Nacionales
En 15 de 23 ministerios ha hecho cambios Abinader durante su mandato.
El periódico Listín Diario ha establecido en un trabajo de su exclusividad que en cuatros años y cinco meses del Gobierno de Luis Abinader, que corresponden a su primer período que comenzó en 2020 y al segundo, de agosto del 2024, sólo ocho de veintitrés ministerios no han sido tocados en los movimientos y cambios de funcionarios que el jefe de Estado ha realizado.
Agrega en su trabajo periodístico el diario más importante del país que hasta agosto de 2024, cuando Abinader asumió la Presidencia de la República por segunda vez de manera consecutiva, los cambios no habían sido sustanciales en los ministerios, aunque sí era una realidad que algunas entidades, en sus primeros cuatro años, sufrieron cambios en varias ocasiones, como es el caso de los de los ministerios de la Presidencia, Juventud, Cultura y Salud, por circunstancias distintas.
Sin embargo, la segunda gestión de Luis Abinader ha venido con múltiples cambios a nivel ministerial y de los que fueron nombrados con el decreto de 2020, solo se mantienen ocho.
Estas fichas no movidas corresponden a Limber Cruz, ministro de Agricultura; Víctor -Ito- Bisonó, ministro de Industria y Comercio; David Collado; ministro de Turismo; Mayra Jiménez, ministra de la Mujer; Jochi Vicente, ministro de Hacienda; Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores; Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior. También Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones, que fue nombrado en el puesto desde el 2020, aunque para ese entonces esa dependencia gubernamental no tenía el grado de ministerio.
Ahora en el 2025
El pasado domingo, semanas antes del 27 de febrero, que es la fecha esperada para cambios en el tren gubernamental, el mandatario hizo movimientos en múltiples instituciones, en las que incluyó cuatro ministerios importantes.
Uno de ellos fue en el Ministerio de Obras Públicas, donde fue nombrado el pasado presidente del Senado, Eduardo Estrella, en sustitución de Deligne Ascención que ocupaba el puesto desde el 2020.
El segundo ministerio fue el de Educación, donde fue designado Luis Miguel De Camps, que asume la responsabilidad para sustituir al técnico Ángel Hernández.
El tercer ministerio fue el de Trabajo, donde el dirigente del PRM y exjuez de la JCE, Eddy Olivares, fue nombrado para reemplazar a De Camps que estaba en esa cartera desde 2020. El cuarto fue el Ministerio de Cultura, donde Roberto Salcedo, que estaba en la Dirección de Proyectos Especiales de la Presidencia, fue designado en el puesto que estaba vacante por la renuncia de Milagros Germán hace unas semanas.
En agosto de 2024
Pero los cambios de Abinader para su segundo mandato comenzaron a correr en agosto de 2024 en el Ministerio de la Presidencia, donde colocó a José Ignacio Paliza, que asumió para suceder a Joel Santos, que fue enviado a dirigir el Ministerio de Energía y Minas.
También hizo cambios en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, donde el dirigente y político del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, pasó a ocupar el puesto que estaba desempeñando Igor Rodríguez de manera interina, debido a que Paliza estaba de licencia desde la campaña previa a las elecciones de 2024.
De igual forma, Abinader introdujo cambios en el Ministerio de Interior y Policía, donde Faride Raful, llegó a reemplazar a Jesús Vásquez, que estaba en el puesto desde el 2020; y en el Ministerio de Defensa, donde Carlos Antonio Fernández Onofre fue designado en sustitución de Carlos Luciano Díaz Morfa, que estaba desde el 2020.
Otro cambio hecho para su segundo mandato, fue en el Ministerio de Energía y Minas, con el nombramiento de Joel Santos en sustitución de Antonio Almonte, que estaba desde el 2020; en el Ministerio de Deporte, con la designación de Kelvin Cruz, en sustitución de Francisco Camacho, nombrado en 2020.
Asimismo en agosto de 2024, lo hizo en el Ministerio de Medio Ambiente, cuando colocó allí Paíno Henríquez, por Miguel Ceara Hatton, que estaba en el cargo tras el asesinato de Orlando Jorge Mera; en el Ministerio de la Juventud, Carlos Valdez, en sustitución de Rafael Féliz García y en el Ministerio de Administración Pública, con el nombramiento de Sigmund Freund, que asumió el puesto para sustituir a Darío Castillo Lugo, que estaba también desde el 2020.
En el Ministerio de Economía estaba Pavel Isa, pero renunció en diciembre pasado al cargo en medio del proceso de fusión de esa institución con el Ministerio de Hacienda. Isa era el segundo ministro de Economía desde que Abinader asumió en 2020, debido a que este reemplazó allí a Miguel Ceara Hatton que para entonces fue enviado al Ministerio de Medio Ambiente.
Movimientos en primeros años
En agosto de 2020, mediante el decreto 324-20, Luis Abinader designó a gran parte de los funcionarios de primer nivel.
Entre los primeros funcionarios nombrados para esa primera gestión estaba Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, quien renunció al cargo a poco más de dos años del gobierno en medio de un escándalo que envolvía a su empresa familiar. En sustitución de Macarrulla fue nombrado Joel Santos, quien ahora está en Energía y Minas.
También estaba José Ignacio Paliza, ministro Administrativo de la Presidencia, quien estuvo de licencia en la campaña electoral, pero que en agosto de 2024 fue nombrado en el Ministerio de la Presidencia.
Los que fueron nombrados con el decreto de 2020 y no están son: Plutarco Arias, ministro de Salud quien fue sustituido del cargo por Daniel Rivera. Ahora Daniel Rivera no es ministro de Salud Pública porque renunció para aspirar a la Senaduría de Santiago, plaza que ganó el 19 mayo de 2024. Alberto Atallah es el ministro de Salud actual.
Otros que estuvieron en el edicto de 2020, y no están en esas posiciones son Roberto Fulcar, ministro de Educación, quien fue sustituido por Ángel Hernández; Kimberly Taveras, que era ministra de la Juventud, que renunció a la posición cuando se encontraba suspendida en medio de cuestionamientos. Tras Kimberly, por Juventud pasó Luz del Alba Jiménez, y fue sustituida por Rafael Féliz García. Feliz García fue enviado a dirigir el Instituto Tecnológico de Las Américas (Itla) en agosto de 2024 y ahora es ministro de esa cartera Carlos Valdez.
En 2020 fue nombrada, de igual forma, Carmen Heredia como ministra de Cultura, pero luego fue sustituida por Milagros Germán, quien en ese entonces era directora de Comunicaciones y vocera de la Presidencia. Tal como se mencionó anteriormente, Germán renunció en la segunda semana de enero de este año.
Santo Domingo, R.D.-Un decomiso maritimo de drogas, uno de los mayores que se producen en el pais, logró la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) la madrugada del pasado contra el narcotráfico en la República Dominicana, producido al sur de Baní en colaboración con Estados Unidos.
El cargamento, que se estima podría superar las dos toneladas, era transportado en una lancha rápida procedente de zona de la Guajira, Colombia. Tras la interdicción, la droga fue trasladada a la base militar de Caldera, en Baní, donde quedó bajo custodia de los organismos de seguridad para los análisis y el proceso judicial correspondiente.
En la operación fueron detenidos seis tripulantes, todos de nacionalidad dominicana.
Su geografía (costas extensas, escasa presencia estatal en amplias áreas y cercanía relativa a rutas marítimas internacionales) ha sido aprovechada por organizaciones criminales para enviar cargamentos hacia Centroamérica y el Caribe, desde donde posteriormente se dirigen al mercado norteamericano.
Autoridades antinarcóticos sostienen que el uso de lanchas rápidas es una modalidad frecuente: embarcaciones livianas, de gran potencia y difícil detección que intentan atravesar el Caribe en pocas horas, para evadir los sistemas de vigilancia.
Según informes la detención fue posible gracias al intercambio de información entre agencias, especialmente datos suministrados por Estados Unidos a los organismos dominicanos, lo que permitió ubicar la embarcación antes de su llegada a nuestro territorio.
Destacan que la cooperación bilateral continúa activa, pese a la suspensión temporal anunciada la semana pasada por la embajada estadounidense respecto a la oficina local de la DEA. Esa medida, según se explicó, no implicó el cese de operaciones conjuntas, sino la separación provisional de agentes bajo investigación por un presunto fraude vinculado al programa de visas.
O sea, los mecanismos de asistencia técnica, intercambio de datos e interdicción marítima permanecen en funcionamiento.
El pasado sábado las autoridades del Ministerio Público y de la DNCD también informaron que persiguen a tres hombres, incluyendo a dos haitianos, en relación a un gran cultivo de marihuana desmantelado en un amplio operativo de seguimiento y vigilancia en un área montañosa de Baní, provincia Peravia.
El operativo se desarrolló con un equipo de fiscales y agentes de la DNCD que contaron con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).
Las labores de inteligencia llevaron a determinar que varios individuos se dedicaban al cultivo y venta del vegetal, lo cual llevó a poner en marcha un amplio operativo aéreo y terrestre en la zona montañosa de la sección Montería, Baní.
Santo Domingo, R.D.-Un nuevo reglamento emitió la Junta Central Electoral (JCE) mediante el cual busca regular las afiliaciones y desafiliaciones de los partidos.
Las disposiciones generales señalan que el plazo anual establecido para la entrega de duplicados de los registros de afiliados actualizados de los miembros de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos será cada día uno de agosto o el siguiente día hábil, a partir del año 2026.
El reglamento señala que los partidos tendrán la potestad de decidir el procedimiento de registro de sus afiliados, a través de una plataforma digital desarrollada por estos (la cual deberá ser compatible con la JCE y cuya utilización deberá ser notificada por escrito) o de utilizar la plataforma digital desarrollada por el órgano electoral.
El mismo, aprobado por el pleno encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, la JCE, de común acuerdo con las organizaciones políticas, podrá incorporar las medidas que considere oportunas o necesarias para implementar las iniciativas que faciliten el proceso de afiliación y la comprobación del mismo, incluyendo pruebas de vida técnicamente disponibles en la institución.
La Junta Central Electoral, una vez reciba los registros de afiliados, realizará los cruces pertinentes, para determinar que los mismos cumplen con lo establecido en este artículo y comunicarlo a las respectivas organizaciones.
“La JCE entregará a más tardar cinco días laborables las observaciones detalladas de los casos con los/las ciudadanos/as que no reunieron los requisitos para pertenecer a una organización política”, reseña el documento.
La JCE establece que para afiliarse a un partido, agrupación o movimiento político se requiere ser ciudadano inscrito y habilitado en el Padrón Electoral.
Mientras que no podrán afiliarse a partidos, agrupaciones o movimientos políticos los militares o miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los jueces del Poder Judicial, Tribunal Superior Electoral (TSE) y Tribunal Constitucional. Tampoco podrán afiliarse los representantes del Ministerio Público, miembros, funcionarios y colaboradores de JCE, juntas electorales, miembros de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y adjuntos.
Cuando los aspirantes ingresen a esos órganos previamente señalados, deberán presentar una declaración jurada sobre el hecho de estar o no afiliados a un partido, agrupación o movimiento político, con cuya declaración, la institución o el organismo correspondiente, comunicará por escrito tal circunstancia a la JCE y esta al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, el cual procederá a cancelar la afiliación de la persona a la organización política.
La afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político, el apoyo a otra candidatura contraria, la participación en actividades o la aceptación de candidaturas por otras organizaciones implicarán la renuncia automática a toda afiliación anterior.
“Hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, no producirán la renuncia automática de los militantes que procedieren y que, en caso de que la entidad política en que militan pretendiere sancionarlos, la sanción impuesta solo será válida si fuere dictada con ocasión de un juicio disciplinario llevado a cabo con observancia de las garantías del debido proceso”, indica el documento.
El documento señala que todo afiliado a un partido, agrupación o movimiento político podrá renunciar a él, en cualquier momento, sin expresión de causa.
“La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por la Junta Central Electoral dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción”, dice la propuesta.
Por igual se indica los afiliados podrá renunciar, en cualquier momento, sin expresión de causa.
La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por JCE dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción o ante el órgano electoral, quien remitirá copia y el debido reporte con los datos personales de los renunciantes cada 30 días calendario a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos correspondientes.
El reglamento realizado por el órgano electoral indica que los partidos, agrupaciones o movimientos políticos realizarán el procedimiento de registro a través de la Plataforma Digital habilitada en la página web de la JCE.
La Dirección de Partidos Políticos otorgará un acceso a cada organización política que haya decidido utilizar la plataforma de la JCE, la cual operará a través y bajo la responsabilidad de un/a Administrador/a, quien tendrá a su cargo crear el/los usuarios/s necesarios para sus registros.
“Los partidos, agrupaciones o movimientos políticos usuarios de la referida plataforma, mediante instancia firmada por su presidente o secretario general, designarán un Administrador/a que será la persona autorizada y responsable de crear el/los usuario/s necesarios para realizar sus registros a través de la Plataforma Digital. El/La Delegado/a Político/a será el/la encargado/a de tramitar dicha designación ante la Junta Central Electoral”, señala el nuevo reglamento.
La plataforma de la JCE operará de forma permanente. En el caso de que la Junta Central Electoral requiera suspender temporalmente dicha Plataforma, se informará por los medios correspondientes a los partidos.
El formato establecido para la entrega del Registro de Afiliaciones, en cumplimiento con lo indicado en la Ley núm. 33-18, contendrá el logo y nombre del Partido, Agrupación o Movimiento Político; el Nombre del/ de la afiliado/a o desafiliado/a; la Cédula de Identidad y Electoral; el municipio /Distrito Municipal que corresponda; el código de circunscripción; la fecha de afiliación y la documentación soporte de las afiliaciones o desafiliaciones.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes la Fuerza de Tarea Conjunta descartó hablar sobre el caso del exsupervisor dominicano de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
Raful respondió a una pregunta de uno de los periodistas durante la conferencia de prensa celebrada después de la reunión en el Palacio de la Policía Nacional. La funcionaria no amplió sus comentarios sobre este caso.
También asesoraba a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.
“Cordero se reunió con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero”, reveló la fiscalía.
Cordero “presuntamente recibió miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener un visado de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos por un período temporal”, indicó la fiscalía federal.
Cordero, de 47 años, estuvo asignado durante seis años a la embajada estadounidense en el país.
“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, añadió.
En 2024, el presidente Abinader otorgó la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero a Cordero, según el decreto 520-24 archivado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.