Nacionales
El paquete fiscal genera rechazo
Trabajadores, empresarios y dirigentes políticos piden que el gobierno de Danilo Medina reoriente su propuesta
Empresarios visitaron ayer el Palacio Nacional un día después de la presentación de la propuesta de reforma fiscal.
La propuesta de reforma fiscal entregada por el Gobierno a los actores del Consejo Económico y Social ya generó profundas y negativas reacciones entre los trabajadores, empresarios y dirigentes políticos del país.
Luego de analizar la propuesta de reforma fiscal presentada por el Poder Ejecutivo, las tres principales centrales de trabajadores rechazaron la intención de ampliar la tasa del Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios (ITBIS) de un 16% a 18%, lo mismo que la inclusión de otros productos alimenticios en el gravamen.
Seguras de que el proyecto presentado por el presidente Danilo Medina impactaría negativamente en la calidad de vida de la clase trabajadora, la Central Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Sindical (CASC) y la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) rechazaron, además, los artículos del proyecto que obligarían a que la regalía pascual (salario trece) y los ahorros sean sometidos al pago del impuesto sobre la renta. Rafael (Pepe) Abreu, presidente del CNUS, explicó que las entidades se reunieron a estudiar punto por punto el documento entregado a los integrantes del Consejo Económico y Social. Y determinaron que tampoco la población debe aceptar la nueva estructura impositiva que se coloca sobre los combustibles y los vehículos de motor, los cuales tendrían que pagar un impuesto selectivo anual correspondiente al 1% de su valor en el mercado.
Abreu consideró que, en vez de aumentar la tasa del ITBIS y la cantidad de bienes y servicios gravados, el Gobierno bien podría recaudar más recursos si reduce la actual evasión de este impuesto, estimada en 24%.
“Los sectores del Consejo Económico y Social pensamos que podemos estudiar la propuesta, y tomando en cuenta los puntos de vista de cada sector, hacer una contrapropuesta a la que ya se hizo”, expresó el dirigente sindical en conversación telefónica con elCaribe. Las centrales opinan que la inclusión del salario trece en el impuesto sobre la renta sería un entuerto legislativo porque, además de reducir la capacidad de consumo de los empleados, modificaría el mismo Código del Trabajo de República Dominicana. Rafael Abreu aseguró que bien haría el Poder Ejecutivo si, antes de tapar el actual déficit fiscal de más de RD$ 187 mil millones con nuevos gravámenes, revisara los contratos con las generadoras eléctricas para reducir el subsidio.
El borrador del proyecto fiscal también busca elevar el impuesto selectivo a las bebidas alcohólicas desde un 7.5% a 15%, entrar 275 nuevas categorías de bienes y servicios al ITBIS, y aumentar de 3% a 5% las retenciones que se hacen a los suplidores del Estado. En el caso de las propiedades inmobiliarias, plantea eliminar el impuesto a las viviendas suntuarias con la intención de crear un impuesto único de 1% sobre el valor de la propiedad. La idea con estas y otras medidas es llevar la presión tributaria de 13.2% al 15.4%, un aumento que equivaldría a cerca de RD$55 mil millones.
Los empresarios, a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada, reaccionaron sorprendidos por los planteamientos del equipo económico de Danilo Medina, y especialmente por el tamaño del déficit que dejó la gestión del presidente Leonel Fernández. Aunque anunciaron que sus conclusiones las darán a conocer la próxima semana mediante rueda de prensa, parte del sector visitó el Palacio Nacional.
Zonas Francas y AIRD
La presidenta del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), Luisa Fernández, dijo que la aplicación de un 10% a los dividendos y la intención de aumentar de un 2.5% a 5% el impuesto a ventas locales de zonas francas, no dejan de ser “solo propuestas” que están sujetas a discusión. En ese sentido, afirmó que los empresarios del sector llevarán sus razones y argumentos ante el Consejo Económico y Social que preside monseñor Agripino Núñez Collado, para llegar a un acuerdo.
“Lo que se ha hecho es una propuesta, el presidente Danilo no ha impuesto nada, no ha dicho: esto es lo que va. Es una propuesta y se ha creado una plataforma para discutir y ver lo que va a pasar”, expresó al salir de la reunión de más de una hora que sostuvo con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y en la que también participaron el presidente de la Cervecería Nacional Dominicana, Franklin León; la presidenta y vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Ligia Bonetti y Circe Almánzar, respectivamente.
Los exportadores dominicanos también tronaron contra el paquete. El presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Kai Schoenhals, calificó la reforma como la tormenta perfecta que afectaría las exportaciones. Según él, se crearía una situación económica muy preocupante para el año 2013, que además “va a contribuir con una desaceleración de la economía” que este año sólo ha crecido un 3.8%.
“Me refiero a la desaceleración de la economía de los Estados Unidos que se proyecta que este año va a crecer alrededor de 2.2% y además a la desaceleración de 0.7% en Europa. Yo menciono esto porque esos son nuestros principales compradores, entonces va a ser como una tormenta perfecta que definitivamente afectará las exportaciones”, lamentó durante una visita a este matutino.
Reacciona oposición política
El diputado reformista Víctor (Ito) Bisonó propuso que, para reducir el déficit fiscal sin crear más impuestos, se recorte el 50 por ciento de los recursos que los partidos políticos reciben del Estado, y se eliminen los fondos de asistencia social del Congreso. El representante del Distrito Nacional propone que la Junta Central Electoral (JCE) retenga RD$350 millones de los RD$700 millones que debe distribuir cada año entre las entidades políticas. De acuerdo a las estimaciones de Bisonó, el Poder Legislativo podría ayudar a la mejoría de las cuentas públicas si los senadores renuncian al dinero clientelar del “barrilito” y los diputados al del “cofrecito”, de donde se drenan cerca de RD$350 millones por año. Mientras, Orlando Jorge Mera, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), hizo ayer un llamado a los miembros de esa agrupación política para que dejen a un lado las pugnas internas y se dediquen a enfrentar la reforma.
Ito Bisonó
Los legisladores podríamos crecernos en el respeto y la estimación de la sociedad dominicana renunciando definitivamente a los cofrecitos y barrilitos”.
Orlando Jorge Mera
Hay muchas tareas por delante, pero lo primero es evitar que la carga sea asumida por quienes no son responsables de la grave crisis económica: el pueblo dominicano”.
Nacionales
Senado aprueba ley de liberación de impuestos la importación de cámaras para sistemas de seguridad
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobada en primera lectura en el Senado un proyecto de ley que libera de impuestos la importación de cámaras digitales utilizadas en los sistemas de seguridad del país para combatir la delincuencia.
La pieza, que contó con 22 votos a favor y uno en contra, busca exonerar durante 10 años, partiendo de su promulgación, los pagos tributarios que deben realizar quienes importen cámaras grabadoras destinadas a contribuir con la seguridad y protección.
De acuerdo a los considerando presentados en el documento, los sistemas de videovigilancia son una de las herramientas «preventivas y disuasorias» que aportan a la lucha contra la inseguridad.
Las residencias, empresas, propiedades campestres, condominios, colmados, supermercados, hoteles, bares, restaurantes, escuelas, colegios, clínicas, hospitales y otros sectores relacionados son quienes serán exentos, a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), de los pagos tributarios requeridos en la adquisición de este tipo de videocámaras.
TIPOS DE CÁMARAS
La pieza legislativa delibera las cámaras tipo balas, domos, box y “PTZ”, que se pueden instalar en ambos ambientes, interior y exterior, para grabaciones de video de 720p, 1080p y 4K.
Además, los videograbadores con capacidad de grabación y audio no mayor de 32 canales con entradas tipo analógico, digital y de red (IP).
Esta ley modificaría el capítulo 85 de la Ley 146-00 sobre Reforma Arancelaria y Compensación Fiscal, que hace referencia a las cámaras digitales de seguridad y sus componentes.
Asimismo, reformará cualquier otra disposición legal que le sea contraria a este proyecto de ley, según lo dicta el quinto artículo denominado “Modificación”.
El 16 de julio del año 2012, el Congreso de la República Dominicana creó la Ley 171-12, que tuvo como objeto facilitar la adquisición de cámaras de videovigilancia, a través de la exoneración del pago de todo tipo de impuestos de importación, por un periodo de 10 años.
Este plazo finalizó en 2022 y género en consecuencia que estos equipos tecnológicos no sean beneficiados, en la actualidad, con ningún incentivo fiscal.
Santo Domingo, R.D.-Tres millones de pesos habría pagado Daneri Antonia Pérez Espinal habría para que le dieran muerte a su esposo, según lo informo el Ministerio Publico.
Así lo establece el expediente acusatorio instrumentado por el Ministerio Público en contra de la señora, imputada por la muerte a tiros de Julio César Rodríguez Paula, de 68 años de edad, durante un hecho ocurrido el 18 de septiembre del año 2020. La mujer pasó de víctima a cómplice del crimen el mes pasado cuando apresada en el Palacio de Justicia de Santiago donde se conoce el caso, luego de que el Minsterio Público, durante la investigación, descubriera que la presunta implicación de la señora en la muerte de su esposo.
El dispositivo indica que la señora, de 68 años, descubrió el adulterio luego de darle seguimiento a su esposo durante varios días.
Relata que, tras comprobar la relación extramarital de su pareja sentimental, la imputada Daneri Antonia Pérez Espinal instruyó a su sobrino, Fabricio Antonio Báez Pérez, para darle muerte a Rodríguez Paula.
El expediente indica que la señora le proporcionó a su pariente los medios económicos para materializar la acción criminal.
Depositó tres millones de pesos
El Ministerio Público señala que Pérez Espinal depositó en una cuenta de banco de su familiar tres millones doscientos treinta mil pesos.
De dicho monto, Fabricio le habría pagado RD$250 mil a Joan Giancarlos Acosta, conocido como «Café», para cometer el hecho.
Las autoridades identificaron al presunto pistolero al darle seguimiento, mediante las cámaras de seguridad que están instaladas en los alrededores de la escena del crimen, en Tamboril, hasta la zona Sur de Santiago, lugar donde se dirigió después del ataque a tiros.
Apresamiento de la acusada
El arresto de Daneri Antonia Pérez Espinal se produjo el 11 de abril pasado al salir del Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, donde era presentado el presunto sicario que mató a su esposo. Varios días después, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dispuso en su contra arresto domiciliario.
Mientras que Fabricio Antonio Pérez cumple prisión preventiva por el caso.
Pruebas del Ministerio Público
El Ministerio Público asegura que cuenta con suficientes pruebas documentales y testimoniales que comprometen penalmente a los tres imputados.
En el documento acusatorio señala que tienen el comprobante del depósito millonario que hizo Daneri Antonia Pérez Espinal a su familiar.
Además, cuenta con las declaraciones del sobrino en que supuestamente confiesa la participación de cada uno de los tres procesados.
A «Café» le ocuparon una motocicleta marca Gato, modelo CG-200, chasis LRPRPLV04KA201035, color rojo, la cual utilizó para desplazarse cuando alegadamente ejecutó el acto.
Calificación jurídicaEl Ministerio Publico otorgó la calificación jurídica provisional por violación de los tipos penales descritos en los artículos 265, 266,295, 296, 297 y 302 del Código Penal, consistente en asociación de malhechores y asesinato en perjuicio de la víctima Julio César Rodríguez Paula.
El hecho
El hoy fallecido Julio César Rodríguez Paula y su esposa fueron atacados a tiros por un hombre desde una motocicleta, cuando la pareja viajaba a bordo de una yipeta Honda CRV, blanca, por la calle Palmar de Canca La Piedra, en el municipio Tamboril, de la provincia Santiago. La hoy imputada resultó herida de bala durante el ataque.
Santo Domingo, R.D.-Una supuesta red criminal que se dedicaba a ingresar al país a través de la franja norte de la frontera a haitianos que pagaban entre 8 y 17 mil pesos para esos fines fue desmantelada en Santiago por las autoridades.
Así lo establece la acusación presentada en contra de nueve personas vinculadas a la alegada estructura, integrada por José Andrés Cabrera Francisco (Jairo), Enmanuel Jiménez González (Jhon Manuel), Carlos Bladimir Cuevas Peña (Carlos Pistola), Ricardo Francisco Martínez González (Ricardito), Freddy Esmeraldo Gómez, Ramona Salvadora Tapia Flores, Jeffrey Alberto Felipe Acevedo, Olga Acevedo Capellán, y Griselvis Miguelina Parra Hernández.
Contra el grupo la fiscalía y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas solicita a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago que imponga prisión preventiva y que declare de tramitación compleja el proceso.
El órgano acusador establece que esta organización transnacional traficaba, especialmente con ciudadanos haitianos, para lo cual utilizaban las vías terrestres a través de la frontera Norte del país con la vecina nación.
Apresan en República Dominicana a miembro de una de las bandas más peligrosas de Haití
Indica que asentaban a los indocumentados en diferentes puntos de la provincia Santiago.
Durante la investigación las autoridades identificaron la ruta que la red utilizaba para emplearse en el trasiego de personas en condición de irregularidad.
Detalla, la solicitud de medidas de coerción, que la organización empleaba distintas maniobras para cruzar, vía terrestre, desde Haití hasta Dajabón, a personas indocumentadas. Indica que, más tarde, trasladaban a estos indocumentados hasta Valverde y sus diferentes distritos «para luego continuar hacia el municipio de Navarrete, en Santiago, siendo recibidos los extranjeros en condición migratoria irregular, por la estructura, para luego sus integrantes encargarse de colocarlos en sus centros de acopios, tales como: casas, cuarterías y terrenos baldíos».
Contra Cuevas Peña se presentaron cargos por violentar los artículos 2, 47, letras C, D, E y H, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; artículo 2, numeral 11; 3, letras A, B y C, de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.