Comunidad en el exterior
FILADELFIA: Dominicanos y boricuas en alerta por redadas
FILADELFIA.- Era cerca del mediodía y por los pasillos de un supermercado latino en Filadelfia había unas seis personas. Rafael, gerente del súper, estaba parado frente a la vitrina, con las manos en los bolsillos del mahón, mirando hacia afuera. Al lado suyo estaba el supervisor, Josué, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando en la misma dirección que Rafael. Josué es puertorriqueño y Rafael dominicano.
“Eso está raro”, dijo Rafael. “Horita estaba dando vueltas y ahora se parquió”, respondió Josué. En el parking había una SUV negra con los cristales oscuros. Los del ICE, Immigration and Customs Enforcement, frecuentemente andan en carros sin marcas, como agentes encubiertos.
Le pregunté a Josué, mientras seguía mirando por la vitrina, si estaban pendientes a los del ICE. Señalando a Rafael me dijo que hablara con él. “Las ventas han bajado, la gente está escondida”, dijo Rafael. Sus nombres reales fueron cambiados para proteger sus identidades tras los operativos anti inmigrantes que comenzaron unos días después de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos. El supermercado quedaba en un parking grande tipo drive-in con varios negocios. Vendían yuca, batata, yautía y se escuchaba reggaetón de fondo.
En el norte de Filadelfia, la comunidad dominicana y la boricua se mezclan como en Santurce, Puerto Rico. En los restaurantes puertorriqueños se escucha bachata y hay muchas empleadas dominicanas. En los restaurantes dominicanos hay empleadas boricuas y se escucha salsa. Hay más de 22,000 dominicanos que viven en Filadelfia y según el Censo se concentran en los mismos barrios que la mayoría de los más de 129,000 puertorriqueños: Kensington, Fairhill y Hunting Park, en la zona de North Philly.
En una oficina de trámites gubernamentales para la comunidad dominicana que quedaba cerca había más gente que en el súper. “La gente está viniendo a poner sus papeles al día”, dijo la encargada, sentada en su escritorio, justo al lado de dos empleadas que atendían a la gente a través de un plexiglás. También me pidió que no la identificara. “La gente está asustada y nerviosa”, mencionó. Cuando le conté que el ICE también había detenido a puertorriqueños, alzó una ceja y dijo, “¿pero cómo es eso?”.
Un hombre salió del pasillo lateral de la oficina, con una escoba para barrer la acera, mientras decía, “ese hombre no tiene sentimientos”, como terminando una conversación que no pude escuchar, pero no era difícil adivinar a quién se refería. El tema más frecuente que se escuchaba ese viernes lluvioso de finales de enero por North Philly era la política de deportación masiva del régimen Trumpista.
“La oleada de actividades del primer día [de la presidencia] fue en sí misma una señal para las comunidades inmigrantes de que están siendo atacadas, pero también es un modelo para acciones futuras. La mayoría de los cambios de política anunciados en estas órdenes ejecutivas son instrucciones a departamentos o agencias federales. Algunas de ellas se ejecutaron en las primeras 48 horas; otras requerirán guías adicionales y en las próximas semanas y meses serán objeto de escrutinio y demandas judiciales que cuestionarán su implementación”, dice un informe del American Immigrant Council (AIC), publicado en enero.
Al mismo tiempo, el AIC alerta de que algunas disposiciones de las órdenes ejecutivas no tienen otro objetivo que el de intimidar y confundir. Aun así, todo el mundo que no tenga estatus legal en Estados Unidos estará vulnerable, especialmente en los primeros días de los operativos, indica el informe. También señalan que la amenaza de la administración Trump de quitar fondos a las “jurisdicciones santuarios”, como Filadelfia, podrían tener el efecto de disuadir a los gobiernos locales de continuar con esa política de protección a inmigrantes. Las jurisdicciones o ciudades santuarios son lugares que no colaboran con las agencias federales en la identificación o procesamiento legal de personas por cuestiones de estatus migratorio.
AIC advierte además que las políticas anti inmigrantes podrían incrementar el racial profiling, la identificación étnica o racial por características físicas superficiales. Una prueba de esa práctica, extremadamente subjetiva, basada en prejuicios y reflectora de racismo, es que ni siquiera los puertorriqueños, ciudadanos estadounidenses desde 1917, quedaron a salvo de la primera ola de redadas del ICE. El 24 de enero, un veterano puertorriqueño fue detenido en una planta de procesamiento de mariscos en Newark, New Jersey.
El 28 de enero agentes del ICE entraron a un restaurante llamado Boricua Restaurant, también en el norte de Filadelfia, con la intención de verificar la cocina. Uno de los dueños y empleado del restaurante, Rico, un expolicía puertorriqueño, no les permitió la entrada, aludiendo a que no tenían una orden de allanamiento firmada por un juez. Rico narró la intervención en un video que subió a Facebook junto a su socio, Héctor Serrano. En él cuenta que uno de los agentes, al salir, molesto por no haber podido entrar a la parte de atrás del restaurante, comentó en voz alta que no los querían dejar entrar porque probablemente eran indocumentados.
Tres días después del suceso, el Boricua Restaurant estaba funcionando con normalidad y Rico estaba atendiendo la caja registradora, barriendo el piso y limpiando las mesas antes de sentar a los clientes que hacían fila. Las paredes del restaurante están decoradas con retratos tipo “Pop Art” de Bad Bunny, Jennifer López y Marc Anthony. Si los agentes del ICE, al entrar al restaurante, hubiesen leído el menú, habrían visto una sección titulada “Puerto Rico Facts”. El primer punto dice: Puerto Ricans are United States Citizens. Y sigue:
O a lo mejor vieron el menú y decidieron ignorar lo que decía.
Intenté hablar con los dueños del restaurante sobre esa intervención del ICE, pero dijeron que estaban abrumados y cansados de dar entrevistas, que con subir el video ya habían cumplido con su propósito de educar a la comunidad.
Las políticas antiinmigrantes también se han traducido en odio civil: el 26 de enero un restaurante puertorriqueño en Muscatine, Iowa, amaneció vandalizado con la suástica nazi y con el mensaje “We don’t want you here PR”. Otros restaurantes latinos del área fueron vandalizados con mensajes similares. Una mujer llamada Alisa Rilla Nicols Staats fue arrestada como sospechosa. Le presentaron cargos por “crimen de odio”.
A unos 40 minutos caminando desde el supermercado latino en donde Rafael y Josué miraban preocupados la SUV negra que se había estacionado en el parking, por Kensington Avenue y después por Allegheny Ave, se llega a Freddy & Tony’s, uno de los restaurantes puertorriqueños más reconocidos en Filadelfia. Allí, un empleado dominicano también dijo que las ventas habían bajado, y para describirlo usó la misma expresión que su paisano del supermercado: “la gente está escondida”.
Volviendo a mi casa, la chofera dominicana de unos veintipico de años hablaba por teléfono, bien bajito, casi murmurando. Tenía a Bad Bunny puesto en la radio. Las únicas palabras que pude distinguir, sin querer, de su conversación, fueron “migración” y “papeles”.
Durante su campaña electoral, Trump prometió la “deportación masiva más grande en la historia de ‘América’”. A pesar de eso, en 2024 el candidato republicano aumentó sus votos entre los latinos, y en toda la población en general, en comparación con las elecciones de 2016 y 2020. No obstante, en las pasadas elecciones los latinos favorecieron a la candidata demócrata, Kamala Harris, en 62%.
Hasta ahora, el presidente que ha deportado la mayor cantidad de personas en la historia de Estados Unidos ha sido el demócrata Barack Obama, con 3,175,737 en su primer término, entre 2009 y 2012, según la Oficina de Homeland Security Statistics. En su segundo mandato, de 2013 a 2016, Obama deportó a 2,070,694 personas. Incluso el presidente Joe Biden deportó más personas durante su presidencia, 4,677,549, que las que deportó Trump en su primer mandato: 2,001,290.
Ahora queda ver si los operativos de la primera semana de 2025 de Trump fueron solo un espectáculo para crear el efecto de mostrar la acción rápida que prometió a su electorado, o si continuará todo su cuatrienio con esta política agresiva que vulnera a todo inmigrante, incluyendo a quienes tienen la “ciudadanía”.
Frente a las bajas temperaturas de la ciudad de Nueva York, el metro arroja una grata calidez que va más allá de su sistema de calefacción… República Dominicana tiene presencia en el populoso sistema de transporte de esta metrópolis.
A partir de este miércoles, el Ministerio de Turismo desarrollará una campaña de promoción con la intención de fortalecer la visibilidad del destino en uno de los mercados predominantes del turismo nacional.
Con la activación Subway to Paradise, que permanecerá por más de 15 días, se inauguró en la icónica estación Grand Central, ubicada en la Avenida 42, uno de los puntos de mayor tránsito y visibilidad de la Gran Manzana.
- La agenda incluye la instalación de espacios culturales, gastronómicos y artísticos en diferentes niveles de la estación, así como la exhibición de elementos distintivos de la identidad dominicana.
Detalles sobre la activación en la estación Grand Central
La activación también incorpora cinco vagones del metro completamente forrados con imágenes de paisajes dominicanos, tanto en su interior como en su exterior, con el fin de mantener una presencia constante en las principales rutas de transporte de la ciudad.
Importancia del mercado neoyorquino para el turismo dominicano
El ministro de Turismo, David Collado, destacó la importancia del mercado neoyorquino para la industria nacional, con una cantidad de visitantes de alrededor de 1.6 millones de personas.
«El mercado de la diáspora es extremadamente importante. Está comprobado que gasta más promedio que un turista», dijo.
Resaltó que el éxito de este volumen de visitantes radica en la importante presencia de la diáspora dominicana en el estado.
Comunidad en el exterior
Trabajadores de Nueva York exigen elevar a 30 dólares el salario mínimo de los camareros
Agencia Efe
Nueva York.- La asociación de trabajadores estadounidenses One Fair Wage inauguró este lunes la campaña ‘Make America Affordable Now‘ en Nueva York con la principal demanda de subir el salario mínimo de los camareros de 17 a 30 dólares la hora, una medida que también quiere ejecutar el alcalde electo de la ciudad, Zohran Mamdani.
¿Qué declararon los líderes y políticos sobre el salario mínimo?
El vicegobernador demócrata del estado de Nueva York y candidato a gobernador en 2026, Antonio Delgado, aseguró a EFE durante el evento que «el salario mínimo actual en Nueva York es un salario de pobreza«.
Los salarios mínimos de la camareros neoyorquinos crecieron de 16,5 dólares a 17 dólares recientemente. Sin embargo, el grupo One Fair Wage reclama que se apruebe la subida hasta los 30.
Delgado, de ascendencia latina, expresó que «estos salarios de pobreza afectan de manera desproporcionada a la comunidad inmigrante latina, ya que muchos trabajan en la industria de los restaurantes».
«Necesitamos llegar a 30 dólares para el año 2030. La mitad de las personas en el estado de Nueva York no ganan más de 30 dólares. Eso es mucha gente de todas las razas y orígenes», añadió.
Impacto y comparaciones con otras ciudades
Los líderes del comité ‘Make America Affordable Now‘ resaltaron que el salario de 30 dólares la hora «no es suficiente».
Por otro lado, desde One Fair Wage aseguran que en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) los trabajadores de hospitalidad cobrarán 30 dólares el próximo verano durante los Juegos Olímpicos, lo que «indica que en Nueva York no nos podemos quedar atrás», comentan. EFE
BUENOS AIRES.- Gilberto Ventura Ceballos, conocido como «el escapista», debido a que escapó tres veces de la cárcel -dos de ellas de máxima seguridad- fue un asesino serial dominicano que mató en Panamá a cinco jóvenes entre 2010 y 2011.
Nacido el 6 de julio de 1975 en Santo Domingo, Ventura Ceballos fue detenido por primera vez en su país de origen por secuestrar a un comerciante dominicano de origen asiático, además de otros casos por estafas y fraudes, remarcaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.
Este asesino estuvo en la cárcel de Najayo en 2004, en la provincia de San Cristóbal, pero tras algunas semanas logró escapar hacia Panamá con una visa de turista y otra falsa.
Sobre su escape, las autoridades dominicanas nunca emitieron un comunicado para explicar las circunstancias de aquella huida.
Entre 2010 y 2011, con la ayuda de Alcibiades Méndez, Ventura Ceballos secuestró y asesinó a cinco adolescentes en La Chorrera.
Ellos fueron: Yessenia Argelis Loo Kam, Yong Jian Wu, Samy Zeng Chen, Joel Maurio Liu Wong y Georgina del Carmen Lee Chen.
Los homicidios provocaron gran impacto en la ciudad y la Policía se dirigió hacia el lugar de los hechos hasta que encontró los cuerpos de los fallecidos bajo una residencia en el sector El Trapichito de la ciudad.
El criminal volvió a escaparse y regresó a República Dominicana, pero finalmente los uniformados lo detuvieron y lo extraditaron a Panamá en 2011, donde le dictaron la prisión preventiva.
Sin embargo, el 28 de diciembre de 2016, ayudado por varios cómplices, logró escapar del Centro Penitenciario La Joyita, ubicados en las afueras de la capital panameña.
Ventura Ceballos estuvo escondido alrededor de un año, donde finalmente fue apresado por la Policía en Jacó, Costa Rica, el 22 de septiembre de 2017.
El sujeto había llegado a Costa Rica con documentos falsos, con el nombre de Carlos Alberto Aguirre Valencia.
A la hora de describir el itinerario que hizo el homicida, se estableció que Ventura Ceballos llegó a la capital a través del Aeropuerto Marcos A Gelabert con esposas en las manos y los pies, y fue rápidamente puesto en una prisión de máxima seguridad en la sede de la Policía Nacional.
El 27 de septiembre de 2017 fue imputado por evasión de prisión y conspiración para cometer un delito y se suponía que su juicio debía comenzar el 26 de octubre, pero el Órgano Judicial lo pospuso para el 23 de noviembre.
El abogado del acusado, Rogelio Cruz, presentó una moción de habeas corpus ante el Órgano Judicial de Panamá, argumentando que la detención previa al juicio que su cliente había recibido era ilegal, y agregó que fue vilipendiado por los medios de comunicación.
Este movimiento fue criticado por Cristóbal Fu, el representante legal de los familiares de las víctimas, quien señaló que la moción probablemente fue presentada para detener el proceso.
El equipo de defensa presentó una solicitud de aplazamiento de tres meses a la Fiscalía, que fue denegada debido a su complejidad.
El abogado Cruz reclamó que necesitaba tiempo para analizar el expediente de 500 páginas, ya que no había podido acceder a él correctamente.
Antes de la llegada de Ventura Ceballos al tribunal, los familiares de las víctimas presentaron sus quejas sobre los constantes retrasos del procedimiento por parte de la defensa.
Cuando llegó el acusado, trató de asumir su propia defensa, un movimiento negado por el tribunal, y luego él mismo se declaró inocente de los cargos de asesinato.
El 29 de noviembre, se suspendió una segunda audiencia, ya que faltaba uno de los abogados defensores que representaban a una de las otras partes acusadas.
El 4 de diciembre el fiscal de Delito Organizado Miguel Tuñón solicitó una extensión de cuatro meses para investigar más a todos los sospechosos involucrados en el caso debido a su gran tamaño.
La petición fue aceptada por el juez, Francisco Carpintero.
El 22 de junio de 2018, el homicida fue encontrado culpable de todos los cargos y tanto él como su cómplice y les dieron 50 años de prisión por asesinar a los jóvenes.
La misma sentencia fue también dada a Keyla Gisselle Bendibú Salazar y Mario Luis Vega, quienes habían actuado como cómplices secundarios en tres de los asesinatos.
Una pena de 15 años le dieron a Bendibú Salazar y Roberto Antonio Mariscal por ser cómplices de homicidio, pero fueron absueltos de los cargos de secuestro.
Junto con todo esto, todos serían pasados a disponibilidad de sus funciones por un período de 10 años una vez que cumplan sus condenas.
El múltiple homicida volvió a escapar de prisión el 2 de febrero de 2020, esta vez del Centro Penitenciario La Mega Joya, pero los efectivos recapturaron al prófugo el 13 de febrero del mismo año, en el área de El Salao en Remedios, Provincia de Chiriquí.
Ventura Ceballos buscaba la manera de poder salir de la ciudad, pero hubo una extensa búsqueda a nivel nacional y finalmente lo apresaron miembros de operaciones de Inteligencia de la Policía Nacional.vqd6+w
La fuga de este criminal generó la renuncia de Rolando Mirones al frente del Ministerio de Seguridad Pública y la destitución de Carlos Romero del Ministerio de Gobierno.
El 28 de noviembre de 2020 se le redujo la condena de 50 a 30 años a Ventura Ceballos.