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No se detendrán en R.D. deportaciones masivas de haitianos indocumentados
Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader anunció que la República Dominicana continuará con su política de deportación masiva de ciudadanos haitianos indocumentados, porque lo importante para el país es su seguridad nacional.
“Vamos a seguir deportando a quienes estén en las calles, sin trabajar, la seguridad nacional está primero (…). Esto lo haremos hasta que haya normalidad en Haití y desde allá ellos puedan lograr permisos de trabajo”, apuntó el gobernante.
Abinader, sin embargo, refirió que el Gobierno está en conversaciones con los productores de rubros como la caña de azúcar, el banano y el arroz, donde la mano de obra haitiana representa más del 80 %, para dar seguimiento a “muchos permisos” que tenían haitianos para trabajar en el país, pero que no han podido renovar por la inestabilidad en Haití.
“También hay que considerar que los productores de caña de azúcar y arroz han ido mecanizando sus cultivos y ese es el camino que debemos seguir”, acotó el presidente en su acostumbrada rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional.
Abinader, por otra parte, desmintió que él y el canciller dominicano, Roberto Álvarez, se reunieran en septiembre pasado en Nueva York -en el marco de la Asamblea General de la ONU- con el hoy destituido primer ministro haitiano, Garry Conille, y su ministra de Relaciones Exteriores, Dominique Dupuy, como han expresado sectores de la oposición.
“Cualquier decisión entre República Dominicana y Haití en sus relaciones, nosotros las hacemos públicas, esas son especulaciones. Si hay una decisión que afecte al país en relación con Haití eso siempre será publicado y dado a conocer”, refirió.
El miércoles pasado, Dupuy saludó que se haya producido una reducción de las deportaciones de sus connacionales residentes en República Dominicana con estatus migratorio irregular y dijo aspirar a un diálogo franco y respetuoso con este país fronterizo.
“Saludamos la reducción de las deportaciones, fruto de nuestros esfuerzos y de nuestra solidaridad con nuestros aliados. Haití aspira a un diálogo franco y respetuoso con el Gobierno de República Dominicana, para una asociación donde cada nación encuentre sus ventajas”, expuso la canciller haitiana en su cuenta de X.
Sin embargo, ese mismo día la ministra de Interior y Policía dominicana, Faride Raful, desmintió “categóricamente” lo dicho por Dupuy sobre la reducción de las deportaciones.
“La política migratoria es un derecho soberano de cada Estado. Ningún país ni organización internacional tiene potestad para interferir en las decisiones internas de la República Dominicana”, escribió en su cuenta de X la funcionaria de alto nivel. Raful consideró que la política migratoria de la República Dominicana es un derecho soberano e innegociable.
“Desmentimos categóricamente cualquier afirmación sobre una supuesta reducción en las repatriaciones a solicitud de Haití. Las declaraciones de la canciller haitiana @DominiqueAyiti son falsas y buscan interferir en nuestros asuntos internos”, afirmó la ministra. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que encabeza el presidente Luis Abinader, anunció a finales de octubre la ejecución inmediata de un operativo con el objetivo de repatriar hasta a 10,000 migrantes por semana.
Este operativo busca reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas y se llevará a cabo bajo estrictos protocolos que aseguren el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los repatriados, anunció el Gobierno.
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Santo Domingo.- Los contratos de concesion minera suscritos en el Estado dominicano y la Falcombridge Dominicana, S.A. (Falcondo) fueron cancelados por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, presidida por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía e integrada por los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026.
El fallo alcanza los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.
La acción fue interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado dominicano, tras identificarse incumplimientos relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, así como con la presentación de informes técnicos exigidos por la legislación minera.
Entre los elementos valorados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería.
El TSA también tomó en cuenta que Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.
La terminación de los contratos se produce en medio de una crisis marcada por el cese abrupto de las operaciones de Falcondo.
Tras la paralización de noviembre de 2023, la empresa entró en una etapa de cuidado y mantenimiento, sin ejecutar un plan de cierre ordenado, situación que derivó en la desvinculación de trabajadores y en incumplimientos de compromisos con empleados, contratistas y suplidores locales.
En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del FONPER, en representación del Estado dominicano.
A estos se sumó un grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 y que mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus voceros, ascienden a unos RD$300 millones.
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Propietarios de Vidal Plast, acusados de explosión en San Cristóbal, son declarados no culpables
Santo Domingo, R.D.-No culpables fueron declarados los propietarios de la empresa Vidal Plast por el Segundo Tribunal Colegiado de San Cristóbal, quienes estaban acusados de la explosión en la provincia San Cristóbal que dejó un saldo de 38 fallecidos el 14 de agosto de 2023.
La jueza Wilma Altagracia Cuello descargó a los imputados, Edward Armando Vidal Garrido, su esposa, Maribel Sandoval Almánzar, y su hija, Mercedes Altagracia Vidal, quienes son propietarios de Vidal Plast.
Al salir de la audiencia, los familiares de las víctimas de la tragedia se mostraron a favor de la decisión de la magistrada, al considerar que la familia Vidal no era la responsable de los hechos que se le imputaban.
Ante esto, pidieron que se inicie una nueva investigación con el fin de dar con los “verdaderos responsables” de la explosión que dejó más de una decena de heridos.
En 2023, tras ser acusada por el Ministerio Público, la empresa Vidal Plast expresó su “gran sorpresa e indignación” por la responsabilidad que se le atribuye en un comunicado del Ministerio Público y resaltó que “somos una empresa familiar que, con apego a las leyes, desde 2003 se dedica a la compra y venta de materiales plásticos que reciclamos convirtiéndolos en materia prima”.
La explosión en San Cristóbal se registró alrededor de las 3:10 de la tarde del 14 de agosto de 2023. Los bomberos explicaron que se creó una deflagración de llamas que generaron ondas expansivas hacia los laterales y hacia el techo del comercio ubicado en la calle Padre Ayala, casi esquina J. Peynado, epicentro del evento.
El siniestro dejó un saldo de 38 las víctimas, 59 personas que sufrieron lesiones de leves a graves, más de 12 viviendas afectadas y al menos 70 negocios afectados.
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El destituido director de la PN sólo duró seis meses en la dirección de la Policía Nacional
Santo Domingo, R.D.-Andres Modesto Cruz Cruz, destituido director de la Policia Nacional, sólo duró seis meses en el cargo, quien además fue colocado en estado de retiro tras el cese de sus responsabilidades.
Su gestión termina marcada por dos hechos que han sacudido al país. Uno de ellos es el paro en el municipio de Navarrete, que inicialmente fue convocado por 48 horas, sin embargo, se extendió por 24 horas más ante la falta de respuestas a los reclamos planteados por los sectores.
La protesta se realizó con el fin de que las autoridades brinden soluciones a los problemas que, según los grupos populares, afectan a las comunidades de Navarrete. Entre las denuncias que los comunitarios realizan están la falta de agua potable, la terminación y reubicación del vertedero municipal y la mejora del servicio eléctrico.
Sin embargo, tras las 72 horas de protestas, los grupos populares decidieron levantar el paro y conceder un plazo de 15 días para esperar el desarrollo de las conversaciones con las autoridades. Concluida la espera, evaluaran las respuestas y determinaran las acciones que asumirán en caso de que sus demandas no sean atendidas.
Asimismo, un hecho que marcó el quinto mes de Modesto Cruz y, que dio inicio a debates sobre los protocolos policiales y el uso de la fuerza, fue la muerte de Darlin Mercado Reyes: un joven de 19 años, residente del sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, que falleció tras resultar herido de bala durante una actuación policial.
Posteriormente, Mercado se acercó al agente para indicarle que el vehículo era de su propiedad y, es en ese momento, cuando sin mediar palabras, le disparó en el tórax ocasionándole la muerte de manera instantánea.
Más tarde, los agentes observados en el video fueron suspendidos y, durante el conocimiento de la medida de coerción, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Moreta. El imputado fue llevado a una celda de máxima seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Modesto Cruz Cruz asumió el cargo el 17 de febrero del año en curso luego de haberse desempeñado como inspector general de la Policía. En el momento, había sustituido al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta quien, tras su salida, fue designado como asesor del presidente en materia policial.
Dentro de las funciones que desempeñó Modesto, previo a su labor como director, se encuentran la de director central de Asuntos Internos (DICAI), director regional Sur y subinspector general. Además, formó parte de posiciones en recursos humanos, protección y servicios especializados, seguridad preventiva y dependencias operativas.
Obtuvo reconocimientos como la medalla al mérito del servidor público, merito aéreo distintivo azul y la orden al mérito naval. De igual forma, recibió cartas de felicitaciones por su desempeño durante procesos electorales y operativos preventivos de alcance nacional.
Al asumir el cargo, Cruz se había comprometido a continuar el trabajo de Peralta en cuanto a la reducción de la tasa de criminalidad. Aseguró que en su gestión sus ejecutorias laborales no procurarían la acumulación paulatina de poder y posiciones jerárquicas.
Con la nueva designación queda derogado el artículo 1 del Decreto número 111-26, del 17 de febrero del 2026, mediante el cual había sido designado al ex director Andrés Modesto Cruz Cruz.