Nacionales
En 15 de 23 ministerios ha hecho cambios Abinader durante su mandato.
El periódico Listín Diario ha establecido en un trabajo de su exclusividad que en cuatros años y cinco meses del Gobierno de Luis Abinader, que corresponden a su primer período que comenzó en 2020 y al segundo, de agosto del 2024, sólo ocho de veintitrés ministerios no han sido tocados en los movimientos y cambios de funcionarios que el jefe de Estado ha realizado.
Agrega en su trabajo periodístico el diario más importante del país que hasta agosto de 2024, cuando Abinader asumió la Presidencia de la República por segunda vez de manera consecutiva, los cambios no habían sido sustanciales en los ministerios, aunque sí era una realidad que algunas entidades, en sus primeros cuatro años, sufrieron cambios en varias ocasiones, como es el caso de los de los ministerios de la Presidencia, Juventud, Cultura y Salud, por circunstancias distintas.
Sin embargo, la segunda gestión de Luis Abinader ha venido con múltiples cambios a nivel ministerial y de los que fueron nombrados con el decreto de 2020, solo se mantienen ocho.
Estas fichas no movidas corresponden a Limber Cruz, ministro de Agricultura; Víctor -Ito- Bisonó, ministro de Industria y Comercio; David Collado; ministro de Turismo; Mayra Jiménez, ministra de la Mujer; Jochi Vicente, ministro de Hacienda; Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores; Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior. También Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones, que fue nombrado en el puesto desde el 2020, aunque para ese entonces esa dependencia gubernamental no tenía el grado de ministerio.
Ahora en el 2025
El pasado domingo, semanas antes del 27 de febrero, que es la fecha esperada para cambios en el tren gubernamental, el mandatario hizo movimientos en múltiples instituciones, en las que incluyó cuatro ministerios importantes.
Uno de ellos fue en el Ministerio de Obras Públicas, donde fue nombrado el pasado presidente del Senado, Eduardo Estrella, en sustitución de Deligne Ascención que ocupaba el puesto desde el 2020.
El segundo ministerio fue el de Educación, donde fue designado Luis Miguel De Camps, que asume la responsabilidad para sustituir al técnico Ángel Hernández.
El tercer ministerio fue el de Trabajo, donde el dirigente del PRM y exjuez de la JCE, Eddy Olivares, fue nombrado para reemplazar a De Camps que estaba en esa cartera desde 2020. El cuarto fue el Ministerio de Cultura, donde Roberto Salcedo, que estaba en la Dirección de Proyectos Especiales de la Presidencia, fue designado en el puesto que estaba vacante por la renuncia de Milagros Germán hace unas semanas.
En agosto de 2024
Pero los cambios de Abinader para su segundo mandato comenzaron a correr en agosto de 2024 en el Ministerio de la Presidencia, donde colocó a José Ignacio Paliza, que asumió para suceder a Joel Santos, que fue enviado a dirigir el Ministerio de Energía y Minas.
También hizo cambios en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, donde el dirigente y político del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, pasó a ocupar el puesto que estaba desempeñando Igor Rodríguez de manera interina, debido a que Paliza estaba de licencia desde la campaña previa a las elecciones de 2024.
De igual forma, Abinader introdujo cambios en el Ministerio de Interior y Policía, donde Faride Raful, llegó a reemplazar a Jesús Vásquez, que estaba en el puesto desde el 2020; y en el Ministerio de Defensa, donde Carlos Antonio Fernández Onofre fue designado en sustitución de Carlos Luciano Díaz Morfa, que estaba desde el 2020.
Otro cambio hecho para su segundo mandato, fue en el Ministerio de Energía y Minas, con el nombramiento de Joel Santos en sustitución de Antonio Almonte, que estaba desde el 2020; en el Ministerio de Deporte, con la designación de Kelvin Cruz, en sustitución de Francisco Camacho, nombrado en 2020.
Asimismo en agosto de 2024, lo hizo en el Ministerio de Medio Ambiente, cuando colocó allí Paíno Henríquez, por Miguel Ceara Hatton, que estaba en el cargo tras el asesinato de Orlando Jorge Mera; en el Ministerio de la Juventud, Carlos Valdez, en sustitución de Rafael Féliz García y en el Ministerio de Administración Pública, con el nombramiento de Sigmund Freund, que asumió el puesto para sustituir a Darío Castillo Lugo, que estaba también desde el 2020.
En el Ministerio de Economía estaba Pavel Isa, pero renunció en diciembre pasado al cargo en medio del proceso de fusión de esa institución con el Ministerio de Hacienda. Isa era el segundo ministro de Economía desde que Abinader asumió en 2020, debido a que este reemplazó allí a Miguel Ceara Hatton que para entonces fue enviado al Ministerio de Medio Ambiente.
Movimientos en primeros años
En agosto de 2020, mediante el decreto 324-20, Luis Abinader designó a gran parte de los funcionarios de primer nivel.
Entre los primeros funcionarios nombrados para esa primera gestión estaba Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, quien renunció al cargo a poco más de dos años del gobierno en medio de un escándalo que envolvía a su empresa familiar. En sustitución de Macarrulla fue nombrado Joel Santos, quien ahora está en Energía y Minas.
También estaba José Ignacio Paliza, ministro Administrativo de la Presidencia, quien estuvo de licencia en la campaña electoral, pero que en agosto de 2024 fue nombrado en el Ministerio de la Presidencia.
Los que fueron nombrados con el decreto de 2020 y no están son: Plutarco Arias, ministro de Salud quien fue sustituido del cargo por Daniel Rivera. Ahora Daniel Rivera no es ministro de Salud Pública porque renunció para aspirar a la Senaduría de Santiago, plaza que ganó el 19 mayo de 2024. Alberto Atallah es el ministro de Salud actual.
Otros que estuvieron en el edicto de 2020, y no están en esas posiciones son Roberto Fulcar, ministro de Educación, quien fue sustituido por Ángel Hernández; Kimberly Taveras, que era ministra de la Juventud, que renunció a la posición cuando se encontraba suspendida en medio de cuestionamientos. Tras Kimberly, por Juventud pasó Luz del Alba Jiménez, y fue sustituida por Rafael Féliz García. Feliz García fue enviado a dirigir el Instituto Tecnológico de Las Américas (Itla) en agosto de 2024 y ahora es ministro de esa cartera Carlos Valdez.
En 2020 fue nombrada, de igual forma, Carmen Heredia como ministra de Cultura, pero luego fue sustituida por Milagros Germán, quien en ese entonces era directora de Comunicaciones y vocera de la Presidencia. Tal como se mencionó anteriormente, Germán renunció en la segunda semana de enero de este año.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.