativo que implicó esa designación.
Hugo Beras y Jochi Gómez terminaron asociándose para consumar la estafa multimillonaria al Estado e intentar ampliar la capacidad de espionaje de la empresa AUDIX protegida por POMPEO, súper agente de la CIA y ex secretario de Estado de Donald Trump, con quien Guillermo y Jochi Gómez, agentes de vieja data, tienen una relación “especial”.
· LUIS SOTO, POMPEO Y LAS FRACTURAS EN EL PODER DE EEUU.
Es evidente que las fracturas al interior del decadente poder estadounidense fueron subestimadas por los Gómez, a lo que se agregó el resurgimiento de las pugnas internas en el PRM y el desorden, descontrol e intensificación de la lucha de poder entre diferentes enclaves del disperso sistema de seguridad y espionaje, que EE UU intenta unificar con la nueva ley de la DNI.
Aquí abundan los centros privados de espionaje de alta tecnología (empleados para asuntos turbios y para todo tipo de chantajes y despliegue de poderes espurios); también se usan las empresas telefónicas y los sistemas de inteligencia de los bancos para espiar y además perduran los ghettos de inteligencia militar y policial al interior de los cuerpos armados: A2, M2, G2, J2, SS-DICRIM…
Esto último explica la reacción de Luis Soto, actual director del DNI y principal impulsor de la ley que convertiría a ese organismo en un sistema de espionaje y seguridad colocado por encima de todas las instituciones y poderes del estado dominicano, bajo control de la CIA y de su facción hegemónica en cada caso.
Luis Soto actualmente no responde a Pompeo, ni Pompeo dispone del poder que tuvo con la administración Trump. Soto responde a la conducción institucional de la CIA dentro del actual gobierno de EEUU.
Por eso envió, y luego hizo pública su carta, advirtiéndole a Jochi Gómez sobre lo improcedente de sus pretensiones, de las que ni desistió; aunque finalmente fueron obstruidas, develadas y procesadas judicialmente bajo presión. Todavía a medias.
· EL ENCARCELAMIENTO DE JOCHI Y EL CHANTAJE DE GUILLERMO.
Es fácil de deducir que la Embajada de EEUU y la propia DNI activaron sus influencias dentro de la PGR para producir la detención y los procesamientos ya informados, los cuales motivan que Guillermo Gómez declare que los culpables de la prisión de su hijo son Luis Soto y la procuradora adjunta, Jenny Berenice.
Pero no solo, sino que además amenace abiertamente con emplear su no desestimable capacidad de chantaje sobre este régimen y sobre sus altas instancias políticas y militares; puesto que sus servicios prestados (en materia de espionaje, asuntos turbios y comunicación), a la cúpula del PRD, primero, y a la del PRM, después; que incluye a sus respectivos gobiernos y aparatos militares, podrían develar muchas suciedades en esas asociaciones delictivas.
Las articulaciones de Guillermo Gómez con los poderes establecidos, civiles y militares, y con la propia CÍA, vienen reciclándose desde de la etapa de los doce años de Balaguer, hasta la fecha.
De ahí deviene su poder de chantaje y la amenaza de emplearlo contando con que ese mega caso tiene implicaciones mayores tanto a nivel del Ministerio de Defensa como del gobierno civil y la alta jerarquía del PRM.
Situaciones así se presentan cuando se enfrentan facciones del poder imperialista con tutorías distintas, por lo que la apuesta del binomio Gómez en procura de desinflar el proceso va en dos direcciones: atemorizar a los responsables de las complicidades silenciadas de alto nivel y apelar a sus vínculos con la mano peluda del imperio, vía Pompeo y otros.
Por Oscar López Reyes
Desde la declaratoria de independencia de Inglaterra por 13 colonias enclavadas en la costa Este de América del Norte, el 4 de julio de 1776, Estados Unidos ha experimentado una expansión imparable, vasta y mamut, cobijada en su aventajada ubicación entre los océanos Atlántico y Pacífico, sus crecidos recursos naturales (tierras fértiles, carbón, hierro y petróleo), el ingenio y acometividad industrial de una élite, las guerras y el saqueo de bienes extraterritoriales.
Los aportes de la principal superpotencia a la economía, la educación, la salud, la cultura y la ciencia a través de la investigación, son apreciables. Pongamos de relieve diez de los fundamentales, a propósito de la conmemoración del 250 aniversario de su independencia:
1.- ECONOMÍA Y FINANZAS. Descuella con el Producto Interno Bruto (PIB) más voluminoso del globo terráqueo, que supera los 32 billones de dólares y que acumula más del 25% del patrimonio planetario. Se empinó como la primera economía del universo, inspirada en el modelo de libre mercado, amparada en su riqueza natural, el grueso mercado de consumo interno, sus incesantes transformaciones tecnológicas y su moneda robusta (el dólar), que le otorgan un poder bancario internacional. Por esos atributos cuenta con Wall Street, el centro financiero de más operaciones globales.
2.- NOVEDADES TECNOLÓGICAS. Estados Unidos asienta las más influyentes corporaciones tecnológicas, que van desde la informática, la biotecnología, la farmacéutica, la industria espacial, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, que avasallan el panorama informático/digital universal, como Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms (Facebook, Instagram y WhatsApp), Broadcom, Tesla, Oracle e Intel.
3.- EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Estados Unidos lidera los rankings mundiales de los centros universitarios, principalmente por su excelencia educativa y su impacto en la investigación y producción científica, como Princeton, Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Harvard, Stanford, Yale y Columbia.
4.- INFLUENCIA SOCIO-CULTURAL. La ascendencia transnacional de Estados Unidos ha sido protagónica, particularmente por la exportación y difusión de la industria cultural y el entretenimiento, como la música, el consumo mediático y el cine (Hollywood), históricamente taquillero y hegemónico en la producción audiovisual y las plataformas digitales.
5.- ASCENDENCIA DEPORTIVA. Las becas universitarias, la calidad de las infraestructuras físicas, la comercialización y la estratégica operatividad de las ligas profesionales estadounidenses, con la contratación de calificados talentos nacionales e internacionales, han colocado las competencias deportivas nacionales en un alto peldaño, con sustanciales beneficios monetarios y un impacto internacional. Por esa causativa, Estados Unidos ha trascendido en los juegos olímpicos y las grandes ligas profesionales de béisbol (MLB), el baloncesto (NBA), el fútbol (NFL) y el fútbol americano (MLB).
6.- INVESTIGACIÓN E INVENCIONES. En Estados Unidos inventaron la iluminación eléctrica, el telégrafo, teléfono, el avión, la penicilina a escala industrial, la vacuna contra el polio, la anestesia, el trasplante de órganos, el láser, el descenso de nave espacial a la Luna, el primer satélite de comunicación, el sistema de pronóstico meteorológico satelital, el primer transbordador espacial, la computadora personal, el microprocesador, la robótica, la Internet y la Web, el proyecto de Genoma Humano, el GPS, la tecnología de células madre, etc., por cuya labor de investigación y desarrollo está en el primer lugar en cantidad de premios Nobel.
7.- CONSERVACIÓN AMBIENTAL GLOBAL Ha sido pionero en la conservación ambiental, con el desarrollo del Parque Nacional Yellowstone, en 1872; la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act de 1970), la reducción de la contaminación industrial y más de 30 logros en esta área.
8.- PRODUCCIÓN ENERGÉTICA. Activó, desde 1869, la producción comercial del petróleo, la innovación en el transporte, el tren intercontinental, el descubrimiento de crudo en Pensilvania; la segunda revolución industrial, el desarrollo de plantas de energía nuclear y la reserva de gran cantidad de petróleo y gas natural.
9.- REFORMAS SOCIALES Y POLÍTICAS. Desde su proclamación como República independiente, en Estados Unidos han sido impulsadas transformaciones internas esenciales, como la abolición de la esclavitud, el establecimiento de derechos civiles, como el sufragio para las minorías; el sistema federal con división de poderes, las libertades individuales frente al poder central y los programas de seguridad social Medicare, Medicaid y alimentos para auxiliar a personas de bajos ingresos.
10.- ACOGIDA DE EMIGRANTES. Atracción y recepción de millones de emigrantes, que son recursos humanos para la producción empresarial y estatal y que, a la vez, oportunidades de trabajo para la sostenibilidad financiera y el envío de remesas a sus países de origen.
En pocas palabras, los inventos, emprendimientos y productividad con el sello “Made in the U.S.A.”, desde antes de la Revolución Industrial y en la Era Digital, han salvado millones de vidas y coadyuvado con la transformación de la economía global y los quehaceres cotidianos. Han mecanizado y automatizado transiciones y modificaciones en las interacciones humanas, los procesos sociales y económicos, en hábitos de consumo y la cultura, en transacciones monetarias, en el accionar laboral, leyes y otras normas, así como en estructuras societarias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.
Por Isaías Ramos
Ningún pueblo despierta una mañana descubriendo que perdió su libertad.
La historia nunca comienza por el final.
Primero cambia el lenguaje. Después cambian las leyes. Más tarde se desplazan los límites del poder. Y solo al final una sociedad comprende cuánto costó haber permanecido indiferente.
Esta semana comienza la aplicación del nuevo Código Penal dominicano. Para muchos, el debate terminó con su promulgación. En realidad, apenas comienza.
Un Código Penal no se mide únicamente por los delitos que incorpora ni por la severidad de sus penas. Su verdadero examen consiste en responder una pregunta esencial:
¿Permanece plenamente subordinado a la Constitución?
El poder de castigar es la facultad más intensa del Estado. Permite investigar, acusar, imponer medidas de coerción y privar de libertad. Precisamente por eso necesita límites más claros, no márgenes más amplios.
Toda ley penal debió ser examinada con el máximo rigor constitucional antes de que el primer ciudadano padeciera sus efectos. Aunque una disposición sea declarada inconstitucional posteriormente, ninguna sentencia devuelve íntegramente el tiempo, la honra o la libertad ya perdidos.
La experiencia comparada deja advertencias que ninguna democracia prudente debería ignorar.
En Cuba, figuras como el desacato han sido cuestionadas por brindar protección penal reforzada a las autoridades y restringir la crítica al poder. En Nicaragua, organismos internacionales han objetado la utilización de delitos relacionados con el orden público y la seguridad nacional frente a manifestaciones y expresiones ciudadanas. En Venezuela, el debilitamiento de los controles institucionales estuvo acompañado por una reducción del espacio para la expresión, la protesta y la vigilancia ciudadana.
Los contextos fueron diferentes. Pero la advertencia terminó siendo la misma:
Las libertades rara vez desaparecen de un solo golpe.
Las restricciones se acumulan. Se justifican. Se normalizan. Se aceptan.
Y cuando una sociedad comprende sus consecuencias, recuperar los derechos perdidos resulta mucho más difícil que haberlos protegido a tiempo.
Si aquellos pueblos hubieran podido mirar décadas hacia el futuro y contemplar familias divididas, millones obligados a abandonar la tierra que amaban y millones más sobreviviendo entre restricciones, miedo, precariedad y opresión, ¿qué no habrían hecho para defender cada espacio de libertad mientras todavía estaban a tiempo?
Los pueblos nunca lamentan haber defendido demasiado pronto su Constitución. Lo que lamentan es haber comprendido demasiado tarde cuánto valía.
Existe otra lección. Quienes hoy poseen poder político, económico, institucional o mediático suelen olvidar que las leyes que ayudan a aprobar o justificar no permanecerán eternamente bajo su control.
Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Los jueces cambian. Los fiscales cambian.
Pero las leyes pueden sobrevivir a quienes las promovieron.
Una norma que hoy parece útil contra un adversario puede mañana aplicarse contra quien la celebró. El verdadero estadista no legisla pensando en el poder que posee, sino en la protección que cualquier ciudadano necesitará cuando ese poder cambie de manos.
En momentos de polarización cometemos un error peligroso: discutimos quién ocupa el poder y olvidamos cuánto poder debería tener cualquiera que gobierne.
Nos dejamos dividir por partidos, simpatías y antipatías. Mientras discutimos personas, dejamos de defender principios. Y cuando una sociedad deja de defender principios, el poder deja de encontrar límites.
Las constituciones no preguntan quién gobierna. Preguntan hasta dónde puede llegar cualquier gobernante.
Por eso el artículo 7 de nuestra Carta Magna define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, la separación de poderes y la soberanía popular.
No es una frase ornamental. Es el mandato al que debe someterse toda ley, especialmente aquella que concede al Estado el poder de castigar.
La persistencia de cuestionamientos sobre el desacato, el ultraje, la protesta, la responsabilidad por actos de terceros y otros tipos de redacción amplia exige un escrutinio constitucional firme.
Desde el Frente Cívico y Social entendemos que todas las acciones directas de inconstitucionalidad relacionadas con esta ley deben ser conocidas con la mayor celeridad compatible con un examen riguroso e independiente.
No se pide al Tribunal Constitucional un resultado determinado, sino una respuesta dentro de un plazo razonable. Cuando normas penales vigentes pueden afectar derechos fundamentales, la celeridad deja de ser una cuestión procesal: se convierte en garantía de libertad, seguridad jurídica y paz institucional.
La demora también produce consecuencias constitucionales.
La Constitución no solo protege derechos. También protege la paz de la República.
Defender la Constitución nunca debilita la lucha contra el crimen. La legitima. Una democracia necesita un Derecho Penal firme frente a la delincuencia, la violencia y la corrupción, pero también frente a la arbitrariedad.
Seguridad y libertad no son enemigas. Ambas dependen del respeto irrestricto a la Constitución.
La historia ya nos habló. Ahora nos corresponde decidir si aprendemos de ella o esperamos a que sea demasiado tarde.
Porque cuando la Constitución deja de ser el límite del poder, el poder termina convirtiéndose en el límite de la libertad.
La historia todavía no ha escrito nuestro destino. Que nuestros hijos puedan decir, algún día, que esta fue la generación que decidió honrar su Constitución antes de descubrir cuánto costaba perderla.
Por Rommel Santos Diaz
De conformidad con el Estatuto de Roma el Estado de ejecución de la pena no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte Penal Internacional.
Solo la Corte Penal Internacional podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.
Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte Penal Internacional examinará la pena para determinar si esta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.
Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:
- a)Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte Penal Internacional en sus investigaciones y enjuiciamientos;
- b)Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte Penal Internacional en otros casos, en particular ayudando a esta en la localización de los bienes sobre los cuales recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o
- c)Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.
Finalmente, la Corte Penal Internacional, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.