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20 años después siguen los debates que marcaron su origen
Santo Domingo, R.D.-El periódico Listín Diario hizo un recuento de la idea de construir un metro en Santo Domingo que tomó forma en febrero de 2005, cuando el gobierno del presidente Leonel Fernández anunció el inicio del proyecto como una solución al congestionamiento del transporte público. Sin embargo, desde su concepción, la obra generó un intenso debate en diversos sectores del país. Mientras algunos lo veían como un avance hacia la modernización, otros cuestionaban su costo y su prioridad en medio de una crisis económica.
El 2 de febrero de 2005, el director de la Oficina del Metro, Diandino Peña, informó que la construcción de la primera línea del sistema ferroviario iniciaría en marzo. Explicó que el proyecto contaría con su propia planta de generación eléctrica para evitar interrupciones en el servicio. Peña desestimó las declaraciones del arquitecto español Ricardo Bofill, quien consideró que la construcción de un metro en Santo Domingo era inviable.
El 7 de febrero, Peña presentó el proyecto en un Consejo de Gobierno, donde explicó que la primera línea recorrería la avenida Máximo Gómez, conectando la zona de Isabela con el Centro de los Héroes. La obra tendría un costo de 326.69 millones de dólares y contaría con 11 estaciones y 11 trenes. Un día después, el funcionario reveló que el financiamiento provendría de préstamos internacionales con plazos de 10 a 12 años y tasas de interés entre 4 % y 5 %. También adelantó que el sistema de transporte masivo incluiría en el futuro dos nuevas líneas en las avenidas John F. Kennedy y 27 de Febrero
Desde los primeros días del anuncio, expertos en urbanismo expresaron sus dudas sobre la viabilidad del proyecto. El 8 de febrero, el arquitecto Augusto Sánchez, exdirector del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (Conau), afirmó que el flujo principal de pasajeros en Santo Domingo era en dirección este-oeste, mientras que la línea del metro estaba diseñada para ir de norte a sur. No obstante, reconoció que la avenida Máximo Gómez era el único eje que cruzaba la ciudad completamente en esa dirección y que, debido a su estrechez, la única opción viable era una construcción soterrada.
Ese mismo día, los sindicatos del transporte manifestaron su oposición al proyecto. Juan Hubieres, presidente de Fenatrano, afirmó que el metro no respondía a la realidad del sistema de movilidad en la ciudad y que su construcción afectaría a los choferes de transporte público.
Ramón Pérez Figuereo, de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), sostuvo que el país no estaba en condiciones económicas de asumir una inversión de tal magnitud.
En el ámbito financiero, el representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el país, Ousmane Mandeng, advirtió que la construcción del metro no estaba contemplada en el acuerdo Stand By con la entidad, lo que podría afectar la estabilidad fiscal. Sin embargo, el 9 de febrero, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, aclaró que el FMI no tenía injerencia en la soberanía del Gobierno para decidir sus inversiones, siempre que se respetaran los límites de endeudamiento.
Defensa del Gobierno y respaldo de algunos sectores
A pesar de las críticas, el Gobierno defendió el proyecto. El 9 de febrero, Peña aseguró que la obra generaría 2,000 empleos directos y que su construcción minimizaría las molestias a la población. Ese mismo día, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) pidió que se presentaran más detalles técnicos y financieros antes de fijar una posición.
En el plano internacional, el 10 de febrero se informó que agencias de crédito de exportación de Inglaterra, Brasil, España, Alemania, Estados Unidos y Francia estaban dispuestas a respaldar el financiamiento del Metro.
El 15 de febrero, la Iglesia católica, a través del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, manifestó su apoyo a la construcción del metro. El prelado recordó que en el pasado otras grandes infraestructuras, como la avenida 27 de Febrero y los elevados, también fueron cuestionadas antes de su ejecución.
El 16 de febrero, el secretario de Obras Públicas, Freddy Pérez, afirmó que el proyecto sería evaluado como cualquier otra infraestructura estatal y que su despacho revisaría los planos una vez estuvieran listos.
Preocupaciones de empresarios y otros sectores
El proyecto continuó enfrentando cuestionamientos de diversos sectores. El 13 de febrero, el senador del Distrito Nacional, José Tomás Pérez, sugirió que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) evaluará internamente la viabilidad del proyecto, señalando que podría convertirse en un problema político para el Gobierno en medio de una crisis económica.
El 15 de febrero, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) consideró que la construcción del Metro era inoportuna, ya que el país tenía otras prioridades en educación y salud.
El 18 de febrero, la Fundación para el Desarrollo de la Ciudad Colonial rechazó el proyecto y sugirió que los fondos se destinaran a la restauración del casco histórico de Santo Domingo. Ese mismo día, un informe comparativo publicado en Diario Libre reveló que el costo por kilómetro del metro de Santo Domingo era de 32.6 millones de dólares, una cifra inferior a la del metro de Puerto Rico (87.2 millones por kilómetro) y el de Ciudad de México (67.4 millones por kilómetro).
Ajustes en el proyecto y próximos pasos
El 23 de febrero, Peña anunció que la línea del metro no llegaría a Villa Mella, como se había previsto inicialmente, debido a que la construcción de un túnel bajo el río Ozama elevaría demasiado los costos. En su lugar, se construiría un tramo elevado.
Ese mismo día, aseguró que cada estación del metro contaría con una planta de emergencia para evitar interrupciones en el servicio. También informó que los estudios de impacto ambiental estaban en marcha y que se estaban realizando consultas con diversos sectores para explicar los alcances del proyecto.
En los días siguientes, el Gobierno continuó presentando el proyecto a distintos actores políticos, sociales y económicos. Peña aseguró que el Metro de Santo Domingo sería el primer «metro verde del mundo», al considerar el uso de energía alternativa en su funcionamiento.
Un debate que marcó la historia del transporte
El Metro de Santo Domingo finalmente se convirtió en una realidad en 2009, con la inauguración de su primera línea. Sin embargo, los debates que surgieron en febrero de 2005 reflejan los desafíos de implementar una obra de esta magnitud en un país en desarrollo. A lo largo de las semanas en que se discutió el proyecto, las posturas a favor y en contra se hicieron evidentes, y las preocupaciones sobre su financiamiento, impacto urbano y viabilidad técnica fueron parte central de la discusión.
Dos décadas después, el metro sigue en expansión (se construye la línea 2C hacia Los Alcarrizos) y continúa generando debates, confirmando que su historia no terminó con su construcción, sino que sigue evolucionando junto con la ciudad.
Santo Domingo, R.D.-El obispo de la diócesis de La Altagracia, Jesús Castro Marte, expresó su profunda preocupación por el acelerado desarrollo urbanístico en la zona de Verón-Punta Cana, señalando que muchos proyectos se están ejecutando sin cumplir con la debida planificación establecida en la Ley No. 0368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
El prelado dejó claro que no se opone al desarrollo, pero enfatizó la necesidad de que las autoridades competentes hagan cumplir estrictamente las normativas vigentes. En ese sentido, exhortó a que los desarrolladores inmobiliarios respeten las disposiciones legales tanto a nivel local como nacional y regional, con el fin de garantizar un crecimiento ordenado y sostenible.
Asimismo, hizo un llamado urgente a proteger la inversión extranjera en el país, advirtiendo sobre la presencia de falsos desarrollistas que incurren en estafas inmobiliarias. Según indicó, estas prácticas afectan a ciudadanos que, con sacrificio, invierten sus ahorros o acceden a préstamos bancarios para adquirir una vivienda.
Castro Marte subrayó que la seguridad jurídica debe prevalecer para garantizar la confianza en el clima de inversión del país. “Mantener altos estándares en este aspecto es clave para preservar la imagen de la nación como una marca país confiable”, concluyó.
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Suprema Corte dice supera mora y que tramitación de casación se redujo de 707 a solo 27 días
Santo Domingo, R.D.-El 90% de los casos en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se resuelven en tres, seis y 12 meses y el tiempo de tramitación se redujo de manera significativa con la aplicación de la nueva ley de Casación, pasando de 707 a solo 27 días, informaron jueces de esa alta corte este miércoles.
La información fue ofrecida durante el encuentro «Justicia y Medios: Modelo de gestión y resultados de la Suprema Corte de Justicia«, encabezado por los presidentes de las Primera y Segunda Sala, Justiniano Montero Montero y Francisco Jerez Mena, respectivamente. Mientras que el magistrado Francisco Ortega Polanco, representó a la Tercera Sala de ese tribunal.
Al realizar la presentación, el secretario general de la SCJ, César García Lucas, informó que actualmente la SCJ tiene 4 mil 273 casos pendientes de fallo, de estos, los más antiguos datan del año 2024 de la materia civil y comercial, que presenta un total de 2, 983 expedientes pendientes.
Expedientes por materias
Mientras que, en materia de tierras solo tiene pendiente 377 casos, penal 353, laboral 266, contencioso administrativo 225 y contencioso tributario 69, todos estos casos corresponden a los años 2025 y 2026.
El tiempo de respuestas ronda los seis a 12 meses en materia civil, penal tres meses y un día para decidir los casos de extradición; mientras en lo relacionado a las decisiones contencioso tributario, administrativo, laboral y de tierras se emiten dentro del plazo de los seis meses.
Un aspecto importante destacado es la interoperabilidad con el Tribunal Constitucional para enviar de manera digital los expedientes apoderados, generando constancia de remisión automática.
Lo encontrado en 2019
La SCJ recordó que para el año 2019, había un total de 18,357 expedientes, de estos 9,187 completos y 9,170 incompletos. Algunos de estos correspondían al año 1982.
En el encuentro Justicia y Medio participó, además, el coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial, Javier Cabreja.
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23 minutos de persecución: ¿Qué dice la solicitud de medida de coerción y videos sobre muerte de chofer?
Santo Domingo, R.D.-“Un motorista lo chocó, iba abajo”, respondió, de acuerdo a uno de los videos que circula en las redes sociales, Juan Carlos Soto Ortiz, una de las personas que persiguió a Deivy Carlos Abreu Quezada hasta el Palacio de Justicia de Santiago, lugar en donde le propinaron una herida de arma blanca en su pierna derecha, lo que provocó su muerte.
En la solicitud de medida de coerción contra siete de los implicados, se indica que la persecución duró alrededor de 23 minutos (desde las 3:00 de la tarde hasta las 3:23 p. m.).
El recorrido en contra del conductor del camión recolector de basura inició en el Ensanche Bermúdez y concluyó en el Palacio de Justicia. Antes de ese tiempo, la narración de los hechos no abunda en el conflicto.
Según el relato del Ministerio Público, Jhovanny de Jesús Metz Cruz, conocido como “Macho”, fue la persona que le propinó la estocada a Deivy Carlos Abreu Quezada.
La unión de los videos que circulan en las redes sociales sobre este crimen y los datos que presenta el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción contra siete de los implicados, detallan lo siguiente:
Jhovanny de Jesús Metz Cruz realizó la persecución en contra de Abreu Quezada en su motocicleta, marca Boxer BM150, color negro, con un diseño en el tanque de color amarillo con verde y con un stiker que dice: “Chucho R”. La misma era conducida por una persona “no individualizada”, “Macho”; iba en la parte de atrás.
Al llegar al Palacio de Justicia, cuando el camión reduce la velocidad para entrar, Metz Cruz se desmonta de la motocicleta y lo persigue a pie, corriendo, junto a otras personas. Iba vestido con un casco protector negro que impedía ver su rostro, un abrigo negro manga larga, un pantalón negro y unos crocs blancos.
Cuando Abreu Quezada detiene el camión recolector de basura, dos hombres lo atacan por el área del conductor, obligándolo a que este salte del camión y que Beylor Rodríguez Méndez, seguridad del área, dispare su arma para despejar a la multitud.
En el video se observa al hombre con casco protector negro, abrigo negro manga larga, pantalón negro y unos crocs blancos portar un cuchillo en las manos. Según la medida de solicitud de coerción, era un arma “tipo caza, color negro, de aproximadamente doce (12) pulgadas de longitud”, recogida en el Palacio de Justicia.
Según el video, después de que Jhovanny de Jesús Metz Cruz le propinó la estocada en la pierna, Deivy Carlos Abreu Quezada salta del camión y grita: “Me mató”.
Tras esto, “Macho” sale corriendo del Palacio de Justicia y desaparece. Las autoridades lo persiguen por este crimen y le piden que se entregue.
“Me interceptaron por el camino para matarme… Yo no choqué a nadie; ellos me atravesaron un motor en el medio, está grabado allá arriba en la cámara; me interceptaron un motor en el medio”, dice Deivy Carlos Abreu Quezada a un hombre que le pregunta qué pasó, mientras se desangra.
Mientras el hombre sigue preguntando, Deivy Carlos Abreu Quezada empieza a orar y a pedir a Dios que lo perdone y que no lo dejen morir. Su muerte se produce entre las 4:30 y 5:30 de la mañana, de acuerdo al acta del médico legista realizada en el Hospital Presidente Estrella Ureña, al otro día del incidente, el 18 de abril.
“Su fallecimiento se produjo de dos a tres horas antes del levantamiento del cadáver”, dice la solicitud de medida de coerción. Se recuerda que el levantamiento del cadáver es el formulario que llena el médico sobre la muerte de una persona. El mismo se realizó a las 6:00 de la mañana.
Deivy Carlos Abreu Quezada tenía 9 meses laborando en la empresa Comlursa S.R.L., que ofrece el servicio de recolección de basura en Santiago.
Su muerte ha dejado a cinco niños en la orfandad.
Las autoridades presentaron solicitud de medida de coerción en contra de Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclu González, Carlos Andrés Roa Moran, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.