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Revelan cómo entregaban combustibles a policías y militares.
Santo Domingo, R.D.-Las defensas de los imputados en la Operación Coral y Coral 5G en la continuación del juicio de fondo a los alegados casos de corrupción administrativa desmantelada por el Ministerio Público, intentaron descalificar al testigo Jacobo Horacio de la Cruz Duarte, miembro de la Armada de República Dominicana, quien se desempeñaba como encargado de Combustible del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) desde el 2012 al 2021, que expuso con detalles como se producía la entrega a policías y militares.
En la audiencia, que se inició a las dos de la tarde de este martes en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el referido testigo enfatizó que realizaba depósitos, transferencias y entregaba combustible a muchas personas, incluidos militares y policías.
De acuerdo a la declaración del testigo, al ser cuestionado por la abogada litigante, Wendy Lora, representante legal del general Juan Camilo de los Santos Viola, imputado en el proceso, manifestó que le hizo seis depósitos de 20 mil pesos al imputado.
Al ser cuestionado por Waldo Paulino, quien se desempeña como abogado de los imputados -general de Brigada, Boanerges Reyes Batista y el capitán de Navío, Franklin Antonio Mata Flores, indicó que no conocía a ninguno de esos imputados, y que nunca compartió con ellos.
El testigo dijo que solo los conocía porque eran militares de alto rango que desempeñaban funciones importantes en la Presidencia.
Destacó que nunca habló con los citados y que le hizo uno o dos depósitos a cada uno, como adición a sus sueldos, como se estila en las Fuerzas Armadas.
El testigo Jacobo Horacio de la Cruz Duarte es licenciado en Contabilidad e ingresó a Politur-Cestur en el 2001.
En el año 2010 se desempeñaba como auxiliar de Contabilidad y en el 2012 ocupa el puesto de encargado de Combustible, puesto que desempeñó hasta el 2021; era la persona que recibía los tickes de combustible de las diferentes estaciones que suplían al Cestur, entre ellas la estación de combustible La Marinita de la avenida España. Actualmente presta servicio en la misma institución.
La audiencia del caso Coral y Coral 5G fue aplazada para el próximo martes 18 de febrero en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Yanibet Rivas Méndez, dictó, en julio del 2023, apertura a juicio a 28 imputados, la mayoría policías y militares y algunos están acompañados en el proceso judicial junto a sus familiares, como es el caso del coronel Rafael Núñez de Aza, y el general de la Fuerza Aérea dominicana, Julio Camilo de los Santos Viola, exsubjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
La acusación está encabezada por los exjefes del Cusep y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.
Otros de los que forman parte de los imputados en el proceso penal son la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez; el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Asimismo, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón, entre otros.
El juicio de fondo también se conoce contra varias empresas, estas son Randa Internacional Company, Rawel Importadores; RG y Soluciones Financieras; Único Real State e Inversiones; Aldom Glass Aluminium; Asociación Campesina Madre Tierra; CSNA Universo Empresarial; Distribuidor KF; Distribuidora TAFL; Hacienda Kelman e Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.