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Supuesto narcotraficante había sido apresado con el paquete “más grande” de cocaína.

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Santo  Domingo, R.D.-Las autoridades de los Estados Unidos con sede en Puerto ya habían apresado el 2 de noviembre de 2016, encabezadas por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE), a Erick Mosquea Polanco, quien utilizaba la identidad de Rodolfo Beltrán, El Sony 7, El Chiquito, El Hombre y/o Chite con un paquete de cocaína  que alcanzó los 1,786 kilos, cuya captura ahora se produjo en Colombia el pasado viernes.

De acuerdo a los informes de las agencias judiciales de Estados Unidos, para ese momento la incautación era la más grande en la historia de Puerto Rico.

Vista de unos bultos que contienen 1.786 kilos de cocaína durante su presentación en una rueda de prensa celebrada hoy, miércoles 2 de noviembre 2016, en las oficinas de la dependencia en San Juan, Puerto Rico.EFE

La droga se encontró en una furgoneta en la residencia de un hombre conocido como Sandy Hernández Mieses. Esta casa está ubicada en la Urbanización Marina Bahía en Cataño, municipio aledaño a San Juan. Este hombre también está vinculado a la red de tráfico y lavado de activos Falcón.

Además de Mosquea Polanco y Sandy Hernández Mieses, fueron arrestados Juan José De la Cruz Morales, Kevin De Morla Santana, Rudy Contreras Severino, José Morales Soto y Jonathan Jiménez Díaz. Todos, han sido señalados en el país por casos el caso Falcón.

En el caso Falcón se menciona a Juan José de la Cruz Morales, algunos medios lo señalaron como si fuera la misma persona que José Morales Soto, aunque este también está vinculado en el caso.

Imagen de la droga incautada por U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE)ICE

Todos, salvo Jiménez Díaz, estaban previamente acusados por un gran jurado federal en Puerto Rico por tratar de introducir droga desde la República Dominicana.

Esta acusación explica que desde aproximadamente enero de 2013 hasta aproximadamente mayo de 2013, los acusados Erick Mosquea-Polanco; Juan José De La Cruz Morales; Kevin de Morla Santana; Rudy Contreras Severino; José Morales Soto; y Sandy Hernández Mieses conspiraron para importar intencionalmente y a sabiendas de intentar importar desde la República Dominicana a los Estados Unidos más de cinco kilogramos de cocaína.

El 25 de julio de 2018, asistido por abogado, Kelvin Morla Santana se declaró culpable de los cargos que se le imputaban. Este hombre también fue arrestado por el caso Falcón.

Juan José De la Cruz Morales

Este hombre, también arrestado en su momento junto a Mosquea Polanco en Puerto Rico, fue entregado en extradición a la isla Caribeña por el Ministerio Público dominicano por sus supuestos vínculos con el narcotráfico y lavado de activos procedentes del tráfico de drogas.

Este hombre enfrenta una posible condena de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

Rudy Contreras Severino

También arrestado por el caso Falcón, Rudy Contreras Severino, conocido como Rudy Parcela, fue detenido en 2009 por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en un “bombardeo de cocaína en Miches, en la región Este de la República Dominicana”.

El vocero de la DNCD de ese momento, Roberto Lebrón, informó que Contreras Severino era deportado de los Estados Unidos, luego de cumplir cinco años de cárcel por narcotráfico.

También que estuvo vinculado a un decomiso de droga, pero logró escapar.

“Contreras Severino es un individuo que estuvo involucrado hace un tiempo en una operación de narcotráfico realizada en la Autopista Santo Domingo-Samaná, pero en esa ocasión logró, junto a otros individuos, evitar una acción penal en su contra”, agregó.

Sandy Hernández Mieses

Por su arresto en 2016, este hombre que estaba en sillas de ruedas presentó en 2019 una moción para suprimir las pruebas incautadas en su casa el día de su arresto ante el decomiso de 1,786 kilos de cocaína y lavado de dinero en Cataño, Puerto Rico.

Este hombre impugnó la conclusión del tribunal de distrito de que los agentes federales de policía se basaron válidamente en las excepciones al requisito de la orden judicial cuando registraron su casa, una camioneta de carga dentro de su garaje y una miniván estacionada en la entrada de su casa.

También afirmó, de manera más amplia, que toda la operación estuvo contaminada por la intención ilegal de los agentes de ejecutar un registro sin orden judicial, incluso antes de entrar en su casa para ejecutar la orden de arresto. Esta solicitud fue denegada.

Arresto de Mosquea Polanco

Erick Randhiel Mosquea Polanco, fue capturado por el Ejército Nacional Colombiano y la Fiscalía General de ese país el pasado viernes 6 de diciembre, acumuló alrededor de 166 millones de dólares por lavado de activo provenientes del narcotráfico.

La acusación indica que desde el 2012, esta red traficaba alrededor de 2,500 kilos de cocaína semanal, cerca de 10 toneladas, los cuales eran enviados a Estados Unidos y Europa.

Al momento de su arresto, este dominicano, señalado como el cabecilla de la red Falcón, desarticulada en el país en septiembre de 2021, se encontraba en una lujosa casa en la vereda Yerbabuena de Chía Cundinamarca, en las afueras de Bogotá, Colombia.

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40 modificaciones tuvo el Nuevo Código Penal en la Cámara de Diputados

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Santo Domingo, R.D.-Este lunes fue aprobado en segunda lectura en la Cámara de Diputados un proyecto que busca modificar la nueva Ley 74-25 del Código Penal, la cual entra en vigencia durante la primera semana de agosto.

Los diputados decidieron enviar al Senado de la República la pieza que tiene el objetivo de variar el contenido de 40 artículos, agregando ocho cambios a los 32 realizados en la sesión desarrollada el pasado sábado.

La iniciativa pasará al Senado de la República, donde deberá ser sometida a votaciones en dos discusiones. Si fuese acogida, sería remitida a las manos del presidente Luis Abinader, quien decidirá si los acoge.

Dentro de las alteraciones establecidas por los legisladores de la Cámara Baja se encuentra una disposición agregada al artículo 238 que sanciona la estafa agravada cinco a diez años de prisión mayor.

Los diputados adicionaron un párrafo para que especificar que se constituye estafa agravada cuando alguien intente vender o prometer un bien en plano, recibiendo total o parcialmente el precio convenido o cuando sea vendido.

Además, cuando una sola propiedad haya sido comercializada a dos personas.

No obstante, incluye la penalización de los casos en que la captación de persona se realice fuera del país, así como si utilizan establecimientos para facilitar la explotación sexual.

El presidente de la Cámara Baja, diputado Alfredo Pacheco, informó que esta moción fue propuesta por la Procuraduría General de la República (PGR), ya que estaba contenida en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Persona.

El apartado en el cual se encontraba esa palabra busca especificar que quien sea cómplice de la consumación del hecho antes mencionado será sancionado con la misma pena de la persona que orquestó su secuestro. El castigo es de dos a tres años de prisión menor y una multa de hasta 15 salarios mínimos.

El otro cambio fue realizado al artículo 142 que versa sobre el exhibicionismo sexual. Los diputados agregaron un numeral en este para eximir de responsabilidad penal cuando ocurra la realización de esos actos en contextos artísticos destinados a personas mayores de edad que no impliquen una afectación del bien jurídico.

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos presentó una nuevo párrafo para el artículo 173 que tipifica la discriminación.

“No habrá discriminación cuando la acción u omisión se fundamente en el ejercicio legítimo de una facultad constitucional o legal en la imposibilidad material o en caso de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los supuestos previstos de estos artículos”, establece el texto.

Según explicó Pacheco, este fue elaborado para atender una ola de críticas que registraron en las redes sociales durante los últimos días.

Los artículos 104, sobre Daños por aplicación de sustancias químicas (ácido del diablo), y 141 que regula la prescripción de los delitos sexuales solo recibieron modificaciones de estilo.

Mientras que el último artículo aprobado por el órgano legislativo permitirá que los técnicos realicen cualquier arreglo ante la aparición de faltas ortográficas o de otro tipo.

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Destinan a víctimas de violencia de género 10% recaudaciones bienes incautados.

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Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en segunda lectura en el Senado de la República el proyecto de ley que agrega dos párrafos al numeral dos del artículo 82 de la la Ley 60-23 para que destine al menos un 10% de lo recaudado en los bienes incautados, decomisados y en extinción de dominio, sean destinados políticas de protección a mujeres víctimas de violencia.

La iniciativa propuesta por el senador Pedro Catrain busca que de los fondos recaudados a través de la Ley 60-23 para la Administración de Bienes Secuestrados, Incautados y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Extinción de Dominio, se destine un porcentaje fortalecer los mecanismos de prevención, respuesta institucional, protección y asistencia integral a las víctimas de violencia de género e intrafamiliar.

La pieza legislativa plantea que sea prioridad dar apoyo a las casas de acogida y centros de atención conductual para hombres vinculados a conductas de violencia de género o tentativa de feminicidio con el propósito de reformar “la cultura machista” en perjuicio de los derechos y dignidad de la mujer.

Asimismo, establece la implementación de planes y programas en las escuelas públicas para promover una nueva forma de masculinidad que permita cambiar la cultura tradicional de comportamiento del hombre dominicano frente a la mujer.

El proyecto plantea crear campañas de publicidad en redes sociales y demás medios tradicionales para cambiar el comportamiento de las relaciones hombre-mujer de la sociedad dominicana.

Los fondos destinados serán asignados al Ministerio Público, y coordinados con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación, entre otras instituciones.

De los fondos destinados, 40% será al Ministerio Público para la ejecución y fortalecimiento de las acciones vinculadas a la prevención y protección frente a la violencia de genero e intralamiliar; mientras que el 60% restante será distribuido entre el Ministerlo de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación.

El Senado también aprobó el proyecto de ley que declara el 16 de mayo de cada año como «Día

Nacional de las Sufragistas Dominicanas», el cual busca preservar la memoria histórica del movimiento sufragista de vanguardia en el país, promoviendo la educación cívica y democrática, y la igualdad de género en la participación política.

La pieza establece la realización de charlas, conferencias y seminarios temáticos educativos sobre la emancipación femenina y el significado del movimiento sufragista, donde se reconocerán a mujeres destacadas en la política, académicas, investigadoras, artistas e intelectuales que hayan producido aportes a la historiografía nacional de la mujer en la política.

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Senado garantiza Código Penal para agosto.

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Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado,  aseguró este lunes que el nuevo Código Penal entrará en vigencia el próximo 3 de agosto, con las modificaciones que se discuten en el Congreso Nacional.

De los Santos afirmó que existe el ánimo legislativo para completar el trámite antes de que concluya la actual legislatura y sostuvo que ambas cámaras trabajan de manera coordinada para aprobar la pieza sin mayores contratiempos.

“Ese es el ánimo que hay. Nosotros entendemos que antes de que termine esta legislatura habrá Código Penal sin ningún inconveniente, ya que estamos trabajando de manera conjunta para eso”, expresó el presidente del Senado.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado sábado, en primera lectura, un paquete de 32 modificaciones distribuidas en 24 artículos de la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana.

De los Santos destacó que el objetivo es que, cuando el proyecto llegue al Senado, esté suficientemente consensuado para recibir un trámite expedito.

Referencia geográfica

Según explicó, la intención es darle a la iniciativa “el tratamiento con la misma vigorosidad, con el mismo entusiasmo y con el mismo esfuerzo” con que ha trabajado la Cámara de Diputados.

El legislador dijo que el Senado trabaja en armonía con la Cámara Baja y que las inquietudes detectadas durante el proceso se están estudiando en conjunto, a fin de evitar que el texto llegue al Senado con cambios pendientes.

“Las inquietudes que estamos encontrando las estamos estudiando en conjunto, para que ya la pieza estudiada en la Cámara de Diputados cuando llegue al Senado no haya cambios que hacerle, sino que nos aboquemos a darle el tratamiento apropiado para su aprobación, y el envío al Poder Ejecutivo”, sostuvo.

El presidente del Senado informó, sin embargo, que cuando el proyecto llegue a esa cámara tiene algunos párrafos que presentará para introducir al artículo 173.

La discusión legislativa ocurre bajo presión de tiempo. El nuevo Código Penal tiene prevista su entrada en vigencia el 3 de agosto de 2026, por lo que las modificaciones deben aprobarse antes de esa fecha si el Congreso pretende que el texto entre en vigor con los ajustes reclamados por distintos sectores.

De los Santos había rechazado previamente postergar la entrada en vigor de la nueva normativa penal, argumentando que la justicia dominicana requiere instrumentos actualizados para enfrentar la criminalidad y la delincuencia.

El presidente del Senado también informó que las propuestas que no fueron acogidas recibirán una comunicación explicando las razones de su exclusión, con el objetivo de que la sociedad conozca el criterio seguido por el Congreso.

De los Santos recordó que la Cámara de Diputados ha sesionado en horarios extraordinarios y afirmó que el Senado está listo para hacer lo mismo si resulta necesario.

El proyecto se mantiene ahora en una fase decisiva. Una vez la Cámara de Diputados complete la segunda lectura, la pieza deberá pasar al Senado, donde se definirá si el Congreso logra cerrar el proceso de modificación antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.

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