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El paquete fiscal genera rechazo
Trabajadores, empresarios y dirigentes políticos piden que el gobierno de Danilo Medina reoriente su propuesta
Empresarios visitaron ayer el Palacio Nacional un día después de la presentación de la propuesta de reforma fiscal.
La propuesta de reforma fiscal entregada por el Gobierno a los actores del Consejo Económico y Social ya generó profundas y negativas reacciones entre los trabajadores, empresarios y dirigentes políticos del país.
Luego de analizar la propuesta de reforma fiscal presentada por el Poder Ejecutivo, las tres principales centrales de trabajadores rechazaron la intención de ampliar la tasa del Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios (ITBIS) de un 16% a 18%, lo mismo que la inclusión de otros productos alimenticios en el gravamen.
Seguras de que el proyecto presentado por el presidente Danilo Medina impactaría negativamente en la calidad de vida de la clase trabajadora, la Central Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Sindical (CASC) y la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) rechazaron, además, los artículos del proyecto que obligarían a que la regalía pascual (salario trece) y los ahorros sean sometidos al pago del impuesto sobre la renta. Rafael (Pepe) Abreu, presidente del CNUS, explicó que las entidades se reunieron a estudiar punto por punto el documento entregado a los integrantes del Consejo Económico y Social. Y determinaron que tampoco la población debe aceptar la nueva estructura impositiva que se coloca sobre los combustibles y los vehículos de motor, los cuales tendrían que pagar un impuesto selectivo anual correspondiente al 1% de su valor en el mercado.
Abreu consideró que, en vez de aumentar la tasa del ITBIS y la cantidad de bienes y servicios gravados, el Gobierno bien podría recaudar más recursos si reduce la actual evasión de este impuesto, estimada en 24%.
“Los sectores del Consejo Económico y Social pensamos que podemos estudiar la propuesta, y tomando en cuenta los puntos de vista de cada sector, hacer una contrapropuesta a la que ya se hizo”, expresó el dirigente sindical en conversación telefónica con elCaribe. Las centrales opinan que la inclusión del salario trece en el impuesto sobre la renta sería un entuerto legislativo porque, además de reducir la capacidad de consumo de los empleados, modificaría el mismo Código del Trabajo de República Dominicana. Rafael Abreu aseguró que bien haría el Poder Ejecutivo si, antes de tapar el actual déficit fiscal de más de RD$ 187 mil millones con nuevos gravámenes, revisara los contratos con las generadoras eléctricas para reducir el subsidio.
El borrador del proyecto fiscal también busca elevar el impuesto selectivo a las bebidas alcohólicas desde un 7.5% a 15%, entrar 275 nuevas categorías de bienes y servicios al ITBIS, y aumentar de 3% a 5% las retenciones que se hacen a los suplidores del Estado. En el caso de las propiedades inmobiliarias, plantea eliminar el impuesto a las viviendas suntuarias con la intención de crear un impuesto único de 1% sobre el valor de la propiedad. La idea con estas y otras medidas es llevar la presión tributaria de 13.2% al 15.4%, un aumento que equivaldría a cerca de RD$55 mil millones.
Los empresarios, a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada, reaccionaron sorprendidos por los planteamientos del equipo económico de Danilo Medina, y especialmente por el tamaño del déficit que dejó la gestión del presidente Leonel Fernández. Aunque anunciaron que sus conclusiones las darán a conocer la próxima semana mediante rueda de prensa, parte del sector visitó el Palacio Nacional.
Zonas Francas y AIRD
La presidenta del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), Luisa Fernández, dijo que la aplicación de un 10% a los dividendos y la intención de aumentar de un 2.5% a 5% el impuesto a ventas locales de zonas francas, no dejan de ser “solo propuestas” que están sujetas a discusión. En ese sentido, afirmó que los empresarios del sector llevarán sus razones y argumentos ante el Consejo Económico y Social que preside monseñor Agripino Núñez Collado, para llegar a un acuerdo.
“Lo que se ha hecho es una propuesta, el presidente Danilo no ha impuesto nada, no ha dicho: esto es lo que va. Es una propuesta y se ha creado una plataforma para discutir y ver lo que va a pasar”, expresó al salir de la reunión de más de una hora que sostuvo con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y en la que también participaron el presidente de la Cervecería Nacional Dominicana, Franklin León; la presidenta y vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Ligia Bonetti y Circe Almánzar, respectivamente.
Los exportadores dominicanos también tronaron contra el paquete. El presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Kai Schoenhals, calificó la reforma como la tormenta perfecta que afectaría las exportaciones. Según él, se crearía una situación económica muy preocupante para el año 2013, que además “va a contribuir con una desaceleración de la economía” que este año sólo ha crecido un 3.8%.
“Me refiero a la desaceleración de la economía de los Estados Unidos que se proyecta que este año va a crecer alrededor de 2.2% y además a la desaceleración de 0.7% en Europa. Yo menciono esto porque esos son nuestros principales compradores, entonces va a ser como una tormenta perfecta que definitivamente afectará las exportaciones”, lamentó durante una visita a este matutino.
Reacciona oposición política
El diputado reformista Víctor (Ito) Bisonó propuso que, para reducir el déficit fiscal sin crear más impuestos, se recorte el 50 por ciento de los recursos que los partidos políticos reciben del Estado, y se eliminen los fondos de asistencia social del Congreso. El representante del Distrito Nacional propone que la Junta Central Electoral (JCE) retenga RD$350 millones de los RD$700 millones que debe distribuir cada año entre las entidades políticas. De acuerdo a las estimaciones de Bisonó, el Poder Legislativo podría ayudar a la mejoría de las cuentas públicas si los senadores renuncian al dinero clientelar del “barrilito” y los diputados al del “cofrecito”, de donde se drenan cerca de RD$350 millones por año. Mientras, Orlando Jorge Mera, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), hizo ayer un llamado a los miembros de esa agrupación política para que dejen a un lado las pugnas internas y se dediquen a enfrentar la reforma.
Ito Bisonó
Los legisladores podríamos crecernos en el respeto y la estimación de la sociedad dominicana renunciando definitivamente a los cofrecitos y barrilitos”.
Orlando Jorge Mera
Hay muchas tareas por delante, pero lo primero es evitar que la carga sea asumida por quienes no son responsables de la grave crisis económica: el pueblo dominicano”.
La embadora de los Estados Unidos en el país ha dado un giro inesperado en su discurso que redefinen el enfoque de la potencia del norte hacia la Republica Dominicana de la administracion Trump.
La intervención, marcada por un tono personal, abiertamente religioso y políticamente directo, envió varios mensajes clave con implicaciones en seguridad, comercio, presiones políticas y relación bilateral. Algunos de esos mensajes representan rupturas explícitas con la postura estadounidense reciente en temas sensibles como Haití y el escrutinio a grandes empresas con operaciones en el país.
Haití y las fronteras
Fiel a su estilo no convencional, la embajadora reveló que la administración Biden presionó a República Dominicana para mantener abierta la frontera con Haití en momentos de crisis, una postura que ella relacionó con la política de «fronteras abiertas» de Washington y que calificó como desacertada.
Debió ser reabierta al comercio bilateral, aunque se mantienen restricciones al tráfico de personas. El tema de la seguridad advino con el rápido desplome del orden en el vecino país.
El contraste ahora es marcado. EE. UU. está «100% alineado» con el gobierno del presidente Abinader en su política de seguridad fronteriza y en la valoración de la soberanía territorial como prioridad.
Es, en términos diplomáticos, una admisión de que el ciclo de fricciones bilaterales por la frontera, incluidas advertencias de agencias y comunicados de derechos humanos, queda clausurado por decisión política del nuevo gobierno estadounidense.
Durante el año precedente, informes, declaraciones de funcionarios de EE. UU. y coordinaciones con organismos multilaterales habían colocado a República Dominicana bajo presión por sus controles migratorios, particularmente en lo relativo a detenciones, deportaciones y trato a migrantes haitianos. En el discurso, ese capítulo desaparece.
Campos no mencionó ninguna preocupación humanitaria ni de derechos humanos ligada a Haití, ni al manejo interno dominicano de la movilidad fronteriza. Por el contrario, su énfasis fue exclusivamente de seguridad: reforzar vigilancia, contener amenazas transfronterizas, enfrentar redes delictivas y evitar desestabilización regional.
La embajadora incluso enmarcó la inestabilidad haitiana como una preocupación de seguridad tanto para RD como para EE. UU., no como un problema humanitario.
El énfasis deja ver un cambio de prioridades: la diplomacia norteamericana ya no condicionará su relación con Santo Domingo al tratamiento de población migrante y deja de lado un discurso que en administraciones anteriores era habitual.
Ese silencio no se limita al tema haitiano. Durante todo el discurso, Campos evitó referirse a asuntos de derechos humanos en sentido amplio. Lo más cercano fue la mención del regreso del país al nivel dos en el último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas.
No es una novedad histórica, sino un retorno a una posición que el país ha ocupado varias veces en la última década. En el discurso de Campos, la mención aparece estratégicamente vinculada a los «valores compartidos» y a los otros pilares de la relación bilateral, no como un análisis técnico de la situación.
La pieza, centrada en seguridad, prosperidad económica, comercio y valores religiosos compartidos, se aparta del estilo tradicional del Departamento de Estado, que suele incluir al menos menciones formales a derechos fundamentales.
Se acabaron las sanciones
La omisión es significativa no tanto por lo que dice, sino por lo que ya no se dice. Bajo la nueva administración estadounidense, la agenda de derechos humanos pierde peso visible en la relación bilateral.
Eso se enlaza con otro mensaje directo del discurso: el aviso de que la embajada no permitirá la «politización de asuntos comerciales» ni «insinuaciones o acusaciones falsas» promovidas por «sectores activistas» dentro de Estados Unidos.
La frase, inusual en boca de un embajador, apunta claramente a grupos de presión, organizaciones sindicales y ONG que tradicionalmente han influido en la política comercial y laboral de EE. UU., sobre todo en relación con productos agrícolas y manufactura en países socios.
Bajo esa advertencia se lee una toma de distancia de la diplomacia estadounidense respecto a esos grupos, a los que identifica como actores que no deben interferir en la relación económica con República Dominicana.
Demostración del nuevo enfoque es el anuncio de su «primera visita oficial» como embajadora al Central Romana, principal proveedor de azúcar dominicano bajo cuota preferencial de EE. UU. y compañía que estuvo bajo sanciones laborales durante casi dos años.
El Departamento de Trabajo y el CBP de EE. UU. suspendieron las importaciones del azúcar producido por esa empresa por señalamientos de trabajo forzoso y violaciones a estándares laborales. Su inclusión en la llamada «lista de entidades» restringidas, desaprobada ampliamente en los círculos empresariales dominicanos, fue un caso emblemático del activismo laboral estadounidense.
Que la embajadora anuncie esa visita como su primer acto, y que la justifique como un gesto de transparencia y amistad, es un mensaje explícito al mercado y a los grupos de presión.
La nueva administración quiere dar por superado ese episodio y reposicionar a la empresa como un socio legítimo e importante del comercio bilateral.
La señal es doble. Para Washington, implica un viraje desde el escrutinio laboral hacia el apoyo económico a una empresa clave dentro de una cadena comercial estratégica. Para Santo Domingo, supone una validación política de que el conflicto comercial quedó atrás y que el principal comprador del azúcar dominicano respalda al productor local.
Es también un mensaje interno: Campos subraya que la Embajada trabajará para proteger intereses comerciales estadounidenses, pero lo hará «sin activismo» y sin ceder a presiones internas en su país.
Declaración de prioridades
En suma, el discurso de la embajadora Campos fue una declaración de prioridades, y esas prioridades redefinen el marco de la relación bilateral:
- Primero, cierre de tensiones por Haití y alineamiento total en seguridad fronteriza.
- Segundo, un desplazamiento explícito de la agenda de derechos humanos y del escrutinio migratorio.
- Tercero, un respaldo político al sector empresarial, incluyendo a empresas previamente cuestionadas, y una advertencia a grupos de presión estadounidenses.
- Cuarto, un énfasis sostenido en comercio, nearshoring, ciberseguridad y cadenas de suministro como ejes de la cooperación.
La nueva diplomacia estadounidense en Santo Domingo se presenta así más cercana, más política, más alineada con el Gobierno dominicano y menos condicionada por las agendas tradicionales de derechos humanos y activismo laboral.
Un mensaje claro de hacia dónde se mueve Washington en el Caribe y de qué espera de República Dominicana en este nuevo ciclo.
SANTO DOMINGO.- Fueron reelectos este martes por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tres miembros del Tribunal Superior Electoral, incluyendo a su presidente, y eligió a dos nuevos integrantes de esa alta corte.
En la reunión fueron seleccionados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, para un total de 10, quienes serán juramentados, por un período de cuatro años, este jueves 4 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Palacio Nacional.
En cuanto a los cinco jueces que deben ser escogidos como titulares de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Nancy Salcedo, jueza de ese organismo, miembro y secretaria del CNM, indicó que, para estos fines, será convocada una nueva reunión en los próximos días.
Los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral son su presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, escogido a unanimidad; así como a Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, quienes se mantienen como juez titutlares.
Los nuevos jueces son Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García. Los suplentes son Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.
Estos fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la ley número 138-11, que rige el Consejo.
Santo Domingo.- La seguridad de las festividades navideñas quedó formalmente activada este miércoles con el despliegue de 27,794 efectivos policiales y militares, tras el lanzamiento del operativo “Garantía de Paz en Navidad 2.0”, encabezado por el presidente Luis Abinader, quien exhortó a las tropas a actuar con firmeza, profesionalidad y respeto a los derechos humanos.
El despliegue incluye 22,794 policías y más de 5,000 militares, que reforzarán calles, zonas comerciales, terminales, áreas residenciales y puntos turísticos en todo el territorio nacional. El acto se realizó en la explanada del Palacio de la Policía Nacional con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Abinader, al dirigirse a los agentes, pidió actuar con compromiso y cercanía con la ciudadanía.
“Trabajen en favor de la población dominicana, respetando los derechos humanos y protegiendo la paz. Confiamos en ustedes”, expresó el mandatario al despedir las brigadas.
Raful destacó que este operativo incorpora la promoción más numerosa hasta la fecha y aseguró que el enfoque principal será preventivo, con inteligencia territorial para anticiparse al delito.
“No esperamos a que ocurra el delito para reaccionar. El objetivo es disuadir, vigilar y proteger”, afirmó.
La funcionaria insistió en que la seguridad no recae solo en las autoridades, sino también en la responsabilidad ciudadana.
“Si cada quien no asume su parte, el esfuerzo se queda corto. La paz no se decreta, se construye entre todos”, dijo, llamando al respeto de horarios comerciales, a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y a reducir ruidos en las comunidades.
El director de la Policía, Guzmán Peralta, aseguró que los miembros de las fuerzas del orden reforzarán la vigilancia en espacios públicos y privados durante la temporada.
“Estaremos donde se nos necesite. Que estas sean unas fiestas de paz y unión familiar”, manifestó.
El operativo se mantendrá activo durante toda la temporada navideña con el objetivo de prevenir delitos, accidentes y garantizar la sana convivencia, mientras el Gobierno apuesta por un cierre de año seguro y en orden para las familias dominicanas.