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Testigo dice en juicio Coral que de nómina del Cestur se desviaron RD$25 MM para las elecciones de 2020

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Santo Domingo, R.D.-El capitán Miguel Cancú Ramírez, testigo del Ministerio Público, reveló este jueves que por lo menos 25 millones de pesos fueron desviados de la nómina del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) para ser usados en las elecciones del 2020.

Las declaraciones se produjeron durante el juicio de fondo de los casos Coral y Coral 5G ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Cancú Ramírez detalló al tribunal «cómo se estructuraron maniobras fraudulentas que incluyeron el desvío del dinero».

Este monto, según dijo, fue solicitado bajo la justificación de apoyo logístico para actividades turísticas en Las Terrenas, pero posteriormente transferido y retirado en efectivo para ser devueltos, de manera líquida al Ministerio Administrativo de la Presidencia, en el último gobierno del expresidente Danilo Medina, supuestamente con fines electorales.


El capitán Miguel Cancú Ramírez durante su testimonio ante el tribunal.

El testigo explicó que los fondos de inteligencia de Cestur eran retirados en la sucursal del Banreservas de la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este, «entidad bancaria que también era manipulada».

Manifestó que, solo un 10 % de los recursos se destinaba a actividades reales, como supervisión en puntos estratégicos, el resto era utilizado para otros fines. Entre las operaciones irregulares destacó la creación de operativos ficticios, como actividades de cruceros y carnavales, para justificar el gasto de viáticos. Mensualmente, estos montos ascendían a 204 mil pesos, los cuales eran entregados al coronel Rafael Núñez de Aza tras pagar una cantidad mínima a personal ficticio.

Otro esquema denunciado por Cancú involucró la manipulación de la nómina de Cestur. Según sus declaraciones, cada año se solicitaban fondos para incluir nuevos miembros en Politur, pero muchas de estas inclusiones eran ficticias. Dijo que el coronel Jeudy Guzmán y el coronel Rafael Núñez de Aza, con la mediación del mayor Raúl Girón, supervisaban estas operaciones, asegura el testigo.

Indicó que el coronel Guzmán, al descubrir las irregularidades, exigió ser beneficiado, lo que le permitió adquirir una Ford Explorer blanca con los fondos sustraídos.

Cancú Ramírez detalló además que, como director financiero de Politur, recibía un salario de 90 mil pesos, pero debía entregar 20 mil a Núñez de Aza a través de Girón, quedándose únicamente con 70 mil.

El testimonio incluyó supuestas irregularidades en los procesos de compras y contrataciones. El exdirector financiero de Politur mencionó que empresas como Santo Domingo Motors y Viamar «otorgaron comisiones de hasta un 10 % a favor del general Torres Robiou y el coronel Núñez de Aza». También se destacó que Optimus, una empresa vinculada directamente al coronel Núñez de Aza, manejaba cuentas utilizadas en estos esquemas.

Asimismo, explicó que el monto destinado a seguros de vehículos, gestionado por Quilvio Rodríguez, incrementó significativamente debido a la adquisición masiva de vehículos bajo contratos irregulares.

Ministerio Público incorporó evidencias

Con el testigo, el Ministerio Público incorporó la acta de entrega voluntaria de un disco duro, dos celulares, junto a dichas pruebas materiales que había entregado previamente al órgano acusador.

De igual modo, la memoria que contiene los cinco cheques que fueron emitidos por Presidencia, libramientos de las empresas que respondían a Rafael Núñez de Aza, cuentas por pagar de Cestur y una guía descriptiva de las carpetas que fueron incluidas en la memoria.

El acta de entrega voluntaria y la memoria fueron incorporadas como pruebas documentales y materiales, respectivamente.

Las informaciones entregadas en los dispositivos electrónicos le fue suministrada por el entonces Cestur.

«Procedimos a borrar la mayoría de las informaciones del Cestur a requerimiento del coronel Rafael Núñez de Aza. Sin embargo del Departamento de Contabilidad no se llegaron a borrar las informaciones y luego fueron conseguidas», destaca.

Defensa del coronel

Félix Portes, abogado del coronel Rafael Núñez de Aza, negó que su defendido sea la cabeza financiera del supuesto entramado desmantelado mediante la operación Coral.

El abogado Félix Portes defiende al coronel Rafael Núñez de Aza.

«Todo lo que hizo nuestro representado está documentado y firmado y a partir del martes se sabrá que el testigo no ha dicho la verdad», objetó Portes.

Se cuestionó, además, sobre el porqué el testigo, si sabía todo este entramado, no está imputado en el caso.

«Hay que ver cuántos millones él manejó, para él ahora venir a limpiarse las manos», puntualizó el abogado.

Próximo juicio

El juicio continuará el próximo martes 14 de enero, a las 9:00 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Tocará a la defensa de los imputados contrainterrogar al testigo presentado por el órgano acusador.

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Gobierno dominicano declara terroristas a organizaciones de Irán y el Líbano.

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Por EFE

Santo Domingo, (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana designó este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo chií libanés Hizbulá como organizaciones terroristas.

Esta designación se lleva a cabo «en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional dominicana», destacó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.

En la actualidad Irán cuenta con un cuerpo diplomático designado para cubrir la República Dominicana, aunque la embajada tiene su sede en Cuba.

Esa legación está encabeza por el embajador Seyed Mohammad Hadi Sobhani, quien presentó sus credenciales ante el presidente dominicano, Luis Abinader, en diciembre de 2024.

an/am

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Pruebas demoledoras dice tener el Ministerio Público contra madre acusada de asfixiar a su hija

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Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público cuenta con más de 25 evidencias demoledoras en contra de Yleidi Linares Araujo, acusada de asfixiar a su hija de seis años en un hecho ocurrido el 11 de marzo en la comunidad de Sabana Toro de la provincia de San Cristóbal, según la procuradora fiscal Laura Segura.

La representante del Ministerio Público y fiscal investigadora del caso afirmó que el expediente contiene una amplia cantidad de pruebas que, según sostuvo, sustentan la imposición de prisión preventiva.

«El Ministerio Público está listo para conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción, contando con más de 25 evidencias demoledoras para que el tribunal acoja la prisión preventiva en contra de la imputada por el homicidio de su hija menor de edad de 6 años», expresó.

«Entrevistas, interrogatorios, imágenes de video que fueron debidamente analizadas y un sinnúmero de elementos de pruebas que van a sustentar la imposición de la prisión preventiva, sin duda alguna»Laura SeguraProcuradora fiscal de San Cristóbal

Segura explicó, la audiencia fue aplazada para el viernes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa técnica de la imputada, con el propósito de que le sean notificadas las pruebas audiovisuales depositadas por el órgano acusador.

Cronología del hechoEl día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor Milianny Linarez en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.

En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.

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Vista de Yoleydi Linarez Araujo el sábado 9 de mayo del 2026 mientras se encontraba en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal. 

El Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de que los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableciera que la niña murió por «asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios», determinando una muerte violenta de etiología homicida.

En el expediente de la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.

El documento también establece que estas imputaciones estarían sustentadas en el informe técnico digital de video No. 2026-04-E8566, elaborado por la Dirección Central de Investigación (Dicat).

Según el informe, las imágenes de vigilancia muestran e individualizan a Linarez Araujo como la única persona que ingresó a la vivienda antes y después de la muerte de la menor.

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Infografía
La residencia donde fue encontrada sin vida la niña de seis años en la comunidad Sabana Toro, provincia San Cristóbal. 

Indica, además, que los familiares de la imputada y de la niña habían salido del lugar, previo a los hechos, y que, dentro del período en que ocurrió el homicidio, la única persona ajena que ingresó a la zona fue la testigo Lennys Lizbeth Angomas Pinales, vecina de la imputada, quien declaró haber observado a la imputada alrededor de las 10:15 de la mañana realizando labores de limpieza frente a su residencia.

A esto, el documento suma entrevistas de otras vecinas, quienes afirmaron haber visto únicamente a la acusada entrar y salir de la vivienda donde ocurrió el hecho.

Según el Ministerio Público, estas evidencias permiten establecer que la imputada era la única persona que tenía el dominio exclusivo de la escena y de la menor fallecida.

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Segun pruebas balísticas pistola incautada en caso Masha fue robada a agente de la Policía en 2018.

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Santo Domingo, R.D.-La exponente urbana Ashley Mariel Sanchez Victoriano, conocida como «Masha»,  quien fue apresada por agentes de la Policía Nacional el pasado sábado luego de que fuese sorprendida con dos armas de fuego ilegales dentro del vehículo en el cual se transportaba junto a otras personas, sera sometida a la justicia por la conducta  ilegal en que ha incurrido.

Masha fue detenida mientras conducía por la avenida Mella, en el sector Andrés Boca Chica,  acompañanda por Karla Julisa Rodríguez, quien estaba en el asiento delantero del pasajero; ambas con 19 años de edad. Mientras que en la parte trasera se encontraba Alexander Martínez Nolasco, de 18 años.

Dentro de la gaveta situada en el lado del pasajero de la yipeta marca Honda CRV fue donde los patrulleros del cuerpo policial encontraron dos pistolas Glocks calibre 9 milímetros sin documentación.

“Se la robaron en 2018 a un policía. Esa arma la estaban disparando para comparar los casquillos con otras escenas violentas y ver si ha sido usada en otros crímenes o delitos. Es por eso que sabemos que una de esas se la robaron a una policía”, explicó a reporteros de este medio un agente vinculado a la investigación.

No obstante, de acuerdo con lo informado por la fuente extraoficial, esto no quiere decir que la artista haya participado en el robo realizado al policía.

Mientras tanto, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este presentó el pasado domingo ante el Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo una solicitud para lograr que los imputados sean sometidos a prisión preventiva.

El Ministerio Público (MP) entiende que los acusados, a pesar de tener un domicilio en el país, no ofrecen garantías para presentarse a los actos del procedimiento judicial. Por lo que “existe un alto riesgo de que intenten sustraerse al proceso y no comparecer” ante el juez.

Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.

Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.Fuente externa

¿Cómo funciona la depuración?

“La depuramos, la llevamos a balísticas, se disparan esos casquillos, se comparan con otros que han sido levantados en escenas donde hay heridos, fallecidos o robos, luego se analiza a través de una computadora que permite determinar si coinciden con el arma retenida”, de esta manera, según precisó el portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, las autoridades pueden identificar la procedencia de un arma de fuego.

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