Nacionales
El paquete fiscal genera rechazo
Trabajadores, empresarios y dirigentes políticos piden que el gobierno de Danilo Medina reoriente su propuesta
Empresarios visitaron ayer el Palacio Nacional un día después de la presentación de la propuesta de reforma fiscal.
La propuesta de reforma fiscal entregada por el Gobierno a los actores del Consejo Económico y Social ya generó profundas y negativas reacciones entre los trabajadores, empresarios y dirigentes políticos del país.
Luego de analizar la propuesta de reforma fiscal presentada por el Poder Ejecutivo, las tres principales centrales de trabajadores rechazaron la intención de ampliar la tasa del Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios (ITBIS) de un 16% a 18%, lo mismo que la inclusión de otros productos alimenticios en el gravamen.
Seguras de que el proyecto presentado por el presidente Danilo Medina impactaría negativamente en la calidad de vida de la clase trabajadora, la Central Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Sindical (CASC) y la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) rechazaron, además, los artículos del proyecto que obligarían a que la regalía pascual (salario trece) y los ahorros sean sometidos al pago del impuesto sobre la renta. Rafael (Pepe) Abreu, presidente del CNUS, explicó que las entidades se reunieron a estudiar punto por punto el documento entregado a los integrantes del Consejo Económico y Social. Y determinaron que tampoco la población debe aceptar la nueva estructura impositiva que se coloca sobre los combustibles y los vehículos de motor, los cuales tendrían que pagar un impuesto selectivo anual correspondiente al 1% de su valor en el mercado.
Abreu consideró que, en vez de aumentar la tasa del ITBIS y la cantidad de bienes y servicios gravados, el Gobierno bien podría recaudar más recursos si reduce la actual evasión de este impuesto, estimada en 24%.
“Los sectores del Consejo Económico y Social pensamos que podemos estudiar la propuesta, y tomando en cuenta los puntos de vista de cada sector, hacer una contrapropuesta a la que ya se hizo”, expresó el dirigente sindical en conversación telefónica con elCaribe. Las centrales opinan que la inclusión del salario trece en el impuesto sobre la renta sería un entuerto legislativo porque, además de reducir la capacidad de consumo de los empleados, modificaría el mismo Código del Trabajo de República Dominicana. Rafael Abreu aseguró que bien haría el Poder Ejecutivo si, antes de tapar el actual déficit fiscal de más de RD$ 187 mil millones con nuevos gravámenes, revisara los contratos con las generadoras eléctricas para reducir el subsidio.
El borrador del proyecto fiscal también busca elevar el impuesto selectivo a las bebidas alcohólicas desde un 7.5% a 15%, entrar 275 nuevas categorías de bienes y servicios al ITBIS, y aumentar de 3% a 5% las retenciones que se hacen a los suplidores del Estado. En el caso de las propiedades inmobiliarias, plantea eliminar el impuesto a las viviendas suntuarias con la intención de crear un impuesto único de 1% sobre el valor de la propiedad. La idea con estas y otras medidas es llevar la presión tributaria de 13.2% al 15.4%, un aumento que equivaldría a cerca de RD$55 mil millones.
Los empresarios, a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada, reaccionaron sorprendidos por los planteamientos del equipo económico de Danilo Medina, y especialmente por el tamaño del déficit que dejó la gestión del presidente Leonel Fernández. Aunque anunciaron que sus conclusiones las darán a conocer la próxima semana mediante rueda de prensa, parte del sector visitó el Palacio Nacional.
Zonas Francas y AIRD
La presidenta del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), Luisa Fernández, dijo que la aplicación de un 10% a los dividendos y la intención de aumentar de un 2.5% a 5% el impuesto a ventas locales de zonas francas, no dejan de ser “solo propuestas” que están sujetas a discusión. En ese sentido, afirmó que los empresarios del sector llevarán sus razones y argumentos ante el Consejo Económico y Social que preside monseñor Agripino Núñez Collado, para llegar a un acuerdo.
“Lo que se ha hecho es una propuesta, el presidente Danilo no ha impuesto nada, no ha dicho: esto es lo que va. Es una propuesta y se ha creado una plataforma para discutir y ver lo que va a pasar”, expresó al salir de la reunión de más de una hora que sostuvo con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y en la que también participaron el presidente de la Cervecería Nacional Dominicana, Franklin León; la presidenta y vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Ligia Bonetti y Circe Almánzar, respectivamente.
Los exportadores dominicanos también tronaron contra el paquete. El presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Kai Schoenhals, calificó la reforma como la tormenta perfecta que afectaría las exportaciones. Según él, se crearía una situación económica muy preocupante para el año 2013, que además “va a contribuir con una desaceleración de la economía” que este año sólo ha crecido un 3.8%.
“Me refiero a la desaceleración de la economía de los Estados Unidos que se proyecta que este año va a crecer alrededor de 2.2% y además a la desaceleración de 0.7% en Europa. Yo menciono esto porque esos son nuestros principales compradores, entonces va a ser como una tormenta perfecta que definitivamente afectará las exportaciones”, lamentó durante una visita a este matutino.
Reacciona oposición política
El diputado reformista Víctor (Ito) Bisonó propuso que, para reducir el déficit fiscal sin crear más impuestos, se recorte el 50 por ciento de los recursos que los partidos políticos reciben del Estado, y se eliminen los fondos de asistencia social del Congreso. El representante del Distrito Nacional propone que la Junta Central Electoral (JCE) retenga RD$350 millones de los RD$700 millones que debe distribuir cada año entre las entidades políticas. De acuerdo a las estimaciones de Bisonó, el Poder Legislativo podría ayudar a la mejoría de las cuentas públicas si los senadores renuncian al dinero clientelar del “barrilito” y los diputados al del “cofrecito”, de donde se drenan cerca de RD$350 millones por año. Mientras, Orlando Jorge Mera, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), hizo ayer un llamado a los miembros de esa agrupación política para que dejen a un lado las pugnas internas y se dediquen a enfrentar la reforma.
Ito Bisonó
Los legisladores podríamos crecernos en el respeto y la estimación de la sociedad dominicana renunciando definitivamente a los cofrecitos y barrilitos”.
Orlando Jorge Mera
Hay muchas tareas por delante, pero lo primero es evitar que la carga sea asumida por quienes no son responsables de la grave crisis económica: el pueblo dominicano”.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.