Opinión
El paquetazo tributanio de Danilo: pro-vocación y desafío
Por Narciso Isa Conde
Para mí no hay sorpresa. Esto lo vaticiné con suficiente antelación.
Danilo es- y lo exprese reiteradas veces- un conspicuo representante de la partidocracia clientelista atrapado en las redes de la recolonización neoliberal. Su recurrencia al FMI y su tendencia a ocultar y proteger a los principales responsables y beneficiarios de la quiebra del Estado dominicano y la privatizaciones, reconfirmó sus compromisos esenciales, más allá de sus reiteradas simulaciones
En empaquete anunciado no hay visos de la prometida “reforma fiscal integral no lesiva a las condiciones de vida del pueblo humilde y los sectores medios de la sociedad”, como había prometido el nuevo presidente de un régimen peledeista envejecido y desacreditado.
- Paquetazo tributario de la peor ralea.
El paquete propuesto por el Presidente Medina y su equipo de gobierno no es ni siquiera fiscal, sino simplemente tributario… puesto que no incluye la debida racionalización y reducción del gasto público, ni tampoco la reformulación de política respecto a la pesada carga presupuestal de la deuda pública y al oneroso endeudamiento externo en vía de profundización.
Es, en consecuencia, un paquetazo exclusivamente tributario y sumamente perjudicial para el pueblo trabajador y las capas medias profesionales y productivas del país.
Un conjunto de impuestos, incluido el aumento del ITBIS del 16 al 18% en los renglones ya gravados, su extensión a muchos otros productos de amplio consumo (incluidos 270 alimentos), el lesivo aumento del 3% del impuesto a lo combustibles y una reducción significativa del subsidio eléctrico (que habrá de traducirse en abusivos incrementos de las tarifas correspondientes), y el aumento de los impuestos selectivos a las bebidas y al tabaco, son más bien sinónimo de carestía insoportable, y en consecuencia, de un empobrecimiento mayor de la sociedad.
La mono-tributación (impuestos sobre la renta, ITEBIS seguridad social fusionados), además de facilitar la operación, en el actual contexto persigue imponerle a la gran población empobrecida inscrita en los regímenes de seguridad social subsidiada y contributivo subsidiado el pago por un servicio social casi totalmente incumplido.
Por otra parte, en la situación actual, el alza de los impuestos a algunos sectores del empresariado y la supresión de ciertas facilidades y exenciones a su favor -además de que ahora, como todos los nuevos gravámenes anunciados, nutrirían exclusivamente un consumo dispendioso y subvencionarían el oneroso costo de una descarada impunidad y de un robo en gran escala a los contribuyentes- son fácilmente transferibles en términos de alza de precios y desempleo a la población humilde y a las capas medias de la sociedad.
El gobierno exige que se le tributen 532 mil millones de pesos anuales para gastos excesivos e incontrolables, al tiempo de evadir las acciones destinadas a recuperar los dineros robados y malversados por la administración PLD-Leonel y sus empresarios favoritos, cuya suma solo este año ronda entre los 140 mil y los 170 mil millones pesos (déficit fiscal), más 1,200 millones de dólares (y 600 millones de pesos) como “deudas” de la CDEE con generadores y suplidores privados.
Este gobierno obvia su complicad en la corrupción electoral y guarda silencio frente a los sueldos exorbitantes, pensiones escandalosas, asesorías innecesarias y privilegiadas, distorsiones, hipertrofias burocráticas y prácticas clientelistas en el aparato central del Estado y en sus instituciones autómatas o descentralizadas, una parte de ellas reiteradas por el nuevo ejecutivo.
Los 620 mil empleos estatales, entre los que se encuentran un volumen escandaloso de botellas y botellones, permanecerán intactos haciendo honor al clientelismo, que sencillamente en el 2013 será congelado en el punto mas alto de la historia de la politiquería republicana.
Omisiones significativas y la imposición en marcha.
Resaltan las mentiras y ficciones sobre el “extraordinario crecimiento económico” generado por la política del Ladronel Fernández que el propio Danilo Medina, dándole veracidad a esa especie durante su campaña, prometió “distribuir” en favor de los/as más necesitados.
En verdad ni el crecimiento ni el progreso fueron tales, si no que lo exageraron en demasías para vender fantasías y robar desde las alturas; mientras que ahora, ante las evidencia de tal estafa, se opta por admitirla solo para cargar autoritariamente el desastre sobre las víctimas de ese engaño y ese latrocinio.
Resalta también la impunidad de los consorcios de la mega-minería que exhiben una voracidad criminal refrendada por contratos leoninos y ecocidas. El mutis del presidente nueva ve devela su subordinación a los funesto designios de la burguesía transnacional que nos recoloniza y destruye.
Y para colmo, aun así, el presupuesto del 2013 seguirá con un déficit del 6%, lo que anuncia medidas agravantes en carpeta.
La reunión previa del presidente Medina con la legisladores del PLD devela su intención de “bajar líneas” e imponer determinaciones, lo que aumenta la sospecha de farsa que encierra lo relativo al pacto social vía Consejo Nacional de Desarrollo Económico Social, ya atropellado por la discriminación de sus componentes más incómodos para el quehacer del gobierno (Centro Montalvo y otros).
Todo eso nos convoca urgentemente a la democracia de calle, a la expresión en grande de la indignación en movilizaciones y paralizaciones nacionales, regionales, locales…bien creativas; a convertir el descontento generalizado en fin, en justa desobediencia civil y en contrapoder popular y ciudadano.
Por tanto el paquetazo tributario de Danilo es provocación y desafío.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.