Análisis Noticiosos
Gran parche tributario para el hoyo de Leonel
Por Juan Bolívar Díaz
El gobierno frustra la prometida reforma fiscal con el mayor parche tributario de la historia nacional sin reducir dispendios, proclamando que recibió unas “finanzas públicas insostenibles” con déficit fiscal sobre 183 mil millones de pesos
El gobierno decidió jugarse su luna de miel con la población al presentar el mayor proyecto de reforma tributaria de la historia nacional sin atender el reclamo generalizado de que reduzca el enorme dispendio burocrático en organismos inoperantes en salarios y pensiones de lujo.
Por lo menos puso sobre la mesa el enorme hoyo fiscal dejado por el gobierno de Leonel Fernández que se burló de la Constitución, la ley y la opinión pública gastando más del 43 por ciento sobre lo presupuestado para este año, con un déficit fiscal mayor de 183 mil millones de pesos, que sobrepasó las peores proyecciones.
La reforma del friquitaqui
Con excepción de los voceros gubernamentales, hay unanimidad en la opinión pública en considerar el proyecto de reforma tributaria presentado el jueves 4 como el más ambicioso de la historia del país, con elevación de impuestos de 55 mil millones de pesos en el 2013 y más de 235 mil millones en cuatro años. El proyecto ha sido denominado como “el tablazo del siglo”, y se discute si bautizarlo como la reforma del friquitaqui, del conconete, o del cazabe por gravar esos y otros populares comestibles.
La propuesta superó el proyecto de 44 mil millones que había elaborado el Ministerio de Hacienda del pasado gobierno, sin dejar de tocar ninguna de las categorías impositivas, a la renta, el patrimonio, transferencia de bienes industrializados (Itebis), selectivos al consumo, y modificando los regímenes de incentivos al turismo, zonas francas, cine, desarrollo fronterizo y eliminando exenciones hasta a las organizaciones sin fines de lucro que tendrán que pagar Itbis.
Aunque habían prometido que no afectarían a los sectores populares, el paquete les toca indirectamente, pero será más gravoso para las clases medias comenzando por la elevación del itebis del 16 al 18 por ciento y su extensión a 259 productos básicos con gravamen del 10 por ciento en el 2013, para alcanzar el 16 por ciento en los siguientes tres años. El 55 por ciento del incremento es indirecto, al consumo, y el 45 por ciento directo, a la renta y el patrimonio. El Itebis aportaría el 44 por ciento.
El proyecto incluye productos tan básicos como azúcar, sal, café, chocolate, aceites, panes, galletas, mantequilla, margarina, maíz, trigo, avena, maizena, las carnes, refrescos y hasta el agua y el hielo. Es tan abarcador que no dejó fuera ni siquiera renglones tan populares como el friquitaqui, las masitas o conconetes, el frío- frío, cazabe, el gofio, arepas, mondongo y tripitas. El sector turismo no sólo será afectado por eliminación de incentivos, sino también por la elevación y ampliación del Itebis y de impuestos selectivos, y las zonas francas por gravamen a sus beneficios y ventas locales. Gravan el ahorro, los combustibles y hasta las emisiones de gases de los vehículos que sacaría de circulación amillares de cacharros y guaguas destartaladas.
Sin echar leña al fuego
Al explicar el proyecto gubernamental, el Ministro de Economía Temístocles Montás dijo que en un primer momento pensaron abordar el déficit fiscal “solamente por el lado de la reducción del gasto”, pero luego comprobaron que el incremento de Salarios de los últimos años se concentraba en 85 por ciento en educación, salud, fuerzas armadas y policías, y en los otros poderes del Estado, por lo que “descartamos recortes en estas áreas, para no echarle más leña al fuego”.
Resulta difícil de asimilar que la malversación en gastos de representación, repartos y los desbordamientos de salarios, pensiones, bonificaciones y liquidaciones se escondan tras los sueldos más deprimidos y que no haya nada que hacer frente a los privilegios de los otros poderes del Estado, con sus barrilitos y cofrecitos, ni en los organismos autónomos y descentralizados donde se dan las mayores inequidades e iniquidades. Ahí hay gran celo constitucional y legal, no así en el cumplimiento de la ley de presupuesto, por ejemplo.
Lo de no echarle leña al fuego merecería una explicación. Tal vez porque lo que echa el paquete tributario no es leña sino combustibles líquidos y gaseosos al fuego de la indignación de los contribuyentes frente a un sistema político que ha succionado en su propio beneficio una gran parte de los incrementos tributarios de la última década.
Echarle leña al fuego parece que es ir contra la apropiación del patrimonio público por parte del sector político, que en los últimos cinco años elevó la nómina del Estado, incluyendo las pensiones, en 70 por ciento, con 35 por ciento de crecimiento tan sólo entre el 2011 y agosto de este año, cuando pasó de 577 mil 144 a 777,631 salarios. Es cierto que las posibilidades de rectificación no son muchas, pero por lo menos para “calmar las graderías” el gobierno debería buscar la supresión de algunos barrilitos, cofrecitos y nominillas. Siquiera para tratar de preservar las buenas voluntades que han generado el discurso y las primeras acciones del presidente Danilo Medina.
Para negociar en el CES
El proyecto presentado sorprendió al no especificar ningún renglón de reducción del gasto, de la malversación, clientelismo y privilegios, que incluye entidades inoperantes como CORDE, CREP, INESPRE o las duplicidades en organismos asistencialistas, de tránsito y agropecuarios. Tampoco reduce vicecónsules y diplomáticos, ni sueldos, liquidaciones y pensiones escandalosas que hubiesen compensado el “tablazo tributario”.
Economistas colaboradores del Centro Bonó, donde confluye un gran consenso del sector social, al igual que la comisión económica reformista que encabeza Guillermo Caram, han elaborado proyectos de reducción del gasto corriente que no fueron considerados por los planificadores gubernamentales. Aunque el CREES empresarial sugirió reducir el presupuesto del 2013, el proyecto presentado lo elevaría de los 430 mil millones de pesos originalmente aprobados para el 2012, a 458 mil 259 pesos.
Sin embargo, un funcionario consultado fuera de récord recordó que se trata de una propuesta a discutirse en el seno del Consejo Económico y Social. La estrategia gubernamental podría ser apuntar al incremento de 55 mil millones de pesos para luego hacer transacciones. Aunque no faltan quienes se han decantado por una reforma amplia, “para resolver de un solo tiro”, contando con la débil oposición política.
La pelota está ahora en la cancha del CES, donde los sectores empresariales, sindicales y sociales ya consensuaron sus “Principios Orientadores del Pacto Fiscal”, que insiste en la integralidad de la reforma con reducciones y reorientación del gasto. El proyecto gubernamental cumple el compromiso del 4 por ciento para la educación preuniversitaria y persiste en el combate a la pobreza con programas clientelistas. Extiende el programa Solidaridad a otros 200 mil hogares y eleva en 290 pesos su subsidio mensual, que entonces con 990 pesos, seguiría siendo un calmante que afianza la dependencia de los pobres de la dádiva gubernamental.
Desguañangue de las finanzas
Ni los más críticos de la gestión del presidente Leonel Fernández advirtieron el nivel que alcanzaría este año el déficit fiscal con que operó desde el 2008 cuando logró la reelección, aunque economistas como Fernando Álvarez Bogaert, Apolinar Veloz, Nelson Suárez y Ernesto Selman lo habían proyectado entre 140 y 150 mil pesos. Apenas dos semanas atrás el gobierno dijo al FMI que el déficit sería del 3.3 por ciento del PIB y ahora se destapa con un 8 por ciento.
Aunque Temístocles Montás dijo que el déficit del gobierno central “sería superior a 143 mil millones de pesos, un 6 por ciento del PIB”, en el documento “Proyección de Cierre Año 2012 y Escenarios Presupuestarios del 2013”, presentado ante el CES por el director de Presupuesto Luis Reyes, se eleva a 155 mil 946 millones de pesos, y 6.8 por ciento del PIB.
Sumados los organismos descentralizados y el Banco Central, el ministro dijo que “el déficit del sector público consolidado, o del Estado, será del orden del 8 por ciento del PIB”, precisando que “supera los 170 mil millones de pesos”. Pero el documento de proyección entregado refleja un cálculo de cada punto del PIB en 22 mil 933 millones de pesos, lo que multiplicado por el 8 por ciento del déficit de todo el Estado, arroja un balance de 183 mil 465 millones de pesos.
Esos datos ofrecidos por el gobierno indican que se triplicó el déficit del año 2011 y que se gastó un 42.6 por ciento por encima del presupuesto originalmente aprobado para el 2012 que ya incluía un déficit de 22 mil millones de pesos, no sólo en violación de la ley de presupuesto, sino también del artículo 236 de la Constitución el cual plantea que “Ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente”.
El hoyo fiscal que dejó Leonel Fernández superó todas las previsiones porque esta vez, a diferencia de otros años electorales se buscaban dos objetivos a la vez: el triunfo del partido en el 2012 y la base para el retorno del nuevo caudillo nacional en el 2016. Y lo hizo pese a todas las advertencias de economistas, empresarios y comunicadores, que por eso fueron acusados de orquestar “un plan mediático” contra el ilustre estadista.
Se reconoce que por fin el gobierno transparentó la situación financieras, aunque es penoso que lo hiciera el mismo equipo económico que fue incapaz de parar la megalomanía del doctor Fernández. El Ministro Montás concluyó la rueda de prensa del jueves 4 con estas ilustrativas palabras: “Las finanzas públicas se hacen insostenibles con estos niveles de déficit. No había manera de presentarle al país y al mundo un presupuesto con un déficit tan alto… Frente a esa situación entendíamos que no había otra alternativa que ir a una reforma tributaria y así se lo presentamos al CES”.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.