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20 años después siguen los debates que marcaron su origen
Santo Domingo, R.D.-El periódico Listín Diario hizo un recuento de la idea de construir un metro en Santo Domingo que tomó forma en febrero de 2005, cuando el gobierno del presidente Leonel Fernández anunció el inicio del proyecto como una solución al congestionamiento del transporte público. Sin embargo, desde su concepción, la obra generó un intenso debate en diversos sectores del país. Mientras algunos lo veían como un avance hacia la modernización, otros cuestionaban su costo y su prioridad en medio de una crisis económica.
El 2 de febrero de 2005, el director de la Oficina del Metro, Diandino Peña, informó que la construcción de la primera línea del sistema ferroviario iniciaría en marzo. Explicó que el proyecto contaría con su propia planta de generación eléctrica para evitar interrupciones en el servicio. Peña desestimó las declaraciones del arquitecto español Ricardo Bofill, quien consideró que la construcción de un metro en Santo Domingo era inviable.
El 7 de febrero, Peña presentó el proyecto en un Consejo de Gobierno, donde explicó que la primera línea recorrería la avenida Máximo Gómez, conectando la zona de Isabela con el Centro de los Héroes. La obra tendría un costo de 326.69 millones de dólares y contaría con 11 estaciones y 11 trenes. Un día después, el funcionario reveló que el financiamiento provendría de préstamos internacionales con plazos de 10 a 12 años y tasas de interés entre 4 % y 5 %. También adelantó que el sistema de transporte masivo incluiría en el futuro dos nuevas líneas en las avenidas John F. Kennedy y 27 de Febrero
Desde los primeros días del anuncio, expertos en urbanismo expresaron sus dudas sobre la viabilidad del proyecto. El 8 de febrero, el arquitecto Augusto Sánchez, exdirector del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (Conau), afirmó que el flujo principal de pasajeros en Santo Domingo era en dirección este-oeste, mientras que la línea del metro estaba diseñada para ir de norte a sur. No obstante, reconoció que la avenida Máximo Gómez era el único eje que cruzaba la ciudad completamente en esa dirección y que, debido a su estrechez, la única opción viable era una construcción soterrada.
Ese mismo día, los sindicatos del transporte manifestaron su oposición al proyecto. Juan Hubieres, presidente de Fenatrano, afirmó que el metro no respondía a la realidad del sistema de movilidad en la ciudad y que su construcción afectaría a los choferes de transporte público.
Ramón Pérez Figuereo, de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), sostuvo que el país no estaba en condiciones económicas de asumir una inversión de tal magnitud.
En el ámbito financiero, el representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el país, Ousmane Mandeng, advirtió que la construcción del metro no estaba contemplada en el acuerdo Stand By con la entidad, lo que podría afectar la estabilidad fiscal. Sin embargo, el 9 de febrero, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, aclaró que el FMI no tenía injerencia en la soberanía del Gobierno para decidir sus inversiones, siempre que se respetaran los límites de endeudamiento.
Defensa del Gobierno y respaldo de algunos sectores
A pesar de las críticas, el Gobierno defendió el proyecto. El 9 de febrero, Peña aseguró que la obra generaría 2,000 empleos directos y que su construcción minimizaría las molestias a la población. Ese mismo día, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) pidió que se presentaran más detalles técnicos y financieros antes de fijar una posición.
En el plano internacional, el 10 de febrero se informó que agencias de crédito de exportación de Inglaterra, Brasil, España, Alemania, Estados Unidos y Francia estaban dispuestas a respaldar el financiamiento del Metro.
El 15 de febrero, la Iglesia católica, a través del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, manifestó su apoyo a la construcción del metro. El prelado recordó que en el pasado otras grandes infraestructuras, como la avenida 27 de Febrero y los elevados, también fueron cuestionadas antes de su ejecución.
El 16 de febrero, el secretario de Obras Públicas, Freddy Pérez, afirmó que el proyecto sería evaluado como cualquier otra infraestructura estatal y que su despacho revisaría los planos una vez estuvieran listos.
Preocupaciones de empresarios y otros sectores
El proyecto continuó enfrentando cuestionamientos de diversos sectores. El 13 de febrero, el senador del Distrito Nacional, José Tomás Pérez, sugirió que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) evaluará internamente la viabilidad del proyecto, señalando que podría convertirse en un problema político para el Gobierno en medio de una crisis económica.
El 15 de febrero, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) consideró que la construcción del Metro era inoportuna, ya que el país tenía otras prioridades en educación y salud.
El 18 de febrero, la Fundación para el Desarrollo de la Ciudad Colonial rechazó el proyecto y sugirió que los fondos se destinaran a la restauración del casco histórico de Santo Domingo. Ese mismo día, un informe comparativo publicado en Diario Libre reveló que el costo por kilómetro del metro de Santo Domingo era de 32.6 millones de dólares, una cifra inferior a la del metro de Puerto Rico (87.2 millones por kilómetro) y el de Ciudad de México (67.4 millones por kilómetro).
Ajustes en el proyecto y próximos pasos
El 23 de febrero, Peña anunció que la línea del metro no llegaría a Villa Mella, como se había previsto inicialmente, debido a que la construcción de un túnel bajo el río Ozama elevaría demasiado los costos. En su lugar, se construiría un tramo elevado.
Ese mismo día, aseguró que cada estación del metro contaría con una planta de emergencia para evitar interrupciones en el servicio. También informó que los estudios de impacto ambiental estaban en marcha y que se estaban realizando consultas con diversos sectores para explicar los alcances del proyecto.
En los días siguientes, el Gobierno continuó presentando el proyecto a distintos actores políticos, sociales y económicos. Peña aseguró que el Metro de Santo Domingo sería el primer «metro verde del mundo», al considerar el uso de energía alternativa en su funcionamiento.
Un debate que marcó la historia del transporte
El Metro de Santo Domingo finalmente se convirtió en una realidad en 2009, con la inauguración de su primera línea. Sin embargo, los debates que surgieron en febrero de 2005 reflejan los desafíos de implementar una obra de esta magnitud en un país en desarrollo. A lo largo de las semanas en que se discutió el proyecto, las posturas a favor y en contra se hicieron evidentes, y las preocupaciones sobre su financiamiento, impacto urbano y viabilidad técnica fueron parte central de la discusión.
Dos décadas después, el metro sigue en expansión (se construye la línea 2C hacia Los Alcarrizos) y continúa generando debates, confirmando que su historia no terminó con su construcción, sino que sigue evolucionando junto con la ciudad.
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Pepca asegura que pruebas del caso Calamar sustentarán solicitud de condena contra imputados
Mirna Ortiz afirmó que el Ministerio Público presentará pruebas testimoniales y periciales para sustentar su acusación; la lectura del expediente continuará el lunes 21 de septiembre
SANTO DOMINGO.– La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que el Ministerio Público considera que las pruebas que presentará durante el juicio de fondo del denominado caso Calamar permitirán sustentar su solicitud de condena contra los imputados.
“Indiscutiblemente, frente a la contundencia de estas pruebas, este tribunal tendrá que condenar a cada uno de los imputados con las penas que en su momento vamos a solicitar”, declaró Ortiz al referirse a la acusación que conoce el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La procuradora de Corte sostuvo que, conforme a la tesis del órgano acusador, el expediente describe una presunta estructura que habría utilizado instituciones del Estado para desarrollar un esquema de corrupción destinado a obtener beneficios económicos.
“Esta estructura criminal utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método y el lucro para enriquecerse y permanecer en el poder”, manifestó.
Acusación contiene 3,383 páginas
Ortiz explicó que las distintas líneas de investigación contenidas en las 3,383 páginas de la acusación están acompañadas de referencias a pruebas testimoniales y periciales que el Ministerio Público pretende incorporar y debatir durante el juicio.
Entre los procesados figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero, junto a otros imputados incluidos en el expediente del caso Calamar.
La lectura de la acusación estuvo encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, acompañado por el equipo de fiscales litigantes.
El conocimiento del expediente continuará el lunes 21 de septiembre, cuando está previsto proseguir con la lectura de la acusación.
Ministerio Público dice que investigaciones continúan
Consultada sobre empresarios y una empresa que hasta el momento no forman parte del proceso, Ortiz indicó que las investigaciones relacionadas con el caso permanecen abiertas.
“El Ministerio Público sigue investigando, seguimos avanzando. Ustedes saben que las investigaciones no se agotan en un solo proceso y más adelante veremos”, expresó.
Por su parte, el abogado José Martínez Hoepelman señaló que la jornada judicial transcurrió con normalidad y que las defensas permitieron que el Ministerio Público desarrollara sus alegatos de apertura sin interrupciones.
Tribunal deberá valorar las pruebas
Las declaraciones de Ortiz representan la posición y teoría acusatoria del Ministerio Público. Corresponderá al Tercer Tribunal Colegiado valorar durante el juicio las pruebas presentadas por la acusación y las defensas, así como los argumentos de todas las partes, antes de determinar si existe o no responsabilidad penal.
Los imputados en el caso Calamar mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva dictada conforme al debido proceso.
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Expresidente de la JCE defiende permanencia de partidos minoritarios en el sistema político dominicano
Julio César Castaños Guzmán sostiene que las organizaciones pequeñas representan sectores minoritarios y forman parte de la tradición democrática del país
SANTO DOMINGO.– El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán se pronunció a favor de preservar la participación de los partidos políticos minoritarios en República Dominicana, al considerar que estas organizaciones contribuyen a la representación de distintos sectores de la sociedad.
“Esos partidos deben mantenerse todos por el bien de la democracia”, expresó el jurista al referirse al papel que desempeñan las organizaciones de menor tamaño dentro del sistema político dominicano, según declaraciones publicadas este miércoles por El Día.
Castaños Guzmán argumentó que los partidos pequeños no constituyen un fenómeno reciente y señaló que han formado parte de la vida política nacional desde los orígenes de la República.
A su juicio, eliminar esas organizaciones reduciría las alternativas disponibles para determinados sectores del electorado.
Defiende representación de las minorías
El expresidente de la JCE sostuvo que la importancia de una organización política no debería analizarse exclusivamente a partir de su tamaño o de la cantidad de votos obtenidos en las elecciones.
Según explicó, también deben considerarse aspectos como sus ideas, estructuras internas y capacidad para establecer alianzas.
“La fortaleza de un partido se evalúa por su pensamiento, por sus estructuras y las alianzas que hace”, manifestó Castaños Guzmán, de acuerdo con el reporte periodístico suministrado.
El jurista vinculó además su posición con la representación política de los grupos minoritarios, señalando que estos tienen reconocimiento dentro del orden constitucional dominicano.
“Las minorías están en la Constitución”, afirmó al defender la continuidad de espacios políticos que permitan canalizar distintas expresiones de la sociedad.
Partidos políticos y democracia
Castaños Guzmán sostuvo que el sistema de partidos constituye un componente esencial del régimen democrático y relacionó la existencia de organizaciones políticas institucionalmente sólidas con la calidad de la democracia.
Sus declaraciones se producen en medio de discusiones públicas sobre el funcionamiento, reconocimiento y permanencia de las organizaciones políticas en República Dominicana.
El régimen de partidos dominicano está regulado, entre otras normas, por la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, mientras que la Constitución reconoce el papel de estas organizaciones en el fortalecimiento de la democracia y establece principios relativos a su organización y funcionamiento.
La posición expresada por Castaños Guzmán constituye su valoración sobre el sistema de partidos y la representación de las minorías, dentro del debate sobre el papel que deben desempeñar las organizaciones políticas de menor tamaño en la democracia dominicana.
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Abinader rechaza propuesta para hacer obligatoria la enseñanza del creole en escuelas dominicanas
El mandatario calificó la iniciativa como un “despropósito” y afirmó que el Gobierno apuesta por fortalecer la enseñanza del inglés
SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, rechazó la propuesta legislativa que busca establecer como obligatoria la enseñanza del creole en las escuelas públicas y privadas de República Dominicana, iniciativa que también contempla incorporar el inglés y el francés al modelo educativo. El mandatario calificó la enseñanza obligatoria del creole como un “despropósito” y aseguró que la propuesta no cuenta con el respaldo de su administración.
Abinader manifestó que el Gobierno tiene interés en fortalecer la enseñanza del inglés en los centros educativos, pero marcó distancia respecto a la inclusión obligatoria del creole. También señaló que la iniciativa no fue discutida ni respaldada por el Gobierno ni por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
¿Qué plantea el proyecto?
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por Julio César Beltré Méndez, diputado del PRM por la provincia Azua. El proyecto propone incorporar obligatoriamente la enseñanza de creole, inglés y francés desde el nivel primario hasta el secundario.
De acuerdo con el contenido de la propuesta, la medida abarcaría centros educativos públicos, privados y de gestión mixta autorizados por el Ministerio de Educación y no estaría limitada exclusivamente a las provincias fronterizas.
El legislador fundamenta la inclusión del creole en las relaciones históricas, comerciales, culturales y migratorias existentes entre República Dominicana y Haití, así como en la dinámica de las comunidades fronterizas. En el caso del inglés, destaca su importancia para sectores como turismo, comercio, tecnología y servicios, mientras que al francés le atribuye relevancia internacional, diplomática y cultural.
Aplicación sería gradual
El proyecto contempla que, en caso de convertirse en ley, el Ministerio de Educación disponga de 12 meses para elaborar el currículo, establecer contenidos, carga horaria y estándares de competencia lingüística.
Su implementación sería progresiva, con un período máximo de cinco años, comenzando por el primer ciclo del nivel primario. También contempla programas para la formación y certificación de docentes capaces de impartir los idiomas.
Una propuesta que genera debate
La iniciativa ha provocado posiciones diferentes entre sectores políticos, educativos y sociales. Mientras sus promotores argumentan que el conocimiento de otros idiomas ampliaría las competencias de los estudiantes y facilitaría la comunicación y las relaciones internacionales, otros sectores cuestionan que el creole deba establecerse como materia obligatoria en todo el sistema educativo.
Incluso dentro del sector magisterial se han divulgado posiciones distintas. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aclaró posteriormente que su Comité Ejecutivo Nacional no había adoptado una posición institucional oficial sobre la propuesta.
Por el momento, la enseñanza obligatoria del creole no está vigente en República Dominicana. Se trata de una propuesta legislativa que deberá agotar el procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional antes de que pueda convertirse en ley.