Más Noticias
20 años después siguen los debates que marcaron su origen
Santo Domingo, R.D.-El periódico Listín Diario hizo un recuento de la idea de construir un metro en Santo Domingo que tomó forma en febrero de 2005, cuando el gobierno del presidente Leonel Fernández anunció el inicio del proyecto como una solución al congestionamiento del transporte público. Sin embargo, desde su concepción, la obra generó un intenso debate en diversos sectores del país. Mientras algunos lo veían como un avance hacia la modernización, otros cuestionaban su costo y su prioridad en medio de una crisis económica.
El 2 de febrero de 2005, el director de la Oficina del Metro, Diandino Peña, informó que la construcción de la primera línea del sistema ferroviario iniciaría en marzo. Explicó que el proyecto contaría con su propia planta de generación eléctrica para evitar interrupciones en el servicio. Peña desestimó las declaraciones del arquitecto español Ricardo Bofill, quien consideró que la construcción de un metro en Santo Domingo era inviable.
El 7 de febrero, Peña presentó el proyecto en un Consejo de Gobierno, donde explicó que la primera línea recorrería la avenida Máximo Gómez, conectando la zona de Isabela con el Centro de los Héroes. La obra tendría un costo de 326.69 millones de dólares y contaría con 11 estaciones y 11 trenes. Un día después, el funcionario reveló que el financiamiento provendría de préstamos internacionales con plazos de 10 a 12 años y tasas de interés entre 4 % y 5 %. También adelantó que el sistema de transporte masivo incluiría en el futuro dos nuevas líneas en las avenidas John F. Kennedy y 27 de Febrero
Desde los primeros días del anuncio, expertos en urbanismo expresaron sus dudas sobre la viabilidad del proyecto. El 8 de febrero, el arquitecto Augusto Sánchez, exdirector del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (Conau), afirmó que el flujo principal de pasajeros en Santo Domingo era en dirección este-oeste, mientras que la línea del metro estaba diseñada para ir de norte a sur. No obstante, reconoció que la avenida Máximo Gómez era el único eje que cruzaba la ciudad completamente en esa dirección y que, debido a su estrechez, la única opción viable era una construcción soterrada.
Ese mismo día, los sindicatos del transporte manifestaron su oposición al proyecto. Juan Hubieres, presidente de Fenatrano, afirmó que el metro no respondía a la realidad del sistema de movilidad en la ciudad y que su construcción afectaría a los choferes de transporte público.
Ramón Pérez Figuereo, de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), sostuvo que el país no estaba en condiciones económicas de asumir una inversión de tal magnitud.
En el ámbito financiero, el representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el país, Ousmane Mandeng, advirtió que la construcción del metro no estaba contemplada en el acuerdo Stand By con la entidad, lo que podría afectar la estabilidad fiscal. Sin embargo, el 9 de febrero, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, aclaró que el FMI no tenía injerencia en la soberanía del Gobierno para decidir sus inversiones, siempre que se respetaran los límites de endeudamiento.
Defensa del Gobierno y respaldo de algunos sectores
A pesar de las críticas, el Gobierno defendió el proyecto. El 9 de febrero, Peña aseguró que la obra generaría 2,000 empleos directos y que su construcción minimizaría las molestias a la población. Ese mismo día, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) pidió que se presentaran más detalles técnicos y financieros antes de fijar una posición.
En el plano internacional, el 10 de febrero se informó que agencias de crédito de exportación de Inglaterra, Brasil, España, Alemania, Estados Unidos y Francia estaban dispuestas a respaldar el financiamiento del Metro.
El 15 de febrero, la Iglesia católica, a través del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, manifestó su apoyo a la construcción del metro. El prelado recordó que en el pasado otras grandes infraestructuras, como la avenida 27 de Febrero y los elevados, también fueron cuestionadas antes de su ejecución.
El 16 de febrero, el secretario de Obras Públicas, Freddy Pérez, afirmó que el proyecto sería evaluado como cualquier otra infraestructura estatal y que su despacho revisaría los planos una vez estuvieran listos.
Preocupaciones de empresarios y otros sectores
El proyecto continuó enfrentando cuestionamientos de diversos sectores. El 13 de febrero, el senador del Distrito Nacional, José Tomás Pérez, sugirió que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) evaluará internamente la viabilidad del proyecto, señalando que podría convertirse en un problema político para el Gobierno en medio de una crisis económica.
El 15 de febrero, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) consideró que la construcción del Metro era inoportuna, ya que el país tenía otras prioridades en educación y salud.
El 18 de febrero, la Fundación para el Desarrollo de la Ciudad Colonial rechazó el proyecto y sugirió que los fondos se destinaran a la restauración del casco histórico de Santo Domingo. Ese mismo día, un informe comparativo publicado en Diario Libre reveló que el costo por kilómetro del metro de Santo Domingo era de 32.6 millones de dólares, una cifra inferior a la del metro de Puerto Rico (87.2 millones por kilómetro) y el de Ciudad de México (67.4 millones por kilómetro).
Ajustes en el proyecto y próximos pasos
El 23 de febrero, Peña anunció que la línea del metro no llegaría a Villa Mella, como se había previsto inicialmente, debido a que la construcción de un túnel bajo el río Ozama elevaría demasiado los costos. En su lugar, se construiría un tramo elevado.
Ese mismo día, aseguró que cada estación del metro contaría con una planta de emergencia para evitar interrupciones en el servicio. También informó que los estudios de impacto ambiental estaban en marcha y que se estaban realizando consultas con diversos sectores para explicar los alcances del proyecto.
En los días siguientes, el Gobierno continuó presentando el proyecto a distintos actores políticos, sociales y económicos. Peña aseguró que el Metro de Santo Domingo sería el primer «metro verde del mundo», al considerar el uso de energía alternativa en su funcionamiento.
Un debate que marcó la historia del transporte
El Metro de Santo Domingo finalmente se convirtió en una realidad en 2009, con la inauguración de su primera línea. Sin embargo, los debates que surgieron en febrero de 2005 reflejan los desafíos de implementar una obra de esta magnitud en un país en desarrollo. A lo largo de las semanas en que se discutió el proyecto, las posturas a favor y en contra se hicieron evidentes, y las preocupaciones sobre su financiamiento, impacto urbano y viabilidad técnica fueron parte central de la discusión.
Dos décadas después, el metro sigue en expansión (se construye la línea 2C hacia Los Alcarrizos) y continúa generando debates, confirmando que su historia no terminó con su construcción, sino que sigue evolucionando junto con la ciudad.
Santo Domingo, R.D.-Una medida precautoria solicitada por la Direccion General de Informacion y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) fue acogida este lunes por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) a abstenerse de suspender los servicios de salud mientras se conoce el fondo de la acción de amparo colectivo.
La decisión fue adoptada durante una audiencia virtual celebrada la mañana de este lunes, al amparo del artículo 86 de la Ley 137-11, tras considerar que existía un riesgo de vulneración del derecho fundamental a la salud de los afiliados.
- De acuerdo con el dictamen, con esta disposición queda sin efecto, de manera provisional, la suspensión de servicios que Andeclip había anunciado para este 14 de julio.
El tribunal acogió el argumento central de la DIDA de que ningún conflicto económico entre actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social puede traducirse en la interrupción de los servicios de salud a los afiliados, quienes no forman parte de esa controversia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público respaldó la solicitud presentada por la institución.
La acción judicial fue interpuesta por la DIDA luego de que Andeclip anunciara que suspendería los servicios electivos a los afiliados de Primera ARS y ARS Futuro, en reclamo de una revisión de las tarifas que reciben las clínicas privadas por parte de las administradoras de riesgos de salud.
Tras la decisión del tribunal, la DIDA reiteró su llamado a Andeclip y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a permanecer en la mesa de diálogo coordinada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
- La institución reconoció que el reclamo tarifario de las clínicas es legítimo y debe ser atendido, pero insistió en que las diferencias deben resolverse por las vías institucionales, sin afectar la atención de los afiliados.
El director general de la DIDA, Elías Báez, valoró la decisión como una garantía para las familias dominicanas.
«Lo que se ha protegido hoy no es a una institución, sino el derecho de más de un millón de personas a no ver interrumpida su atención en salud. Reiteramos nuestro llamado al diálogo: el camino para resolver las diferencias tarifarias son los mecanismos que la ley establece, no la interrupción de los servicios», expresó.
El Tribunal Superior Administrativo fijó la continuación de la audiencia para el miércoles 15 de julio, cuando continuará el conocimiento de la acción de amparo colectivo presentada por la DIDA.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades del tránsito intentan mover, encajar y redistribuir cada pieza antes de que la pantalla quede completamente ocupada en el Gran Santo Domingo, las cuales son contraflujos, conos, restricciones de giros, agentes y rutas alternas que cambian según el volumen vehicular.
En el juego, la partida terminaba cuando los bloques se acumulaban hasta llenar la pantalla. En las calles, el equivalente es el colapso de la circulación: avenidas saturadas, vehículos detenidos y conductores atrapados durante largos períodos. Para evitar que el tránsito llegue a ese punto, la Digesett aplica al menos 12 tramos de contraflujo y siete canalizaciones con conos, dentro de una estrategia que se reajusta diariamente según los tapones, accidentes y obstáculos que aparecen en las vías.
Cada día, miles de conductores se enfrentan a largos tapones en las principales avenidas del Gran Santo Domingo, para intentar reducir el congestionamiento vehicular, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aplica distintas medidas que se modifican de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presentan en las vías.
La principal medida es la habilitación de contraflujos durante las horas pico. Según explicó la institución a Diario Libre, esta estrategia consiste en utilizar uno o dos carriles de la vía opuesta para aumentar temporalmente la cantidad de carriles disponibles en el sentido donde se concentra el mayor flujo de vehículos.
Actualmente existen al menos 12 carriles de contraflujo. Los contraflujos se aplican en la avenida Padre Castellanos (antigua 17), George Washington, Abraham Lincoln, la autopista Duarte —desde el kilómetro 14 hasta el 9 y del kilómetro 32 al 25—, la avenida República de Colombia —desde PriceSmart hasta el Paseo de los Reyes Católicos—, Los Próceres —desde la República de Argentina hasta Erick Leona—, Santo Domingo Norte —desde la estación Hermanas Mirabal hasta la avenida John F. Kennedy por la Máximo Gómez—, el puente Duarte —desde el Farolito hasta la rampa del elevado de la avenida 27 de Febrero—, la avenida 25 de Febrero —desde el puente de la avenida España hasta la José Martí—, el Puente Flotante y la avenida México —desde la calle Altagracia hasta el puente de la avenida España—.
Otra de las estrategias implementadas por la institución es la canalización con conos, utilizada para reorganizar la circulación y mantener la continuidad del flujo vehicular en corredores de alta demanda. Mediante esta medida se redistribuyen los carriles durante las horas de mayor congestión para facilitar el desplazamiento de los vehículos.
La canalización con conos se aplica en al menos siete tramos. En la avenida John F. Kennedy —Lincoln-Ortega y Gasset, Tiradentes-Ortega y Gasset y Ortega y Gasset-Máximo Gómez—; en la avenida 27 de Febrero —Leopoldo Navarro-Máximo Gómez, Máximo Gómez-Tiradentes y Defilló-Churchill—, así como en la avenida Ortega y Gasset, entre Gustavo Mejía Ricart y Fantino Falco.
Durante el último año también se introdujeron nuevas medidas mediante el plan «RD Se Mueve», impulsado por el Gabinete de Transporte y el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant), que comenzó a implementarse en julio de 2025 con la primera fase de restricciones de giros a la izquierda en la avenida Lope de Vega.
Posteriormente, el programa fue ampliándose a otras intersecciones del Distrito Nacional.
La Digesett explicó que las medidas no son permanentes, sino que se ajustan de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presenten cada día.
Accidentes, vehículos averiados y otras eventualidades pueden provocar cambios en los contraflujos, las canalizaciones con conos o las rutas alternas para mantener la movilidad.
La institución indicó que mantiene un monitoreo continuo para evaluar la efectividad de estas acciones y realizar los ajustes que sean necesarios cuando las condiciones del tránsito así lo requieran.
Aunque la Digesett sostiene que las medidas implementadas han contribuido a agilizar la circulación, reducir obstrucciones y mejorar la continuidad del flujo vehicular, indicó que uno de los principales desafíos continúa siendo lograr que los conductores respeten las disposiciones establecidas.
La institución informó que continuará evaluando nuevas alternativas y trabajando de manera coordinada con otras entidades para realizar estudios de factibilidad que permitan implementar nuevas acciones orientadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial.
Santo Domingo.- La meta es aprobar el Codigo Penal antes de que la ley entre en vigor, cuya declaración fue ofrecida por el Presidente Luis Abinader, quien agregó que el Gobierno impulsa correcciones al nuevo Código Penal.
“Se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia”, declaró en una entrevista con José Monegro y Edith Febles, del Grupo de Medios Corripio.
Definió el proyecto aprobado como un “punto de partida”. Recordó que el Código fue sancionado tras quince años en el Congreso Nacional y, al promulgarse, se le fijó una «vacatio legis» de un año precisamente para hacer ajustes. “Ese plazo es el que ahora corre”, dijo y sobre esa base el Poder Ejecutivo depositó en las càmaras legislativas un texto consensuado y los legisladores dieron plazo hasta el miércoles para recibir sugerencias de otros sectores.
Entre los puntos a modificar, Abinader destacó los artículos sobre expresión y difusión del pensamiento, los que más ruido generaron. Aclaró que no son los únicos: hay cambios “de forma y algunas también de fondo” que la consultoría jurídica ya había advertido hace meses.
El presidente hizo autocrítica por los tiempos. “En eso hacemos mea culpa”, admitió, y repartió la responsabilidad entre Gobierno y sociedad civil por no revisar la norma apenas fue aprobada. Aun así, defendió que el proceso no fue improvisado: los contactos con sectores llevan dos meses, las discusiones sobre modificaciones unas cinco semanas, y hace dos semanas conversa directo con comunicadores. “En esas modificaciones todos estamos de acuerdo”, aseguró.
Sobre la llamada “ley mordaza”, Abinader rechazó que el Ejecutivo busque limitar la libertad de expresión. Recordó que un proyecto anterior sobre difusión del pensamiento fue entregado a la Sociedad Dominicana de Diarios y a especialistas, y el consenso salió de ellos “sin que yo le pusiera ni una coma”.
“Si hay algo que yo estoy preocupado es por la democracia de mi país”, sostuvo, y citó como prueba la reforma constitucional para impedir reelecciones indefinidas.
Reveló que él y su familia reciben calumnias a diario en redes, pero prefiere “poner una piel de cocodrilo” antes que prohibir. “Lo que más a mí me ayuda son las críticas”, dijo, sobre todo las que exponen problemas o corrupción. La fórmula que se discute busca proteger tanto la libre expresión como el honor de las personas. Afirmó que le interesa poder expresarse libremente cuando salga del gobierno en 2028.
Abinader señaló que la controversia actual no se vio cuando se votó el Código. “Ese código es de hace 15 años, ahí había muchos artículos que nadie los criticó”, recordó. Los “puntos calientes” de entonces eran otros, como las tres causales. Destacó que la pieza aumentó penas contra el crimen organizado y la corrupción, y llenó “muchísimos vacíos” del viejo código, por eso tuvo respaldo amplio.
En lo económico, defendió el plan anticrisis como “progresivo”: elimina el anticipo mensual para pymes desde enero, quitó el impuesto a nuevas empresas, bajó el sucesoral de 27% a 3% y retiró el gravamen a seguros de vida en el exterior. Los aumentos, dijo, recaen en empresas que venden más de mil millones y salarios sobre 400 mil pesos, mientras que los sueldos menores tendrán indexación.
Descartó una reforma fiscal integral: “Aquí no hay condiciones”. Gobernó con pandemia, guerra en Ucrania y la crisis haitiana, y aun así el país crece más de 4%, solo detrás de Guyana.
Sobre combustibles, negó alzas fuertes: se movieron 16% cuando el crudo subió 80%. El subsidio anual “se agotó en mayo” porque el país importa 70% de los líquidos. Anunció que se publicará “la fórmula” para transparentar el cálculo y reiteró que hace dos semanas bajan gasolina, gasoil y GLP.
sp-am