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El paquete fiscal genera rechazo
Trabajadores, empresarios y dirigentes políticos piden que el gobierno de Danilo Medina reoriente su propuesta
Empresarios visitaron ayer el Palacio Nacional un día después de la presentación de la propuesta de reforma fiscal.
La propuesta de reforma fiscal entregada por el Gobierno a los actores del Consejo Económico y Social ya generó profundas y negativas reacciones entre los trabajadores, empresarios y dirigentes políticos del país.
Luego de analizar la propuesta de reforma fiscal presentada por el Poder Ejecutivo, las tres principales centrales de trabajadores rechazaron la intención de ampliar la tasa del Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios (ITBIS) de un 16% a 18%, lo mismo que la inclusión de otros productos alimenticios en el gravamen.
Seguras de que el proyecto presentado por el presidente Danilo Medina impactaría negativamente en la calidad de vida de la clase trabajadora, la Central Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Sindical (CASC) y la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) rechazaron, además, los artículos del proyecto que obligarían a que la regalía pascual (salario trece) y los ahorros sean sometidos al pago del impuesto sobre la renta. Rafael (Pepe) Abreu, presidente del CNUS, explicó que las entidades se reunieron a estudiar punto por punto el documento entregado a los integrantes del Consejo Económico y Social. Y determinaron que tampoco la población debe aceptar la nueva estructura impositiva que se coloca sobre los combustibles y los vehículos de motor, los cuales tendrían que pagar un impuesto selectivo anual correspondiente al 1% de su valor en el mercado.
Abreu consideró que, en vez de aumentar la tasa del ITBIS y la cantidad de bienes y servicios gravados, el Gobierno bien podría recaudar más recursos si reduce la actual evasión de este impuesto, estimada en 24%.
“Los sectores del Consejo Económico y Social pensamos que podemos estudiar la propuesta, y tomando en cuenta los puntos de vista de cada sector, hacer una contrapropuesta a la que ya se hizo”, expresó el dirigente sindical en conversación telefónica con elCaribe. Las centrales opinan que la inclusión del salario trece en el impuesto sobre la renta sería un entuerto legislativo porque, además de reducir la capacidad de consumo de los empleados, modificaría el mismo Código del Trabajo de República Dominicana. Rafael Abreu aseguró que bien haría el Poder Ejecutivo si, antes de tapar el actual déficit fiscal de más de RD$ 187 mil millones con nuevos gravámenes, revisara los contratos con las generadoras eléctricas para reducir el subsidio.
El borrador del proyecto fiscal también busca elevar el impuesto selectivo a las bebidas alcohólicas desde un 7.5% a 15%, entrar 275 nuevas categorías de bienes y servicios al ITBIS, y aumentar de 3% a 5% las retenciones que se hacen a los suplidores del Estado. En el caso de las propiedades inmobiliarias, plantea eliminar el impuesto a las viviendas suntuarias con la intención de crear un impuesto único de 1% sobre el valor de la propiedad. La idea con estas y otras medidas es llevar la presión tributaria de 13.2% al 15.4%, un aumento que equivaldría a cerca de RD$55 mil millones.
Los empresarios, a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada, reaccionaron sorprendidos por los planteamientos del equipo económico de Danilo Medina, y especialmente por el tamaño del déficit que dejó la gestión del presidente Leonel Fernández. Aunque anunciaron que sus conclusiones las darán a conocer la próxima semana mediante rueda de prensa, parte del sector visitó el Palacio Nacional.
Zonas Francas y AIRD
La presidenta del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), Luisa Fernández, dijo que la aplicación de un 10% a los dividendos y la intención de aumentar de un 2.5% a 5% el impuesto a ventas locales de zonas francas, no dejan de ser “solo propuestas” que están sujetas a discusión. En ese sentido, afirmó que los empresarios del sector llevarán sus razones y argumentos ante el Consejo Económico y Social que preside monseñor Agripino Núñez Collado, para llegar a un acuerdo.
“Lo que se ha hecho es una propuesta, el presidente Danilo no ha impuesto nada, no ha dicho: esto es lo que va. Es una propuesta y se ha creado una plataforma para discutir y ver lo que va a pasar”, expresó al salir de la reunión de más de una hora que sostuvo con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y en la que también participaron el presidente de la Cervecería Nacional Dominicana, Franklin León; la presidenta y vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Ligia Bonetti y Circe Almánzar, respectivamente.
Los exportadores dominicanos también tronaron contra el paquete. El presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Kai Schoenhals, calificó la reforma como la tormenta perfecta que afectaría las exportaciones. Según él, se crearía una situación económica muy preocupante para el año 2013, que además “va a contribuir con una desaceleración de la economía” que este año sólo ha crecido un 3.8%.
“Me refiero a la desaceleración de la economía de los Estados Unidos que se proyecta que este año va a crecer alrededor de 2.2% y además a la desaceleración de 0.7% en Europa. Yo menciono esto porque esos son nuestros principales compradores, entonces va a ser como una tormenta perfecta que definitivamente afectará las exportaciones”, lamentó durante una visita a este matutino.
Reacciona oposición política
El diputado reformista Víctor (Ito) Bisonó propuso que, para reducir el déficit fiscal sin crear más impuestos, se recorte el 50 por ciento de los recursos que los partidos políticos reciben del Estado, y se eliminen los fondos de asistencia social del Congreso. El representante del Distrito Nacional propone que la Junta Central Electoral (JCE) retenga RD$350 millones de los RD$700 millones que debe distribuir cada año entre las entidades políticas. De acuerdo a las estimaciones de Bisonó, el Poder Legislativo podría ayudar a la mejoría de las cuentas públicas si los senadores renuncian al dinero clientelar del “barrilito” y los diputados al del “cofrecito”, de donde se drenan cerca de RD$350 millones por año. Mientras, Orlando Jorge Mera, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), hizo ayer un llamado a los miembros de esa agrupación política para que dejen a un lado las pugnas internas y se dediquen a enfrentar la reforma.
Ito Bisonó
Los legisladores podríamos crecernos en el respeto y la estimación de la sociedad dominicana renunciando definitivamente a los cofrecitos y barrilitos”.
Orlando Jorge Mera
Hay muchas tareas por delante, pero lo primero es evitar que la carga sea asumida por quienes no son responsables de la grave crisis económica: el pueblo dominicano”.
Nacionales
Ministerio Público pide cuatro meses adicionales para completar investigación del caso Senasa
La Fiscalía asegura que espera experticias financieras y periciales antes de presentar su acto conclusivo; defensas se oponen y reclaman revisar las medidas de coerción
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional una extensión de cuatro meses para completar las investigaciones relacionadas con el presunto entramado de corrupción investigado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) antes de presentar su acto conclusivo.
Durante la audiencia, la fiscal Rosa Alba García explicó ante el juez Deiby Timoteo que todavía están pendientes informes y experticias solicitados a distintas instituciones públicas y entidades privadas, cuyos resultados serían necesarios para completar el expediente.
Entre los organismos mencionados figuran la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
De acuerdo con lo expuesto por la representante del órgano acusador, el volumen de evidencias recopiladas ha provocado que el procesamiento de algunas informaciones requiera más tiempo del inicialmente previsto.
Fiscalía espera análisis financiero
Uno de los componentes que permanece pendiente está relacionado con el análisis de información financiera.
Con esos estudios, el Ministerio Público procura reconstruir el recorrido de los recursos objeto de investigación y determinar eventuales responsabilidades patrimoniales vinculadas a las operaciones examinadas.
García explicó que algunas de las instituciones requeridas comunicaron a la Fiscalía que todavía no han concluido sus trabajos y necesitan tiempo adicional para entregar los resultados.
El órgano persecutor sostiene que disponer de esas experticias antes de presentar el acto conclusivo resulta necesario debido a la posible relevancia de sus hallazgos para las decisiones procesales que deberá adoptar.
Abren nueva línea de investigación
Durante la audiencia, la fiscal también reveló la existencia de una nueva línea investigativa relacionada con varios centros de salud, aunque en la información suministrada no se ofrecen mayores detalles sobre los establecimientos involucrados ni sobre el alcance específico de las indagatorias.
El planteamiento constituye otro de los argumentos presentados por el Ministerio Público para justificar la necesidad de ampliar el período de investigación.
La solicitud de prórroga no equivale a la presentación de una acusación definitiva. El Ministerio Público procura precisamente disponer de un período adicional para completar las diligencias pendientes antes de depositar el correspondiente acto conclusivo.
Defensas rechazan extensión y piden variar coerción
La petición encontró oposición entre algunas de las defensas.
Los abogados de Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Spiker rechazaron que se concedan los cuatro meses adicionales solicitados por el Ministerio Público.
De manera subsidiaria, plantearon que, si el tribunal decide otorgar la prórroga, sean revisadas las medidas de coerción que actualmente pesan sobre sus representados.
Por su parte, Francisco Minaya no presentó oposición a que el Ministerio Público reciba tiempo adicional para completar las investigaciones, pero también solicitó al tribunal una modificación de la medida de coerción que le fue impuesta.
El tribunal deberá ponderar los argumentos del órgano acusador y las objeciones formuladas por las defensas para determinar si procede conceder el plazo adicional requerido para concluir las investigaciones.
Caso entra en una etapa procesal decisiva
La discusión sobre la prórroga adquiere especial importancia debido a que el Ministerio Público deberá definir, una vez concluida la investigación, el acto procesal correspondiente con relación a las personas sometidas al proceso.
Mientras la Fiscalía sostiene que necesita completar experticias y análisis financieros antes de cerrar esta fase, las defensas cuestionan la prolongación del plazo y procuran que cualquier extensión esté acompañada de una revisión de las restricciones impuestas a sus representados.
Será ahora el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional el que determine si concede los cuatro meses adicionales solicitados y qué decisión adopta respecto de las peticiones formuladas sobre las medidas de coerción.
La alta corte determinó que una declaración de incompetencia no permite a otro tribunal apoderar directamente al Constitucional ni transformar un recurso contencioso en una acción de inconstitucionalidad
SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional (TC) devolvió al Tribunal Superior Electoral (TSE) el expediente relativo a la impugnación de disposiciones de la Junta Central Electoral (JCE) que regulan la publicación de encuestas, tras concluir que la forma utilizada para remitir el caso no constituye un mecanismo válido para apoderar a la jurisdicción constitucional.
La decisión está contenida en la sentencia TC/0852/26, mediante la cual el Constitucional estableció que el TSE, una vez que se consideró incompetente para conocer el recurso, debió limitarse a declarar esa incompetencia y permitir que las partes acudieran por las vías procesales correspondientes.
El conflicto se originó a raíz de un recurso contencioso de nulidad interpuesto por la organización Justicia sin Fronteras contra el artículo decimotercero y sus párrafos de la Resolución 14-2026 de la JCE, relativa al registro de empresas encuestadoras y a la publicación de encuestas electorales.
TC marca límites a la declinatoria
El TSE había considerado que los planteamientos formulados implicaban un control concentrado de constitucionalidad, materia atribuida al Tribunal Constitucional, por lo que se declaró incompetente y remitió directamente el expediente a esa alta corte.
Sin embargo, el Constitucional rechazó que esa actuación fuera suficiente para apoderarlo.
La sentencia distingue entre un recurso contencioso de nulidad y una acción directa de inconstitucionalidad, al considerar que se trata de procedimientos diferentes y sujetos a mecanismos particulares de apoderamiento. La acción directa, recordó el TC, debe ser presentada conforme al procedimiento establecido por la Ley núm. 137-11.
En consecuencia, el expediente remitido por el TSE no podía convertirse automáticamente en una acción directa de inconstitucionalidad.
Competencia no puede ser modificada por otro tribunal
Uno de los aspectos de mayor trascendencia de la decisión es el criterio fijado por el TC respecto de los límites de los órganos jurisdiccionales al examinar su propia competencia.
El Constitucional sostuvo que la facultad de un juez o tribunal para determinar si es competente no le permite modificar las atribuciones conferidas legalmente a otro órgano jurisdiccional.
El tribunal fue aún más categórico al establecer que ningún órgano jurisdiccional dominicano puede convertir al Tribunal Constitucional, mediante una decisión de incompetencia, en una especie de tribunal de envío o reenvío.
A partir de ese razonamiento, calificó como “erróneo envío” la remisión efectuada por el TSE y ordenó devolverle el expediente para los fines correspondientes.
Constitucional no decidió si prohibición de encuestas es válida
La sentencia no resuelve el fondo de la controversia sobre las encuestas electorales.
Por tanto, el TC no determinó si resulta constitucional o legal la disposición de la JCE cuestionada por Justicia sin Fronteras. El examen se detuvo en la forma irregular en que el expediente llegó a la jurisdicción constitucional.
Justicia sin Fronteras sostiene que la JCE se habría excedido en su potestad reglamentaria al establecer restricciones generales a la publicación y difusión de encuestas electorales fuera del período formal de precampaña. Entre sus argumentos figuran posibles afectaciones a la libertad de expresión, el derecho de los ciudadanos a recibir información política y el pluralismo democrático.
La organización había solicitado además, como medida cautelar, la suspensión de las disposiciones impugnadas. El Constitucional tampoco decidió esa petición por considerarla vinculada al recurso principal y dispuso que fuera remitida junto con el expediente.
Con la devolución del caso, la controversia sobre la regulación de las encuestas permanece abierta, y el expediente deberá continuar su curso ante el Tribunal Superior Electoral, órgano que originalmente fue apoderado de la acción.
Leonardo Reyes Madera declaró que la cubierta soportaba cargas muy superiores a las previstas y señaló que una capa de mortero alcanzó hasta 37.5 centímetros, frente a unos siete contemplados originalmente
SANTO DOMINGO.– El director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE), ingeniero Leonardo de Jesús Reyes Madera, atribuyó el colapso del techo de la discoteca Jet Set a una acumulación de peso que, según explicó ante el tribunal, terminó superando ampliamente la capacidad de resistencia de la estructura.
El especialista compareció como testigo del Ministerio Público durante el juicio de fondo seguido contra Antonio y Maribel Espaillat ante la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, donde presentó las principales conclusiones del peritaje realizado para determinar las causas del desplome.
La tragedia dejó 236 personas fallecidas y más de 80 heridas.
Mortero mucho más grueso que el previsto
Uno de los principales elementos señalados por Reyes Madera fue el espesor del mortero de arena y cemento colocado sobre el techo con el propósito de crear la pendiente necesaria para el drenaje de las aguas pluviales.
De acuerdo con su declaración, el proyecto contemplaba aproximadamente siete centímetros de espesor, pero durante las inspecciones realizadas entre los restos de la edificación se encontraron puntos donde la capa alcanzaba hasta 37.5 centímetros.
El perito sostuvo que esa diferencia produjo un incremento considerable de la carga permanente que debía soportar la cubierta.
Explicó que para ese componente se habían contemplado aproximadamente 160 libras por metro cuadrado, mientras que las condiciones encontradas representaban más de 650 libras por metro cuadrado.
Equipos e instalaciones aumentaron con los años
A esa situación, según el especialista, se sumaron diferentes equipos y estructuras colocados progresivamente sobre el techo, incluyendo unidades de aire acondicionado, tanques de agua y casetas.
El equipo investigador recurrió a imágenes satelitales de Google Earth correspondientes al período comprendido entre 2011 y 2025 para documentar las transformaciones.
Reyes Madera declaró que en imágenes correspondientes a 2011 podían identificarse siete elementos sobre la cubierta, mientras que entre 2022 y 2025 fueron contabilizadas hasta 17 instalaciones.
También indicó que la normativa establece una carga viva máxima de 100 kilogramos, aproximadamente 220 libras, por metro cuadrado para un techo.
A juicio del perito, la incorporación progresiva de equipos y otros elementos incrementó sustancialmente las cargas que debía soportar la estructura.
De sala de cine a centro nocturno
Durante su exposición, Reyes Madera explicó que el inmueble fue concebido originalmente como una sala de cine de un solo nivel, equipada con una estructura metálica liviana a dos aguas.
Con posterioridad, la edificación sufrió modificaciones y cambios de uso hasta convertirse en un establecimiento de entretenimiento nocturno.
El especialista indicó que el techo original fue sustituido por un sistema de losas de concreto postensadas, elaboradas y vaciadas en el lugar.
Además, durante la reconstrucción de la edificación fueron identificadas modificaciones efectuadas a través de los años, incluyendo cortes de columnas para transformar áreas del escenario y aperturas destinadas a barras y otros espacios.
Investigación descartó otras hipótesis
Antes de atribuir el desplome a una sobrecarga, el equipo técnico investigó otras posibles causas.
Según el testimonio, se solicitaron informaciones a organismos especializados para determinar si fenómenos atmosféricos o movimientos sísmicos pudieron tener alguna relación con lo ocurrido.
También fueron requeridos informes al Cuerpo de Bomberos, ante versiones relacionadas con un supuesto incendio previo, y a una unidad especializada de la Policía Nacional para determinar si existían indicios de una explosión.
Reyes Madera sostuvo ante el tribunal que esas hipótesis fueron descartadas y que las documentaciones obtenidas fueron incorporadas al expediente pericial.
Análisis de demanda y capacidad
Luego de examinar las diferentes posibilidades, los especialistas aplicaron un análisis de “demanda-capacidad”.
El ingeniero explicó que los componentes de una estructura poseen una determinada capacidad de resistencia y que puede producirse una falla cuando las cargas o demandas que reciben superan esa capacidad.
Según las conclusiones expuestas por el perito, los cálculos efectuados sobre los elementos horizontales del techo indicaron que las cargas existentes eran superiores a aquellas para las cuales habían sido diseñados.
Para complementar los estudios, el equipo utilizó el programa especializado ELS (Extreme Loading for Structures), con el cual realizó simulaciones sobre la secuencia del colapso.
De acuerdo con Reyes Madera, esa herramienta permitió analizar tanto la trayectoria de fragmentos de concreto encontrados después del desplome como el patrón de agrietamiento de las vigas postensadas, particularmente en las proximidades de la esquina sureste de la cubierta.
Columna removida no habría provocado el desplome
Otro de los hallazgos abordados durante la investigación fue la existencia de una columna que había sido removida de una de las zapatas.
Reyes Madera reconoció la importancia estructural de las columnas para transmitir las cargas hacia la cimentación. Sin embargo, sostuvo que, conforme a las conclusiones del peritaje, la ausencia de esa columna no fue la causa del colapso.
El especialista insistió en que el factor determinante habría sido la acumulación de cargas permanentes y vivas sobre la estructura.
Reconstrucción digital del Jet Set
Para desarrollar el estudio, arquitectos e ingenieros de la ONESVIE realizaron una reconstrucción digital de la edificación en las condiciones en que se encontraba antes de la tragedia.
El levantamiento se apoyó en mediciones efectuadas sobre las partes que permanecieron en pie e incluyó plantas, elevaciones y la identificación de modificaciones realizadas a la estructura durante distintos períodos.
Al presentar sus conclusiones ante el tribunal, Reyes Madera sostuvo que el techo terminó cediendo porque el peso acumulado superó la capacidad de resistencia de sus elementos estructurales.
De acuerdo con la tesis pericial presentada por el Ministerio Público, la combinación del mortero colocado sobre la losa, los equipos, tanques y demás instalaciones habría incrementado progresivamente la demanda sobre la estructura hasta provocar su falla.
Las conclusiones expuestas por el especialista forman parte de la prueba pericial sometida al debate contradictorio del juicio y deberán ser ponderadas por el tribunal junto con los cuestionamientos de la defensa y las demás pruebas incorporadas al proceso.