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20 años después siguen los debates que marcaron su origen
Santo Domingo, R.D.-El periódico Listín Diario hizo un recuento de la idea de construir un metro en Santo Domingo que tomó forma en febrero de 2005, cuando el gobierno del presidente Leonel Fernández anunció el inicio del proyecto como una solución al congestionamiento del transporte público. Sin embargo, desde su concepción, la obra generó un intenso debate en diversos sectores del país. Mientras algunos lo veían como un avance hacia la modernización, otros cuestionaban su costo y su prioridad en medio de una crisis económica.
El 2 de febrero de 2005, el director de la Oficina del Metro, Diandino Peña, informó que la construcción de la primera línea del sistema ferroviario iniciaría en marzo. Explicó que el proyecto contaría con su propia planta de generación eléctrica para evitar interrupciones en el servicio. Peña desestimó las declaraciones del arquitecto español Ricardo Bofill, quien consideró que la construcción de un metro en Santo Domingo era inviable.
El 7 de febrero, Peña presentó el proyecto en un Consejo de Gobierno, donde explicó que la primera línea recorrería la avenida Máximo Gómez, conectando la zona de Isabela con el Centro de los Héroes. La obra tendría un costo de 326.69 millones de dólares y contaría con 11 estaciones y 11 trenes. Un día después, el funcionario reveló que el financiamiento provendría de préstamos internacionales con plazos de 10 a 12 años y tasas de interés entre 4 % y 5 %. También adelantó que el sistema de transporte masivo incluiría en el futuro dos nuevas líneas en las avenidas John F. Kennedy y 27 de Febrero
Desde los primeros días del anuncio, expertos en urbanismo expresaron sus dudas sobre la viabilidad del proyecto. El 8 de febrero, el arquitecto Augusto Sánchez, exdirector del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (Conau), afirmó que el flujo principal de pasajeros en Santo Domingo era en dirección este-oeste, mientras que la línea del metro estaba diseñada para ir de norte a sur. No obstante, reconoció que la avenida Máximo Gómez era el único eje que cruzaba la ciudad completamente en esa dirección y que, debido a su estrechez, la única opción viable era una construcción soterrada.
Ese mismo día, los sindicatos del transporte manifestaron su oposición al proyecto. Juan Hubieres, presidente de Fenatrano, afirmó que el metro no respondía a la realidad del sistema de movilidad en la ciudad y que su construcción afectaría a los choferes de transporte público.
Ramón Pérez Figuereo, de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), sostuvo que el país no estaba en condiciones económicas de asumir una inversión de tal magnitud.
En el ámbito financiero, el representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el país, Ousmane Mandeng, advirtió que la construcción del metro no estaba contemplada en el acuerdo Stand By con la entidad, lo que podría afectar la estabilidad fiscal. Sin embargo, el 9 de febrero, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, aclaró que el FMI no tenía injerencia en la soberanía del Gobierno para decidir sus inversiones, siempre que se respetaran los límites de endeudamiento.
Defensa del Gobierno y respaldo de algunos sectores
A pesar de las críticas, el Gobierno defendió el proyecto. El 9 de febrero, Peña aseguró que la obra generaría 2,000 empleos directos y que su construcción minimizaría las molestias a la población. Ese mismo día, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) pidió que se presentaran más detalles técnicos y financieros antes de fijar una posición.
En el plano internacional, el 10 de febrero se informó que agencias de crédito de exportación de Inglaterra, Brasil, España, Alemania, Estados Unidos y Francia estaban dispuestas a respaldar el financiamiento del Metro.
El 15 de febrero, la Iglesia católica, a través del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, manifestó su apoyo a la construcción del metro. El prelado recordó que en el pasado otras grandes infraestructuras, como la avenida 27 de Febrero y los elevados, también fueron cuestionadas antes de su ejecución.
El 16 de febrero, el secretario de Obras Públicas, Freddy Pérez, afirmó que el proyecto sería evaluado como cualquier otra infraestructura estatal y que su despacho revisaría los planos una vez estuvieran listos.
Preocupaciones de empresarios y otros sectores
El proyecto continuó enfrentando cuestionamientos de diversos sectores. El 13 de febrero, el senador del Distrito Nacional, José Tomás Pérez, sugirió que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) evaluará internamente la viabilidad del proyecto, señalando que podría convertirse en un problema político para el Gobierno en medio de una crisis económica.
El 15 de febrero, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) consideró que la construcción del Metro era inoportuna, ya que el país tenía otras prioridades en educación y salud.
El 18 de febrero, la Fundación para el Desarrollo de la Ciudad Colonial rechazó el proyecto y sugirió que los fondos se destinaran a la restauración del casco histórico de Santo Domingo. Ese mismo día, un informe comparativo publicado en Diario Libre reveló que el costo por kilómetro del metro de Santo Domingo era de 32.6 millones de dólares, una cifra inferior a la del metro de Puerto Rico (87.2 millones por kilómetro) y el de Ciudad de México (67.4 millones por kilómetro).
Ajustes en el proyecto y próximos pasos
El 23 de febrero, Peña anunció que la línea del metro no llegaría a Villa Mella, como se había previsto inicialmente, debido a que la construcción de un túnel bajo el río Ozama elevaría demasiado los costos. En su lugar, se construiría un tramo elevado.
Ese mismo día, aseguró que cada estación del metro contaría con una planta de emergencia para evitar interrupciones en el servicio. También informó que los estudios de impacto ambiental estaban en marcha y que se estaban realizando consultas con diversos sectores para explicar los alcances del proyecto.
En los días siguientes, el Gobierno continuó presentando el proyecto a distintos actores políticos, sociales y económicos. Peña aseguró que el Metro de Santo Domingo sería el primer «metro verde del mundo», al considerar el uso de energía alternativa en su funcionamiento.
Un debate que marcó la historia del transporte
El Metro de Santo Domingo finalmente se convirtió en una realidad en 2009, con la inauguración de su primera línea. Sin embargo, los debates que surgieron en febrero de 2005 reflejan los desafíos de implementar una obra de esta magnitud en un país en desarrollo. A lo largo de las semanas en que se discutió el proyecto, las posturas a favor y en contra se hicieron evidentes, y las preocupaciones sobre su financiamiento, impacto urbano y viabilidad técnica fueron parte central de la discusión.
Dos décadas después, el metro sigue en expansión (se construye la línea 2C hacia Los Alcarrizos) y continúa generando debates, confirmando que su historia no terminó con su construcción, sino que sigue evolucionando junto con la ciudad.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.