Nacionales
Supuesto narcotraficante había sido apresado con el paquete “más grande” de cocaína.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades de los Estados Unidos con sede en Puerto ya habían apresado el 2 de noviembre de 2016, encabezadas por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE), a Erick Mosquea Polanco, quien utilizaba la identidad de Rodolfo Beltrán, El Sony 7, El Chiquito, El Hombre y/o Chite con un paquete de cocaína que alcanzó los 1,786 kilos, cuya captura ahora se produjo en Colombia el pasado viernes.
De acuerdo a los informes de las agencias judiciales de Estados Unidos, para ese momento la incautación era la más grande en la historia de Puerto Rico.
Vista de unos bultos que contienen 1.786 kilos de cocaína durante su presentación en una rueda de prensa celebrada hoy, miércoles 2 de noviembre 2016, en las oficinas de la dependencia en San Juan, Puerto Rico.EFE
La droga se encontró en una furgoneta en la residencia de un hombre conocido como Sandy Hernández Mieses. Esta casa está ubicada en la Urbanización Marina Bahía en Cataño, municipio aledaño a San Juan. Este hombre también está vinculado a la red de tráfico y lavado de activos Falcón.
Además de Mosquea Polanco y Sandy Hernández Mieses, fueron arrestados Juan José De la Cruz Morales, Kevin De Morla Santana, Rudy Contreras Severino, José Morales Soto y Jonathan Jiménez Díaz. Todos, han sido señalados en el país por casos el caso Falcón.
En el caso Falcón se menciona a Juan José de la Cruz Morales, algunos medios lo señalaron como si fuera la misma persona que José Morales Soto, aunque este también está vinculado en el caso.
Imagen de la droga incautada por U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE)ICE
Todos, salvo Jiménez Díaz, estaban previamente acusados por un gran jurado federal en Puerto Rico por tratar de introducir droga desde la República Dominicana.
Esta acusación explica que desde aproximadamente enero de 2013 hasta aproximadamente mayo de 2013, los acusados Erick Mosquea-Polanco; Juan José De La Cruz Morales; Kevin de Morla Santana; Rudy Contreras Severino; José Morales Soto; y Sandy Hernández Mieses conspiraron para importar intencionalmente y a sabiendas de intentar importar desde la República Dominicana a los Estados Unidos más de cinco kilogramos de cocaína.
El 25 de julio de 2018, asistido por abogado, Kelvin Morla Santana se declaró culpable de los cargos que se le imputaban. Este hombre también fue arrestado por el caso Falcón.
Juan José De la Cruz Morales
Este hombre, también arrestado en su momento junto a Mosquea Polanco en Puerto Rico, fue entregado en extradición a la isla Caribeña por el Ministerio Público dominicano por sus supuestos vínculos con el narcotráfico y lavado de activos procedentes del tráfico de drogas.
Este hombre enfrenta una posible condena de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.
Rudy Contreras Severino
También arrestado por el caso Falcón, Rudy Contreras Severino, conocido como Rudy Parcela, fue detenido en 2009 por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en un “bombardeo de cocaína en Miches, en la región Este de la República Dominicana”.
El vocero de la DNCD de ese momento, Roberto Lebrón, informó que Contreras Severino era deportado de los Estados Unidos, luego de cumplir cinco años de cárcel por narcotráfico.
También que estuvo vinculado a un decomiso de droga, pero logró escapar.
“Contreras Severino es un individuo que estuvo involucrado hace un tiempo en una operación de narcotráfico realizada en la Autopista Santo Domingo-Samaná, pero en esa ocasión logró, junto a otros individuos, evitar una acción penal en su contra”, agregó.
Sandy Hernández Mieses
Por su arresto en 2016, este hombre que estaba en sillas de ruedas presentó en 2019 una moción para suprimir las pruebas incautadas en su casa el día de su arresto ante el decomiso de 1,786 kilos de cocaína y lavado de dinero en Cataño, Puerto Rico.
Este hombre impugnó la conclusión del tribunal de distrito de que los agentes federales de policía se basaron válidamente en las excepciones al requisito de la orden judicial cuando registraron su casa, una camioneta de carga dentro de su garaje y una miniván estacionada en la entrada de su casa.
También afirmó, de manera más amplia, que toda la operación estuvo contaminada por la intención ilegal de los agentes de ejecutar un registro sin orden judicial, incluso antes de entrar en su casa para ejecutar la orden de arresto. Esta solicitud fue denegada.
Arresto de Mosquea Polanco
Erick Randhiel Mosquea Polanco, fue capturado por el Ejército Nacional Colombiano y la Fiscalía General de ese país el pasado viernes 6 de diciembre, acumuló alrededor de 166 millones de dólares por lavado de activo provenientes del narcotráfico.
La acusación indica que desde el 2012, esta red traficaba alrededor de 2,500 kilos de cocaína semanal, cerca de 10 toneladas, los cuales eran enviados a Estados Unidos y Europa.
Al momento de su arresto, este dominicano, señalado como el cabecilla de la red Falcón, desarticulada en el país en septiembre de 2021, se encontraba en una lujosa casa en la vereda Yerbabuena de Chía Cundinamarca, en las afueras de Bogotá, Colombia.
Nacionales
RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.
En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.
La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.
La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.
Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.
Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.
El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.
«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.
La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.
Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.
Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.
Nacionales
Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.
Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.
Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.
El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.