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Reglamento de armas de la Policía Nacional sobre el tapete con Operación Pandora.
Santo Domingo, R.D.-El sistema de control y regulación del armamento utilizado por la Policía Nacional se rige por un Reglamento de la institución para el registro, almacenamiento y conservación de armas, municiones y equipamientos letales y no letales.
Su aplicación busca garantizar que todo el armamento esté debidamente registrado, controlado y custodiado, minimizando así los riesgos asociados a su uso indebido.
El reglamento cubre diversos aspectos, desde el registro de huellas balísticas, hasta el control de las armas asignadas a cada agente policial y sus respectivas dependencias. En este reglamento la Intendencia de Armas de la Policía Nacional será responsable de la gestión, custodia y mantenimiento de las armas y municiones, asegurando que se cumpla con los protocolos establecidos.
- Activan Operación Pandora contra red criminal de policías
Puntos clave del reglamento
1. Asignación y control de armas:
El reglamento especifica que solo el intendente de armas puede asignar armamento a los miembros de la Policía Nacional. Cada arma será registrada, identificada con un número de serie y monitorizada a través de un sistema de control digital que garantizará la trazabilidad del armamento asignado.
2. Responsabilidad y sanciones:
En caso de pérdida o sustracción de un arma, el miembro de la Policía Nacional deberá informar inmediatamente sobre el incidente. Si la pérdida se debe a negligencia, se impondrán sanciones económicas que incluirán el descuento del valor del arma de los haberes del responsable, según lo dictado por la ley.
3. Auditorías y supervisión:
Como parte de la estrategia de control, el reglamento establece auditorías periódicas tanto a nivel de la Intendencia de Armas como en las dependencias locales. Además, se realizarán pruebas balísticas a las armas de fuego para asegurar su correcta operatividad y registro en la base de datos centralizada del Sistema Nacional de Control de Armas (SISNA).
4. Custodia y almacenamiento seguro:
Las armas deberán ser almacenadas en instalaciones especializadas, bajo control de los encargados de armas, quienes deberán mantener un registro detallado de cada una, incluyendo su estado de conservación, el uso que se les ha dado y la asignación a agentes específicos.
5. Comunicación inmediata ante pérdida o sustracción
Uno de los puntos más relevantes del reglamento es la obligación de notificar, de inmediato, cualquier pérdida o sustracción de armas, tal y como se establece en el Artículo 36.
Los coordinadores de las unidades deben informar sin demora a la Dirección General de la Policía Nacional y al intendente de armas en caso de pérdida de cualquier arma asignada. Este protocolo tiene como objetivo establecer mecanismos rápidos de respuesta y control ante situaciones de riesgo.
6. Control exhaustivo en el traslado y asignación de armas
El reglamento también regula el traslado de armas entre distintas dependencias de la Policía Nacional, asegurando que todos los movimientos sean registrados de manera minuciosa.
De acuerdo con el Artículo 38, los coordinadores de Recursos Humanos deben detallar en los documentos de envío las características de las armas, lo que incluye la marca, modelo y número de serie de cada pieza asignada.
Además, el Artículo 39 establece la obligación de cotejar regularmente estos datos con los registros de la Intendencia de Armas para verificar que las armas asignadas estén efectivamente en manos de los titulares registrados.
7. Responsabilidad y control de calidad en las armas asignadas
La seguridad de las armas no solo depende de su correcta gestión administrativa, sino también de su mantenimiento adecuado.
El reglamento establece estrictas normas para la limpieza, conservación y reparación de las armas. En este sentido, el Artículo 47 prohíbe el uso de materiales corrosivos para la limpieza de armas y subraya la responsabilidad de los agentes encargados de la manutención para evitar daños o negligencia.
8. Sanciones por negligencia o alteraciones
El reglamento también establece consecuencias claras para aquellos que violen las normas. Según el Artículo 66, cualquier alteración en las características de las armas, como el borrado del número de serie, será sancionada severamente.
Asimismo, el reglamento estipula que en caso de desperfectos por negligencia, los responsables enfrentan medidas disciplinarias, garantizando así que todos los miembros de la Policía Nacional se adhieran estrictamente a los procedimientos establecidos.
9. Transparencia en los informes semestrales
El reglamento también refuerza la obligación de los coordinadores de Recursos Humanos de presentar informes semestrales a la Intendencia de Armas, según lo dispuesto en el Artículo 40.
Estos informes deben incluir un inventario completo de las armas y propiedades afines, lo que permite mantener actualizado el registro y detectar cualquier irregularidad con respecto a las armas en poder de los miembros policiales.
Violaciones al reglamento de custodia y almacenamiento de armas
El caso de la Operación Pandora destaco el total incumplimiento del reglamento para el registro, almacenamiento y conservación de armas, municiones y equipamientos letales y no letales por parte de los miembros de la Policía Nacional.
Entre las violaciones más graves cometidas por los funcionarios detenidos se encuentran:
– Falsificación y manipulación de registros: Según el artículo 15 del reglamento, el intendente de armas debe llevar un registro riguroso de las asignaciones de armas y municiones.
Los funcionarios involucrados en el robo alteraron estos registros para ocultar la sustracción de municiones y armas.
– Distribución ilegal de municiones: El artículo 55 establece que la distribución de municiones debe realizarse solo a través de los canales oficiales y conforme a los requerimientos de la institución.
Sin embargo, los detenidos distribuían las municiones robadas sin ningún control, vendiéndolas en el mercado negro.
– Falta de control en los depósitos: El artículo 57 estipula que los depósitos deben cumplir con medidas de seguridad estrictas, como la vigilancia constante y la organización adecuada de las armas.
Las autoridades encontraron que los depósitos eran vulnerables y que las municiones no estaban almacenadas bajo las condiciones de seguridad exigidas.
La decisión se produce mientras avanzan las conversaciones entre los detallistas, la banca y el Gobierno para revisar las comisiones por transacciones electrónicas
Santo Domingo, República Dominicana.– La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) dejó sin efecto, por el momento, la medida que contemplaba suspender la aceptación de pagos con tarjetas de crédito y débito en estaciones de combustibles, por lo que los usuarios podrán continuar utilizando esos métodos de pago con normalidad.
El presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez, explicó que la decisión fue adoptada luego de constatar avances en las conversaciones que se desarrollan con representantes de la banca nacional para buscar una solución al conflicto generado por las comisiones cobradas por las transacciones realizadas mediante tarjetas.
De esta manera, la suspensión anunciada inicialmente para este viernes 25 de septiembre queda aplazada por tiempo indefinido mientras continúan las negociaciones.
Las conversaciones son coordinadas por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Yayo” Sanz Lovatón, con la participación de otras instituciones vinculadas al sector.
Buscan salida al conflicto por comisiones
Anadegas ha sostenido que los costos que deben asumir las estaciones por las operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito y débito representan una carga significativa para los detallistas de combustibles.
Ante esa situación, la organización había advertido sobre la posibilidad de desconectar los dispositivos electrónicos de pago en las estaciones afiliadas.
Sin embargo, Pérez indicó que los avances alcanzados en el diálogo permitieron conceder un nuevo plazo para intentar alcanzar un acuerdo.
El dirigente empresarial valoró las gestiones realizadas por el Gobierno y destacó la participación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) en la búsqueda de una solución.
Gobierno asegura que mantendrá el diálogo
Por su parte, Sanz Lovatón afirmó que el Gobierno continuará trabajando junto a los sectores involucrados con el objetivo de encontrar una alternativa que permita mantener la sostenibilidad de las estaciones y, al mismo tiempo, garantizar el servicio a los consumidores.
Las partes procuran establecer condiciones que reduzcan el impacto de las comisiones sin afectar la disponibilidad de los pagos electrónicos en las estaciones de expendio de combustibles.
Anadegas reiteró que su reclamo no busca eliminar de manera definitiva el uso de tarjetas, sino lograr una revisión de los costos asociados a este mecanismo de pago.
Mientras continúan las negociaciones, los consumidores podrán seguir pagando combustible con tarjetas de crédito y débito sin cambios en el servicio.
El merenguero permanece ingresado en la Plaza de la Salud bajo vigilancia especializada luego de resultar herido en un ataque en Santo Domingo Este
Santo Domingo, República Dominicana.– El merenguero Julián Oro Duro, cuyo nombre de pila es Gilberto Julián Sarante Perdomo, presenta una evolución favorable y permanece bajo manejo conservador en el Hospital General de la Plaza de la Salud, donde continúa recibiendo atención y seguimiento médico permanente.
De acuerdo con el segundo informe ofrecido por el centro de salud, los principales indicadores clínicos del artista se mantienen estables y, hasta el momento, no se han registrado nuevas complicaciones.
El equipo de Neurocirugía mantiene la vigilancia y los estudios correspondientes para observar la evolución de una hemorragia detectada tras su ingreso.
De igual manera, los especialistas de Cirugía Maxilofacial continúan aplicando los protocolos establecidos y evalúan la posibilidad de realizar un procedimiento quirúrgico, decisión que dependerá de la evolución del paciente y de los resultados de las evaluaciones médicas.
La Plaza de la Salud informó que el artista continuará recibiendo los cuidados requeridos y señaló que cualquier actualización sobre su condición será comunicada mediante los canales oficiales del centro.
Permanece bajo estricta vigilancia médica
Desde su ingreso, Sarante ha permanecido bajo observación especializada y con restricciones de visitas, como parte de las medidas adoptadas para favorecer su recuperación.
El equipo médico ha mantenido una conducta conservadora mientras realiza evaluaciones periódicas para determinar los pasos siguientes en su tratamiento.
Resultó herido durante ataque en Santo Domingo Este
Julián Oro Duro resultó herido durante un hecho ocurrido la madrugada del lunes en una vivienda ubicada en el sector Brisa Oriental VI, en Santo Domingo Este.
En el mismo incidente perdió la vida su esposa, Zeneida Socorro.
Luego del ataque, el artista fue trasladado a la Plaza de la Salud, donde permanece ingresado.
La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho, reconstruir lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.
Mientras avanzan las investigaciones, familiares, seguidores y representantes del ámbito artístico se mantienen atentos a la evolución de la salud del merenguero.
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Ángel Martínez recibe condena suspendida y deberá indemnizar con RD$2 millones a Faride Raful
El creador de contenido admitió responsabilidad durante un procedimiento penal abreviado y tendrá que cumplir varias condiciones durante un año
Elba García
Santo Domingo, República Dominicana.– El creador de contenido Ángel Martínez, conocido como “El Detective”, fue condenado a un año de prisión suspendida y al pago de una indemnización de RD$2 millones a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, tras admitir responsabilidad por expresiones consideradas lesivas a su honra y honor.
La decisión fue emitida por la jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, durante un procedimiento penal abreviado en el que Martínez reconoció los hechos atribuidos y presentó disculpas a la funcionaria.
Durante la audiencia, el comunicador manifestó que no mantiene ningún conflicto personal con Raful y aceptó la responsabilidad penal correspondiente.
La condena fue dictada por violación a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, normativa utilizada para procesar conductas difamatorias cometidas a través de medios electrónicos.
Condiciones para mantener la pena suspendida
Aunque Martínez no deberá ingresar de inmediato a prisión, tendrá que cumplir una serie de condiciones durante el año de condena.
Entre las principales disposiciones impuestas por el tribunal figura la prohibición de realizar publicaciones, comentarios o referencias sobre Faride Raful, ya sea mediante redes sociales, medios escritos o cualquier otra plataforma de comunicación.
Asimismo, deberá mantener su residencia actual en el sector Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, o informar previamente al tribunal cualquier cambio de domicilio.
También tendrá la obligación de presentarse mensualmente ante el juez de ejecución de la pena para fines de supervisión y seguimiento.
El tribunal advirtió que, en caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas, la suspensión podría ser revocada y Martínez tendría que cumplir en prisión el tiempo correspondiente a la condena.
Raful destaca importancia de la decisión
Tras concluir la audiencia, la ministra Faride Raful expresó que la sentencia representa, a su juicio, un precedente importante para la defensa del honor y la reputación frente a expresiones difamatorias.
La funcionaria sostuvo que una decisión judicial no elimina por completo el daño ocasionado, pero consideró que el proceso contribuye a reafirmar la aplicación de las normas frente a ataques contra la honra personal e institucional.
Raful defendió el derecho de cualquier ciudadano a acudir a los tribunales cuando considere que su nombre o reputación han sido afectados.
Defensa dice que Martínez recibió informaciones falsas
El abogado de Martínez, Julio César Paredes, explicó que su defendido decidió retractarse después de comprobar que algunas de las informaciones que le habían sido suministradas por terceros no eran ciertas.
A la salida del tribunal, Martínez expresó que es “humano” y que no es “un robot”, al referirse al proceso judicial y a las decisiones adoptadas en torno al caso.
El creador de contenido, de 73 años, ha enfrentado otros procesos judiciales recientes relacionados con acusaciones de difamación e injuria.
Con esta sentencia, Martínez deberá observar las restricciones impuestas durante un año para conservar el beneficio de la suspensión condicional de la pena.