Nacionales
Revelan cómo entregaban combustibles a policías y militares.
Santo Domingo, R.D.-Las defensas de los imputados en la Operación Coral y Coral 5G en la continuación del juicio de fondo a los alegados casos de corrupción administrativa desmantelada por el Ministerio Público, intentaron descalificar al testigo Jacobo Horacio de la Cruz Duarte, miembro de la Armada de República Dominicana, quien se desempeñaba como encargado de Combustible del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) desde el 2012 al 2021, que expuso con detalles como se producía la entrega a policías y militares.
En la audiencia, que se inició a las dos de la tarde de este martes en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el referido testigo enfatizó que realizaba depósitos, transferencias y entregaba combustible a muchas personas, incluidos militares y policías.
De acuerdo a la declaración del testigo, al ser cuestionado por la abogada litigante, Wendy Lora, representante legal del general Juan Camilo de los Santos Viola, imputado en el proceso, manifestó que le hizo seis depósitos de 20 mil pesos al imputado.
Al ser cuestionado por Waldo Paulino, quien se desempeña como abogado de los imputados -general de Brigada, Boanerges Reyes Batista y el capitán de Navío, Franklin Antonio Mata Flores, indicó que no conocía a ninguno de esos imputados, y que nunca compartió con ellos.
El testigo dijo que solo los conocía porque eran militares de alto rango que desempeñaban funciones importantes en la Presidencia.
Destacó que nunca habló con los citados y que le hizo uno o dos depósitos a cada uno, como adición a sus sueldos, como se estila en las Fuerzas Armadas.
El testigo Jacobo Horacio de la Cruz Duarte es licenciado en Contabilidad e ingresó a Politur-Cestur en el 2001.
En el año 2010 se desempeñaba como auxiliar de Contabilidad y en el 2012 ocupa el puesto de encargado de Combustible, puesto que desempeñó hasta el 2021; era la persona que recibía los tickes de combustible de las diferentes estaciones que suplían al Cestur, entre ellas la estación de combustible La Marinita de la avenida España. Actualmente presta servicio en la misma institución.
La audiencia del caso Coral y Coral 5G fue aplazada para el próximo martes 18 de febrero en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Yanibet Rivas Méndez, dictó, en julio del 2023, apertura a juicio a 28 imputados, la mayoría policías y militares y algunos están acompañados en el proceso judicial junto a sus familiares, como es el caso del coronel Rafael Núñez de Aza, y el general de la Fuerza Aérea dominicana, Julio Camilo de los Santos Viola, exsubjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
La acusación está encabezada por los exjefes del Cusep y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.
Otros de los que forman parte de los imputados en el proceso penal son la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez; el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Asimismo, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón, entre otros.
El juicio de fondo también se conoce contra varias empresas, estas son Randa Internacional Company, Rawel Importadores; RG y Soluciones Financieras; Único Real State e Inversiones; Aldom Glass Aluminium; Asociación Campesina Madre Tierra; CSNA Universo Empresarial; Distribuidor KF; Distribuidora TAFL; Hacienda Kelman e Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.
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Tribunal se reserva el fallo del caso Coral: fija lectura de sentencia para el 15 de junio
Santo Domingo, R.D.-Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dejaron en estado de fallo el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa desarticulado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
Peticiones del Ministerio Público y el Estado
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.
A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.
Defensa solicita absolución
Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.
Los implicados y el monto del desfalco
El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.
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Luego de cumplir 30 años de cárcel por el caso Llenas Aybar quedará libre Mario José Redondo.
Santo Domingo.- Saldra en libertad el próximo 5 de mayo tras cumplir 30 años de cárcel Mario José Redondo Llenas, autor del asesinato del adolescente José Rafael Llenas Aybar, hecho que se produjo en el mismo mes del 1996.
El menor, de 12 años de edad, fue asesinado el 4 de mayo de 1996, en un caso que conmocionó profundamente a la sociedad dominicana por su brutalidad.
De acuerdo con las informaciones, la orden de libertad deberá ser emitida por el juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal y ejecutada en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres. Para la fecha de su salida, Redondo Llenas tendrá 50 años de edad.
El caso no solo impactó al país, sino que también dividió a una familia, ya que el condenado era primo de la víctima, lo que provocó una ruptura entre los padres del menor y los familiares del agresor.
Llenas Aybar: A 26 años del crimen horrendo que marcó la sociedad dominicana
El 26 de septiembre de 2006, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia dejó como definitiva la condena de 30 años contra Redondo Llenas y de 20 años contra Juan Manuel Moliné Rodríguez, también implicado en el asesinato.
El 3 de mayo de 1996, José Rafael Llenas Aybar salió junto a su primo Mario José Redondo Llenas hacia una plaza comercial. Al no regresar esa noche, fue reportado como desaparecido.
Al día siguiente, el 4 de mayo, su cuerpo fue encontrado en el arroyo Lebrón, en el kilómetro 24 de la autopista Duarte. El cadáver presentaba 34 puñaladas; estaba atado y envuelto en cinta adhesiva.
El hallazgo fue realizado por una pareja de campesinos en el sector El Cenit, en Pedro Brand, quienes encontraron el cuerpo parcialmente flotando en el agua.
Durante la investigación, las autoridades encontraron un papel en las manos del menor con un número telefónico, lo que permitió identificar a los responsables. Dicho número pertenecía a Kimberly Caldas, novia de Moliné Rodríguez, lo que condujo a los investigadores hasta los implicados.
Posteriormente, tanto Mario José Redondo Llenas como Juan Manuel Moliné Rodríguez fueron arrestados y confesaron el crimen, siendo sometidos a la justicia.
El 5 de mayo de 2016, Juan Manuel Moliné Rodríguez salió en libertad tras cumplir su condena de 20 años de prisión. En ese momento tenía 38 años de edad y abandonó el recinto penitenciario de Najayo-Hombres alrededor de las 2:30 de la tarde.
Ese día, los padres de Moliné Rodríguez llegaron al recinto a las 12:00 del mediodía a bordo de un vehículo, en el que ingresaron a las instalaciones de Najayo.
La familia colocó dentro del vehículo las pertenencias del exconvicto, mientras este se despedía del personal de la cárcel. Posteriormente, salieron del recinto y se trasladaron hasta su residencia.
Santo Domingo, R.D.-Mirna Ortiz, Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) acusó de «garantista en extremo» al tribunal que conoce el juicio de fondo por corrupción que se le sigue al exprocurador general (2016-2020) Jean Alain Rodríguez y adelantó que «de ninguna manera» podría declararse la extinción de la acción penal en esa acusación.
A juicio de la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, el Segundo Tribunal Colegiado ha permitido que el grupo de los 15 acusados actualmente encabezado por Rodríguez, presenten incidentes «que a todas luces son inadmisibles» porque ya fueron fallados y rechazados en el juicio preliminar.
Añadió que, con presentar los incidentes previo a responder la acusación del Ministerio Público, los imputados rehúyen a enfrentarse a las pruebas, a los testigos y a los documentos.
Ortiz dijo que todos los ciudadanos necesitan respuestas a los cuestionamientos y a los sometimientos por corrupción por lo que el Poder Judicial debe «avanzar definitivamente» sobre esos procesos.
Asimismo, la Pepca consideró como «legítimo» los cuestionamientos a la lentitud de la imputación contra el exprocurador general, expediente por dolo de los recursos del Estado que más se ha extendido, debido a que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional «tiene bastante tiempo conociéndolo».
- «Llevamos meses tratando de iniciar el conocimiento de la audiencia y apenas vamos por la fase de incidentes, porque los imputados se han empeñado en retardar el proceso de manera continua».
El Segundo Tribunal Colegiado, integrado por las juezas Claribel Nivar Arias, presidenta; Yissell Soto y Clara Sobeida Castillo, fue apoderado para conocer el expediente de presunta corrupción hace 13 meses, luego que la corte acogiera la recusación de Rodríguez contra el Cuarto Tribunal Colegiado, escogido para que conociera el juicio de fondo en agosto de 2024.
El exprocurador insistió en que no es su culpa que no se haya avanzado en su caso que, según él, lleva en los tribunales seis años.
Afirma que con los incidentes presentados buscan demostrar todas las irregularidades y arbitrariedades del Ministerio Público.
Sostuvo que esos fiscales tienen una enemistad declarada contra él y que eso viola el debido proceso y no se ve en «ninguna parte del mundo«.
Aseveró también que Participación Ciudadana está «desacreditada por sus actos» y que su informe es «manipulado, dañino e interesado».