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Testigo dice en juicio Coral que de nómina del Cestur se desviaron RD$25 MM para las elecciones de 2020
Santo Domingo, R.D.-El capitán Miguel Cancú Ramírez, testigo del Ministerio Público, reveló este jueves que por lo menos 25 millones de pesos fueron desviados de la nómina del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) para ser usados en las elecciones del 2020.
Las declaraciones se produjeron durante el juicio de fondo de los casos Coral y Coral 5G ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Cancú Ramírez detalló al tribunal «cómo se estructuraron maniobras fraudulentas que incluyeron el desvío del dinero».
Este monto, según dijo, fue solicitado bajo la justificación de apoyo logístico para actividades turísticas en Las Terrenas, pero posteriormente transferido y retirado en efectivo para ser devueltos, de manera líquida al Ministerio Administrativo de la Presidencia, en el último gobierno del expresidente Danilo Medina, supuestamente con fines electorales.
El capitán Miguel Cancú Ramírez durante su testimonio ante el tribunal.
El testigo explicó que los fondos de inteligencia de Cestur eran retirados en la sucursal del Banreservas de la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este, «entidad bancaria que también era manipulada».
Manifestó que, solo un 10 % de los recursos se destinaba a actividades reales, como supervisión en puntos estratégicos, el resto era utilizado para otros fines. Entre las operaciones irregulares destacó la creación de operativos ficticios, como actividades de cruceros y carnavales, para justificar el gasto de viáticos. Mensualmente, estos montos ascendían a 204 mil pesos, los cuales eran entregados al coronel Rafael Núñez de Aza tras pagar una cantidad mínima a personal ficticio.
Otro esquema denunciado por Cancú involucró la manipulación de la nómina de Cestur. Según sus declaraciones, cada año se solicitaban fondos para incluir nuevos miembros en Politur, pero muchas de estas inclusiones eran ficticias. Dijo que el coronel Jeudy Guzmán y el coronel Rafael Núñez de Aza, con la mediación del mayor Raúl Girón, supervisaban estas operaciones, asegura el testigo.
Indicó que el coronel Guzmán, al descubrir las irregularidades, exigió ser beneficiado, lo que le permitió adquirir una Ford Explorer blanca con los fondos sustraídos.
Cancú Ramírez detalló además que, como director financiero de Politur, recibía un salario de 90 mil pesos, pero debía entregar 20 mil a Núñez de Aza a través de Girón, quedándose únicamente con 70 mil.
El testimonio incluyó supuestas irregularidades en los procesos de compras y contrataciones. El exdirector financiero de Politur mencionó que empresas como Santo Domingo Motors y Viamar «otorgaron comisiones de hasta un 10 % a favor del general Torres Robiou y el coronel Núñez de Aza». También se destacó que Optimus, una empresa vinculada directamente al coronel Núñez de Aza, manejaba cuentas utilizadas en estos esquemas.
Asimismo, explicó que el monto destinado a seguros de vehículos, gestionado por Quilvio Rodríguez, incrementó significativamente debido a la adquisición masiva de vehículos bajo contratos irregulares.
Ministerio Público incorporó evidencias
Con el testigo, el Ministerio Público incorporó la acta de entrega voluntaria de un disco duro, dos celulares, junto a dichas pruebas materiales que había entregado previamente al órgano acusador.
De igual modo, la memoria que contiene los cinco cheques que fueron emitidos por Presidencia, libramientos de las empresas que respondían a Rafael Núñez de Aza, cuentas por pagar de Cestur y una guía descriptiva de las carpetas que fueron incluidas en la memoria.
El acta de entrega voluntaria y la memoria fueron incorporadas como pruebas documentales y materiales, respectivamente.
Las informaciones entregadas en los dispositivos electrónicos le fue suministrada por el entonces Cestur.
«Procedimos a borrar la mayoría de las informaciones del Cestur a requerimiento del coronel Rafael Núñez de Aza. Sin embargo del Departamento de Contabilidad no se llegaron a borrar las informaciones y luego fueron conseguidas», destaca.
Defensa del coronel
Félix Portes, abogado del coronel Rafael Núñez de Aza, negó que su defendido sea la cabeza financiera del supuesto entramado desmantelado mediante la operación Coral.
El abogado Félix Portes defiende al coronel Rafael Núñez de Aza.
«Todo lo que hizo nuestro representado está documentado y firmado y a partir del martes se sabrá que el testigo no ha dicho la verdad», objetó Portes.
Se cuestionó, además, sobre el porqué el testigo, si sabía todo este entramado, no está imputado en el caso.
«Hay que ver cuántos millones él manejó, para él ahora venir a limpiarse las manos», puntualizó el abogado.
Próximo juicio
El juicio continuará el próximo martes 14 de enero, a las 9:00 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Tocará a la defensa de los imputados contrainterrogar al testigo presentado por el órgano acusador.
SANTO DOMINGO.- Un plazo de 30 días otorgó el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) para que las empresas operadoras de los canales de televisión 7, en banda VHF (alta definición, y 21, en UHF (ultra alta definición), pasen a ser propiedad mayoritaria de dominicanos o extranjeros nacionalizados, como ordena la Ley 153-98.
El organismo precisó, en un documento de prensa distribuido este domingo, que las acciones mayoritarias de esos canales de televisión que operan en el país corresponden a empresas con sede en Islas Vírgenes Británicas y en Bahamas.
Las compañías en cuestión son Interamerica Broadcasting & Production Company S.A. (IBPC) y Trendy, S.A.S., que operan los canales 7 VHF y 21 UHF.
En República Dominicana las programaciones del canal 7 y del 21 son ofrecidas por Antena 7, antes llamada Antena Latina.
La acción de Indotel es producto de una solicitud que le hiciera en 2024 la ONG Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adoco), en el sentido de revocar la concesión dada a esas compañías para operar esos canales.
Indotel rechazó esa petición y dispuso del plazo de 30 días que las compañías operadoras se ajusten a las legislaciones dominicanas. La Ley 153-98 da al Estado la facultad de ofrecer concesiones, pero no de venta a las estaciones de radio y televisión.
De acuerdo al comunicado, las empresas objeto de la petición de Adocco afirmaron ante el Indotel que el control social de las referidas compañías concesionarias se encuentra, de manera directa, para la primera e indirecta, para la segunda, bajo el control de una sociedad comercial extranjera de las Islas Vírgenes Británicas, de manera concreta, de la entidad Latam Investments Services, Inc.
En la resolución del Indotel se precisa que, a los fines de refutar el planteamiento de Adoco, las empresas IBPC y Trendy analizan en su escrito de defensa la composición accionaria de estas y de Inter-Antena Holding Company (IAHC) admitiendo que IAHC es la accionista mayoritaria de IBPC y que esta última, a su vez, «controla más de las tres cuartas parte del capital accionario de Trendy, S.A.S.».
Reconocen, asimismo, que IAHC «es una entidad organizada y existente de conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, cuyos accionistas principales son Eikton Investment, Inc. y Vilto Investments, S.A.S.».
«En lo que respecta a Eikton, es una compañía domiciliada en Islas Vírgenes, que es la titular del 47.5 % de las acciones de IAHC», refirió el comunicado.
LOS PROPIETARIOS
Se subraya además que los propietarios de las acciones son Nelleville Investments Limites, compañía domiciliada en Bahamas, dueña del 60 % de las acciones, y Vilto Incorporated, S.A.S., domiciliada en la República Dominicana, dueña de un 40 % de las acciones.
Indotel dijo que las empresas IBPS y Trendy rechazaron la petición de Adocco, de que sus licencias de operación sean canceladas, lo que fue acogido por el organismo regular, pero les otorgó 30 días para que regularicen la situación.
Santo Domingo, .- Oleajes peligrosos advirtió este domingo el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en la costa atlántica, por lo que recomendó tomar precauciones a los bañistas, operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, bañistas, deportistas acuáticos y manejadores de emergencias.
Asimismo, informó que no se esperan cambios de importancia en las condiciones del tiempo, por lo que no prevé lluvias significativas a nivel nacional.
«Estaremos observando una masa de aire con poco contenido de humedad, producto de una circulación anticiclónica en diferentes niveles de la troposfera, por lo que no se prevé lluvias significativas a nivel nacional», dijo el departamento en su boletín de hoy.
No obstante, refirió que los efectos locales, calentamiento diurno y viento del noreste podrían generar algunas lluvias dispersas hacia el noreste y los sistemas montañosos en horas de la tarde, como en las provincias de María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.
of-am
Santo Domingo, R.D.-El padre de la mujer asesinada en La Vega informó que el victimario había estudiado todos los movimientos de su víctima para quitarle la vida, quien el día del hecho fue buscada por su madre en Villa Altagracia ante la peligrosidad del hombre que cometió el crimen.
El progenitor de Mailyn explico que su hija fue traída a La Vega desde Villa Altagracia a un lugar seguro, pero que horas después el agresor irrumpió en la vivienda de la madre y la ataco con una arma de fuego.
«Él brincó la verja y apuntó a un señor que estaba fregando en el patio, pero no disparó. Luego entró a la habitación y ahí le disparó en el pecho a mi hija», relató el padre.
En el momento del ataque, los tres hijos de Mailyn, de cinco, cuatro y tres años, se encontraban en la vivienda y presenciaron el crimen. «Él la mató y dejó a los niños en la marquesina. Luego se fue del lugar», agregó Marte Rodríguez.
El padre señaló que el agresor había estado observando los movimientos de la familia y merodeando la zona en un vehículo antes de cometer el crimen. Además, lamentó que, a pesar de haber estado preso anteriormente, el hombre había sido reintegrado a la Policía Nacional, lo que aumentó el temor de Mailyn a dejarlo.
Marte Rodríguez clama justicia para su hija y pide a las autoridades que tomen medidas para evitar que casos como este se repitan.