Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader anunció que la República Dominicana continuará con su política de deportación masiva de ciudadanos haitianos indocumentados, porque lo importante para el país es su seguridad nacional.
“Vamos a seguir deportando a quienes estén en las calles, sin trabajar, la seguridad nacional está primero (…). Esto lo haremos hasta que haya normalidad en Haití y desde allá ellos puedan lograr permisos de trabajo”, apuntó el gobernante.
Abinader, sin embargo, refirió que el Gobierno está en conversaciones con los productores de rubros como la caña de azúcar, el banano y el arroz, donde la mano de obra haitiana representa más del 80 %, para dar seguimiento a “muchos permisos” que tenían haitianos para trabajar en el país, pero que no han podido renovar por la inestabilidad en Haití.
“También hay que considerar que los productores de caña de azúcar y arroz han ido mecanizando sus cultivos y ese es el camino que debemos seguir”, acotó el presidente en su acostumbrada rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional.
Abinader, por otra parte, desmintió que él y el canciller dominicano, Roberto Álvarez, se reunieran en septiembre pasado en Nueva York -en el marco de la Asamblea General de la ONU- con el hoy destituido primer ministro haitiano, Garry Conille, y su ministra de Relaciones Exteriores, Dominique Dupuy, como han expresado sectores de la oposición.
“Cualquier decisión entre República Dominicana y Haití en sus relaciones, nosotros las hacemos públicas, esas son especulaciones. Si hay una decisión que afecte al país en relación con Haití eso siempre será publicado y dado a conocer”, refirió.
El miércoles pasado, Dupuy saludó que se haya producido una reducción de las deportaciones de sus connacionales residentes en República Dominicana con estatus migratorio irregular y dijo aspirar a un diálogo franco y respetuoso con este país fronterizo.
“Saludamos la reducción de las deportaciones, fruto de nuestros esfuerzos y de nuestra solidaridad con nuestros aliados. Haití aspira a un diálogo franco y respetuoso con el Gobierno de República Dominicana, para una asociación donde cada nación encuentre sus ventajas”, expuso la canciller haitiana en su cuenta de X.
Sin embargo, ese mismo día la ministra de Interior y Policía dominicana, Faride Raful, desmintió “categóricamente” lo dicho por Dupuy sobre la reducción de las deportaciones.
“La política migratoria es un derecho soberano de cada Estado. Ningún país ni organización internacional tiene potestad para interferir en las decisiones internas de la República Dominicana”, escribió en su cuenta de X la funcionaria de alto nivel. Raful consideró que la política migratoria de la República Dominicana es un derecho soberano e innegociable.
“Desmentimos categóricamente cualquier afirmación sobre una supuesta reducción en las repatriaciones a solicitud de Haití. Las declaraciones de la canciller haitiana @DominiqueAyiti son falsas y buscan interferir en nuestros asuntos internos”, afirmó la ministra. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que encabeza el presidente Luis Abinader, anunció a finales de octubre la ejecución inmediata de un operativo con el objetivo de repatriar hasta a 10,000 migrantes por semana.
Este operativo busca reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas y se llevará a cabo bajo estrictos protocolos que aseguren el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los repatriados, anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
«La defensa resaltó que Read Estrella se ha presentado de manera voluntaria, ha puesto a disposición toda la documentación requerida y continuará colaborando con la investigación, reiterando que no existe peligro de fuga ni intención alguna de sustraerse del proceso judicial», reseñan.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
La audiencia continuará este viernes a las 2:00 p. m.
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Al Ministerio Público señalar “serias incongruencias” en la solicitud de medida de coerción en contra de Hazim, Valerio refiere que la supuesta falta de justificación de bienes, específicamente una villa en Casa de Campo y un apartamento, se encuentran “debidamente documentados” y justificados con un préstamo.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
La condena de 87 meses, que fue dictada por la jueza Beth Bloom, será cumplida en una penitenciaría de Florida, tras una petición de Durán Jerez y que fue eventualmente concedida.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
El expolicía realizó un acuerdo con la fiscalía del Estado de la Florida, a través del cual se comprometió a colaborar con las autoridades estadounidenses, facilitando informaciones sobre el caso de envío de drogas que comparte con Herrera Silvestre.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Los narcos operaban desde un resort en Puerto Plata, cuya identidad no fue revelada en los documentos.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
La red reunió a varios inversionistas que unían sus narcóticos para hacer envíos sustanciales. La droga movilizada ascendería a al menos 376 kilogramos en tan solo dos años, con un valor estimado de más de siete millones de dólares al precio de mercado estadounidense para 2022.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.
Ahora, se está a la espera del juicio de Herrera Silvestre, que será el próximo 8 de enero.