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Reglamento de armas de la Policía Nacional sobre el tapete con Operación Pandora.
Santo Domingo, R.D.-El sistema de control y regulación del armamento utilizado por la Policía Nacional se rige por un Reglamento de la institución para el registro, almacenamiento y conservación de armas, municiones y equipamientos letales y no letales.
Su aplicación busca garantizar que todo el armamento esté debidamente registrado, controlado y custodiado, minimizando así los riesgos asociados a su uso indebido.
El reglamento cubre diversos aspectos, desde el registro de huellas balísticas, hasta el control de las armas asignadas a cada agente policial y sus respectivas dependencias. En este reglamento la Intendencia de Armas de la Policía Nacional será responsable de la gestión, custodia y mantenimiento de las armas y municiones, asegurando que se cumpla con los protocolos establecidos.
- Activan Operación Pandora contra red criminal de policías
Puntos clave del reglamento
1. Asignación y control de armas:
El reglamento especifica que solo el intendente de armas puede asignar armamento a los miembros de la Policía Nacional. Cada arma será registrada, identificada con un número de serie y monitorizada a través de un sistema de control digital que garantizará la trazabilidad del armamento asignado.
2. Responsabilidad y sanciones:
En caso de pérdida o sustracción de un arma, el miembro de la Policía Nacional deberá informar inmediatamente sobre el incidente. Si la pérdida se debe a negligencia, se impondrán sanciones económicas que incluirán el descuento del valor del arma de los haberes del responsable, según lo dictado por la ley.
3. Auditorías y supervisión:
Como parte de la estrategia de control, el reglamento establece auditorías periódicas tanto a nivel de la Intendencia de Armas como en las dependencias locales. Además, se realizarán pruebas balísticas a las armas de fuego para asegurar su correcta operatividad y registro en la base de datos centralizada del Sistema Nacional de Control de Armas (SISNA).
4. Custodia y almacenamiento seguro:
Las armas deberán ser almacenadas en instalaciones especializadas, bajo control de los encargados de armas, quienes deberán mantener un registro detallado de cada una, incluyendo su estado de conservación, el uso que se les ha dado y la asignación a agentes específicos.
5. Comunicación inmediata ante pérdida o sustracción
Uno de los puntos más relevantes del reglamento es la obligación de notificar, de inmediato, cualquier pérdida o sustracción de armas, tal y como se establece en el Artículo 36.
Los coordinadores de las unidades deben informar sin demora a la Dirección General de la Policía Nacional y al intendente de armas en caso de pérdida de cualquier arma asignada. Este protocolo tiene como objetivo establecer mecanismos rápidos de respuesta y control ante situaciones de riesgo.
6. Control exhaustivo en el traslado y asignación de armas
El reglamento también regula el traslado de armas entre distintas dependencias de la Policía Nacional, asegurando que todos los movimientos sean registrados de manera minuciosa.
De acuerdo con el Artículo 38, los coordinadores de Recursos Humanos deben detallar en los documentos de envío las características de las armas, lo que incluye la marca, modelo y número de serie de cada pieza asignada.
Además, el Artículo 39 establece la obligación de cotejar regularmente estos datos con los registros de la Intendencia de Armas para verificar que las armas asignadas estén efectivamente en manos de los titulares registrados.
7. Responsabilidad y control de calidad en las armas asignadas
La seguridad de las armas no solo depende de su correcta gestión administrativa, sino también de su mantenimiento adecuado.
El reglamento establece estrictas normas para la limpieza, conservación y reparación de las armas. En este sentido, el Artículo 47 prohíbe el uso de materiales corrosivos para la limpieza de armas y subraya la responsabilidad de los agentes encargados de la manutención para evitar daños o negligencia.
8. Sanciones por negligencia o alteraciones
El reglamento también establece consecuencias claras para aquellos que violen las normas. Según el Artículo 66, cualquier alteración en las características de las armas, como el borrado del número de serie, será sancionada severamente.
Asimismo, el reglamento estipula que en caso de desperfectos por negligencia, los responsables enfrentan medidas disciplinarias, garantizando así que todos los miembros de la Policía Nacional se adhieran estrictamente a los procedimientos establecidos.
9. Transparencia en los informes semestrales
El reglamento también refuerza la obligación de los coordinadores de Recursos Humanos de presentar informes semestrales a la Intendencia de Armas, según lo dispuesto en el Artículo 40.
Estos informes deben incluir un inventario completo de las armas y propiedades afines, lo que permite mantener actualizado el registro y detectar cualquier irregularidad con respecto a las armas en poder de los miembros policiales.
Violaciones al reglamento de custodia y almacenamiento de armas
El caso de la Operación Pandora destaco el total incumplimiento del reglamento para el registro, almacenamiento y conservación de armas, municiones y equipamientos letales y no letales por parte de los miembros de la Policía Nacional.
Entre las violaciones más graves cometidas por los funcionarios detenidos se encuentran:
– Falsificación y manipulación de registros: Según el artículo 15 del reglamento, el intendente de armas debe llevar un registro riguroso de las asignaciones de armas y municiones.
Los funcionarios involucrados en el robo alteraron estos registros para ocultar la sustracción de municiones y armas.
– Distribución ilegal de municiones: El artículo 55 establece que la distribución de municiones debe realizarse solo a través de los canales oficiales y conforme a los requerimientos de la institución.
Sin embargo, los detenidos distribuían las municiones robadas sin ningún control, vendiéndolas en el mercado negro.
– Falta de control en los depósitos: El artículo 57 estipula que los depósitos deben cumplir con medidas de seguridad estrictas, como la vigilancia constante y la organización adecuada de las armas.
Las autoridades encontraron que los depósitos eran vulnerables y que las municiones no estaban almacenadas bajo las condiciones de seguridad exigidas.
Santo Domingo, R.D.-El obispo de la diócesis de La Altagracia, Jesús Castro Marte, expresó su profunda preocupación por el acelerado desarrollo urbanístico en la zona de Verón-Punta Cana, señalando que muchos proyectos se están ejecutando sin cumplir con la debida planificación establecida en la Ley No. 0368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
El prelado dejó claro que no se opone al desarrollo, pero enfatizó la necesidad de que las autoridades competentes hagan cumplir estrictamente las normativas vigentes. En ese sentido, exhortó a que los desarrolladores inmobiliarios respeten las disposiciones legales tanto a nivel local como nacional y regional, con el fin de garantizar un crecimiento ordenado y sostenible.
Asimismo, hizo un llamado urgente a proteger la inversión extranjera en el país, advirtiendo sobre la presencia de falsos desarrollistas que incurren en estafas inmobiliarias. Según indicó, estas prácticas afectan a ciudadanos que, con sacrificio, invierten sus ahorros o acceden a préstamos bancarios para adquirir una vivienda.
Castro Marte subrayó que la seguridad jurídica debe prevalecer para garantizar la confianza en el clima de inversión del país. “Mantener altos estándares en este aspecto es clave para preservar la imagen de la nación como una marca país confiable”, concluyó.
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Suprema Corte dice supera mora y que tramitación de casación se redujo de 707 a solo 27 días
Santo Domingo, R.D.-El 90% de los casos en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se resuelven en tres, seis y 12 meses y el tiempo de tramitación se redujo de manera significativa con la aplicación de la nueva ley de Casación, pasando de 707 a solo 27 días, informaron jueces de esa alta corte este miércoles.
La información fue ofrecida durante el encuentro «Justicia y Medios: Modelo de gestión y resultados de la Suprema Corte de Justicia«, encabezado por los presidentes de las Primera y Segunda Sala, Justiniano Montero Montero y Francisco Jerez Mena, respectivamente. Mientras que el magistrado Francisco Ortega Polanco, representó a la Tercera Sala de ese tribunal.
Al realizar la presentación, el secretario general de la SCJ, César García Lucas, informó que actualmente la SCJ tiene 4 mil 273 casos pendientes de fallo, de estos, los más antiguos datan del año 2024 de la materia civil y comercial, que presenta un total de 2, 983 expedientes pendientes.
Expedientes por materias
Mientras que, en materia de tierras solo tiene pendiente 377 casos, penal 353, laboral 266, contencioso administrativo 225 y contencioso tributario 69, todos estos casos corresponden a los años 2025 y 2026.
El tiempo de respuestas ronda los seis a 12 meses en materia civil, penal tres meses y un día para decidir los casos de extradición; mientras en lo relacionado a las decisiones contencioso tributario, administrativo, laboral y de tierras se emiten dentro del plazo de los seis meses.
Un aspecto importante destacado es la interoperabilidad con el Tribunal Constitucional para enviar de manera digital los expedientes apoderados, generando constancia de remisión automática.
Lo encontrado en 2019
La SCJ recordó que para el año 2019, había un total de 18,357 expedientes, de estos 9,187 completos y 9,170 incompletos. Algunos de estos correspondían al año 1982.
En el encuentro Justicia y Medio participó, además, el coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial, Javier Cabreja.
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23 minutos de persecución: ¿Qué dice la solicitud de medida de coerción y videos sobre muerte de chofer?
Santo Domingo, R.D.-“Un motorista lo chocó, iba abajo”, respondió, de acuerdo a uno de los videos que circula en las redes sociales, Juan Carlos Soto Ortiz, una de las personas que persiguió a Deivy Carlos Abreu Quezada hasta el Palacio de Justicia de Santiago, lugar en donde le propinaron una herida de arma blanca en su pierna derecha, lo que provocó su muerte.
En la solicitud de medida de coerción contra siete de los implicados, se indica que la persecución duró alrededor de 23 minutos (desde las 3:00 de la tarde hasta las 3:23 p. m.).
El recorrido en contra del conductor del camión recolector de basura inició en el Ensanche Bermúdez y concluyó en el Palacio de Justicia. Antes de ese tiempo, la narración de los hechos no abunda en el conflicto.
Según el relato del Ministerio Público, Jhovanny de Jesús Metz Cruz, conocido como “Macho”, fue la persona que le propinó la estocada a Deivy Carlos Abreu Quezada.
La unión de los videos que circulan en las redes sociales sobre este crimen y los datos que presenta el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción contra siete de los implicados, detallan lo siguiente:
Jhovanny de Jesús Metz Cruz realizó la persecución en contra de Abreu Quezada en su motocicleta, marca Boxer BM150, color negro, con un diseño en el tanque de color amarillo con verde y con un stiker que dice: “Chucho R”. La misma era conducida por una persona “no individualizada”, “Macho”; iba en la parte de atrás.
Al llegar al Palacio de Justicia, cuando el camión reduce la velocidad para entrar, Metz Cruz se desmonta de la motocicleta y lo persigue a pie, corriendo, junto a otras personas. Iba vestido con un casco protector negro que impedía ver su rostro, un abrigo negro manga larga, un pantalón negro y unos crocs blancos.
Cuando Abreu Quezada detiene el camión recolector de basura, dos hombres lo atacan por el área del conductor, obligándolo a que este salte del camión y que Beylor Rodríguez Méndez, seguridad del área, dispare su arma para despejar a la multitud.
En el video se observa al hombre con casco protector negro, abrigo negro manga larga, pantalón negro y unos crocs blancos portar un cuchillo en las manos. Según la medida de solicitud de coerción, era un arma “tipo caza, color negro, de aproximadamente doce (12) pulgadas de longitud”, recogida en el Palacio de Justicia.
Según el video, después de que Jhovanny de Jesús Metz Cruz le propinó la estocada en la pierna, Deivy Carlos Abreu Quezada salta del camión y grita: “Me mató”.
Tras esto, “Macho” sale corriendo del Palacio de Justicia y desaparece. Las autoridades lo persiguen por este crimen y le piden que se entregue.
“Me interceptaron por el camino para matarme… Yo no choqué a nadie; ellos me atravesaron un motor en el medio, está grabado allá arriba en la cámara; me interceptaron un motor en el medio”, dice Deivy Carlos Abreu Quezada a un hombre que le pregunta qué pasó, mientras se desangra.
Mientras el hombre sigue preguntando, Deivy Carlos Abreu Quezada empieza a orar y a pedir a Dios que lo perdone y que no lo dejen morir. Su muerte se produce entre las 4:30 y 5:30 de la mañana, de acuerdo al acta del médico legista realizada en el Hospital Presidente Estrella Ureña, al otro día del incidente, el 18 de abril.
“Su fallecimiento se produjo de dos a tres horas antes del levantamiento del cadáver”, dice la solicitud de medida de coerción. Se recuerda que el levantamiento del cadáver es el formulario que llena el médico sobre la muerte de una persona. El mismo se realizó a las 6:00 de la mañana.
Deivy Carlos Abreu Quezada tenía 9 meses laborando en la empresa Comlursa S.R.L., que ofrece el servicio de recolección de basura en Santiago.
Su muerte ha dejado a cinco niños en la orfandad.
Las autoridades presentaron solicitud de medida de coerción en contra de Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclu González, Carlos Andrés Roa Moran, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.