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Continúa rechazo a exoneraciones de vehículos para legisladores, pero el privilegio no para.
Santo Domingo, R.D.-Un rechazo general se produce en el seno de la sociedad a las exoneraciones de impuestos para vehículos otorgadas a legisladores, pese a los esfuerzos que se han hecho para eliminar el privilegio.
Por la presión que surge cada cierto tiempo, en ambas cámaras se han sometido proyectos de leyes para poner tope o desaparecer esa facultad creada por ley y para beneficios propios por parte de los congresistas, piezas que solo se quedan en la intención de los muy pocos senadores y diputados que la proponen.
En los años 2011 y 2012 se sometieron dos proyectos de leyes por los senadores de ese entonces Tommy Galán y Félix Nova, los cuales se volvieron a discutir cuatro años después. Las propuestas, una buscaba poner un límite de 90 mil dólares al costo del vehículo de motor importado, la otra proponía la eliminación total del beneficio a los congresistas.
En el 2010, la organización apartidista Participación Ciudadana sometió un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, debido a que todavía no existía el Tribunal Constitucional, y ya creada esta alta corte también la Fundación Transparencia Total por la Democracia igualmente se animó a elevar una acción en contra de la cuestionada Ley 57-96.
La fundación alegaba que la Ley 57-96 para que los diputados y senadores importaran vehículos de motor sin pagar al fisco es un privilegio que viola el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 39 de la Constitución de la República.
La fallida reforma fiscal que sometió el Gobierno del presidente Luis Abinader en octubre de este año y que fue retirada del Congreso pocos días después, también contemplaba derogar la Ley 57-96.
No obstante, el mandatario ha insistido en que los congresistas deben asumir su «idea» y «limitarse las exoneraciones: limitarse a una y limitar el monto también».
Dos proyectos más
Este miércoles, los senadores de María Trinidad Sánchez y San Juan, Alexis Victoria Yeb y Félix Bautista, anunciaron el sometimiento de dos piezas diferentes, uno para eliminar una de las dos exoneraciones con las que cuentan los legisladores, y otra para eliminarla totalmente.
La de Bautista procura suprimir totalmente la Ley 57-96. En cambio, la de Victoria Yeb solo una de las dos importaciones libres de impuestos.
El pasado martes, un grupo de diputados reaccionó a las críticas, de poder traer al país vehículos de alta gama sin límite de costos y sin pagar al fisco, respondiendo que también hay que eliminar los privilegios en combustibles, viáticos y otros beneficios que poseen funcionarios del Poder Ejecutivo.
«Corrupción legalizada«
El exfiscal del Distrito Nacional Guillermo Moreno calificó las exoneraciones otorgadas a los legisladores dominicanos, «como una forma de corrupción legalizada que atenta contra los recursos del Estado».
«Es repulsivo que quienes son responsables de elaborar las leyes se beneficien de este privilegio y, al hacerlo, incurran en fraude. Esto constituye un verdadero acto de estafa contra el Estado», afirmó Moreno, enfatizando que la práctica no solo es inmoral, sino ilegal.
Otros beneficios de los senadoresOtro de los beneficios muy criticado que poseen, por ejemplo, los senadores es el llamado «barrilito», debido a que la justificación para cobrarlo es que son para «ayudar» a los ciudadanos de sus provincias.Los que cuestionan esos recursos que reciben esos legisladores, cuyo monto depende de la proporción de habitantes de las jurisdicciones que representan y que puede ascender hasta más de un millón de pesos, alegan que los congresistas no fueron electos para ofrecer «ayudas», sino para fiscalizar al Poder Ejecutivo.
Sobre la venta del beneficio a terceros, Moreno instó al Ministerio Público a investigar y actuar contra los legisladores involucrados «en la venta fraudulenta de estas exoneraciones«, al señalar que constituyen un mecanismo de enriquecimiento ilícito.
Moreno sostuvo que en Alianza País, el partido que lidera, sus legisladores han rechazado categóricamente este privilegio. Tanto el diputado Fidelio Despradel (2016-2020) como Pedro Martínez (2020-2024 y 2024-2028) «han sido ejemplos de una política ética al no aceptar estas exoneraciones«, recordó el exfiscal.
Otro jurista que explica que los congresistas violan la ley al vender el beneficio a terceros es Cándido Simó, quien asegura que la práctica de reventa no solo viola la ley de Aduanas, sino que podría configurarse dentro de la ley de lavado de activos, que sanciona la evasión de impuestos como una modalidad de crimen organizado, en algunos casos con consecuencias similares a las del terrorismo.
Santo Domingo, R.D.-Desde este jueves la Dirección General de Pasaportes comenzará formalmente la expedición del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana, informó su director, Lorenzo Ramírez en declaraciones a los medios de comunicación.
Las citas para el público fueron abiertas el pasado 15 de enero y desde esa fecha, unos 3,200 usuarios han programado sus citas. En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido, posean menos de seis meses de vigencia, reporten pérdida, deterioro o agotamiento de páginas y aquellos que soliciten su libreta por primera vez.
La entrega del pasaporte ordinario, que tiene un costo 6,500 pesos con una vigencia de 10 años se realizará en 24 o 48 horas, dependiendo de la localidad y es una de las razones principales por las cuales el proceso VIP fue eliminado.
- También adelantó que los primeros pasaportes ordinarios deberían comenzar a circular la próxima semana.
El proceso será progresivo. Inicialmente se implementa en Santo Domingo y luego se extenderá a otras oficinas en el Distrito Nacional, Santiago, región norte, este y sur.
Durante el período de transición coexistirán la libreta tradicional y la electrónica, como parte de las «buenas prácticas internacionales».
«Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia«, afirmó Ramírez.
Como valor agregado, el pasaporte ordinario electrónico incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior, con cobertura de hasta 9,000 dólares.
El beneficio aplicará únicamente para pasaportes ordinarios vigentes y entrará en vigencia 60 días después de su emisión. Tendrá criterios específicos, incluyendo condiciones médicas preexistentes y plazos de notificación.
Además, la institución lanzará el programa «Pasaporte en Ruta«, mediante unidades móviles que ofrecerán el servicio en empresas, instituciones y provincias, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamiento.
Con la puesta en marcha del pasaporte electrónico, la Dirección General de Pasaportes asegura que el país se coloca a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad documental y modernización de servicios.
Santo Domingo, R.D.-Fue considerado impostergable el ordenamiento del sistema de transito terrestre por haberse convertido en una amenaza directa para la seguridad ciudadana, cuyo pedido proviene de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la cual mostró ademas su preocupacion por la falta de regulacion real sobre las motocicletas que circulan en el pais.
Castaños Guzmán presentó cifras alarmantes que reflejan la magnitud del desafío, señalando que según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a inicios de este 2026, el número de motocicletas registradas en el país asciende a 3,872,238 unidades.
El jurista lamentó que, según organismos internacionales como World of Statistics, la República Dominicana figure entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, registrando 65 decesos por cada 100,000 habitantes.
En estas estadísticas, los motoristas son el grupo más vulnerable y afectado.
Entre las causas principales del caos, la institución citó la violación sistemática de luces rojas y circulación por aceras o vía contraria, la ineficacia en la aplicación de la ley.
Igualmente, la ausencia de consecuencias reales para los infractores, la falta de coordinación entre las autoridades competentes.
Ante la gravedad de la crisis, Castaño Guzmán hizo un llamado al Gobierno y a los sectores sociales para adoptar decisiones responsables de manera inmediata, como declararse una emergencia nacional en materia de tránsito.
La propuesta incluye convocar a todos los sectores para coordinar soluciones y, sobre todo, establecer un régimen de sanciones efectivas que logre disuadir la conducción temeraria.
Para la entidad, la transformación del sistema de transporte no es solo una cuestión de movilidad, sino un requisito indispensable para garantizar la seguridad de la población dominicana.
Santo Domingo, R.D.-Luis Abinader, presidente de la República, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.
Ese decreto ordena su ascenso de general al rango de mayor general.
Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.Fuente externa
Trayectoria
La Presidencia de la República dijo en un comunicado que el mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.
«Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026) y previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando», señala el comunicado.
El nuevo director de la Policía Nacional es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.
Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.
«A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional», indica el comunicado de la Presidencia.
“La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.