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El paquete fiscal genera rechazo
Trabajadores, empresarios y dirigentes políticos piden que el gobierno de Danilo Medina reoriente su propuesta
Empresarios visitaron ayer el Palacio Nacional un día después de la presentación de la propuesta de reforma fiscal.
La propuesta de reforma fiscal entregada por el Gobierno a los actores del Consejo Económico y Social ya generó profundas y negativas reacciones entre los trabajadores, empresarios y dirigentes políticos del país.
Luego de analizar la propuesta de reforma fiscal presentada por el Poder Ejecutivo, las tres principales centrales de trabajadores rechazaron la intención de ampliar la tasa del Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios (ITBIS) de un 16% a 18%, lo mismo que la inclusión de otros productos alimenticios en el gravamen.
Seguras de que el proyecto presentado por el presidente Danilo Medina impactaría negativamente en la calidad de vida de la clase trabajadora, la Central Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Sindical (CASC) y la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) rechazaron, además, los artículos del proyecto que obligarían a que la regalía pascual (salario trece) y los ahorros sean sometidos al pago del impuesto sobre la renta. Rafael (Pepe) Abreu, presidente del CNUS, explicó que las entidades se reunieron a estudiar punto por punto el documento entregado a los integrantes del Consejo Económico y Social. Y determinaron que tampoco la población debe aceptar la nueva estructura impositiva que se coloca sobre los combustibles y los vehículos de motor, los cuales tendrían que pagar un impuesto selectivo anual correspondiente al 1% de su valor en el mercado.
Abreu consideró que, en vez de aumentar la tasa del ITBIS y la cantidad de bienes y servicios gravados, el Gobierno bien podría recaudar más recursos si reduce la actual evasión de este impuesto, estimada en 24%.
“Los sectores del Consejo Económico y Social pensamos que podemos estudiar la propuesta, y tomando en cuenta los puntos de vista de cada sector, hacer una contrapropuesta a la que ya se hizo”, expresó el dirigente sindical en conversación telefónica con elCaribe. Las centrales opinan que la inclusión del salario trece en el impuesto sobre la renta sería un entuerto legislativo porque, además de reducir la capacidad de consumo de los empleados, modificaría el mismo Código del Trabajo de República Dominicana. Rafael Abreu aseguró que bien haría el Poder Ejecutivo si, antes de tapar el actual déficit fiscal de más de RD$ 187 mil millones con nuevos gravámenes, revisara los contratos con las generadoras eléctricas para reducir el subsidio.
El borrador del proyecto fiscal también busca elevar el impuesto selectivo a las bebidas alcohólicas desde un 7.5% a 15%, entrar 275 nuevas categorías de bienes y servicios al ITBIS, y aumentar de 3% a 5% las retenciones que se hacen a los suplidores del Estado. En el caso de las propiedades inmobiliarias, plantea eliminar el impuesto a las viviendas suntuarias con la intención de crear un impuesto único de 1% sobre el valor de la propiedad. La idea con estas y otras medidas es llevar la presión tributaria de 13.2% al 15.4%, un aumento que equivaldría a cerca de RD$55 mil millones.
Los empresarios, a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada, reaccionaron sorprendidos por los planteamientos del equipo económico de Danilo Medina, y especialmente por el tamaño del déficit que dejó la gestión del presidente Leonel Fernández. Aunque anunciaron que sus conclusiones las darán a conocer la próxima semana mediante rueda de prensa, parte del sector visitó el Palacio Nacional.
Zonas Francas y AIRD
La presidenta del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), Luisa Fernández, dijo que la aplicación de un 10% a los dividendos y la intención de aumentar de un 2.5% a 5% el impuesto a ventas locales de zonas francas, no dejan de ser “solo propuestas” que están sujetas a discusión. En ese sentido, afirmó que los empresarios del sector llevarán sus razones y argumentos ante el Consejo Económico y Social que preside monseñor Agripino Núñez Collado, para llegar a un acuerdo.
“Lo que se ha hecho es una propuesta, el presidente Danilo no ha impuesto nada, no ha dicho: esto es lo que va. Es una propuesta y se ha creado una plataforma para discutir y ver lo que va a pasar”, expresó al salir de la reunión de más de una hora que sostuvo con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y en la que también participaron el presidente de la Cervecería Nacional Dominicana, Franklin León; la presidenta y vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Ligia Bonetti y Circe Almánzar, respectivamente.
Los exportadores dominicanos también tronaron contra el paquete. El presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Kai Schoenhals, calificó la reforma como la tormenta perfecta que afectaría las exportaciones. Según él, se crearía una situación económica muy preocupante para el año 2013, que además “va a contribuir con una desaceleración de la economía” que este año sólo ha crecido un 3.8%.
“Me refiero a la desaceleración de la economía de los Estados Unidos que se proyecta que este año va a crecer alrededor de 2.2% y además a la desaceleración de 0.7% en Europa. Yo menciono esto porque esos son nuestros principales compradores, entonces va a ser como una tormenta perfecta que definitivamente afectará las exportaciones”, lamentó durante una visita a este matutino.
Reacciona oposición política
El diputado reformista Víctor (Ito) Bisonó propuso que, para reducir el déficit fiscal sin crear más impuestos, se recorte el 50 por ciento de los recursos que los partidos políticos reciben del Estado, y se eliminen los fondos de asistencia social del Congreso. El representante del Distrito Nacional propone que la Junta Central Electoral (JCE) retenga RD$350 millones de los RD$700 millones que debe distribuir cada año entre las entidades políticas. De acuerdo a las estimaciones de Bisonó, el Poder Legislativo podría ayudar a la mejoría de las cuentas públicas si los senadores renuncian al dinero clientelar del “barrilito” y los diputados al del “cofrecito”, de donde se drenan cerca de RD$350 millones por año. Mientras, Orlando Jorge Mera, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), hizo ayer un llamado a los miembros de esa agrupación política para que dejen a un lado las pugnas internas y se dediquen a enfrentar la reforma.
Ito Bisonó
Los legisladores podríamos crecernos en el respeto y la estimación de la sociedad dominicana renunciando definitivamente a los cofrecitos y barrilitos”.
Orlando Jorge Mera
Hay muchas tareas por delante, pero lo primero es evitar que la carga sea asumida por quienes no son responsables de la grave crisis económica: el pueblo dominicano”.
Santo Domingo, R.D.-Eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico dos hombres y una mujer que fueron encontrados muertos con múltiples impactos de balas en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa y la ciudad de Santiago, según la La Policía Nacional.
informó que los dos hombres encontrados muertos con múltiples impactos de bala en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa, eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico, y se les vincula directamente con el reciente asesinato de una mujer en Santiago de los Caballeros.
Los fallecidos fueron identificados como Natanael Peña, alias “El Cha”, y un hombre conocido hasta el momento como “La Rata”.
Según el informe preliminar, estos hombres mantenían una disputa por el control de puntos de drogas con Margarita Díaz García, alias “La China”, quien fue ultimada recientemente en La Yagüita de Pastor, en Santiago.
Las autoridades señalan que Díaz García y su pareja, Roberto Hans Sánchez Tejada, alias “El Flaco”, operaban la distribución de sustancias en esa zona.
El cruce de información entre la Dirección de Investigación (Dicrim) de La Vega y Santiago conectó ambos casos. La Policía Científica confirmó que los casquillos recolectados en la escena del asesinato de «La China» en Santiago coinciden en todas sus características con los levantados donde hallaron a «El Cha» y «La Rata», en el sector La Virgen de Jarabacoa.
El análisis de cámaras de seguridad permitió a las autoridades identificar el vehículo utilizado en el ataque de Santiago: una yipeta Honda CR-V, rojo vino (placa G-763855). El vehículo había sido rentado por Ruddy Manuel Moran Almonte, alias “La Pólvora”, un reconocido delincuente de la zona.
Durante los operativos desplegados en Jarabacoa, la Policía retuvo la yipeta mencionada, la cual era conducida por Erika Martínez Peralta, de 26 años. Al ser interrogada, la joven confesó que «La Pólvora» le había ordenado abandonar el vehículo.
Martínez Peralta guió a unidades élites de la Policía hasta una villa en el sector El Pedregal, donde se escondían los prófugos. Al notar la presencia policial, los hombres armados huyeron hacia una zona boscosa cerca del río Baiguate. Durante la persecución cayó abatido Miguel Marine Rodríguez, alias “La Cabra”.
A «La Cabra» se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros. Los análisis balísticos confirmaron que esa fue el arma utilizada tanto en el asesinato de «La China» en Santiago, como en la ejecución de «El Cha» y «La Rata» en Jarabacoa.
La información del GPS proporcionada por la empresa de alquiler de vehículos evidenció que el sistema registró que la yipeta hizo una parada a las 4:15 de la madrugada del 20 de mayo de 2026 en el sector La Virgen, en Jarabacoa. Este fue el lugar y la hora exacta en la que los sicarios ejecutaron y abandonaron los cuerpos de Natanael Peña y el apodado «La Rata».
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados el proyecto que tiene el objetivo de reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo, el cual contiene diversas variaciones con respecto al documento actual.
Una de las alteraciones está centrada en la licencia por paternidad otorgada a los trabajadores. Para el Gobierno, el nuevo contenido que tendría la regulación laboral representa “un aumento del 100%”, ya que elevaría el periodo de dos a cuatro días.
“Hemos logrado consensos en aumento en un 100% de la licencia por paternidad a cargo de la empresa”, comunicó el 26 de agosto de 2024 el entonces ministro Luis Miguel De Camps, quien dirigió los diálogos realizados con empresarios y sectores sindicales antes de presentar la base del proyecto de ley que en la actualidad conoce el Congreso Nacional.
En las discusiones que han desarrollado durante más de un año, los legisladores habían acordado elevar la cantidad de días a siete, pero, finalmente, se limitaron a respaldar la recomendación enviada por el Poder Ejecutivo.
“Cuatro días laborables de licencia por paternidad con disfrute de salario para el caso de alumbramiento de la esposa o de la pareja debidamente registrada en la empresa”, dicta el nuevo texto que contendría el artículo 54 del documento.
Asimismo, algunos congresistas entendían necesario incluir a los hermanos en la lista de parientes que son considerados cuando el empleado requiera de una licencia por duelo establecida en cuatro días.
Esto significa que únicamente los familiares que aplican para ese caso son los abuelos, padres, hijos o la pareja del asalariado.
Por otro lado, los representantes de la cámara baja aprobaron también la realización de un cambio en la entrega de las propinas a los empleados de hoteles, restaurantes, cafés, barras y bares, “en general en los establecimientos comerciales donde se expande comida o bebida para su consumo en esos mismos lugares”.
Aunque se registraron intentos por parte de algunos senadores y diputados de eliminar ese apartado, la propuesta legislativa mantuvo el 10% de gratificación que debe entregar el empleador, recolectado de un tributo colocado a cuenta pagada por el consumidor. Esta bonificación no incluye al personal que integra el área gerencial y administrativa.
Según establece la pieza, los trabajadores y empleadores de los establecimientos podrán acordar que el repartimiento porcentual de la propina derive de criterios que “tomen en consideración la generación del porcentaje de propina en cada una de las áreas de servicios de los establecimientos, así como la posibilidad de incluir a quienes no asistieron a sus labores ese día”.
Uno de los temas más conflictivos dentro del proceso de debate que ha causado el tema de la reforma laboral es la cesantía, luego de que el sector empresarial haya manifestado en diversas ocasiones la intención que tienen de modificarla, a través de la colocación de un límite.
El proyecto legislativo también agrega una figura antes no contemplada para los procesos judiciales: El juez conciliador.
Este tendría la responsabilidad de proponer soluciones razonables, a través de reflexiones que considere oportunas, para intentar que el empleador y el asalariado logren un acuerdo cuando tengan conflictos reportados ante los juzgados.
Asimismo, los diputados colocaron un tope para establecer una duración máxima de 24 meses para el término de los procesos judiciales.
Momentos después de que la sociedad conociera sobre la aprobación del documento legislativo, alrededor de 80 colectivos comerciales se pronunciaron a través del Consejo Nacional de las Empresas Privadas (Conep) para expresar su rechazo, ya que “aspectos pueden incrementar costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultad para generar nuevos empleos formales”.
Los diputados aún no han reaccionado a las debilidades, según aseguran los comerciantes, que contiene supuestamente el proyecto de ley.
Santiago, R.D. – Las labores en los tribunales del pais fueron paralizadas por jueces, juezas y servidores judiciales que denuncian “abandono”, sobrecarga laboral y el deterioro extremo en que aseguran opera actualmente el Poder Judicial.
Vestidos de negro, con pancartas en alto y lanzando consignas frente al Palacio de Justicia de Santiago, cientos de magistrados y empleados judiciales protagonizaron una jornada de protesta que suspendió miles de audiencias y dejó prácticamente paralizada gran parte de la administración de justicia en República Dominicana.
La manifestación, respaldada por más de 450 jueces y más de 2,000 servidores judiciales a nivel nacional, fue definida por sus organizadores como un “grito desesperado” ante años de reclamos ignorados por las autoridades del sistema judicial.
“Este es un día histórico y trascendental para la judicatura nacional”, declaró la magistrada Esther Carolina Reyes Aracena, jueza sustituta de presidente en funciones del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, al explicar que la protesta busca obligar a las autoridades a escuchar las denuncias acumuladas durante años.
Tras el acto, jueces y empleados se trasladaron a sus respectivos tribunales para realizar la cancelación simbólica de los roles de audiencia, oficializando así el paro nacional de 24 horas, que impactará directamente miles de procesos judiciales pendientes.
La jornada alcanzó su punto más fuerte con la lectura del “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia”, pronunciado por el magistrado Rubén Uceta, quien lanzó duras críticas contra la gestión administrativa del Poder Judicial y denunció un escenario de “crisis institucional”.
“La justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual. La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales”, expresó el juez ante decenas de magistrados y servidores que respondían con aplausos y consignas.
El documento describe un sistema judicial golpeado por la falta de jueces, déficit de personal, bajos salarios, exceso de expedientes, renuncias masivas, inseguridad y deterioro de las infraestructuras judiciales.
Según denunciaron, la escasez de personal ha obligado a muchos empleados a asumir funciones equivalentes a las de dos, tres y hasta cuatro personas, mientras magistrados manejan cargas laborales que calificaron como “inhumanas”.
Los jueces también cuestionaron el manejo del presupuesto institucional, denunciando que, mientras tribunales operan en precariedad, se destinan millones de pesos a gastos considerados innecesarios.
Entre los ejemplos señalados, mencionaron el montaje de un árbol navideño valorado en cerca de 11 millones de pesos, así como gastos en publicidad, eventos, viajes, restaurantes e influencers.
“No a la industrialización de la justicia. No a la desigualdad salarial. No a la dilapidación de recursos en privilegios y campañas publicitarias”, proclamó Uceta durante la lectura del manifiesto.
“Ya no es tiempo de diagnósticos ni de planificación; es tiempo de decisiones concretas y ejecutables”, advirtieron.
El manifiesto dejó claro que la protesta no está dirigida contra una persona específica, sino contra “un modelo de gestión” que, según denunciaron, ha ignorado sistemáticamente los reclamos de jueces y servidores judiciales.