Nacionales
Acuerdo de cielo abierto con E.U entra en vigencia con el pais, según informó Abinader.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Nacionales
A fin de escoger el nuevo procurador general de la República validan modificación Ley 138-11.
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobada en primera lectura este miércoles en la Cámara de Diputados la iniciativa que modifica la Ley 138-11 del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a fin de agilizar la escogencia del nuevo procurador general de la República dentro de 100 días a partir del 16 de agosto, según quedó estipulado en el artículo 171 de la nueva Constitución, promulgada el pasado 27 de octubre.
Cuando se reanuden las sesiones, a principio de enero, los diputados debatirán y aprobarán en segunda lectura la pieza. La misma ya fue admitida en el Senado, donde fue propuesta por Ricardo de los Santos y Omar Fernández, quienes también pertenecen al CNM.
Específicamente, se plantea modificar los artículos 2 y 3 consistentes en la composición y la función del CNM, así como agregar el capítulo XII, compuestos por varios artículos.
Respecto a las funciones, el 3 dice que estas serán: designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral (TSE), al procurador general de la República y procuradores adjuntos a solicitud del presidente, así como evaluar el desempeño de los jueces del SCJ.
De igual manera, el artículo 16, sobre la abstención, precisa: «En todos los casos en que un miembro del CNM aspire o acepte su postulación como juez o procurador general de la República, o uno de los procuradores adjuntos, se debe abstener de participar en su elección».
Un punto que se añade es que la escogencia del procurador debe ser con un mínimo de 5 votos, que podrán ser confirmados al final de sus períodos. Una vez promulgada la ley, el órgano constitucional tiene un máximo de 30 días para adecuar el reglamento de aplicación.
Los miembros del CNM
Con la nueva Carta Magna, la composición del CNM quedó rediseñada de la siguiente manera: el presidente Luis Abinader, quien lo preside; Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; Omar Fernández, representante de la segunda mayoría en la Cámara Alta; Tobías Crespo, represente la segunda mayoría en la Cámara de Diputados; Napoleón Estévez, presidente del TC; Luis Henry Molina, presidente de la SCJ, y Nancy Salcedo, jueza del SCJ, y que fungirá como secretaria del CNM.
¿Quién será el nuevo titular?
El nombramiento del titular de la Procuraduría fue uno de los puntos principales de reforma constitucional del presidente Luis Abinader, quien se quitó la facultad de designación a fin de que la República Dominicana tenga el denominado «Ministerio Público independiente».
Sin embargo, el mandatario le solicitó seguir en el puesto hasta agotar el proceso de escogencia del nuevo titular del Ministerio Público.