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20 años después siguen los debates que marcaron su origen
Santo Domingo, R.D.-El periódico Listín Diario hizo un recuento de la idea de construir un metro en Santo Domingo que tomó forma en febrero de 2005, cuando el gobierno del presidente Leonel Fernández anunció el inicio del proyecto como una solución al congestionamiento del transporte público. Sin embargo, desde su concepción, la obra generó un intenso debate en diversos sectores del país. Mientras algunos lo veían como un avance hacia la modernización, otros cuestionaban su costo y su prioridad en medio de una crisis económica.
El 2 de febrero de 2005, el director de la Oficina del Metro, Diandino Peña, informó que la construcción de la primera línea del sistema ferroviario iniciaría en marzo. Explicó que el proyecto contaría con su propia planta de generación eléctrica para evitar interrupciones en el servicio. Peña desestimó las declaraciones del arquitecto español Ricardo Bofill, quien consideró que la construcción de un metro en Santo Domingo era inviable.
El 7 de febrero, Peña presentó el proyecto en un Consejo de Gobierno, donde explicó que la primera línea recorrería la avenida Máximo Gómez, conectando la zona de Isabela con el Centro de los Héroes. La obra tendría un costo de 326.69 millones de dólares y contaría con 11 estaciones y 11 trenes. Un día después, el funcionario reveló que el financiamiento provendría de préstamos internacionales con plazos de 10 a 12 años y tasas de interés entre 4 % y 5 %. También adelantó que el sistema de transporte masivo incluiría en el futuro dos nuevas líneas en las avenidas John F. Kennedy y 27 de Febrero
Desde los primeros días del anuncio, expertos en urbanismo expresaron sus dudas sobre la viabilidad del proyecto. El 8 de febrero, el arquitecto Augusto Sánchez, exdirector del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (Conau), afirmó que el flujo principal de pasajeros en Santo Domingo era en dirección este-oeste, mientras que la línea del metro estaba diseñada para ir de norte a sur. No obstante, reconoció que la avenida Máximo Gómez era el único eje que cruzaba la ciudad completamente en esa dirección y que, debido a su estrechez, la única opción viable era una construcción soterrada.
Ese mismo día, los sindicatos del transporte manifestaron su oposición al proyecto. Juan Hubieres, presidente de Fenatrano, afirmó que el metro no respondía a la realidad del sistema de movilidad en la ciudad y que su construcción afectaría a los choferes de transporte público.
Ramón Pérez Figuereo, de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), sostuvo que el país no estaba en condiciones económicas de asumir una inversión de tal magnitud.
En el ámbito financiero, el representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el país, Ousmane Mandeng, advirtió que la construcción del metro no estaba contemplada en el acuerdo Stand By con la entidad, lo que podría afectar la estabilidad fiscal. Sin embargo, el 9 de febrero, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, aclaró que el FMI no tenía injerencia en la soberanía del Gobierno para decidir sus inversiones, siempre que se respetaran los límites de endeudamiento.
Defensa del Gobierno y respaldo de algunos sectores
A pesar de las críticas, el Gobierno defendió el proyecto. El 9 de febrero, Peña aseguró que la obra generaría 2,000 empleos directos y que su construcción minimizaría las molestias a la población. Ese mismo día, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) pidió que se presentaran más detalles técnicos y financieros antes de fijar una posición.
En el plano internacional, el 10 de febrero se informó que agencias de crédito de exportación de Inglaterra, Brasil, España, Alemania, Estados Unidos y Francia estaban dispuestas a respaldar el financiamiento del Metro.
El 15 de febrero, la Iglesia católica, a través del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, manifestó su apoyo a la construcción del metro. El prelado recordó que en el pasado otras grandes infraestructuras, como la avenida 27 de Febrero y los elevados, también fueron cuestionadas antes de su ejecución.
El 16 de febrero, el secretario de Obras Públicas, Freddy Pérez, afirmó que el proyecto sería evaluado como cualquier otra infraestructura estatal y que su despacho revisaría los planos una vez estuvieran listos.
Preocupaciones de empresarios y otros sectores
El proyecto continuó enfrentando cuestionamientos de diversos sectores. El 13 de febrero, el senador del Distrito Nacional, José Tomás Pérez, sugirió que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) evaluará internamente la viabilidad del proyecto, señalando que podría convertirse en un problema político para el Gobierno en medio de una crisis económica.
El 15 de febrero, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) consideró que la construcción del Metro era inoportuna, ya que el país tenía otras prioridades en educación y salud.
El 18 de febrero, la Fundación para el Desarrollo de la Ciudad Colonial rechazó el proyecto y sugirió que los fondos se destinaran a la restauración del casco histórico de Santo Domingo. Ese mismo día, un informe comparativo publicado en Diario Libre reveló que el costo por kilómetro del metro de Santo Domingo era de 32.6 millones de dólares, una cifra inferior a la del metro de Puerto Rico (87.2 millones por kilómetro) y el de Ciudad de México (67.4 millones por kilómetro).
Ajustes en el proyecto y próximos pasos
El 23 de febrero, Peña anunció que la línea del metro no llegaría a Villa Mella, como se había previsto inicialmente, debido a que la construcción de un túnel bajo el río Ozama elevaría demasiado los costos. En su lugar, se construiría un tramo elevado.
Ese mismo día, aseguró que cada estación del metro contaría con una planta de emergencia para evitar interrupciones en el servicio. También informó que los estudios de impacto ambiental estaban en marcha y que se estaban realizando consultas con diversos sectores para explicar los alcances del proyecto.
En los días siguientes, el Gobierno continuó presentando el proyecto a distintos actores políticos, sociales y económicos. Peña aseguró que el Metro de Santo Domingo sería el primer «metro verde del mundo», al considerar el uso de energía alternativa en su funcionamiento.
Un debate que marcó la historia del transporte
El Metro de Santo Domingo finalmente se convirtió en una realidad en 2009, con la inauguración de su primera línea. Sin embargo, los debates que surgieron en febrero de 2005 reflejan los desafíos de implementar una obra de esta magnitud en un país en desarrollo. A lo largo de las semanas en que se discutió el proyecto, las posturas a favor y en contra se hicieron evidentes, y las preocupaciones sobre su financiamiento, impacto urbano y viabilidad técnica fueron parte central de la discusión.
Dos décadas después, el metro sigue en expansión (se construye la línea 2C hacia Los Alcarrizos) y continúa generando debates, confirmando que su historia no terminó con su construcción, sino que sigue evolucionando junto con la ciudad.
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Excluyen al colegio Leonardo Da Vinci del proceso judicial por muerte de estudiante haitiana.
Santiago, R.D.-Por considerar la existencia de negligencia grave y un supuesto encubrimiento del caso, el equipo legal de la familia de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que murió ahogada durante una excursión escolar, anunció que presentará una querella formal y solicitará prisión preventiva contra los responsables del colegio Leonardo Da Vinci.
El jurista Shesnel Calcaño explicó que pedirán la medida de coerción más severa debido a la forma en que la institución y su personal actuaron antes, durante y después de que la niña muriera por asfixia mecánica por ahogamiento, cómo establece la autopsia sobre la causa del deceso.
«La prisión preventiva es la medida más idónea ante la magnitud de lo ocurrido y por la conducta que han mostrado los responsables del colegio. Esto no puede quedar en manos de personas que no actuaron con humanidad y que después intentaron manejar la situación para evitar consecuencias», afirmó.
Calcaño aseguró que pasaron aproximadamente 30 minutos antes de que el cuerpo fuera descubierto por tres niños.
Dijo que las maestras no estaban pendientes de los niños, lo que evidencia una falta de supervisión inaceptable.
Calcaño aseguró que la respuesta del colegio y de las autoridades ha sido irregular.
Denunció que solo se entregaron tres de los videos de seguridad, cuando en el lugar habría más cámaras operando.
También aseguró que la madre de la menor fue mantenida apartada por horas y que la institución no llamó al Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1 de inmediato.
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Como en los mejores tiempos de guerra EE. UU. moviliza en el AILA tropas y equipos militares.
Santo Domingo, R.D.-Un campamento en los mejores tiempos de guerra ha sido instalado por tropas militares de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), próximo a la pista 17, por donde han arribado al menos tres aeronaves de gran tonelaje, como parte del acuerdo firmado con el gobierno dominicano.
En toda esa área permanecen estacionados vehículos cisterna de combustible, autobuses, camionetas, vehículos livianos, así como equipos de comunicación y otros accesorios de uso militar.
Todo el movimiento logístico es ejecutado bajo supervisión militar y con acceso restringido.
De acuerdo con informaciones obtenidas por medios de comunicación a través de una fuente confiable, los aviones continúan aterrizando y despegando de forma escalonada desde la referida pista, mientras personal militar estadounidense se mantiene coordinando la descarga y distribución de las cargas, las cuales son trasladadas directamente al campamento improvisado establecido en el área.
Las cargas transportadas incluyen vehículos, equipos de comunicaciones, alimentos y otros suministros especializados, vinculados al plan de ayuda humanitaria que despliegan las autoridades estadounidenses con la cooperación del Gobierno dominicano.
Estos movimientos militares forman parte de un plan de ayuda humanitaria y apoyo logístico coordinado entre los gobiernos de ambos países, en una operación que se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y un marcado hermetismo oficial.
Entre las aeronaves observadas figuran los imponentes C-5 Super Galaxy y C-17 Globemaster III, reconocidos por su enorme capacidad de carga y su uso en misiones especiales de carácter humanitario, logístico y estratégico.
En las áreas cercanas a la cabecera de la pista 17 del AILA se pudo observar, a cierta distancia, un amplio despliegue de seguridad compuesto por personal militar estadounidense y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), quienes trabajan de manera coordinada durante las operaciones de aterrizaje, descarga y despacho de los equipos.
No se permite el acceso a representantes de los medios de comunicación acreditados en el aeropuerto ni a empleados civiles de la terminal, como parte del protocolo de seguridad implementado.
Un ejecutivo de la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) explicó que la concesionaria no tiene participación directa en las operaciones que realizan las autoridades estadounidenses, limitándo su rol a facilitar la operatividad normal de la terminal aérea bajo las disposiciones del Estado dominicano.
Se informó que la primera de las aeronaves, un C-5 Super Galaxy, aterrizó en la Base Aérea de San Isidro, mientras que un C-17 Globemaster III lo hizo en el AILA el pasado domingo, en vuelos que se produjeron de manera simultánea.
El pasado 26 de noviembre, el gobierno dominicano autorizó de manera temporal el uso de espacios restringidos en la Base Aérea de San Isidro y en el AILA, para operaciones logísticas de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
El anuncio lo hizo el presidente Luis Abinader, tras una reunión a puertas cerradas con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, celebrada en el Palacio Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Un proyecto de ley sometido en el Senado de la República el pasado fin de semana modifica el nuevo Código Penal, para quitar a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas como entes exentos de responsabilidad penal.
Si ambas cámaras congresuales aprueban la legislación y esta es promulgada por el Poder Ejecutivo, los partidos, movimientos y agrupaciones políticas podrán ser procesados como personas jurídicas, con el mismo régimen que las empresas, las ONG y demás entidades.
La modificación a la Ley 74-25, orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, promulgado el 3 de agosto de 2025, hará posible que los partidos, como institución, sean acusados penalmente por delitos cometidos en su beneficio, tales como lavado de activos, financiamiento ilícito, corrupción, malversación o desvío de fondos, fraude electoral, sobornos, entre otros actos.
El proyecto de ley fue sometido en la Cámara Alta el pasado 5 de diciembre por el senador Antonio Taveras (PRM-Santo Domingo).
La norma legislativa modifica el artículo 13 del nuevo Código Penal, para establecer que el Estado dominicano, el Distrito Nacional, los municipios, las alcaldías, distritos municipales, las juntas de los distritos municipales, los órganos autónomos descentralizados provistos de personalidad jurídica y de derecho público con competencias y prerrogativas públicas y los órganos administrativos habilitados a ejercer potestades públicas, “no estarán regidos por las disposiciones que preceden relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Al sacar a los partidos en dicha disposición, el senador perremeísta los incluye dentro del régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El legislador considera que el excluir a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas del régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas crearía una brecha normativa “injustificada” y contraria a los principios de igualdad, legalidad y seguridad jurídica, que permitiría que organizaciones con incidencia directa en la conducción de los asuntos públicos puedan evadir responsabilidad penal frente a delitos graves que afectan la integridad democrática y el interés general.
Con esta son dos las iniciativas que buscan modificar la Ley 74-25, la cual entrará en vigencia el 3 de agosto de 2026. La primera propuesta es del diputado Ramón Raposo, del PRD
Antonio Taveras explica que debido a la naturaleza jurídica, estructura organizativa, capacidad de movilización social y el acceso que tienen las organizaciones políticas a recursos públicos y privados pueden ser utilizadas, de forma deliberada por falta de controles internos, “como vehículos para la comisión de delitos que trascienden la actividad electoral”, por lo que exige a esas entidades prevención, vigilancia y responsabilidad penal.