Nacionales
Supuesto narcotraficante había sido apresado con el paquete “más grande” de cocaína.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades de los Estados Unidos con sede en Puerto ya habían apresado el 2 de noviembre de 2016, encabezadas por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE), a Erick Mosquea Polanco, quien utilizaba la identidad de Rodolfo Beltrán, El Sony 7, El Chiquito, El Hombre y/o Chite con un paquete de cocaína que alcanzó los 1,786 kilos, cuya captura ahora se produjo en Colombia el pasado viernes.
De acuerdo a los informes de las agencias judiciales de Estados Unidos, para ese momento la incautación era la más grande en la historia de Puerto Rico.
Vista de unos bultos que contienen 1.786 kilos de cocaína durante su presentación en una rueda de prensa celebrada hoy, miércoles 2 de noviembre 2016, en las oficinas de la dependencia en San Juan, Puerto Rico.EFE
La droga se encontró en una furgoneta en la residencia de un hombre conocido como Sandy Hernández Mieses. Esta casa está ubicada en la Urbanización Marina Bahía en Cataño, municipio aledaño a San Juan. Este hombre también está vinculado a la red de tráfico y lavado de activos Falcón.
Además de Mosquea Polanco y Sandy Hernández Mieses, fueron arrestados Juan José De la Cruz Morales, Kevin De Morla Santana, Rudy Contreras Severino, José Morales Soto y Jonathan Jiménez Díaz. Todos, han sido señalados en el país por casos el caso Falcón.
En el caso Falcón se menciona a Juan José de la Cruz Morales, algunos medios lo señalaron como si fuera la misma persona que José Morales Soto, aunque este también está vinculado en el caso.
Imagen de la droga incautada por U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE)ICE
Todos, salvo Jiménez Díaz, estaban previamente acusados por un gran jurado federal en Puerto Rico por tratar de introducir droga desde la República Dominicana.
Esta acusación explica que desde aproximadamente enero de 2013 hasta aproximadamente mayo de 2013, los acusados Erick Mosquea-Polanco; Juan José De La Cruz Morales; Kevin de Morla Santana; Rudy Contreras Severino; José Morales Soto; y Sandy Hernández Mieses conspiraron para importar intencionalmente y a sabiendas de intentar importar desde la República Dominicana a los Estados Unidos más de cinco kilogramos de cocaína.
El 25 de julio de 2018, asistido por abogado, Kelvin Morla Santana se declaró culpable de los cargos que se le imputaban. Este hombre también fue arrestado por el caso Falcón.
Juan José De la Cruz Morales
Este hombre, también arrestado en su momento junto a Mosquea Polanco en Puerto Rico, fue entregado en extradición a la isla Caribeña por el Ministerio Público dominicano por sus supuestos vínculos con el narcotráfico y lavado de activos procedentes del tráfico de drogas.
Este hombre enfrenta una posible condena de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.
Rudy Contreras Severino
También arrestado por el caso Falcón, Rudy Contreras Severino, conocido como Rudy Parcela, fue detenido en 2009 por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en un “bombardeo de cocaína en Miches, en la región Este de la República Dominicana”.
El vocero de la DNCD de ese momento, Roberto Lebrón, informó que Contreras Severino era deportado de los Estados Unidos, luego de cumplir cinco años de cárcel por narcotráfico.
También que estuvo vinculado a un decomiso de droga, pero logró escapar.
“Contreras Severino es un individuo que estuvo involucrado hace un tiempo en una operación de narcotráfico realizada en la Autopista Santo Domingo-Samaná, pero en esa ocasión logró, junto a otros individuos, evitar una acción penal en su contra”, agregó.
Sandy Hernández Mieses
Por su arresto en 2016, este hombre que estaba en sillas de ruedas presentó en 2019 una moción para suprimir las pruebas incautadas en su casa el día de su arresto ante el decomiso de 1,786 kilos de cocaína y lavado de dinero en Cataño, Puerto Rico.
Este hombre impugnó la conclusión del tribunal de distrito de que los agentes federales de policía se basaron válidamente en las excepciones al requisito de la orden judicial cuando registraron su casa, una camioneta de carga dentro de su garaje y una miniván estacionada en la entrada de su casa.
También afirmó, de manera más amplia, que toda la operación estuvo contaminada por la intención ilegal de los agentes de ejecutar un registro sin orden judicial, incluso antes de entrar en su casa para ejecutar la orden de arresto. Esta solicitud fue denegada.
Arresto de Mosquea Polanco
Erick Randhiel Mosquea Polanco, fue capturado por el Ejército Nacional Colombiano y la Fiscalía General de ese país el pasado viernes 6 de diciembre, acumuló alrededor de 166 millones de dólares por lavado de activo provenientes del narcotráfico.
La acusación indica que desde el 2012, esta red traficaba alrededor de 2,500 kilos de cocaína semanal, cerca de 10 toneladas, los cuales eran enviados a Estados Unidos y Europa.
Al momento de su arresto, este dominicano, señalado como el cabecilla de la red Falcón, desarticulada en el país en septiembre de 2021, se encontraba en una lujosa casa en la vereda Yerbabuena de Chía Cundinamarca, en las afueras de Bogotá, Colombia.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.