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Recusan juezas de caso Cattleya por presunta falta de imparcialidad

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Santo Domingo, R.D.-Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fueron recusadas  por alegada falta de imparcialidad por tres abogados defensores en el caso que se le sigue a la supuesta red de explotación sexual descubierta mediante la Operación Cattleya.

La recusación fue presentada contra las magistradas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, la cuales rechazaron un recurso de oposición de los abogados litigantes contra la admisión de pruebas periciales presentadas por el Ministerio Público.

Los togados que interpusieron la recusación alegando que el órgano acusador estaba siendo favorecido por las magistradas son Brayan Humberto Santana Martínez, Domingo Aquino y Bomar Quezada, representantes legales de los imputados María Paula Morillo, Oscar Wilson, José Alberto y la razón social Hotel Oscar Inn.

Estos abogados argumentaron que la oposición buscaba que el Ministerio Público no presentara unos cinco discos duros, por considerar que estos no estaban validados y no podían ser expuestos en el proceso de audiencia.

El Ministerio Público afirmó que la recusación presentada contra las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional obedece a una vieja táctica dilatoria utilizada por la defensa de la acusada María Paula Murillo Vargas y otros dos imputados en la red de trata de personas con fines de explotación sexual, desmantelada en agosto de 2022 mediante la Operación Cattleya.

El procurador fiscal Eduardo Velázquez explicó que la recusación se fundamenta en un supuesto alegato de imparcialidad, luego de que el tribunal rechazara un recurso de oposición de la defensa. Dicho recurso buscaba impedir la incorporación de discos duros que contienen fotografías, conversaciones y otros documentos que evidencian la actividad ilícita de explotación sexual y tráfico ilícito de personas.

«En virtud de esa decisión, las defensas recurrieron a la vieja táctica dilatoria de la recusación, con el único propósito de retrasar el proceso, pues saben que la acusación contra cada uno de los imputados es indestructible y que recibirán una condena segura», señaló Velázquez.

El fiscal agregó que el perito Ogando, autenticó los informes periciales, validando la información contenida en los discos duros. Sin embargo, la defensa intentó sorprender al tribunal alegando que no recibió la notificación de estas pruebas, cuando en realidad fueron debidamente notificadas durante la fase intermedia del proceso.

Ante esta situación, la audiencia fue recesada hasta que la corte decida sobre la solicitud de apartar a las juezas del juicio, el cual se encuentra en su fase final.

La estructura

El Ministerio Público acusa a los imputados de integrar una estructura criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y al tráfico ilícito de migrantes. Según la acusación, captaban, trasladaban y explotaban sexualmente a mujeres, en su mayoría extranjeras, engañándolas con falsas promesas de empleo en el país. Además, enfrentan cargos por asociación de malhechores y, en algunos casos, por lavado de activos, debido a los supuestos beneficios económicos obtenidos de esta actividad ilícita.

Los acusados son José Miguel Michel Gurdis, alias Michel; Daniel Enrique Inirio Abreu; Cristina Virginia González Hernández; Cristina María Castillo Vargas; Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz; José Alberto Soriano Rosario, alias Cirujano; y Dionicio Mieses de la Cruz, alias Dionis. También figuran Louis Marie Nephtalie, Engel Nefthali Vargas Soto, alias Ángel; Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee; Braulio Manuel Lugo; Marie Fokina Achille; Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz; Melvin José Valentín Peguero; Zafiro Nataly Sánchez González; Oscar Wicene y Alejandro Arturo Batista Bustamante, alias Gato.

Asimismo, la acusación involucra a los hoteles Caribe y Oscar, ubicados en el sector Gascue del Distrito Nacional, así como al hotel Coco Real, en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.

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Por efecto de vaguada declaran 21 provincias en alerta amarilla y 7 en verde.

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SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el  Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del  colentamiento diurno, segun  el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)

Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.

Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.

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En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.

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PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.

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Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.

Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.

«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.

  • El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.

Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».

«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».

Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».

Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y  «con rencor», así como por interés político.

Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.

Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.

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Fijan lectura de sentencia del caso Coral para el 15 de junio.

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Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado  de fallo el juicio  seguido  contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos  implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.

El tribunal integrado por las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yune y Jissel Naranjo, decidió reservarse el veredicto, para el 15 de junio a las 3:00 de la tarde.

La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.

La jueza sostuvo que quedaban cerrados los debates y que de acuerdo a los artículos 338 y 377, numeral cinco del Código Procesal Penal, este último establece que si el debate se excedió por más de 30 días en este caso, el juicio inició el pasado 27 de junio de 2024, el plazo de la deliberación es de 40 días.

El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.

A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.

Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.

Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.

El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.

También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.

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