Opinión
El paquetazo tributanio de Danilo: pro-vocación y desafío
Por Narciso Isa Conde
Para mí no hay sorpresa. Esto lo vaticiné con suficiente antelación.
Danilo es- y lo exprese reiteradas veces- un conspicuo representante de la partidocracia clientelista atrapado en las redes de la recolonización neoliberal. Su recurrencia al FMI y su tendencia a ocultar y proteger a los principales responsables y beneficiarios de la quiebra del Estado dominicano y la privatizaciones, reconfirmó sus compromisos esenciales, más allá de sus reiteradas simulaciones
En empaquete anunciado no hay visos de la prometida “reforma fiscal integral no lesiva a las condiciones de vida del pueblo humilde y los sectores medios de la sociedad”, como había prometido el nuevo presidente de un régimen peledeista envejecido y desacreditado.
- Paquetazo tributario de la peor ralea.
El paquete propuesto por el Presidente Medina y su equipo de gobierno no es ni siquiera fiscal, sino simplemente tributario… puesto que no incluye la debida racionalización y reducción del gasto público, ni tampoco la reformulación de política respecto a la pesada carga presupuestal de la deuda pública y al oneroso endeudamiento externo en vía de profundización.
Es, en consecuencia, un paquetazo exclusivamente tributario y sumamente perjudicial para el pueblo trabajador y las capas medias profesionales y productivas del país.
Un conjunto de impuestos, incluido el aumento del ITBIS del 16 al 18% en los renglones ya gravados, su extensión a muchos otros productos de amplio consumo (incluidos 270 alimentos), el lesivo aumento del 3% del impuesto a lo combustibles y una reducción significativa del subsidio eléctrico (que habrá de traducirse en abusivos incrementos de las tarifas correspondientes), y el aumento de los impuestos selectivos a las bebidas y al tabaco, son más bien sinónimo de carestía insoportable, y en consecuencia, de un empobrecimiento mayor de la sociedad.
La mono-tributación (impuestos sobre la renta, ITEBIS seguridad social fusionados), además de facilitar la operación, en el actual contexto persigue imponerle a la gran población empobrecida inscrita en los regímenes de seguridad social subsidiada y contributivo subsidiado el pago por un servicio social casi totalmente incumplido.
Por otra parte, en la situación actual, el alza de los impuestos a algunos sectores del empresariado y la supresión de ciertas facilidades y exenciones a su favor -además de que ahora, como todos los nuevos gravámenes anunciados, nutrirían exclusivamente un consumo dispendioso y subvencionarían el oneroso costo de una descarada impunidad y de un robo en gran escala a los contribuyentes- son fácilmente transferibles en términos de alza de precios y desempleo a la población humilde y a las capas medias de la sociedad.
El gobierno exige que se le tributen 532 mil millones de pesos anuales para gastos excesivos e incontrolables, al tiempo de evadir las acciones destinadas a recuperar los dineros robados y malversados por la administración PLD-Leonel y sus empresarios favoritos, cuya suma solo este año ronda entre los 140 mil y los 170 mil millones pesos (déficit fiscal), más 1,200 millones de dólares (y 600 millones de pesos) como “deudas” de la CDEE con generadores y suplidores privados.
Este gobierno obvia su complicad en la corrupción electoral y guarda silencio frente a los sueldos exorbitantes, pensiones escandalosas, asesorías innecesarias y privilegiadas, distorsiones, hipertrofias burocráticas y prácticas clientelistas en el aparato central del Estado y en sus instituciones autómatas o descentralizadas, una parte de ellas reiteradas por el nuevo ejecutivo.
Los 620 mil empleos estatales, entre los que se encuentran un volumen escandaloso de botellas y botellones, permanecerán intactos haciendo honor al clientelismo, que sencillamente en el 2013 será congelado en el punto mas alto de la historia de la politiquería republicana.
Omisiones significativas y la imposición en marcha.
Resaltan las mentiras y ficciones sobre el “extraordinario crecimiento económico” generado por la política del Ladronel Fernández que el propio Danilo Medina, dándole veracidad a esa especie durante su campaña, prometió “distribuir” en favor de los/as más necesitados.
En verdad ni el crecimiento ni el progreso fueron tales, si no que lo exageraron en demasías para vender fantasías y robar desde las alturas; mientras que ahora, ante las evidencia de tal estafa, se opta por admitirla solo para cargar autoritariamente el desastre sobre las víctimas de ese engaño y ese latrocinio.
Resalta también la impunidad de los consorcios de la mega-minería que exhiben una voracidad criminal refrendada por contratos leoninos y ecocidas. El mutis del presidente nueva ve devela su subordinación a los funesto designios de la burguesía transnacional que nos recoloniza y destruye.
Y para colmo, aun así, el presupuesto del 2013 seguirá con un déficit del 6%, lo que anuncia medidas agravantes en carpeta.
La reunión previa del presidente Medina con la legisladores del PLD devela su intención de “bajar líneas” e imponer determinaciones, lo que aumenta la sospecha de farsa que encierra lo relativo al pacto social vía Consejo Nacional de Desarrollo Económico Social, ya atropellado por la discriminación de sus componentes más incómodos para el quehacer del gobierno (Centro Montalvo y otros).
Todo eso nos convoca urgentemente a la democracia de calle, a la expresión en grande de la indignación en movilizaciones y paralizaciones nacionales, regionales, locales…bien creativas; a convertir el descontento generalizado en fin, en justa desobediencia civil y en contrapoder popular y ciudadano.
Por tanto el paquetazo tributario de Danilo es provocación y desafío.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.