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Testigo dice en juicio Coral que de nómina del Cestur se desviaron RD$25 MM para las elecciones de 2020
Santo Domingo, R.D.-El capitán Miguel Cancú Ramírez, testigo del Ministerio Público, reveló este jueves que por lo menos 25 millones de pesos fueron desviados de la nómina del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) para ser usados en las elecciones del 2020.
Las declaraciones se produjeron durante el juicio de fondo de los casos Coral y Coral 5G ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Cancú Ramírez detalló al tribunal «cómo se estructuraron maniobras fraudulentas que incluyeron el desvío del dinero».
Este monto, según dijo, fue solicitado bajo la justificación de apoyo logístico para actividades turísticas en Las Terrenas, pero posteriormente transferido y retirado en efectivo para ser devueltos, de manera líquida al Ministerio Administrativo de la Presidencia, en el último gobierno del expresidente Danilo Medina, supuestamente con fines electorales.
El capitán Miguel Cancú Ramírez durante su testimonio ante el tribunal.
El testigo explicó que los fondos de inteligencia de Cestur eran retirados en la sucursal del Banreservas de la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este, «entidad bancaria que también era manipulada».
Manifestó que, solo un 10 % de los recursos se destinaba a actividades reales, como supervisión en puntos estratégicos, el resto era utilizado para otros fines. Entre las operaciones irregulares destacó la creación de operativos ficticios, como actividades de cruceros y carnavales, para justificar el gasto de viáticos. Mensualmente, estos montos ascendían a 204 mil pesos, los cuales eran entregados al coronel Rafael Núñez de Aza tras pagar una cantidad mínima a personal ficticio.
Otro esquema denunciado por Cancú involucró la manipulación de la nómina de Cestur. Según sus declaraciones, cada año se solicitaban fondos para incluir nuevos miembros en Politur, pero muchas de estas inclusiones eran ficticias. Dijo que el coronel Jeudy Guzmán y el coronel Rafael Núñez de Aza, con la mediación del mayor Raúl Girón, supervisaban estas operaciones, asegura el testigo.
Indicó que el coronel Guzmán, al descubrir las irregularidades, exigió ser beneficiado, lo que le permitió adquirir una Ford Explorer blanca con los fondos sustraídos.
Cancú Ramírez detalló además que, como director financiero de Politur, recibía un salario de 90 mil pesos, pero debía entregar 20 mil a Núñez de Aza a través de Girón, quedándose únicamente con 70 mil.
El testimonio incluyó supuestas irregularidades en los procesos de compras y contrataciones. El exdirector financiero de Politur mencionó que empresas como Santo Domingo Motors y Viamar «otorgaron comisiones de hasta un 10 % a favor del general Torres Robiou y el coronel Núñez de Aza». También se destacó que Optimus, una empresa vinculada directamente al coronel Núñez de Aza, manejaba cuentas utilizadas en estos esquemas.
Asimismo, explicó que el monto destinado a seguros de vehículos, gestionado por Quilvio Rodríguez, incrementó significativamente debido a la adquisición masiva de vehículos bajo contratos irregulares.
Ministerio Público incorporó evidencias
Con el testigo, el Ministerio Público incorporó la acta de entrega voluntaria de un disco duro, dos celulares, junto a dichas pruebas materiales que había entregado previamente al órgano acusador.
De igual modo, la memoria que contiene los cinco cheques que fueron emitidos por Presidencia, libramientos de las empresas que respondían a Rafael Núñez de Aza, cuentas por pagar de Cestur y una guía descriptiva de las carpetas que fueron incluidas en la memoria.
El acta de entrega voluntaria y la memoria fueron incorporadas como pruebas documentales y materiales, respectivamente.
Las informaciones entregadas en los dispositivos electrónicos le fue suministrada por el entonces Cestur.
«Procedimos a borrar la mayoría de las informaciones del Cestur a requerimiento del coronel Rafael Núñez de Aza. Sin embargo del Departamento de Contabilidad no se llegaron a borrar las informaciones y luego fueron conseguidas», destaca.
Defensa del coronel
Félix Portes, abogado del coronel Rafael Núñez de Aza, negó que su defendido sea la cabeza financiera del supuesto entramado desmantelado mediante la operación Coral.
El abogado Félix Portes defiende al coronel Rafael Núñez de Aza.
«Todo lo que hizo nuestro representado está documentado y firmado y a partir del martes se sabrá que el testigo no ha dicho la verdad», objetó Portes.
Se cuestionó, además, sobre el porqué el testigo, si sabía todo este entramado, no está imputado en el caso.
«Hay que ver cuántos millones él manejó, para él ahora venir a limpiarse las manos», puntualizó el abogado.
Próximo juicio
El juicio continuará el próximo martes 14 de enero, a las 9:00 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Tocará a la defensa de los imputados contrainterrogar al testigo presentado por el órgano acusador.
Santo Domingo, R.D.-El obispo de la diócesis de La Altagracia, Jesús Castro Marte, expresó su profunda preocupación por el acelerado desarrollo urbanístico en la zona de Verón-Punta Cana, señalando que muchos proyectos se están ejecutando sin cumplir con la debida planificación establecida en la Ley No. 0368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
El prelado dejó claro que no se opone al desarrollo, pero enfatizó la necesidad de que las autoridades competentes hagan cumplir estrictamente las normativas vigentes. En ese sentido, exhortó a que los desarrolladores inmobiliarios respeten las disposiciones legales tanto a nivel local como nacional y regional, con el fin de garantizar un crecimiento ordenado y sostenible.
Asimismo, hizo un llamado urgente a proteger la inversión extranjera en el país, advirtiendo sobre la presencia de falsos desarrollistas que incurren en estafas inmobiliarias. Según indicó, estas prácticas afectan a ciudadanos que, con sacrificio, invierten sus ahorros o acceden a préstamos bancarios para adquirir una vivienda.
Castro Marte subrayó que la seguridad jurídica debe prevalecer para garantizar la confianza en el clima de inversión del país. “Mantener altos estándares en este aspecto es clave para preservar la imagen de la nación como una marca país confiable”, concluyó.
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Suprema Corte dice supera mora y que tramitación de casación se redujo de 707 a solo 27 días
Santo Domingo, R.D.-El 90% de los casos en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se resuelven en tres, seis y 12 meses y el tiempo de tramitación se redujo de manera significativa con la aplicación de la nueva ley de Casación, pasando de 707 a solo 27 días, informaron jueces de esa alta corte este miércoles.
La información fue ofrecida durante el encuentro «Justicia y Medios: Modelo de gestión y resultados de la Suprema Corte de Justicia«, encabezado por los presidentes de las Primera y Segunda Sala, Justiniano Montero Montero y Francisco Jerez Mena, respectivamente. Mientras que el magistrado Francisco Ortega Polanco, representó a la Tercera Sala de ese tribunal.
Al realizar la presentación, el secretario general de la SCJ, César García Lucas, informó que actualmente la SCJ tiene 4 mil 273 casos pendientes de fallo, de estos, los más antiguos datan del año 2024 de la materia civil y comercial, que presenta un total de 2, 983 expedientes pendientes.
Expedientes por materias
Mientras que, en materia de tierras solo tiene pendiente 377 casos, penal 353, laboral 266, contencioso administrativo 225 y contencioso tributario 69, todos estos casos corresponden a los años 2025 y 2026.
El tiempo de respuestas ronda los seis a 12 meses en materia civil, penal tres meses y un día para decidir los casos de extradición; mientras en lo relacionado a las decisiones contencioso tributario, administrativo, laboral y de tierras se emiten dentro del plazo de los seis meses.
Un aspecto importante destacado es la interoperabilidad con el Tribunal Constitucional para enviar de manera digital los expedientes apoderados, generando constancia de remisión automática.
Lo encontrado en 2019
La SCJ recordó que para el año 2019, había un total de 18,357 expedientes, de estos 9,187 completos y 9,170 incompletos. Algunos de estos correspondían al año 1982.
En el encuentro Justicia y Medio participó, además, el coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial, Javier Cabreja.
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23 minutos de persecución: ¿Qué dice la solicitud de medida de coerción y videos sobre muerte de chofer?
Santo Domingo, R.D.-“Un motorista lo chocó, iba abajo”, respondió, de acuerdo a uno de los videos que circula en las redes sociales, Juan Carlos Soto Ortiz, una de las personas que persiguió a Deivy Carlos Abreu Quezada hasta el Palacio de Justicia de Santiago, lugar en donde le propinaron una herida de arma blanca en su pierna derecha, lo que provocó su muerte.
En la solicitud de medida de coerción contra siete de los implicados, se indica que la persecución duró alrededor de 23 minutos (desde las 3:00 de la tarde hasta las 3:23 p. m.).
El recorrido en contra del conductor del camión recolector de basura inició en el Ensanche Bermúdez y concluyó en el Palacio de Justicia. Antes de ese tiempo, la narración de los hechos no abunda en el conflicto.
Según el relato del Ministerio Público, Jhovanny de Jesús Metz Cruz, conocido como “Macho”, fue la persona que le propinó la estocada a Deivy Carlos Abreu Quezada.
La unión de los videos que circulan en las redes sociales sobre este crimen y los datos que presenta el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción contra siete de los implicados, detallan lo siguiente:
Jhovanny de Jesús Metz Cruz realizó la persecución en contra de Abreu Quezada en su motocicleta, marca Boxer BM150, color negro, con un diseño en el tanque de color amarillo con verde y con un stiker que dice: “Chucho R”. La misma era conducida por una persona “no individualizada”, “Macho”; iba en la parte de atrás.
Al llegar al Palacio de Justicia, cuando el camión reduce la velocidad para entrar, Metz Cruz se desmonta de la motocicleta y lo persigue a pie, corriendo, junto a otras personas. Iba vestido con un casco protector negro que impedía ver su rostro, un abrigo negro manga larga, un pantalón negro y unos crocs blancos.
Cuando Abreu Quezada detiene el camión recolector de basura, dos hombres lo atacan por el área del conductor, obligándolo a que este salte del camión y que Beylor Rodríguez Méndez, seguridad del área, dispare su arma para despejar a la multitud.
En el video se observa al hombre con casco protector negro, abrigo negro manga larga, pantalón negro y unos crocs blancos portar un cuchillo en las manos. Según la medida de solicitud de coerción, era un arma “tipo caza, color negro, de aproximadamente doce (12) pulgadas de longitud”, recogida en el Palacio de Justicia.
Según el video, después de que Jhovanny de Jesús Metz Cruz le propinó la estocada en la pierna, Deivy Carlos Abreu Quezada salta del camión y grita: “Me mató”.
Tras esto, “Macho” sale corriendo del Palacio de Justicia y desaparece. Las autoridades lo persiguen por este crimen y le piden que se entregue.
“Me interceptaron por el camino para matarme… Yo no choqué a nadie; ellos me atravesaron un motor en el medio, está grabado allá arriba en la cámara; me interceptaron un motor en el medio”, dice Deivy Carlos Abreu Quezada a un hombre que le pregunta qué pasó, mientras se desangra.
Mientras el hombre sigue preguntando, Deivy Carlos Abreu Quezada empieza a orar y a pedir a Dios que lo perdone y que no lo dejen morir. Su muerte se produce entre las 4:30 y 5:30 de la mañana, de acuerdo al acta del médico legista realizada en el Hospital Presidente Estrella Ureña, al otro día del incidente, el 18 de abril.
“Su fallecimiento se produjo de dos a tres horas antes del levantamiento del cadáver”, dice la solicitud de medida de coerción. Se recuerda que el levantamiento del cadáver es el formulario que llena el médico sobre la muerte de una persona. El mismo se realizó a las 6:00 de la mañana.
Deivy Carlos Abreu Quezada tenía 9 meses laborando en la empresa Comlursa S.R.L., que ofrece el servicio de recolección de basura en Santiago.
Su muerte ha dejado a cinco niños en la orfandad.
Las autoridades presentaron solicitud de medida de coerción en contra de Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclu González, Carlos Andrés Roa Moran, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.